Más rápido, más fino, más inteligente, nuevo y proactivo. La exigencia de ser cada vez ‘más’ apenas ha sido discutida en el último año, incluso aunque las señales de alerta se hayan activado a raíz de la pandemia. Las sociedades condenadas al crecimiento no encuentran el modo de detenerse y afrontar un futuro en el que esas señales se incrementarán en forma de fenómenos climáticos extremos.
El filósofo alemán Hartmut Rosa emplea dos conceptos que tienen gran importancia en los tiempos que vivimos. El primero es la lógica de la disponibilidad, un elemento relativamente nuevo de nuestras sociedades por el que se crea la ilusión de que es posible tener lo que queremos —cualquier cosa que se nos ocurra— ahora, en este preciso momento.
En nuestro día a día, esa lógica se traduce en las imágenes de los repartidores de Deliveroo o Glovo cabalgando su bici bajo un temporal para acercarnos una tortilla de patatas o un bocadillo. El ensueño de que es deseable que cualquier impulso se pueda saciar en cualquier momento opera en una lógica de debilitamiento y supresión de derechos laborales. Tal vez solo puede funcionar de ese modo, puesto que sin ese deseo caprichoso del consumidor y la disponibilidad de un ejército de riders precarios, esas compañías no obtendrían la plusvalía que las hace tan rentables.
El otro concepto es el de aceleración. Una exigencia de crecimiento continuo, cada vez a mayor velocidad, que está asociado a la alienación individual. Rosa explica cómo la lógica de la optimización —todo cada vez más rápido— está asociada a las otras grandes enfermedades del siglo: la ansiedad y la depresión.
La generación de cristal, los ‘zoomers’, nacidos con el siglo, están explicitando a quienes les quieren escuchar que las consecuencias de vivir en esa “rueda del hámster” llegan en forma de malestar mental.
Las soluciones no son fáciles, deben ser valientes. No se trata de enarbolar conceptos de la New Age, pedir que todo sea más relajado, optar por terapias para desestresarnos individualmente. En el mejor de los casos, eso puede funcionar a nivel personal. Pero la valentía tiene que partir desde una posición política. Examinar qué economía es necesaria para afrontar la emergencia climática, qué es importante planificar y retirar de manos de los mercados, cómo aseguramos que la sociedad funcione bajo el prisma del bien común, primero en situaciones de emergencia y catástrofes; idealmente, en cualquier momento.
La generación de cristal, los zoomers, nacidos con el siglo, están explicitando a quienes les quieren escuchar que las consecuencias de vivir en esa “rueda del hámster” llegan en forma de malestar mental. Para solucionar los problemas que plantean no servirá el habitual recurso a la guerra entre generaciones que explica tantas cosas de la actual vida política. No se trata de la sustitución de un grupo por otro, sino de trabajar en la posibilidad, por pequeña que sea, de construir una sociedad en la que el padecimiento psíquico, el estar quemado o la sensación de “no llegar” no sean la regla.
Hace siete años publiqué un libro que se llamaba El Hambre e intentaba entender por qué, en un mundo que ya puede de producir alimentos para todos sus habitantes, todavía hay cientos de millones de personas que no comen lo que necesitan. En estos días se publica la primera edición revisada y actualizada con las cifras y datos más recientes. Por desgracia, no fue necesario cambiar prácticamente nada en el análisis: las causas, las razones siguen siendo las mismas.
Aquí, el inicio del prólogo:
El panorama no es alentador. Cuando apareció este libro la situación mejoraba levemente: la cantidad de personas desnutridas había disminuido lentamente durante los veinte años anteriores. Y aún así era una tragedia. Ban Ki Moon, el ex secretario general de las Naciones Unidas, había advertido que cada cuatro segundos una persona moría de hambre, malnutrición y todas las enfermedades relacionadas: diecisiete cada minuto, veinticinco mil cada día, más de nueve millones cada año –pero eso no parecía importarle a nadie.
Y entonces la cantidad de hambrientos empezó a crecer otra vez. En América Latina, por ejemplo, la FAO calculaba que eran unos 39 millones en 2015 y en 2019 ya llegaban a los 48 millones; en África contaba 217 millones en 2015 y 250 cuatro años después; en Medio Oriente, 27 y 30.
