Los olvidados del covid-19

Fuente: elsaltodiario.com

Durante el estado de alarma se ha homenajeado al sector sanitario, a los trabajadores de distribución, al ejército, a las emergencias, incluso los Reyes visitaron Mercamadrid, centro de distribución de alimentos.

Pero nadie ha homenajeado a quienes nos dan de comer todos los días, antes, durante la pandemia y después, un sector poco valorado por una sociedad urbana y que no entiende ni se preocupa por los problemas del sector agrícola. Todos los días se aplaude a quienes nos curan, se dice que son héroes, pero ese agradecimiento no parece llegar a quienes nos alimentan, aunque sin comida no hay vida humana.

Durante el mandato del actual Gobierno, el sector agrícola y ganadero se movilizaró con sus justas reivindicaciones, que son muy antiguas con problemas estructurales y complejos arrastrados durante siglos en el Estado español.

Los principales puntos de esas movilizaciones eran:

  • Falta de precios justos por sus productos que les permita alcanzar una mínima rentabilidad. El motivo: el desequilibrio de la cadena agroalimentaria, que provoca que la gran distribución e industrias sean pocos y poderosos frente a los agricultores y ganaderos, muchos y desorganizados en su mayoría.
  • Subida de los costes de producción: no tienen capacidad de trasladar esa subida al precio de sus productos y se ven obligados a vender por debajo de sus costes reales.
  • Recortes en las ayudas provenientes de Europa e incluso las que destina el Gobierno central y las Comunidades Autónomas.
  • Empoderamiento de los agricultores y ganaderos. Sin su participación, no hay alimentos.
  • Reglamentación de ciclos cortos de comercialización, productos de proximidad y etiquetado en origen. Las leyes deben dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, no generar más perjuicios de los que resuelven. Urge un cambio legislativo para permitir que agricultores y ganaderos lleven a cabo la venta directa de sus productos. En materia de etiquetado, urge imponer la obligatoriedad de reconocer el origen de todos los alimentos en su etiqueta.
  • Freno a la especulación con los productos agrarios. Mientras la rentabilidad de la agricultura está bajo mínimos, siguen produciéndose prácticas comerciales abusivas y desleales. Los intermediarios que hacer con ellos en la cadena agroalimentaria.
  • Reivindicación del papel vertebrador de la agricultura y la ganadería frente al despoblamiento, a los problemas ambientales y territoriales. El debate sobre la España vaciada ha logrado ponerse en el foco mediático y legislativo. Sin embargo, en ese debate los agricultores y ganaderos deberían cobrar un mayor protagonismo. Sin ellos-as, no habrá futuro para el medio rural.

En la ciudad, dada la poca cultura rural, no se valora todo el proceso que existe para que un alimento sea producido desde que la tierra se prepara, se siembra, va creciendo poco a poco, se recoge y se pone en manos de un intermediario que lo coloca en las grandes superficies o en los Mercas de cada ciudad. Se tiende a comprar apretando un botón en el ordenador rápido, fácil y rápido, o yendo a la tienda. Basta con tener dinero para comprar lo que más nos gusta, olvidando todo el trabajo y sudor que se necesitan para producir alimentos.

El sindicato COAG por medio del Índice de precios en origen y destino de los alimentos (IPOD), analiza la diferencia entre el precio que se paga al agricultor y el precio final que alcanza de venta. En julio la lechuga se ha pagado a 0,15 €/kg al agricultor y el precio del comprador ha llegado a 1,25€, la diferencia ha sido de un 733%. La cebolla, que ha sufrido un incremento del 606%, en mayo se ha multiplicado 7,06 veces de media la diferencia entre el precio de origen hasta que llega al consumidor. El melón ha subido 535%, pagándose a 0,20 €/kg y llegando a 1,20 €/kg.

Tampoco hay que olvidar la situación laboral y social de los trabajadores del campo. Por lo general, estos trabajadores y trabajadoras extranjeras son hombres y mujeres jóvenes procedentes, sobre todo, de los países del Magreb, de los países de África subsahariana y trabajadores del Este de Europa. Estos últimos suelen venir con formación específica en tareas agrícolas.

En el campo del sur de España se concentra la mayor parte de los inmigrantes. Los cultivos de Almería, Jaén y Huelva no serían lo que hoy son sin el trabajo de los trabajadores y trabajadoras extranjeros. Eso sí, con notables diferencias entre las tres provincias.

El perfil de quien trabaja en la recogida de frutos onubenses es, ciertamente, de una mujer (el 90% del trabajo de recolección lo hacen ellas), joven y reclutada en su propio país para hacer únicamente la cosecha.

Hoy en día las estadísticas oficiales han cambiado mucho porque solo se cuantifica como extranjeras a aquellas trabajadoras del país magrebí, mientras que las que provienen de otros países como Bulgaria, Polonia o Rumanía, son ahora ciudadanas de la Unión Europea desde que sus países entraron a formar parte de ella.

Desde la ciudad se pueden atajar buena parte de los problemas del campo, entre otras cosas, volviendo a dar a los alimentos y a quienes los cultivan y preparan la importancia que se merecen.

Desde la organización Madrid Agroecológico (MAE) se esta proponiendo a las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid apoyo producción agroecológica, ayudas desde los Planes de Desarrollo Rural, ayudas directas, compras públicas a productores agroecológicos, sensibilización del papel fundamental de las personas productoras y el pequeño comercio para alimentarnos y sostener nuestros agroecosistemas.

Las alternativas del consumidor final pasan por la toma de conciencia de los problemas del campo para poder valorar mejor lo que se paga por un producto alimenticio, los grupos de consumo autogestionados en la ciudad que saben a quién compran y entienden la problemática, la venta directa en mercados tradicionales, los mercadillos de proximidad que se han prohibido por el estado de alarma pueden ser algunas que mejoren de alguna forma la situación del campo en la actualidad.

¿Quién paga?

“Prefiero morirme por COVID, que de hambre”. Así relataron su experiencia algunas mujeres inmigrantes trabajadoras del hogar este verano en los Encuentros para la solidaridad en la Casa Emáus. Y es que el COVID-19, (una zoonosis, no lo olvidemos) que tiene una estrecha relación con el daño causado a los ecosistemas, está haciendo que aumente el número de hambrientos en todo el mundo. Y nos duele. Y mucho.
Mucho, porque un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se tiran a la basura y otro tercio es consumido para “producir obesidad”.
Mucho porque el virus, o las emisiones contaminantes, no tienen pasaporte y afectan con más dureza a los más empobrecidos.
Mucho porque en toda crisis en la historia se ha podido comprobar cómo sale reforzada la industria y se resiente la sociedad, y esto no es casualidad.
Este mundo, como ya saben ustedes, queridos lectores, no es justo, pero es que tampoco es sostenible, ni saludable.

Ahora estamos preocupados por un virus. Nos preocupa paliar sus consecuencias, que la economía no se resienta, encontrar una vacuna que nos permita volver a sentirnos seguros. Pero pocos alzan la voz para recordarnos la importancia de un planeta rico en biodiversidad, o como reseña Fernando Valladares, biólogo del CSIC, «un ecosistema que funcionase bien era la mejor vacuna y nos lo hemos cargado».
Conscientes de que el Hambre y el daño a la Casa Común tienen relación, decidimos estudiar las agresiones que la industria alimentaria hace a los pueblos y al planeta. ¿Quién paga?, es el título de este trabajo, que pretende descubrir los verdaderos paganos de este sistema.
Una pizza y sus ingredientes nos sirvieron como hilo conductor del estudio. Y así seguimos la vida del tomate, carne, cereales, cómo se producen, distribuyen, qué consecuencias tiene su consumo, …
Las líneas fundamentales las hemos plasmado en una presentación que os invitamos a conocer a través del siguiente enlace.

