¿Están en peligro la organización social y los derechos civiles?

Fuente: ctxt.es

CTXT contexto y acción

Nuria Alabao / Pastora Filigrana

En defensa de la organización social y las protestas

Si actos como el aniversario de un medio de comunicación son legales por constituir “actividad institucional” no restringida por el estado de alarma, es lógico considerar que las reuniones de movimientos sociales, AMPAS, sindicatos… lo sean también.

Durante esta pandemia estamos siendo testigos de un estrechamiento del espacio público. Lo colectivo está perdiendo tensión y fuerza, mientras la inseguridad y el miedo se viven cada vez más en soledad. Los movimientos sociales y los sindicatos de base llevan tiempo debatiendo internamente qué hacer con las restricciones impuestas para el control de la pandemia. Muchos ya no se reúnen presencialmente, solo de forma virtual, con las limitaciones que eso significa, o incluso han dejado de verse las caras. Otros están intentando mantener sus actividades, a pesar de todas las dificultades, inventando formas nuevas, y cada vez vemos más protestas públicas. Las dudas sobre qué hacer están ahí, nunca habíamos vivido nada parecido: ¿podemos convocar concentraciones o manifestaciones y de qué tipo? ¿Vale la pena? ¿Estamos siendo responsables? ¿Es legal reunirse? ¿Nos pueden multar por ser más de seis? ¿Cómo se para un desahucio en estas condiciones? ¿Qué hacemos si intentan desalojar nuestro centro social durante el toque de queda?

Lo cierto es que, sorprendentemente, ni en las leyes que declaraban el anterior estado de alarma, ni en el actual, aparece ninguna mención a la actividad política y sindical. Aunque sí se recoge un apartado expreso sobre las restricciones de aforo en lugares de culto con el objetivo, dicen, de “garantizar el derecho de culto”. Sin embargo, el ejercicio de los derechos políticos no parece merecedor de un apartado especial. En los medios, e incluso en las redes, apenas se habla del tema, como si los considerásemos algo irrelevante. Por desgracia, el escaso discurso público sobre la restricción de derechos fundamentales parte únicamente de los elementos más extremos de la derecha. Lo que llamamos izquierda ha abandonado su defensa y ha asumido el marco de que lo más ‘responsable’ es reivindicar las medidas restrictivas en casi cualquier caso, a pesar de que podemos empezar a percibir un cambio de sentido común sobre estas respecto de la primera oleada cuando apenas nadie se salía del guion. (Recordemos que el reconocimiento de estos derechos ha llevado siglos de pelea por parte del movimiento obrero y que todavía hoy hay que seguir peleando la posibilidad de poder luchar –la Ley Mordaza es un ejemplo).

Ya sabemos que organizarse es bastante complicado de por sí. Este escenario lo dificulta aún más. Lo virtual, la división en grupos más pequeños para reunirse, la delegación de la toma de decisiones en comités están minando, en muchos casos, las formas de democracia interna de las organizaciones –una cuestión en la que andamos siempre enzarzadas–. En organizaciones –como la PAH– donde buena parte de la militancia pertenece a sectores sociales que tienen menos dominio de las herramientas tecnológicas o posibilidad de usarlas, esta situación está dificultando la participación de estas personas. Entendemos la urgencia, pero sabemos que a largo plazo puede tener consecuencias, genera tensiones internas y malestares que pueden afectar a las capacidades de la organización. “Es pasajero”, pensamos, pero no sabemos cómo quedará el tejido social cuando esto termine –ni cuándo lo hará–, quizás cuando más necesario sea un tejido movimentista fuerte.

La situación golpea pues duramente a los movimientos sociales y sindicatos de base justo en un momento en que necesitamos más fuerza para pelear por el sentido de las medidas de reconstrucción y por qué parte de los fondos europeos vamos a ser capaces de ganar para redistribuir entre los de abajo. ¿Qué hacemos si los préstamos llegan condicionados desde Bruselas a nuevos recortes?