Las explicaciones son muchas y son discutibles –de eso trata este libro– pero la pregunta central sigue siendo la misma: ¿cómo carajo conseguimos vivir sabiendo que pasan estas cosas?
¿Cómo podemos vivir en un mundo que, pese a su capacidad de alimentar a todos sus habitantes, soporta que más de 800 millones de ellos no coman suficiente? ¿ Cómo, en un mundo donde el hambre sigue siendo la epidemia más mortal, que mata más personas que la malaria, la tuberculosis y el sida juntos? ¿Cómo, con la conciencia de que podríamos solucionarlo si nos lo propusiéramos pero no lo hacemos?
Sigo creyendo que el hambre debería ser nuestra preocupación principal: que el orgullo de un mundo sin hambre es la meta más gozosa que podría imaginar. Y sigo pensando que, para conseguirlo, el primer paso es saber y el segundo entender –las metas imposibles de este libro. El tercero sería actuar, pero eso está más allá de sus posibilidades; es, quizá, parte de las suyas si usted lo decide, se decide, quiere.
Y aquí, el final del epílogo:
Los llamados empezaron a fines de abril, o quizás en los primeros días de mayo. Eran radios, sobre todo, en esos días de confinamiento, o algún programa de televisión por zoom o por skype, y querían preguntarme qué pensaba sobre el aumento del hambre que traería la pandemia. Me sorprendieron, porque hacía mucho que nadie me preguntaba nada sobre el hambre. Pero resulta que la FAO había vuelto a atacar con sus cifras y eso, entonces, inducía las preguntas.
–¿Qué opina de esos cálculos que dicen que habrá entre ochenta y ciento treinta millones de hambrientos…?
Ya sabemos que los números de la FAO son tan dudosos pero que, al mismo tiempo, son los únicos. Por eso no les hice mucho caso cuando publicaron que “una estimación preliminar sugiere que la pandemia puede agregar entre 83 y 132 millones de personas al número total de desnutridos del mundo”. Pero los periodistas, confiados, confinados, sí lo hicieron y empezaron a llamarme para preguntarme por ese dato que, pese a todo, les había llamado la atención. Eran, a fin de cuentas, como cien millones de personas.
–¿Y por qué se preocupan ahora por cien millones más cuando hace tres meses no se preocupaban por los 800 millones que están pasando hambre siempre? ¿No les parece un poco hipócrita?
Les contesté más de una vez. Lo siento, pero me cabreó. Pensé que quizás se trataba de su idea de “noticia”: que esos 800 millones siguieran allí no era nada nuevo; en cambio la aparición de millones más lo era. Quizá fuese nuestra incapacidad para contar lo que no sucedió dos días atrás, para hacer del mundo en que vivimos una explosión de historias. O si acaso cinismo puro y duro: con algo hay que llenar la pantallita y esto podría impresionar al público y mostrarnos como buenas personas preocupadas. Hasta que busqué el comunicado de la FAO y lo volví a mirar. Allí –aunque ninguno de los periodistas que me llamaron la citó– yacía agazapada la razón brutal: “Pockets of food insecurity may appear in countries and population groups that were not traditionally affected”, decía: que unos “bolsillos de inseguridad alimentaria –burocratés a tope– pueden aparecer en países y grupos de población que no eran tradicionalmente afectados” –por el hambre, se entiende.
Allí sí había una clave –y es, probablemente, una de las claves de la pandemia–: que, así como empezó a morirse gente que antes no se moría, empezarían a pasar hambre personas que antes no. Que, por acción y efecto de los viruses, el hambre podría perder, en ciertos casos, su característica principal: ser algo que les pasa siempre a otros.
En las calles de Madrid, donde ahora paro, hay colas de personas que piden alimentos. Muchos de ellos, cuentan, nunca antes pidieron comida –pero se han quedado sin trabajo, sin ahorros, sin reservas o ayudas y no les queda otra. Dicen que unas 250.000 personas reciben ayudas alimentarias en Madrid, uno de cada quince habitantes de la capital de uno de los quince países más ricos del mundo. Dicen, también, que en Nueva York ya pasan del millón y medio.
La demanda se dispara, la oferta no acompaña. La emergencia tiene un doble efecto: por un lado, algunos que no solían pedir ahora lo hacen y, por otro, algunos que querrían dar ahora no pueden. Pero algunos que no solían ayudar ahora lo intentan.