Si nuestro trabajo os ha generado alguna reacción, emoción, o incluso no estáis de acuerdo, ya hemos empezado con buen pie. Necesitamos vuestra aportación. ¿Qué os pedimos como lectores?. Que lo colaboréis, que nos enviéis vuestros comentarios y apreciaciones a burgos@encuentroysolidaridad.net

En 2020 se cumplen 5 años de la encíclica Laudato Sì y este mes se está celebrando en todo el mundo, el mes de la Creación. Nos gustaría colaborar a la reflexión y acciones mundiales en esta materia con esta pequeña gota de agua. Que con la tuya y la de tantos, formemos un río. Un río que inunde terrenos yermos, faltos de vida y de lucha, sedientos de solidaridad.

Reflexiones

Alfonso Olaz

Jesús te necesita

Jesús eligió  a los doce.

Y a ti también te ha elegido.

¡Él no puede completar su misión sino es contigo!

Entiendes entonces cuánto te necesita!

No es increíble, es la Locura del amor la que te pide esto

¡Quizás sea tu hora para responder!

Sin Ti, él  no puede Vivir, en cambio tú sin él,si que puedes respirar, vivir, amar, crear y romper, armar y desarmar.

El amor, el Innombrable, el Rey de Reyes, El Creador, te pide su amistad, ( se ha hecho indefenso, pequeñito, poquita cosa, como una hormiga en nuestras manos) y  tu sabiendo que tienes esta perla entre tus manos, ¿qué vas a hacer?

¡Que le veas y le reconozcas!

en el niño abandonado

en el emigrante de la patera y en el loco de la colina

en el parado y la parada de larga duración.

en el padre despedido de su trabajo

en la madre analfabeta engañada por el patrón.

en la esclava sexual y no trabajadora social.

El pobre enfermo del psiquiátrico.

en el ateo,agnóstico, peregrino.

Niño, adolescente, joven, adulto y «viejo»

El abuelo triste de la residencia.

El estudiante pobre

El adorador.

¿Te reconoces en alguno de estos?

Pollo a la carta

En nuestro país se tiran cada año 1300 millones de kilos de comida a la basura, 169 Kg por habitante y año. Esto es solo el último eslabón de una cadena que empieza descartando alimentos que se no se recogen del campo por distintos motivos y que sigue en las siguientes etapas por las que pasan los productos hasta que llegan a los consumidores.

Este despilfarro supone perdidas medioambientales importantes porque para obtener los alimentos se han consumido mucho agua y petróleo y se ha producido gran cantidad de dióxido de carbono con lo que eso afecta al efecto invernadero.

Los consumidores tiran los alimentos porque pueden permitirse el lujo de hacerlo olvidando los problemas que conlleva. Sin embargo, hay una realidad que hace que esto sea aún más doloroso: 800 millones de personas pasan hambre crónica en el mundo, según los organismos internacionales, que también reconocen que se producen en la actualidad un 60% mas de los alimentos que la humanidad necesita para alimentarse. El hambre es una vergüenza porque es fruto de una injusticia y tenemos la capacidad de remediarlo.

Tenemos una responsabilidad ante el despilfarro alimentario y debemos tomar conciencia de ello para actuar. El cortometraje “Pollo a la carta” (Chicken a la carte) de Fernando Dimadura realizado en Filipinas en 2006 es una forma de acercarnos a la triste realidad del despilfarro y su cara opuesta: el hambre.

El corto nos muestra como las sobras que unas jóvenes dejan en su plato en un restaurante de Filipinas se convierte en el alimento de otras personas que viven en la pobreza a poca distancia. Y no se ve de manera metafórica sino real. Pues la persona que recoge la basura del restaurante la selecciona separando lo que puede ser llevado a otro plato que saciará el hambre de quienes no tienen medios para alimentar a sus familias.

“Pollo a la carta” fue premiado en un festival de cortometrajes en Berlín y debería ser una obra para visualizar por todos los consumidores del mundo enriquecido para que seamos capaces de reducir el desperdicio en nuestras casas y para que exijamos a nuestros gobiernos que legislen y hagan cumplir leyes hagan que esto no se siga produciendo.

Esta es la letra de la canción que se escucha en la cinta mientras se ve como una familia bendice la mesa antes de comer el pollo que salió de una basura.

Déjame contar su historia

que nadie más puede oír

cómo puede la risa de alguien

tráeme cerca de las lágrimas

y nunca lo sabrás

porque tú nunca estas ahí

después de lo que hemos visto

podemos cerrar los ojos de nuevo

 

Déjame contar su historia

no pensarás que es verdad

no he olvidado

así que lo compartiré contigo

por todas las cosas que sabemos

¿Qué hemos aprendido realmente?

aunque cierro los ojos

las imágenes permanecen

Y su historia …

comienza de nuevo

Condiciones infrahumanas de los temporeros

Mons. Juan Carlos Elizalde ha apelado a administraciones públicas, al sector del campo y a la Iglesia a trabajar juntos en un nuevo escenario que dignifique su labor

El obispo de Vitoria y responsable del área de migraciones de la Conferencia Episcopal, Juan Carlos Elizalde, ha advertido de que las condiciones de muchos temporeros en nuestro país son «inadmisibles» y, por ello, ha apelado a administraciones públicas, al sector del campo y a la Iglesia a «trabajar juntos en un nuevo escenario que dignifique y dé cobertura legal a estos trabajadores, la mayoría inmigrantes».

El pasado 15 de agosto, como cada año por la festividad de la Asunción de la Virgen, el Obispo de Vitoria ha presidido la misa en la Catedral de Santa María en la capital alavesa.

En calidad de responsable del área de migraciones de la Conferencia Episcopal Española desde marzo pasado, ha querido aprovechar esta cita para centrarse en la «situación alarmante» que viven miles de temporeros durante estos meses de verano, concienciar a la sociedad y apelar a quienes tienen competencias en su gestión directa.

En su homilía ha recordado, en primer lugar, a los fallecidos por la pandemia y a los enfermos que están apareciendo en estos últimos brotes, y ha recordado que «frenar una nueva situación de confinamiento y de medidas restrictivas reside en el uso responsable de nuestra propia libertad».

Tras esta mención, monseñor Elizalde ha centrado su homilía en la situación que viven «miles de de trabajadores llegados de otros países para hacer el trabajo que la mayoría de nosotros no queremos hacer».

En concreto, ha aludido a la «dura» realidad de estas personas que recorren «cientos de kilómetros, miles en algunos casos, hasta llegar aquí para ganar en algunas ocasiones apenas 20 euros por jornadas de hasta 16 horas sin agua y bajo un sol abrasador, viviendo hacinados, sin un simple colchón, durmiendo en el suelo».

El obispo de Vitoria ha destacado como ejemplo a seguir el proyecto de la Unión Agroganadera de Álava (UAGA) para un «temporerismo seguro» ante la pandemia de la Covid-19 y que dota de condiciones laborales, de alojamiento y garantías legales en los contratos a los temporeros.

Elizalde ha señalado que, de que cada 100 personas que se contratan para la vendimia, solo el 5% son españoles; el 95% de origen inmigrante.
«Agradezco en nombre de la Iglesia a esos empresarios agricultores de toda España que cuidan y proporcionan lo necesario a estas personas para garantizar un trabajo decente pero siendo realistas, son muchísimos los temporeros que están en condiciones inadmisibles».

Por ello, ha invitado a las administraciones públicas y al sector agroganadero a reunirse con la Pastoral de Migraciones de la Iglesia, con Cáritas y con fundaciones humanitarias para, «entre todos,
abrir un nuevo escenario de contratación, donde se vislumbre un proyecto legal, de prestigio, humano, honrado, que de un plus a nuestros productos y una nueva categoría laboral que estos trabajadores se merecen».

«¿Por qué no se les dota a todos de una vivienda digna, de una condiciones dignas, de un salario digno, de un descanso digno
durante el tiempo que dura la recogida de los frutos de la tierra? ¿Acaso no son personas y merecen dignidad?», se ha preguntado.

Monseñor Elizalde ha denunciado públicamente la situación actual de muchos de ellos porque son «migrantes recién llegados y otros muchos que ya viven aquí, que se dejan la piel trabajando la tierra, ¿y qué les espera? Que en pleno año 2020 sean tratados en semiesclavitud. Incomprensible e inaceptable».