Hoy ya estamos atravesando esta extraña crisis que deja colas infinitas en los repartos de alimentos y cuyo fin es incierto, una crisis que se superpone sobre los coletazos de la anterior. Los desahucios se han reanudado, los cortes de servicios, hasta hace poco en moratoria, también. Hay gente sin casa a la que se recomienda o exige quedarse en ella. Hay gente sin agua y sin luz que no pueden irse al bar a calentarse. Sin embargo, el nivel de movilización es muy bajo. Pablo Iglesias ha pedido a los movimientos sociales que le exijan, que “su capacidad de presión es condición de posibilidad de que los gobiernos puedan hacer ciertas cosas”. No estaría de más, si esto piensa, que derogase la Ley Mordaza que ya se está aplicando en algunos lugares para desarticular a las PAHs mediante la imposición de multas de miles de euros a quienes paran desahucios o usan la desobediencia civil como parte de su estrategia política. La derogación de esta ley, que recordemos, fue una promesa del pacto de gobierno, ha quedado sepultada por su utilización para penalizar el incumplimiento de las restricciones de la pandemia. Pero la responsabilidad también está de nuestro lado: la de decidir que vale la pena seguir luchando, poner las condiciones para que pueda hacerse cumpliendo las recomendaciones sanitarias –en la medida de lo posible– y defender esta postura públicamente.

En general, estamos asistiendo a un nivel inaudito de autocensura en los movimientos sociales. A veces, la militancia está siendo más estricta a la hora de autorrestringirse que la propia ley. Dejamos de hacer reuniones que están permitidas, incluso pudiendo garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, o suspendemos movilizaciones públicas por miedo a dar una imagen de “irresponsables”. Aunque lo responsable, sin duda, es seguir movilizados. Es verdad que hay indeterminación legal –no siempre sabemos qué se puede hacer y qué no–, miedo a las multas, miedo al virus. Pero más allá de estos legítimos temores, hemos normalizado rápidamente que nuestra actividad política o sindical es prescindible, que no es una actividad “esencial” como trabajar o ir de compras. Como si la militancia fuese parte de nuestro ocio o algo que hacemos en nuestros ratos libres y que podemos, por tanto, suspenderla sin mayor consideración. La organización política y asociativa es esencial, sin embargo, para el buen funcionamiento democrático en todos los órdenes.

Por supuesto, mientras estemos obligados a trabajar –y tampoco podemos dejar de hacerlo si no nos garantizan renta suficiente para vivir–, la actividad sindical no puede ser algo prescindible. Si el trabajo no para, la lucha por reducir el nivel de explotación, tampoco. Hoy el nivel de conflictividad en las empresas está aumentando por la crisis y en breve vamos a vivir despidos masivos. Las patronales no necesitan reunir gente: les basta levantar teléfonos. Nosotros no tenemos más fuerza que la que seamos capaces de oponer o de hacer visible –sobre todo más allá de las redes–. Además, esta fuerza depende del conflicto que consigamos articular, pero las movilizaciones que se organizan telemáticamente nunca pueden alcanzar el nivel de conflictividad de aquellas que se organizan cara a cara. Cuando se genera confianza personal con el resto de militantes, cuando crees en el colectivo, el riesgo que estás dispuesto a asumir siempre es mayor.

¿Qué dice la ley?

Uno de los principales problemas es la indeterminación. Es difícil saber lo que se puede y no se puede hacer y tenemos constancia de que la policía está usando esta indeterminación para impedir formaciones o reuniones políticas, para disolver concentraciones, o incluso que se han llevado a gente de manifestaciones para multarlas por “tener la mascarilla mal colocada”. Hoy, supuestamente, podrían entrar a un centro social a contar las personas que asisten a una reunión e impedirla si consideran que las sillas no están a la distancia adecuada o excede el aforo, un ejercicio de control político inaudito que estamos naturalizando a la velocidad del rayo.

Como hemos señalado, el Real Decreto del estado de alarma del 25 de octubre no habla específicamente de actividad política y sindical. Lo único que nombra es el derecho de manifestación que podrá ser limitado, e incluso prohibido, cuando en la comunicación previa “no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios”. Entendemos que esto depende de una valoración que da lugar a un cierto margen de arbitrariedad que otorga mayor poder de control a las autoridades. Por otra parte, ¿cómo se garantiza la distancia de seguridad si estás intentando parar un desahucio?