La situación se deteriora, y te dicen que es culpa del coronavirus. Es y no es. El virus no causa nada: agudiza, si acaso, los problemas existentes, desigualdades existentes, pobrezas existentes. Desvela, revela, lleva al límite: es el leve empujón que desbarranca a los que sobrevivían en el borde.
El corona empezó con una aureola de igualdad: nos atacaba –nos ataca– a todos. Pero rápidamente la desigualdad empezó a manifestarse con fuerza, con brutalidad. Estaba, para empezar, la desigualdad fundamental entre los que podían darse el triste lujo de encerrarse –no trabajar o trabajar encerrados– y los que no, los que debían salir a la calle a buscarse la vida. Es decir: los que se aburrían e inquietaban y asustaban pero sabían que todo consistía en armarse de paciencia, y los que sabían que si eso seguía así ya no sabrían más nada.
Y estaba la desigualdad básica de tener que confinarse cuatro o cinco en un piso de sesenta metros o siete u ocho en un ranchito o cuantos fueran en una casa con jardín. Y la desigualdad de estar moderna y abundantemente conectado e informado o tener que enterarse de alguna cosa cada tanto. Y la desigualdad de saber que si te enfermabas tenías que ir a tentar la suerte a un hospital colmado y mal provisto o tenías “derecho” a una atención cuidada y moderna porque lo has pagado –lo que te ofrece incluso la opción de reclamar, porque el cliente, a diferencia del ciudadano, siempre tiene razón.
Y estaba la desigualdad de poder comprar las mascarillas y alcoholes y remedios necesarios, o no poder comprarlos. Y la desigualdad entre los que debían trabajar en contacto con personas –sanitarios, cajeros de supermercado, policías, choferes– y los que no. Y los que podían convertir su trabajo en teletrabajo y los que no. Y los que podían desplazarse seguros en sus propios coches y los que debían amontonarse en un transporte público, y había tantas más diferencias y desigualdades y cada una de ellas tenía dos facetas: la desigualdad social, entre personas de distinta clase en un mismo país, y la desigualdad nacional, en que todos los habitantes de un país tenían ventajas sobre los de otros.
Y, por supuesto, la desigualdad más bruta, más primaria: tener o no tener comida.
Queda dicho: las cifras del hambre no son fiables. Pero, pese a todo, estaba claro que, tras una disminución a principios de la década pasada, la cantidad de hambrientos empezó a aumentar en 2014 o 2015: se debió, en general, a la baja de los precios de las materias primas, que complicó las economías de los países pobres que las producen en Latinoamérica o en África, y a otros reveses económicos. Así estábamos, en esa caída leve pero sostenida, preocupante, cuando la crisis del corona mandó todo al carajo: decenas de millones de personas dejaron de comer lo suficiente.
Y, queda dicho: son los de siempre pero no solo los de siempre. La movida no tiene muchos precedentes. Por eso es difícil prever adónde va; hoy, noviembre 2020, no se puede ver dónde nos lleva. Más allá de mi cólera, cien millones de personas que empiezan a pasar hambre casi de repente es un desastre pocas veces visto. Muy pocas veces visto. Va a producir efectos, va a tener consecuencias.
Cuáles, es la pregunta decisiva.
¿Nos servirá para aprender, para intentar cambiar? ¿Les servirá a los estados para reafirmar su necesidad –y su poder extraordinario? ¿Sabremos reclamarles que se ocupen en serio de los que lo precisan? ¿Será posible que lo hagan sin aumentar sus coacciones? ¿Podremos sacudirnos el imperio del miedo? ¿Nos asustaremos aún más cuando veamos que faltan tantas cosas o saldremos a buscarlas por los medios que sean? ¿Habrá más libertades, más represión, más comprensión, más aspereza? ¿Habrá más hambre? ¿Habrá pelea?
Cuando era líder de la oposición Pedro Sánchez prometió que lo primero que haría nada más llegar al gobierno sería derogar la reforma laboral del Partido Popular. Al igual que ocurrió con las promesas sobre inmigración, en materia laboral, la llegada al gobierno de la coalición formada por PSOE y Unidas Podemos solo ha supuesto un continuo bombardeo de propaganda que no ha ayudado en nada a los trabajadores de este país. El discurso actual es el de la derogación parcial de los aspectos más lesivos de dicha reforma que no deja de ser un eufemismo que trata de encubrir la mentira de aquella promesa electoral. Nos ocultan que una reforma laboral no es una norma aislada que se pueda derogar sin más sino algo que abarca muchos aspectos con múltiples desarrollos en diferentes ámbitos de las relaciones laborales y de la Seguridad Social y se inserta en el sistema haciéndolo evolucionar de forma constante. Además, aquella reforma laboral del PP no hubiera sido posible sin las más de veinte reformas anteriores en idéntico sentido, muchas de ellas impulsadas por el PSOE.