«en pleno verano, con un sol abrasador y ante esta dura pandemia, muchos de estos trabajadores no cuentan con comedores o lugares a la sombra en los que poder descansar. Buscar solución a esto, ¿es esto mucho pedir. Muy cerca de este templo, en la Rioja Alavesa, llegan personas estos días para la vendimia. También en el sur, en Andalucía, en el este en Cataluña, Valencia, Murcia o Albacete», ha añadido.

El obispo ha indicado que es «un trabajo físico duro pero no por ello es excusa para una explotación inhumana» y, por ello, ha apelado a «empresarios, sindicatos y administraciones públicas, «a poner fin a las condiciones inadmisibles por las que pasan estas personas».

«Y no vale hacer trampas como ponerles a trabajar 16 horas y que sólo cuenten 8, o que trabajen 20 días y coticen sólo 7», ha añadido. Además ha incidido en lo injusto que es «criminalizarles y culparles de crear focos de contagio» y cree que eso también es «hacer trampas».

«Si se dignifica su vida laboral a todos los efectos, condiciones higiénicas incluidas, no habrá más riesgo de propagación». «Esto nos debería escandalizar como seres humanos y como Iglesia. No podemos mirar a otro lado y debemos pasar a ser ejemplo de acogida a quien viene a ganarse el pan con su sudor y a tenerle dignamente el tiempo que esté entre nosotros. No hay excusa que valga», ha agregado.

Por todo ello, ha pedido a toda la sociedad en su conjunto que «no seamos una tierra hostil para quien viene a trabajar aquí o para quien busca un sustento para ellos y sus familias».

«Si sobre nosotros pesa una amenaza de emergencia sanitaria, para ellos hay ya una condena si no cambiamos sus condiciones de vida y trabajo. Aprendamos las lecciones que esta pandemia nos está
dando día a día. Cuidemos los unos de los otros. Seamos hermanos porque todos estamos en la mismo barca y nadie se salva solo. No reduzcamos todo a mera ganancia económica. El fin no justifica los medios. La vida humana merece dignidad», ha concluido.

Fuente

Reflexiones

Alfonso Olaz

«¡Quiero creer en el hombre y la mujer, como creo en el calor, en el frío de la madrugada, en la lluvia que me empapa!»

Jesús el obrero, amigo, hermano y compañero

Querido Compañero y amigo Jesús;

Que sigues estando en lo más profundo de la mina,

a dónde desciendes cada dia

dónde no hay luz, ni esperanza.

que sobre-vives cada día-

entretejiendo entre tus sueños , el sustento, oraciones y lágrimas.

Compañero,

Que estás en Alta Mar,

tendiendo cables y tuberías submarinas.

y en un buque sin Nacionalidad.

y Obligado por los Señores de la guerra, te han hecho Pirata de la mar, y así no exterminaron a tus 5 pequeños y tú compañera.

Compañero,

Las Mafias te han hecho Niño Esclavo, «por una supuesta Deuda que tus padres nunca podrán pagar»-

Con normalidad se acepta llamar ha esto, «Trabajo Infantil» y No » Esclavitud Infantil»

Tú  cuando eras niño, vivias como niño, jugabas como niño, jugabas con tu madre María y tú padre José, ayudabas a tu madre a poner la mesa, limpiar la vajilla, y poniendo algo de orden en casa y a tu padre José, porque eras todavía  un niño, sólo te dejaba jugar con los restos sobrantes de las maderas y con aquel caballito de madera que te hizo y tanto te gustaba.

¡y entonces Jesús, ¿Te parece que habrá  2 categorías de Trabajadores en este mundo?-

¡Los de la edad legal de trabajar!

1. Los Esclavos de por vida por haber nacido pobres,les llamaremos Trabajadores.

2. y a los No Esclavos que no nacieron pobres,

les llamaremos Trabajadores.

«Si uno se va porque no está satisfecho, o se enferma o muere,  siempre habrá otro de recambio» eso dicen los que saben.

Compañero Jesús,

Se que te Revientan cada día, todos los días del año, y así año tras año.

Está claro que todo esto, sin promocionarse socialmente.

Vas muriendo despacito cada día, desde niño no has conocido otra cosa y sabes que esto será hasta el final, no tienes escapatoria, no puedes protestar,

¡Cállate mal nacido, Desagradecido!

De esto no podrás escapar.

¡Naciste con el delito de ser un niño pobre!

Quizás tengas mucha suerte

y una Organizacion pague por tu esclavitud.

¡Oí que un tal Jesús ya pagó por mí, para liberarme del mal, del pecado!

Me atrevo a decir que quiero ser un seguidor de Jesus, aunque esto no se muy bien a qué me compromete.

A Ser Cristiano, comprometido con la vida y con la llegada de la muerte, con los que viven con la vida y con los que viven con la muerte,

para regalar lo que he recibido gratis, la Fé, la Esperanza, la Caridad,

la Amistad, el Pan, el Hogar, el Trabajo, el Tiempo, que no es mío.

Todo esto ya lo hizo el hijo de María y José, y nos enseñó  cómo poder hacerlo y que cuando lo hiciéramos no estaríamos solos y en su nombre así sería.

Trade, el precio de la inocencia

Ana Sánchez


¿Cuánto vale una persona? ¿Cuánto vale un niño?

Trade, de Kreuzpaintner, nos habla del precio de la inocencia, una historia que nos acerca al negocio de la trata de personas. Una niña mexicana celebra su cumpleaños con su familia y amigas sin pensar en que el futuro que la espera no es tal luminoso como la bici que le regala su hermano. La acción se desarrolla en México, en torno a una de tantas familias de la ciudad, cuya cotidianidad se verá interrumpida bruscamente por el rapto de la pequeña Adriana. Unos individuos, aparentemente salidos de la nada, la persiguen por las calles y la separan de su mundo trasladándola a un submundo de tráfico y esclavitud, un negocio creciente extendido a lo largo de todo el planeta y en el que los seres humanos son tratados como mercancías que se venden al mejor postor. Por mucho que queramos insistir en que la esclavitud fue abolida hace mucho tiempo, sigue existiendo al lado de nuestras casas. Pero nosotros, muchas veces, preferimos mirar hacia otro lado y no ver lo que está pasando a nuestro alrededor, seguramente porque eso nos obligaría a tomar postura y denunciar esas y otras injusticias que pasamos por alto porque no nos tocan de cerca, no nos afectan personalmente.

La película relata varias historias sobre el tema, centrándose en la de Adriana y su hermano, pero no es un caso aislado o excepcional, también entran a formar parte de esta red de tráfico de niños del sudeste asiático, mujeres de la Europa del Este: secuestrados o engañados, pero todos los casos, obligados a formar parte de una cadena en la que los más débiles se ven sometidos al afán de tener y de poder de comerciantes y al placer de los consumidores de este negocio.

Desde los barrios de Ciudad de México y la traicionera frontera de Río Grande, pasando por una subasta secreta por Internet de esclavas sexuales, la acción nos traslada hasta Nueva Jersey, en el corazón de Estados Unidos. El negocio que supone la pedofilia y el anonimato que brinda Internet se conjugan en una maraña a la que resulta difícil acceder y en la que un policía echará una mano al hermano de Adriana para intentar llegar hasta los responsables de la venta de la niña con su experiencia y su conciencia puestas al servicio de la búsqueda de los culpables. Las autoridades locales o nacionales encuentran las excusas necesarias para no atacar a los directa o indirectamente implicados en esta red de engaños, secuestros, violencia, corrupción y delincuencia organizada.