Pero ¿están limitadas las asambleas políticas a seis personas? Respecto al derecho de reunión, el estado de alarma restringe las reuniones “familiares y de ocio”, tanto en espacios cerrados como al aire libre, a seis participantes –que pueden ser reducidas aún más por las comunidades– (De hecho el decreto es un marco normativo general que las comunidades pueden ajustar en sus territorios). Es decir, limita todo aquello que se supone iría incluido en el ámbito de las actividades realizadas durante el “tiempo libre”. Como hemos dicho, para el culto desarrolla un apartado especial que impone restricciones de aforo. El resto de actividades laborales e institucionales no tienen ningún tipo de restricción –salvo las que imponen las recomendaciones de sanidad y recogen los protocolos de riesgos laborales de distancia, mascarillas, etcétera–. Es decir, en principio, las oficinas, las fábricas o los call center pueden tener a cientos de trabajadores en la misma sala. Las tiendas, los comercios, los teatros y cines también pueden seguir abiertos al público. Los transportes –todos hemos visto imágenes estos días de metros atestados– no tienen ningún tipo de restricción legal de aforo.

¿Qué pasa con las actividades políticas que no son trabajo, ni culto, ni ocio? Ateniéndonos a la formulación de la ley, y dado que no hay un apartado específico que proteja el derecho fundamental de participación política y sindical, creemos que estas actividades podrían quedar recogidas en la excepción de la actividad “institucional”. Ya hemos explicado que no son actividades de ocio y tiempo libre y, también, que son esenciales para el funcionamiento democrático de una sociedad. Si actos como el aniversario de El Español son legales por constituir “actividad institucional” no restringida por el estado de alarma, es lógico considerar que las reuniones y actividades de asociaciones de vecinas, AMPAS, sindicatos, plataformas de vivienda, educación o sanidad pública lo sean también. Las PAHs y los Centros Sociales, sin duda, también son instituciones. Al quedar recogidas como actividades institucionales, también quedarían exentas del cumplimiento del toque de queda –una de las medidas de restricción de movilidad más extremas hoy–. Al menos para que las personas puedan regresar a casa después de una de estas actividades, tal y como recoge la ley.

Con la pandemia hemos visto claramente cómo la sanidad pública ha sido maltratada con contratos precarios y privatizaciones. Si todavía resiste, con limitaciones, es porque se frenó algo su desmantelamiento gracias a las luchas precedentes de la Marea Blanca. Por suerte, las movilizaciones en sanidad siguen hoy en plena pandemia. Asumimos que hace falta mucha más inversión pública en sanidad, en rastreadores, en test, en personal, etc. En lugar de inversión social y sanitaria en los barrios más depauperados, llegan más policías y prohibiciones. Como han explicado ya muchos especialistas, los determinantes sociales de la salud como la precarización laboral, la pobreza, los problemas en la vivienda o las injusticias ambientales, están relacionados con las políticas públicas y la desigual distribución del poder. “Así pues, las acciones de quienes tienen más poder y deciden las políticas son decisivas para salvar vidas o bien para matar desigualmente a la gente”, decía el investigador Joan Benach hace poco. Pedir responsabilidades a ese nivel implica movilizarse más allá de las redes para cambiar el sentido de los mensajes mediáticos y políticos que inciden en la responsabilidad individual frente a la colectiva.

Por tanto, tenemos que defender públicamente que la organización social y las protestas son necesarias para cuidar lo común –siempre que cumplan las restricciones sanitarias el máximo posible–. Esto no evitará determinados debates sobre qué actividades realizar y cuáles no y en qué condiciones. Sin embargo, el marco general de discusión será ya otro: el de que la actividad política y sindical es esencial y no siempre puede hacerse desde casa.

Cada colectivo o agrupación debería reflexionar sobre cómo realizar su actividad de la forma más segura posible. Todo ello, evidentemente, dando espacio a los miedos legítimos de los y las militantes y haciéndose cargo de que hay riesgos reales –no todos pueden asumirlos de la misma manera porque no partimos de la misma situación–. Como siempre, hay que intentar no dejar a nadie fuera y tratar de extender la posibilidad de luchar a todos, cualquiera que sea su condición social o su estado de salud. Por último, tendríamos que defender nuestras actividades de manera pública explicando los motivos por los cuales es imprescindible seguir con las actividades políticas en pandemia para empujar el sentido común. Como hemos dicho, luchar es una forma de fortalecer los derechos, la salud y el bienestar de toda la población, implica una responsabilidad con la comunidad. Hagámoslo oír.