Si una persona recibe una transfusión de sangre infectada que le hace enfermar más de lo que estaba no se puede decir diez años después que va a derogar esa transfusión. Aquella sangre se diluyó en el cuerpo enfermo y no se puede identificar su contenido. Ese cuerpo puede necesitar un trasplante u otro tipo de terapia, pero no se puede seguir engañando al enfermo.
La comedia se avivó cuando para conseguir una prórroga del estado de alarma, Unidas Podemos firmó con EH-Bildu un documento acordando la derogación “íntegra” de aquella reforma laboral. Pero cada vez que se pregunta a la ministra del ramo sobre aquello, responde con evasivas. Todos saben que es imposible. Yolanda Díaz se ha entregado sin límites a una estrategia de concertación en la que son imposibles los cambios prometidos por lo que ha impulsado únicamente reformas cosméticas.
La avalancha de cambios tecnológicos y el acelerón que ha provocado la Pandemia del COVID-19 nos debe hacer caer en la cuenta del nuevo escenario que se abre al mundo del trabajo al que ya no le valen las recetas socialdemócratas.
El avance del salvaje modelo asiático, la robotización, la externalización de los servicios, la tiranía del “just in time”, la devaluación salarial, los nuevos modelos de prestación laboral a través de plataformas digitales son fruto del creciente divorcio entre economía productiva y economía financiera. Los mecanismos financieros, comerciales y políticos determinan las condiciones de trabajo y las legislaciones laborales de los trabajadores del mundo. El que la mitad de los trabajadores del mundo, unos 1.500 millones de trabajadores, no perciban por su trabajo un salario superior a dos dólares al día, pone en tela de juicio la legitimidad de todas las instituciones económicas y políticas así como todo el pensamiento económico que las legitiman. El 16 % de la Humanidad en edad adulta se quiere ir de su país. Son 700 millones de personas, más que todo el continente americano. Los movimientos migratorios internacionales obedecen a la nueva división internacional del trabajo que da al capital la posibilidad de obtener una mano de obra dócil y más fácilmente sometible.
Si cada día mueren en el mundo cinco mil personas víctimas de accidentes de trabajo o alguna enfermedad profesional, tres veces más que el número de vidas humanas que se pierden por causa de las guerras, nos resulta difícil aceptar la senda evolutiva de reformas y contrarreformas parciales que no hacen sino afianzar el paradigma dominante.
El día del trabajo de 2021 (1 de mayo), en plena campaña electoral, los candidatos prefieren agitar las emociones antes que pararse a pensar cómo afrontar la robotización, la digitalización y el impacto que las tecnologías de la información y las nuevas formas de prestación laboral tienen en nuestra sociedad haciendo que sectores enteros caminen al paro en unos pocos años y su trabajo sea sustituido por más trabajo precario y peor pagado. Y esto no se resuelve con los ERTEs que no son más que instrumentos paliativos temporales que mitigan el impacto temporal del movimiento de placas tectónicas que vivimos.
El teletrabajo del siglo XXI convive con los zero-hours-contracts (contratos de cero horas del reino Unido), modalidad típica del liberalismo industrial del siglo XIX. Esta es una forma privilegiada de los contratos que ocupa a un millón de británicos y que se utilizan para trabajar tanto en el Parlamento Británico como el Palacio de Buckingham, los hospitales y el sector del ocio. Son contratos sin salario garantizado ni carga de trabajo mínima, pero con obligación de estar disponible las 24 horas del día y, por tanto, no permite compatibilizar con otro puesto de trabajo. Además, el sueldo de estos trabajadores también es menor al de la media: 236 libras (270 euros), lejos de los 557 de la media británica. Hasta se exige firmar cláusulas de exclusividad. Y podríamos seguir con los Mini Jobs alemanes y sucesivamente por todo el mapa europeo y mundial.