El tesón del hermano de Adriana y la implicación hasta las últimas consecuencias del que se acaba convirtiendo en uno de los protagonistas de esta trama, un policía que busca atacar las causas y consecuencias del crimen, serán lo que posibilite el encuentro directo con los responsables de una red proxeneta que opera a nivel internacional. Delitos que muchas veces son ninguneados, porque afectan mayormente a los empobrecidos, a los que no tienen más defensa que sus propias familias o seres cercanos o el apoyo solidario de los que creen que es posible que convirtamos este mundo salvaje en un mundo humano y empeñan su vida en ello. ¿Nos conformaremos nosotros con menos? La inocencia puede llegar a pagar un precio muy alto, pero no podemos permitirnos una sociedad en la que esto sea tolerado, a riesgo de dejar de ser personas.

La culpa es de los inmigrantes y de los ciclistas

Eduardo Ros Córcoles


Es una especie de chiste triste judío desde la primera guerra mundial: “la culpa de la crisis es de los judíos” dice fulano, “de los judíos y de los ciclistas” le contesta mengano, “¿de los ciclistas por qué?” dice el primero, a lo que el otro contesta “Ya…¿y de los judíos por qué?

Cuando en la Alemania de los años 30 gran parte de la sociedad se preguntaba primero «¿por qué de los ciclistas?» el desastre estaba servido. Cuando se encuentra un contagiado de COVID-19 en un asentamiento de temporeros de Albacete y estalla la situación, podríamos decir igual que «la culpa es de los inmigrantes y de los ciclistas».

Hay un par de cosas en las que sí están de acuerdo tanto los colectivos independientes de apoyo a los inmigrantes como los partidarios de más “mano dura”, una es que esto se veía venir, que la situación de los temporeros garantizaba el contagio y que el confinamiento en esas condiciones era insostenible. La otra es el total abandono por parte de las administraciones, locales, regionales y nacionales, actuando siempre mal y tarde y sólo para apartar el problema a la jurisdicción de otro y aparentar ante su electorado.

Cualquiera que dedique un rato a estudiar el efecto económico real de la inmigración sabe que aporta mucho más de lo que cuesta. Eso lo reconocen hasta los estudios del sector bancario, uno de ellos, del Citigroup, atribuye a la inmigración un 20-30% del crecimiento de la economía europea entre 1990 y 2015 y los estudios que paga La Caixa coinciden en conclusiones con los de Cáritas y los de UGT. Es decir, que es un hecho conocido por todos nuestros representantes, díganse zurdos o diestros, que la inmigración enriquece nuestra economía, otra cosa son los problemas de convivencia que se generan por las condiciones en las que se inmigra y otra, la peor, es el querer sacar provecho partidista del miedo, los prejuicios racistas o el buenismo.

Las consignas de “mano dura” o de “acogimiento” de los distintos partidos son sólo eslóganes publicitarios para sus caladeros de votos, la política de migración viene dada por poderes que no cambian cada 4 años, se mantiene aunque cambie el color del partido que gobierne. Así el programa sobre inmigración de Vox lo está llevando a cabo en la práctica este gobierno, lo denuncian, entre otros, el informe del Defensor del Pueblo sobre las devoluciones en caliente y el manifiesto de la Comisión de Ayuda al Refugiado de febrero de este año.

Lleva razón el Director del Secretariado Diocesano de Migraciones, misionero durante años en Burkina Faso, cuando habla de los temporeros de Albacete: «A la mayoría los necesitamos… Pienso en la gente del campo, que los contrata, y se deben estar echando a temblar, pues ellos son los que recogen las patatas, las cebollas, las lechugas o los ajos porque los españoles no lo hacen. Son los que nos sacan las castañas del fuego, tanto a los cultivadores como a los consumidores».

Imagino que para jóvenes cómo los senegaleses que se presentaron hace un par de semanas en Casas Ibañez desde Tenerife porque alguien les dijo que había trabajo en el champiñón, el coronavirus, comparado con lo que han vivido, es una amenaza muy incierta y lejana, el menor de sus problemas.

“Tienen que respetar las costumbres del país que les acoge” Este es un argumento que se suele oír para referirse a lo problemas asociados a la inmigración descontrolada, totalmente de acuerdo, esto implica tanto respetar el orden público como ejercer otra de las sanas costumbres de nuestro país: la de reclamar salarios justos y condiciones de vida digna.

Criminalizar un colectivo, ya sea el de inmigrantes o el de empresarios agrícolas es hacerle el juego a quienes son realmente responsables de la violencia que generan estas situaciones. Decir cosas del estilo de “muchos empresarios, no todos, son explotadores” tiene el mismo tufillo sectario que decir “muchos emigrantes, no todos, son delincuentes” además no sirve de nada aunque las condiciones de vida de unos y otros sean incomparables. No sirve  porque la corrupción, como el virus, no distingue nacionalidad ni cantidad de melanina en la piel, entre las redes de explotación hay tanto empresarios como inmigrantes cómplices que explotan a compatriotas. Así fue en los casos que más han trascendido por llegar a los juzgados, en 2014 con rumanos en Barrax y el año pasado en La Roda, en el 2008 con moldavos en Balazote… y lo que queda.

El ser humano siempre migra de donde no hay comida ni seguridad a donde crea que las encontrará, esto lleva siendo así desde antes de Atapuerca, ningún lunático, ningún imperio ni estado lo ha evitado duraderamente, lo gestionaremos según sean los valores que predominen en la sociedad.

No tenemos que inventar nada nuevo, bastaría con recordar cómo los albaceteños iban por miles a la vendimia y a la recogida de manzana en Francia hace unos pocos años, con su contrato y su alojamiento concertado con antelación, aún con sus carencias, sus condiciones eran mucho más dignas que las de los temporeros que se han visto acorralados, unas decenas salieron a hacerse ver, armaron follón, dañaron un coche, asustaron a gente y provocaron pérdidas en negocios de hostelería, mal, pero nada comparable con el infierno que han vivido sólo para llegar aquí. En los videos que algunos medios han publicado (por cierto con un tratamiento muy sensacionalista) se puede ver a inmigrantes intentando evitar la violencia de algunos de sus compañeros y la Asociación de Inmigrantes Africanos de Albacete ha criticado claramente la agresividad de la manifestación. Los que tenemos luz y agua corriente no sólo pagamos impuestos sino que hemos dado el monopolio del uso de la fuerza a las administraciones para que doten de medios y formación a los funcionarios encargados de mantener el orden con el mayor diálogo y la menor violencia posible y no reservar las medidas policiales preventivas sólo para evitar que los hooligans destrocen la fuente del parque porque ha ganado su equipo.

Si no hemos padecido antes y con más violencia los efectos colaterales de tener malviviendo a miles de jóvenes temporeros en Albacete se lo tenemos que agradecer, entre otros, a los voluntarios del comedor de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón (Cotolengo), a los de la lavandería solidaria de Justicia y Paz, Cruz Roja y a muchos otras personas anónimas que no están en las redes sociales, están donde tienen que estar. Gracias.

Radio María: trabajo infantil

Entrevista en el programa Iglesia Viva, invitados por las Hermandades del trabajo en el marco del día mundial contra la esclavitud infantil el pasado 12 de junio. Debemos hacernos conscientes del drama de la esclavitud infantil, de nuestra complicidad en este crimen, pero también de nuestra responsabilidad. Cada una de las cifras lleva una persona detrás, concretamente un niño.

 

Esenciales pero discriminados

Texto: Maribel Izcue, Nicolás Castellano, Agus Morales y Xavier Aldekoa.
Fotografía: Pablo Tosco y Anna Surinyach.
Publicado en Revista5w


“Silencio, ¡temporeros durmiendo en la calle!”.

Los balcones muestran esta pancarta en una calle del casco antiguo de Lleida el 23 de mayo. Debajo, en unos tablones de madera de un edificio que aloja un coworking ahora cerrado, se apilan maletas de colores, cables de móvil, cartones, mantas. Aquí duermen las personas que han venido a recoger la cereza, muchas en situación de irregularidad administrativa.

Es una de las imágenes que nos deja el estado de alarma en España: decenas de personas que llegaron a trabajar en el campo se hallaban, en plena pandemia, durmiendo en la calle. Muchos ni siquiera pueden trabajar: en las fincas se necesita que recojan la cereza, pero los que están en situación irregular se resignan a esperar alguna peonada que obviamente se pagará sin contrato.

LA LEY DE EXTRANJERÍA

En España “sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles”, repite Mikel Mazkiaran, de SOS Racismo Euskadi, un veterano en la lucha por los derechos de las personas migrantes. La pandemia ha sacado a relucir las vergüenzas del sistema migratorio español cuando se van a cumplir 35 años de la aprobación de la primera ley “sobre derechos y libertades de los extranjeros” que se puso en marcha en España. Desde entonces, las distintas normas en esta materia excluyen a miles de personas del acceso a derechos fundamentales.

Toda esta argamasa legal ha hecho cada vez más alto el muro de la burocracia, que se sigue cimentando en los tres mismos ejes: la obsesión por el control de fronteras, la concepción de la persona migrada casi exclusivamente como trabajador y la insistencia en crear un sistema sancionador, con la amenaza perpetua de expulsión.

Son dos décadas con pocas modificaciones a la última ley de extranjería, del año 2000, a pesar de coincidir con uno de los períodos con más migraciones en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial y con la mayor llegada a España de extranjeros. Durante este periodo se ha impuesto el criterio utilitarista, pero ni siquiera eso ha animado al Gobierno español actual a aprobar una regularización, tal y como reclaman más de mil entidades.

EN EL CAMPO

—Hay gente que siempre dice: “¡Viva España!”. Viva España hay que decirlo aquí, en el campo.

Mamadou es trabajador del campo y activista. Su voz se oye cada vez más fuerte: varios de sus vídeos contra el racismo y para reivindicar los derechos de los inmigrantes se han hecho virales. Ha sido mantero, ha trabajado en la fresa de Huelva, en los campos de Jaén. Ahora está en Lleida trabajando y luchando para que los compañeros que duermen en la calle consigan un techo.

Nos sentamos con él en unos escalones de una calle aledaña al edificio de las pancartas que piden silencio para que los temporeros puedan dormir. Lleva un gorro verdiblanco, una camisa rosa, unos vaqueros. Serigne dice que tenía miedo la primera vez que grabó un vídeo. La primera vez que habló sobre su situación, sobre la de los trabajadores del campo. Dice que ya no tiene miedo. Dice que no parará. Sabe que muchos de sus compañeros, sobre todo los que no tienen papeles, no alzan la voz porque se sienten vulnerables. Muchos le dieron las gracias por decir lo que ellos sentían. Y eso lo anima a seguir.

Serigne Mamadou no quiere callarse.

—Lo hago por la gente que no ha tenido voz, para que finalmente pueda hablar, pueda denunciar. La gente tiene miedo, ya sea por estar en el campo, por la violencia, por el abuso institucional… Ahora tenemos que apoyarles para que también denuncien lo que pasa.

El campo necesita más mano de obra que nunca. Con la pandemia se ha intentado atraer a trabajadores que se han quedado en el paro, pero el intento de que la población local recogiera la cereza, según nos confirman payeses de la zona, ha sido en vano.

—Ahora los agricultores están llamando a la gente para que trabaje y nadie está presente —dice Mamadou en alusión a un campo necesitado de mano de obra, más aún en medio de la pandemia—. Nosotros vamos a estar en primera fila para dar la cara y daros de comer.

Hoy es 22 de mayo: han pasado unos días desde que hiciera un directo de Instagram con el actor Paco León. Serigne Mamadou tuvo que abandonar la conversación cuando se emocionó mientras describía la situación de los inmigrantes. Está ahora centrado en esa batalla: busca aliados para que más gente entienda el racismo que sufren.

—Cuando llegamos a Lleida no había lugares de alquiler, nadie nos quería alquilar —explica—. Fuimos al Ayuntamiento a protestar, éramos pocas personas. Distancia social, mascarilla y todo. Nos llamó la policía, nos detuvieron y nos denunciaron.

Las reiteradas promesas de encontrar alojamiento para todos han sido incumplidas, se queja. Están intentando hallar una solución.

Serigne interrumpe la charla varias veces: debe atender el teléfono. La última llamada es de alguien especial: lo notamos porque nos hace señas. Es Keita Baldé, futbolista del A.S. Mónaco. Serigne le explica la situación. Keita le dice que del alojamiento no se deben preocupar, que él se va a encargar de ello. Quedan en que lo hablarán en un directo de Instagram que harán de aquí a dos días. Serigne sonríe. Está convencido de que Keita cumplirá su promesa.

Tenemos un corro a nuestro alrededor. Hay un joven que quiere hablar. Se llama Ousmane Diouf: nació en Senegal y llegó a España en 2018 en patera. Es trabajador del campo. Pero no tiene papeles.

—Ahora cumplo 24 años y tengo muchas ganas de trabajar, pero no tengo permiso de residencia… Mira, en esta calle hay muchos jóvenes que quieren trabajo.

Dice Ousmane que sus padres, que viven en Senegal, están preocupados por el impacto de la pandemia en España.

—Yo les digo: “¡Tú tranquilo! No tengo ningún problema. Estoy bien, luchando…”. A mí me gusta estar aquí, pero la única cosa que quiero decir es que hay que ayudar a la gente para que tenga papeles.

Una de las activistas más vocales, desde hace años, en la defensa de los derechos de los temporeros en Lleida es Nogay Ndiaye, de la Plataforma Fruita amb Justícia Social. Ndiaye avisa de que es un problema estructural, con o sin pandemia.

—Las entidades implicadas hemos estado haciendo reuniones [con el Ayuntamiento] desde septiembre-octubre del año pasado. Hicimos propuestas. Habían presupuestado incluso unos bungalós para hacer pequeños alojamientos de dos o tres personas por bungaló. Llegamos a febrero, última reunión, llega la pandemia… y todo desaparece.

Ndiaye se muestra muy crítica con el Ayuntamiento, tradicionalmente socialista pero en manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) desde el año pasado. ERC se había mostrado indignada por la situación de los temporeros, pero la solución no ha llegado, lamenta Ndiaye.

—Les ha venido perfecto esto de la pandemia para tener la excusa.

Son dinámicas enquistadas, según Ndiaye, cuyo marco general es la ley de extranjería, que tiene un impacto directo en el campo.

—Es un sistema racista que oprime a los débiles, y los más débiles son los inmigrantes. Dependen de la ley de extranjería —dice Ndiaye—. Muchas de las personas que están en el centro histórico de Lleida tienen papeles y duermen en la calle igualmente porque no se está cumpliendo el convenio, pero hay otras que están en ese periodo de tres años en el que tienen que sobrevivir [sin documentación] y no tienen ningún ingreso. Van haciendo las campañas. Hay momentos en que hay picos grandes y no tienen suficientes trabajadores, y cogen a 25 más. Estos 25 están indocumentados y los tienen una semana.

Poco después de estas conversaciones, el futbolista Keita Baldé cumplió su promesa: alquiló un edificio entero para alojar a 90 personas que estaban en la calle. Es un inmueble que se ha tenido que acondicionar: varios hoteles y otro tipo de alojamientos rechazaron acoger a los temporeros pese a que Baldé lo pagaba, según denunció Ndiaye.

Un futbolista supliendo la labor de las administraciones.

HISTORIA DE LAS REGULARIZACIONES

En España las regularizaciones han sido aprobadas por Gobiernos de distinto signo ideológico: tanto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como del Partido Popular (PP). Incluso el dictador Francisco Franco hizo una. Las Cortes franquistas aprobaron el 14 de febrero de 1974 un decreto que permitió la regularización de 11.000 ciudadanos extranjeros, según el archivo personal sobre normativa de extranjería que atesora el abogado José Luis Rodríguez Candela. Hay que remontarse a 1852 para encontrar el primer real decreto de extranjería aprobado en España, según otro trabajo de documentación de Mazkiaran.

Rodríguez Candela, miembro de la Asociación de Abogados Extranjeristas, destaca las enormes diferencias de las seis regularizaciones que se han puesto en marcha en España desde que se creó la ley de extranjería en 1985, que han permitido que un total de 1.124.241 personas hayan accedido a un permiso de residencia desde 1986 a 2004.