Recientemente ha saltado a la opinión pública una realidad que, si bien ya existía, nos estaba pasando desapercibida que es la tiranía de la nueva esclavitud del algoritmo y el crecimiento de los riesgos psicosociales en el trabajo. El capitalismo carece de sentido del límite y hoy vemos como la vida privada se ha visto afectada con intromisiones laborales que han hecho aumentar de forma desmedida el riesgo psicosocial de los trabajadores. Crece el trabajo disponible 24 horas al día y desaparecen las fronteras entre vida privada y de trabajo. Las TICs hacen involucionar el ejercicio del derecho a la privacidad potenciando la cultura de la disponibilidad total sin sentido del límite por la adaptación total del tiempo de vida de las personas al trabajo.
Hoy se firman contratos con cláusulas que permiten enviar mensajes o correos las 24 h. del día. Existen prácticas de localización y vigilancia del trabajador para evitar tiempos muertos o tiempos de microdescansos. Instalando acelerómetros en los teléfonos móviles GPS se permite captar sus movimientos o sus ausencias en una determinada frecuencia. Y si no hay movimientos en dos minutos se activa alarma acústica en una central de emergencias y se moviliza todo un entramado de intervención. El tecno-estrés está asegurado y se traduce en el vertiginoso aumento de enfermedades mentales y jubilaciones prematuras.
La inteligencia artificial el gran reto del futuro
La Inteligencia Artificial se ha convertido en el nuevo empresario. En la crisis financiera de 2008 descubrimos que colosales operaciones financieras eran actos cometidos sin atisbo de intervención humana más allá del diseño inicial. Millones de transacciones eran realizadas por supercomputadores en milisegundos, usando algoritmos jurídicamente inatacables. Lo mismo ocurre hoy con el trabajo. El problema que se plantea es: ¿cómo reaccionar a operaciones diseñadas en nanosegundos por el algoritmo si está diseñado para escapar al control de la reacción humana aunque en sus decisiones siempre haya un humano al timón?.
La colonización algorítmico-digital del trabajo es ya una realidad. Una sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 2018 legitima el algoritmo Still Competency Matrix para seleccionar personas afectadas por un despido colectivo pues se cree que los sistemas de decisión algorítmica valoran sin sesgos al margen de valoraciones y estereotipos discriminatorios.
En sentido contrario, una sentencia de un Tribunal de Bolonia de diciembre de 2020 estableció que un algoritmo management de gestión de personal puede reforzar la discriminación y la intromisión en la vida de los trabajadores. El sindicato denunciando logró demostrar que el algoritmo de Deliveroo tenía una lógica discriminatoria pues organizaba el trabajo de los riders en función de un ranking reputacional que obstaculizaba la participación sindical y penalizaba la conciliación de la vida familiar y laboral. Con una programación diseñada con dicha intención el algortimo Frank iba excluyendo de forma sigilosa a los trabajadores que no mostraban total disponibilidad mediante su sistema de reservas y asignación semanal de trabajo. Si un sistema informático es capaz de construir perfiles completos de los trabajadores en la empresa puede usar esa información en las múltiples decisiones discrecionales que puede llevar a cabo: ascensos, despidos, movilidad geográfica o funcional, ritmo de trabajo, asignación de tareas, formación, abono de primas e incentivos…. y arruinar impunemente una carrera profesional.
IBM recibe al día más de 8.000 currículos y cuenta con un sistema de inteligencia artificial que predice con un 95% de precisión los empleados que abandonarán la empresa. Los trabajadores del gigante Amazon trabajan al ritmo que les marca la inteligencia artificial y un estudio realizado sobre la plantilla demostró que la mayoría tenía lesiones debido a la velocidad del trabajo. El uso de la pistola de lectura de códigos proporciona una información que, debidamente procesada, ofrece datos sobre la productividad de cada operario y permite su despido fulminante si no cumple el objetivo asignado. Una fría comunicación telemática extingue la relación laboral sin intervención de un rostro humano visible que asuma la responsabilidad de tal decisión.
Ya hay empresas especialistas en crear sistemas de contratación de personal a través de la cámara del móvil o del ordenador que analiza los movimientos faciales y el lenguaje corporal para aceptar o rechazar al candidato. Los sistemas de control llegan a estimular el rendimiento de los trabajadores hasta límites insospechados. Por ejemplo, las aplicaciones de Uber lanzan atractivos mensajes acompañados por un icono de aumento de precio cuando detectan los descansos de los conductores.