La primera “regularización colectiva” de extranjeros en España surgió en 1986 con el reglamento que desarrollaba la primera ley, y permitió a 38.181 personas acceder a un permiso de residencia. El 7 junio de 1991 se produjo el único proceso que se llamó “regularización” como tal, y que incluyó a 109.137 personas. En 1996 llegó la de José María Aznar: 21.283 personas obtuvieron el permiso. El PP haría otras dos más: en 2000, coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva ley de extranjería (150.000 regularizados) y en 2001 vía reglamento (232.679 más).

La última, la llamada “normalización”, vino en 2005 de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo que 572.961 personas accedieran a la residencia. Con ese último real decreto de 2005 se introdujo la vía del arraigo como figura para obtener un permiso de residencia en España, en virtud del cual se deben demostrar tres años de residencia en el país, tener una oferta de trabajo y acreditar la ausencia de antecedentes penales. Esta sigue siendo casi la única salida a la irregularidad administrativa en España.

El Gobierno español actual, integrado por PSOE y Podemos, no ha hecho efectiva una regularización en medio de la pandemia. Para presionar al Ejecutivo, se ha puesto como ejemplos a Italia y Portugal, aunque sus medidas han sido limitadas: en Italia, la regularización solo incluye el sector agrario y mientras dure el estado de excepción; en Portugal, es específica para los que tenían ya en marcha algún proceso de tramitación previo a la pandemia.

La medida más importante que ha tomado España en la materia es la concesión de dos años de permiso de trabajo para los jóvenes extutelados de entre 18 y 21 años, que llegaron a España siendo menores, la mayoría en pateras, y que han estado trabajando en el campo durante este estado de alarma en la recolección, sobre todo de los frutos rojos en Huelva. Según fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, son menos de 300 los que se han acogido a esta medida. Un número bajo teniendo en cuenta que el Estado tiene registrados a 11.000 menores, a los cuales el Gobierno también permite trabajar una vez cumplidos los 16 años.

“Hemos perdido una oportunidad para los extranjeros y para el país, pero tal y como está de tensionado el Parlamento español, parece poco probable que prospere cualquier intento de plantear una regularización o una reforma ambiciosa de la ley de extranjería por el miedo a VOX”, sostiene una experta implicada en mecanismos oficiales de protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros, que pide el anonimato.

El contexto actual no es el de 2005, cuando la mayoría de las personas regularizadas eran trabajadoras del hogar, de la hostelería, la construcción, el sector servicios y unos pocos del campo. Hasta los profesionales extracomunitarios más demandados en la pandemia, los sanitarios, han seguido estrellándose contra el muro de la burocracia para conseguir ejercer por fin sus oficios en España. Médicas y enfermeros que tardan años normalmente en homologar sus títulos vieron cómo el Gobierno les abría una ventana rápida en la pandemia, pero menos de 350 pudieron culminar el proceso hasta que la administración española volvió a cerrarlo.

CUIDADORAS

El tono de llamada suena varias veces antes de que una voz femenina conteste al otro lado de la línea.

—¿Hola?

La respuesta se oye entrecortada: es un problema de cobertura, no de distancia. Estamos en la misma ciudad y nos separan solo unos pocos kilómetros, pero son infranqueables para ella. No es solo el estado de alarma, que a mediados de mayo aún restringe nuestros movimientos. Desde el 15 de marzo, Margarita no puede abandonar el apartamento en el que se encuentra para regresar a su casa, hacer ejercicio o ir al médico, a riesgo de perder su empleo.

Margarita no se llama Margarita, pero ese es el nombre que prefiere que le demos para evitar problemas en su trabajo, ese que le impide salir de casa. Ronda los 50 años y es auxiliar de enfermería; en su Colombia natal trabajaba en un centro sanitario.

—Y por un futuro mejor y esas cosas, una de pronto se viene acá.

Llegó a España hace más de dos años y estuvo cuidando a una anciana en su casa hasta que la trasladaron a una residencia; luego consiguió empleo asistiendo a una pareja nonagenaria de nueve de la noche a nueve de la mañana. Estaba contenta con su trabajo, dice, porque tenía el día para moverse, para “hacer otras cosas, otras exigencias; pero resulta que ahora no”.

Resulta que ahora no, porque llegó la pandemia y, con ella, la mayor sacudida social en años. En los momentos más críticos los focos se volvieron hacia los hospitales, hacia las residencias de ancianos, hacia el extraordinario esfuerzo del sector sanitario. Mientras tanto, en el interior de sus viviendas, muchos ancianos solos y dependientes eran cuidados por personas como Margarita: sin una situación administrativa regular, sin contrato, sin material de protección en condiciones, sin margen para reclamar mejoras si no quería perder el trabajo. Ella cobraba 750 euros al mes por cuidar al matrimonio todas las noches de la semana. Pero con la pandemia llegó el cambio.

—Como son personas mayores, su hijo me dijo: “Yo necesito una persona que se quede”. Y yo le dije, ¿que se quede cómo? “Que se quede. Si eres tú, no puedes entrar ni salir”. ¿Y qué voy a hacer en este caso? Pues quedarme.

Sus horas aumentaron, el sueldo no. Desde mediados de marzo tuvo que permanecer las 24 horas del día en la casa, volcada en los cuidados, y solo la última semana de mayo comenzó a salir unas horas los sábados y domingos.

Aquel fue el primer vuelco. El segundo, cuando el abuelo al que cuidaba enfermó mostrando todos los síntomas de la COVID-19. Llamaron a la ambulancia y fue trasladado al hospital, donde le hicieron la prueba: positivo. El anciano murió por coronavirus a mediados de abril.

—Júralo que yo tuve una depresión. Dios mío, qué hago. Ahora a esta casa no viene nadie.

Margarita pone énfasis en nadie, como si estirase la palabra hasta partirla en dos: na-die. En el apartamento conviven ahora la anciana, recién enviudada, y ella. Antes, dice, dos empleados del servicio de atención domiciliaria municipal acudían a prestar asistencia durante el día, pero cuando les informaron de que en esa casa había habido un fallecido por coronavirus, dejaron de hacerlo.

—Se espantaron. No volvieron. Para mí esto ha sido estresante, estaba súper estresada. Entiéndeme. Me duele todo, me duele la espalda, me duelen las piernas. Me siento… Me sentí tan mal que lo que hice fue arrodillarme y llorar.

Al conocer que el abuelo era positivo, Margarita contactó con el ambulatorio. Le dijeron que mientras ni ella ni la abuela mostraran síntomas, no les harían el test. Que se tomaran la temperatura varias veces al día y, en caso de que tuvieran fiebre, les avisaran. Al otro lado del teléfono la voz de esta auxiliar de enfermería no oculta su enfado por la incertidumbre, porque al haber estado en estrecho contacto con un positivo por coronavirus, tanto a la abuela como a ella deberían hacerles las pruebas, dice.

—Yo he escuchado que a futbolistas sí se lo han hecho… ¡Esto es un caso prioritario, creo yo!

Hasta ahora, ninguna de las dos ha tenido síntomas. Margarita ha recibido material de protección —mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico— de la asociación de mujeres migrantes a la que pertenece, y extrema las precauciones cuando tiene que salir a comprar “por ejemplo en la farmacia, o algunas cosas de la casa, los pañales [de la anciana], los medicamentos, la leche, cosas así”.

La abuela, con algunos síntomas de demencia, a menudo no termina de entender la situación, pero sí es consciente de que su marido ya no está. Y también de que ya no puede salir a la calle.

—Ahora dice que de la casa solo la van a sacar con los pies para delante; a mí me afecta.

En esta situación, ¿ha tenido posibilidad de renegociar sus condiciones laborales?

—Yo la otra vez le hablé de un contrato a la familia. Se quedaron mudos, o más bien se pusieron como molestos. Así que no les he vuelto a insistir. ¿Por qué? Porque me quedo sin trabajo. Y así estamos muchas compañeras, muchísimas.