La creciente implantación del teletrabajo está poniendo en peligro la privacidad del trabajador. El ordenador de trabajo se convierte en un libro abierto a disposición de la empresa y sus dispositivos de vigilancia electrónica. En nuestro país hay sectores enteros cuyo trabajo está permanentemente monitorizado y las consecuencias en la salud están todavía por calibrar pero los niveles de ansiedad necesitada de medicación aumenta de forma alarmante.
Lamentablemente, las iniciativas normativas y sindicales para hacer frente a este capitalismo matemático caminan con una velocidad de tortuga mientras la Inteligencia Artificial no tiene señales de limitación de velocidad. Por ello, mientras los durmientes se lo están pensando, otros están acelerando el paso. La gestión algorítmica está llegando a todas partes y si no ponemos límites de inmediato, se desarrollará la inteligencia artificial al límite de los derechos humanos.
La regulación del algoritmo va a encontrar fuertes resistencias pues forma parte de la organización digital del trabajo y formar parte del secreto industrial blindado por la propiedad intelectual. Si triunfa esta postura y se niega el derecho a un acceso transparente e inteligible al algoritmo, éste será un nuevo elemento de imposición de cadenas mediante decisiones automatizadas sin control.
1 de mayo, un grito por la Autogestión
En los años sesenta nació en España la Editorial ZYX. El primer libro llevaba la firma de Guillermo Rovirosa y se titulaba ¿De quién es la empresa?”. Hace más de cincuenta años, un ingeniero militante advertía de las falsas salidas a la cuestión social y apostaba por la única posible que no era otra que la construcción de una empresa a la medida del hombre y propiedad de sus trabajadores. Los cantos de sirena del empleo amparado por el Estado o los altos salarios temporales eran el señuelo del capitalismo para anestesiar el deseo de protagonizar la vida económica. Hoy el estado y los grandes capitanes de industria han bajado los salarios y destruyen empleo y ha desaparecido del imaginario colectivo el impulso autogestionario.
Nuestro momento histórico debe dar vigor a este impulso. No es el momento de reformas laborales que juegan al gato y al ratón en medio de un proceso generalizado de degradación del trabajo. La técnica es hija del trabajo y debe ser aliada del trabajo. Que la Inteligencia Artificial, que es fruto del esfuerzo y el conocimiento de trabajadores mayoritariamente pobres, sea usada contra el trabajo es uno de los grandes dramas de nuestro tiempo.
El trabajo no puede abdicar de buscar caminos económicos de paz fuera de las prácticas agresivas de una economía salvaje. El sindicato no debe conformarse con la defensa de leyes protectoras del trabajador en el seno de la empresa sino luchar por no dejarse robar la gestión de la riqueza creada exclusivamente por el trabajo.
Por eso, el 1 de Mayo de 2021, debe de ser un grito por la Autogestión y el protagonismo del trabajo por encima del capital.
Mientras los países ricos andamos embelesados con el gran debate de qué vacuna preferimos y a qué edad la queremos y que si a mi cuñado ya le han inyectado y por qué a mí no, la mayor parte del mundo está sufriendo dolor y muerte por no tener inyecciones para su gente. Pregunten a un senegalés si prefiere Pfizer o Janssen y le verán reír por primera vez en mucho tiempo. La tuberculosis mata a un millón y medio de personas todos los años en el mundo en desarrollo, pero en 2020 causó medio millón de muertes más que en los años anteriores, calcula la OMS. La razón es que los escasos recursos sanitarios de los países pobres se han tenido que desviar a los pacientes de covid, y por tanto medio millón de personas se han quedado sin el tratamiento contra la tuberculosis que les habría salvado la vida. Pfizer o Janssen, caviar iraní o de beluga, qué gran dilema para el futuro de la humanidad.
La contabilidad macabra de los tres millones de muertos por covid en el mundo sería mucho, mucho peor si incluyéramos los fallecimientos por el colapso sanitario que ha provocado la pandemia. Los últimos datos indican que esas víctimas colaterales superan en número a las causadas por el propio coronavirus. No es solo la tuberculosis. Las campañas contra el sarampión, la polio y la meningitis también han sufrido un frenazo. Por extraño que le suene a un ciudadano occidental, el sarampión es una enfermedad mortal en el mundo en desarrollo, y la polio dejará paralizada o discapacitada de por vida a mucha gente. Son tragedias evitables, pero solo si esa población recibe las vacunas anticovid cuanto antes. Eso sí es un dilema, no lo del caviar.