Sin vacaciones —excepto una ocasión en la que los familiares se llevaron al matrimonio de veraneo un par de semanas, en las que suspendieron el sueldo de Margarita—, sin bajas, sin salario mínimo, sin horas extra, sin protección más allá de las redes de solidaridad tejidas entre las propias compañeras. Cuando Margarita planteó la posibilidad de que, aunque fuera sin contrato, le subieran el sueldo por estar como interna por el coronavirus, con una anciana dependiente a la que “hay que hacerle todo”, los familiares alegaron su propia falta de recursos.

Ella tiene claro que la causa de la desprotección en la que se encuentra radica en su situación administrativa irregular, pero responde rápido si alguien apunta a que no tiene documentos.

—Como soy una extranjera, supuestamente no tengo documentos. Yo documentos sí tengo; que no tenga una identidad española es diferente. “¡Pero no, eres indocumentada!”, dicen. Yo no soy ninguna indocumentada. Yo tengo mi pasaporte que reza mi nombre. Como que ni supiera de dónde soy y de dónde vengo. Con esa cuestión la gente quiere… Como una tiene necesidad, vamos a llamarla así, tienes tu familia allá y tienes que mantenerte aquí…

Su voz se queda colgada en el vacío. Tras un momento, continúa.

—Una viene con metas, con sueños. Somos personas profesionales que queremos salir adelante. Nos encontramos con esa frustración aquí.

Habla de compañeras a las que han despedido de la noche a la mañana, “así como bota uno la basura”, y que se han quedado en la calle por no poder pagar la habitación en la que vivían; o de los sueldos de entre 400 y 500 euros al mes que, antes de la pandemia, cobraban algunas por deslomarse en jornadas diarias de más de ocho horas. Ninguna de las compañeras que menciona llega, ni de lejos, al salario mínimo interprofesional, que establece, por 40 horas semanales, 950 euros brutos mensuales con 14 pagas y 30 días de vacaciones al año; o, en caso de un contrato por horas, un mínimo de 7 euros la hora. Todas las reclamaciones de Margarita se condensan en una sola: un decreto que regularice su situación.

—Lo que yo veo es que nunca nos han tomado en cuenta a nosotras, las mujeres trabajadoras del hogar, sabiendo que la sociedad española se beneficia de nosotras. Si vamos y hacemos un salto de casa por casa, se encuentran puras extranjeras trabajando y haciendo el cuidado del hogar.

En España hay unas 400.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social como empleadas del hogar. La última Encuesta de Población Activa indicaba por su parte unas 600.000 personas ocupadas en este sector. El cruce de ambas cifras apuntaría a que una de cada tres trabajaría en la economía sumergida. De las afiliadas, un 95% son mujeres y el 42% son extranjeras. Pese a cotizar en la Seguridad Social, lo hacen en un régimen especial que no contempla subsidio de paro. Un estudio de 2018 de Oxfam Intermón y la Universidad Carlos III de Madrid cifraba a su vez en más de 630.000 las personas que se dedican al trabajo del hogar en España y apuntaba a que la mayoría, un 57%, son mujeres migrantes.

—Las cuidadoras de domicilios privados se consideraron esenciales mediante el Real Decreto [el Real Decreto-Ley 10/2020 del 29 de marzo]. Esenciales, pero no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores considerados esenciales, ni para acogerse a un ERTE, ni para acogerse a prestación: muchas no están dadas de alta en la seguridad social.

Habla la hondureña Carmen Juares, una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, red integrada por unas 400 trabajadoras del hogar y de los cuidados en Cataluña. En medio de la crisis por el coronavirus, el grupo de WhatsApp que comparten estas trabajadoras echa humo con relatos de situaciones sangrantes. Las más habituales son aumentos de jornadas por el mismo salario, dice, y despidos de la noche a la mañana sin ningún tipo de indemnización. Solamente tres de las 400 mujeres de la asociación pudieron pasar el confinamiento en sus casas sin que los empleadores le retiraran el sueldo. Tres de 400, insiste Carmen con una mezcla de enfado y frustración.

Muchas otras, continúa, se han jugado su salud por falta de recursos y material de protección, como la trabajadora que de madrugada tuvo que acompañar a urgencias al abuelo que cuidaba. El hombre dio positivo por coronavirus, pero era el pico de la pandemia y, con los servicios sanitarios saturados, del hospital lo devolvieron a casa. La cuidadora lo comunicó a los familiares, pero estos le negaron de forma rotunda guantes y mascarillas alegando que se los tenía que comprar ella con su dinero, “ya que formaba parte del desarrollo de su trabajo”. Con un sueldo de 700 euros al mes como interna seis días a la semana y un hijo en su país de origen, no disponía de efectivo. “A los días nos llamó, que estaba con tos y fiebre alta”. Cuando explicó a los familiares que parecía haberse contagiado con el virus, “la respuesta fue que si quería seguir trabajando que lo hiciera, pero que cuando ya no pudiera lo comunicara y buscarían a otra persona”. Aquello era sinónimo de quedarse en la calle. “Lleva trabajando allí dos años y está en proceso de regularización. Es aquello que la ley de extranjería te obliga a aceptar”.

Este caso ocurrió al inicio de la pandemia. Poco después, la asociación comenzó a recibir donaciones de material y pudo repartirlo entre las trabajadoras en situaciones de mayor riesgo. También han abierto una colecta solidaria para poder respaldar a aquellas a las que la emergencia del coronavirus ha dejado sin ingresos, en ocasiones sin techo, y a menudo con menores a los que mantener. La situación se repite en todo el país: las asociaciones creadas por las propias trabajadoras son, para muchas, el único colchón para hacer frente a la pobreza.

Carmen Juares insiste en que para resolver el problema estructural del sector hay que hacer una labor pedagógica y de sensibilización que desemboque en la regularización de las migrantes, en contratos, en un cambio de mentalidad de la sociedad.

—Se dice: “Le pago a la chica para que venga unas horitas…”. No, no. No es la chica, es una persona trabajadora con nombres y apellidos. Muchas tienen formación, son profesionales del cuidado. Pero se las ve como la chica y no como una relación laboral.

Incluso en sectores de la sociedad que se consideran feministas y progresistas, añade, está normalizado el hecho de emplear a una cuidadora en condiciones precarias.

—Hay mujeres que sí, han roto el techo de cristal, pero mientras otras estaban recogiendo los vidrios. Tenemos tan interiorizado el papel de las personas de origen migrante, que no nos preguntamos por sus necesidades.

VIDAS INVISIBLES

En las estadísticas oficiales constan 5.663.348 residentes extranjeros en España. La mayoría (unos 3,4 millones) son del régimen comunitario, sobre todo de Reino Unido, Italia y Rumanía, y 2,2 millones son extracomunitarios, con Marruecos, China y Ecuador a la cabeza. Pero es interesante fijarse en un dato: más de 1,8 millones se consolidaron como residentes de larga duración, es decir, el 85,5% de todos los residentes extracomunitarios regulares en España.

Solo en 2019, más de 400.000 personas consiguieron diversos tipos de permisos de residencia en España. De ellos, según consta en las estadísticas de la secretaría de Estado de Migraciones, 38.567 lo lograron por la vía del arraigo y 39.249 por las llamadas “razones humanitarias o excepcionales”.

¿Qué pasa con quienes están en situación de irregularidad administrativa? ¿Qué pasa con quienes no están en las estadísticas? Los colectivos que piden una regularización estiman que esta beneficiaría a 600.000 personas, pero las fuentes especializadas en migración consultadas para este reportaje aseguran que este dato es imposible de calcular.

En el conjunto de Europa las estimaciones de estos trabajadores invisibles ascienden a entre 8 y 10 millones. Pero son solo estimaciones. Los que malviven en las chabolas de Lepe, los que están a la intemperie en Lleida o las trabajadoras que han pasado la pandemia cuidando de los mayores en sus casas no aparecen en ninguna estadística. No forman parte de los 272 millones de personas que tienen la etiqueta de migrantes en el mundo, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), porque la ley las borra del mapa.

La pandemia ha logrado lo que las oenegés tanto habían reclamado durante años: el cierre de todos los Centros de Internamiento de España, los polémicos CIE, aunque Interior asegura que se trata de una medida temporal y que volverán a abrir sus puertas. Sin embargo,1.700 personas han estado encerradas, hacinadas y forzadas a incumplir todas las recomendaciones sobre el confinamiento en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde más de 200 niños y mujeres, muchas en situación vulnerable, han llegado a compartir un espacio ideado inicialmente para solo 600 plazas en medio de una pandemia global. La mayoría son solicitantes de asilo de Yemen, Siria, Túnez o Marruecos, a los que Interior vulnera su libre circulación por el territorio español una vez piden protección.

TIEMPOS DIFÍCILES

Malang Fatty lleva los auriculares puestos pero no escucha nada. Mira la pantalla del móvil y se whatsappea con un amigo, le pregunta qué tal, qué haces. Su rictus no cambia durante la conversación, así que es imposible adivinar el tono de las respuestas. Tampoco sería sencillo leer sus gestos. Malang lleva una gorra de camuflaje con unas letras naranjas de los Yankees de Nueva York y una mascarilla le cubre la mitad de la cara. Como está sentado en un muro bajo de ladrillos rojos, los pies le quedan colgando a unos centímetros del suelo. Los balancea y levanta la cabeza. Su vista se pierde al otro lado de la calle, donde hay una sucursal bancaria de letras azules y blancas y a su izquierda unas palomas picotean despreocupadas en el suelo. Encima de ellas hay una placa con el nombre de la plaza: Plaça Solidaritat.

Antes, explica Malang, pasaba bastante por esa plaza o iba a caminar por la playa, que queda cerca, pero ya no tanto.

—Tough times, man —dice en voz baja: tiempos difíciles—. Salgo muy poco a la calle, a comprar al supermercado o a hacer algún recado, pero poco más. Desde que empezó todo, prefiero no salir de casa, hay más policía y te pueden parar para pedirte los papeles y ponerte una multa.

Desde que empezó todo: desde que la pandemia vació las calles de medio mundo y a migrantes como Malang los dejó sin red. Su historia, más allá de los matices geográficos, es la de cientos de miles de migrantes subsaharianos en Europa. Llegó hace cinco años en patera a Italia desde su Gambia natal y, tras buscarse la vida como temporero en el sur de España, se fue a Barcelona, donde pensó que le cambiaría la suerte y podría conseguir papeles. No fue así. Ahora vive en Blanes, una localidad a 70 kilómetros de la capital catalana donde empieza la Costa Brava, y recoge chatarra o trastos viejos que repara para vender después. Recogía: desde que se decretó el estado de alarma, no ha podido salir de ronda por la noche a escarbar en los contenedores, al menos hasta la semana pasada. Si antes sus ingresos eran escasos, ahora son cero. Sobrevive porque vive en un piso compartido a cinco minutos de la Plaça Solidaritat con otras siete personas, dos de Costa de Marfil y el resto gambianos como él, y sus compañeros de piso son además su sostén.

—Entre alquiler, electricidad y comida, cada uno ponemos entre 120 y 150 euros al mes. Algunos trabajan y tienen papeles, pero yo no. Me cubren un poco.

En casa solo reciben un pequeño empujón externo. Cada miércoles, van a la sede de Cáritas para llenar un carrito de la compra de color pistacho con alimentos de primera necesidad. Les dura tres días.

Tough times. Tiempos difíciles.

Malang lleva mal la pobreza y la incertidumbre, pero peor el sentimiento de culpa. Él lo llama nostalgia, y debe de serlo también, pero cuando lo dice baja la mirada avergonzado y se delata.

—Antes mandaba dinero cuando podía. A veces 20 o 50 euros. Lo que podía. Ahora no puedo y sé que ellos lo notan.

La crisis económica generada por la pandemia y el confinamiento ha provocado la caída más abrupta de remesas de la historia reciente. Se prevé que este año los migrantes envíen a sus familias algo más de 390.000 millones de euros, un 19,7% menos que el año anterior. En África subsahariana el desplome estará por encima de la media (23,1%). Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo especializado de las Naciones Unidas, cada año 200 millones de migrantes envían una media de entre 200 y 300 dólares a sus familiares, especialmente en zonas rurales de países pobres. La cantidad supone, también de media, el 60% de los ingresos de esas familias. La interrupción de ese dinero salvavidas no solo significa la pérdida de un flujo económico vital, también es un obstáculo para el progreso. Aunque tres de cuatro dólares de las remesas se invierten en alimentos y otras necesidades básicas, el resto se invierte mayoritariamente en educación, así que un descenso en las remesas afecta directamente a esta última partida.

Las pocas veces que Malang no puede más y se atreve a salir de casa, baja a la playa a airearse un poco. El rumor de las olas, dice, le transporta a la playa de Tanji, donde iba con su madre o su hermano Abubakar a comprar pescado. En la arena, piensa en su madre, su padre enfermo y sus otros dos hermanos pequeños. Sobre todo en ellos dos.

—El camino a Europa es difícil. Se sufre mucho. Yo vine aquí para ayudar a mi familia y pagar la escuela de mis dos hermanos. Me siento responsable de eso y más en estos momentos.

En estos momentos. En estos tiempos difíciles.

A nivel sanitario, África no ha sufrido hasta ahora un impacto tan brutal de la pandemia como los países occidentales. Aunque ya ha superado los 207.000 infectados y las 5.500 muertes, la cifra supone menos del 3% de los positivos mundiales y el 1,3% de las muertes, pese a que el continente alberga al 17% de la población del planeta. A nivel económico es otra historia. Las rápidas y drásticas medidas de la mayoría de Gobiernos africanos, que ordenaron el cierre de fronteras y mercados, unidas a la caída del precio del petróleo y el estancamiento del comercio internacional, detendrán en seco el crecimiento de los últimos años. A causa del coronavirus, el Banco Mundial prevé la primera recesión en la región en los últimos 25 años. La crisis combinada en Europa y Estados Unidos, de donde provienen la mayoría de las remesas hacia países africanos, ahondará en la herida de millones de familias. Gambia recibirá una estocada descomunal. Aunque a nivel cuantitativo Nigeria, Ghana, Kenia y Senegal son los países que más dinero reciben de las remesas, el país más pequeño de África es el tercero más dependiente de los envíos de efectivo desde el extranjero, solo por detrás de Sudán del Sur y Lesoto. Un 15,5% del Producto Interior Bruto gambiano, el triple de los ingresos por turismo, proviene del envío de dinero más allá de sus fronteras.

Sentado en el sofá de su casa, Malang cambia de canal en la televisión hasta que da con un partido antiguo del F.C. Barcelona contra el Arsenal inglés. Lo deja. En la pantalla, Abidal lanza un patadón a Nasri y lo derriba; falta indiscutible, pero Malang mira la escena inmutable. Está solo en el comedor. El resto de compañeros de piso ha desaparecido en la cocina o en sus cuartos compartidos, desconfiados por la presencia de un periodista en la casa. Malang se ha quitado la mascarilla y la arruga en la mano izquierda, posada sobre el brazo del sofá. Está inquieto. Coge el teléfono y llama. Contesta su madre, Kumbafaya, desde Gambia. Al principio, Malang pregunta por la salud de su padre y por cómo el virus está afectando a la familia y al país. Ella le pregunta si está bien de salud y está contento. Casi al final, después de un breve silencio, Malang se arma de valor y lo dice:

—Mamá, no podré enviar dinero.

—Si tuvieras, sé que nos enviarías.

—Es debido a mi situación y al coronavirus, ¿sabes?

—Que Alá haga tu lucha fácil.

—Amén.

—Que los extranjeros sean amables contigo.

—Amén.

—Que no seas víctima de tu situación.

—Amén.

—Que los hombres blancos sean buenos contigo.

—Amén.