La India entró en confinamiento hace un año y pico, en marzo de 2020, y en los meses siguientes los expertos percibieron un efecto singular: el número diario de nuevos casos de tuberculosis había caído en nada menos que un 70%, informa Leslie Roberts para Nature. La India es el único país del mundo que registra datos de tuberculosis en tiempo real. Y la caída en el número de casos registrados solo podía indicar que el diagnóstico estaba fallando. De forma garrafal, para ser precisos. Un año después de aquel confinamiento, la OMS calcula que las personas que recibían tratamiento contra la tuberculosis han caído en más de un millón durante 2020, de las que la mitad han muerto. Víctimas colaterales de un mundo desigual.
El consorcio Stop TB (parad la tuberculosis), en Ginebra, y el Imperial College de Londres han construido unos modelos matemáticos francamente pesimistas para la tuberculosis de aquí a 2025. Si sumamos sarampión, polio y meningitis, estas enfermedades evitables se convertirán en un matarife aún más eficaz que la covid. Olvidarse de vacunar al mundo pobre contra el coronavirus es un error que quedará grabado en el acero implacable de la Historia, para vergüenza de las generaciones futuras. ¿Dónde están aquellos analistas que pronosticaban que la humanidad saldría mejorada de la pandemia? ¿En qué han quedado sus argumentos, en qué sus ilusiones? Organizar un mundo mejor es una tarea fatigosa, ¿no es cierto?
El cierre de las escuelas en Latinoamérica y el Caribe por la covid-19 ha perjudicado la nutrición de los alumnos, especialmente los más pobres, pues era en el colegio donde recibían su única comida diaria.
Ir a la escuela no es solo recibir formación académica. Para millones de niños pertenecientes a familias de bajos ingresos, el colegio es, por encima de todo, un seguro nutricional. Es el lugar donde pueden acceder a la que en muchos casos es su única comida completa del día. La crisis de la covid-19 ha supuesto el cierre de los centros escolares en 192 países del mundo; en América Latina, 114 millones de estudiantes tuvieron que permanecer en casa. Sin clases, sin profesores y sin el imprescindible menú escolar. En el pico de la pandemia, 368 millones de niños en todo el mundo se quedaron sin el servicio de comedor, según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. En abril de 2021 solo en América Latina son más de 80 millones.
Ante esta situación se han tomado medidas diferentes en cada país para repartir alimentos a los escolares y sus familias. En algunos casos, como en Argentina, se han facilitado bolsas de comida. En otros, como Brasil, el Gobierno asignó 537 millones de dólares a la iniciativa Bolsa Familia y añadió un millón de familias al programa. En Costa Rica se han preocupado más por el valor nutritivo de los productos que se enviaban, mientras que en Ecuador el de los batidos y galletas que se ofrecen es insuficiente, pues para muchos niños representa su única comida del día. En otros lugares, han sido las redes vecinales de apoyo las que se han hecho cargo del problema.
«Roma tiene hoy como Papa a un inmigrante. A un inmigrante del Sur. A un inmigrante de esos que por aquí llamamos con bastante desprecio “un panchito” o “un sudaca”. Hace siglos, san Dámaso, un esclavo, fue Papa de Roma. Pues bien, hoy el Papa es un inmigrante argentino». Este aspecto de la biografía del Santo Padre ha sido subrayado en la mañana del pasado sábado 17 de abril por el sacerdote José Ramón Peláez, uno de los intervinientes en las Jornadas de Delegados y Agentes de Pastoral de Migraciones que se han celebrado online este fin de semana. La ponencia de este profesor del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid ha girado en torno a «Las claves de Fratelli tutti sobre migraciones y novedades que aporta a la sociedad y a la Iglesia». Las jornadas, las cuadragésimas, tienen por tema «La integración en tiempos de pandemia», y su hilo conductor es el cuarto de los verbos del Pontífice: integrar.
Durante la misma jornada intervinieron el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Valladolid Luis Argüello, que habló sobre «Las migraciones en la sociedad y en la Iglesia en tiempos de pandemia: retos y oportunidades», y la responsable del Departamento de Migrantes y Refugiados de Cáritas Barcelona, Elizabeth Ureña, que lo hizo sobre «Los efectos de la pandemia en la población de origen marroquí». Los trabajos fueron inaugurados por los obispos Juan Carlos Elizalde (Vitoria, presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana) y José Cobo, auxiliar de Madrid y responsable del Departamento de Migraciones.
Francisco, hijo de la inmigración italiana en Argentina
El Padre Peláez, párroco en Olmedo (Valladolid), ha enfatizado en su intervención la condición migrante del Pontífice y de su familia. Lo ha definido como un pastor venido del sur que es hijo de la inmigración italiana en Argentina. Así, ha recordado cómo su abuela Rosa llegó a Buenos Aires en 1929 y que pese al calor que hacía ella no se quitaba el abrigo porque allí llevaba todos sus ahorros; cómo la familia conservó el dialecto que traía de Italia… Y ha comentado, asimismo, las dos experiencias que el propio Pontífice tuvo como emigrante, una de ellas en Alemania para hacer su tesis, donde pasó un par de meses añorando su tierra hasta el punto de que acudía a un cementerio desde el que veía despegar los aviones que partían rumbo a su querida Argentina.
Desde esta condición y experiencia migratoria se comprenden mejor todas las iniciativas que han puesto a los migrantes en el foco mediático en el pontificado: la visita a Lampedusa, el viaje a Lesbos, el apoyo a los rohingyas en su viaje a Miammar y Bangladesh, etc.
Triple sufrimiento de los migrantes
Peláez, doctor en Teología y especialista en Doctrina Social de la Iglesia, se ha vuelto a referir también —ya lo hizo ayer monseñor Argüello— al triple sufrimiento que experimentan los inmigrantes: el de tener que salir de su tierra, el que conlleva su viaje, lleno de peligros, y el que se produce a la llegada a los países de destino, donde en el mejor de los casos son tratados como diferentes.
El sacerdote del Prado se ha referido a la fraternidad y la amistad social de las que habla la Fratelli tutti. El otro, ha dicho, es como yo, el otro es mi hermano, hay un Padre común. Y esto ha de traducirse en la práctica en que lo que quiero para mí lo tengo que querer también para los demás, y viceversa. En este sentido, ha citado el punto 39 de la encíclica, que denuncia que en «algunos países de llegada», y aunque no se dice expresamente, en la práctica se considera a los inmigrantes «menos valiosos, menos importantes, menos humanos», siendo «inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad».
Dos tentaciones a superar: la de aceptarlos solo si los necesitamos y contemplarlos desde una óptica de miedo
El Papa, ha señalado también el Padre Peláez, nos pide que superemos «dos tentaciones». La primera, la de tratar a los inmigrantes desde una óptica mercantilista, que es la que pide el mercado: «aceptarlos en la medida en que son la mano de obra que necesitamos y solo para eso». Y la segunda, «la tentación de las identidades». Los nacionalismos cerrados, denuncia, definen quiénes somos «en exclusión de los demás, con una lectura del pasado que inventa muchas veces enemigos, y en una visión desde el miedo y la enemistad hacia los otros». Y eso hay que superarlo.
Para el Papa, para la Iglesia, toda persona esté donde esté es nuestro hermano. Y la acogida del diferente nos cura de dos enfermedades que están muy presentes hoy en nuestras sociedades: el virus del individualismo (intensificado por las redes sociales) y el nacionalismo cerrado.
Ayer, hoy y, desgraciadamente, mañana, nuestros productos cotidianos son fabricados por millones de niños: extraen las materias primas que requiere nuestro consumo, satisfacen nuestros instintos sexuales, guerrean en nuestras disputas bélicas,… Nuestros cosméticos están hechos con mica regada con el sudor de los niños, nuestra basura es seleccionada por brazos infantiles, nuestros móviles reciben su energía de las manos encallecidas de los niños mineros, nuestra comida es producida por los hijos de agricultores y ganaderos,… y así hasta 400 millones de niños obligados a trabajar, a menudo en condiciones mucho más cercanas a la esclavitud de lo que podamos imaginar. La esclavitud infantil la tenemos muy cerca.
Uno de estos niños esclavos, Iqbal Masih, fue asesinado un 16 de abril por luchar contra esta lacra y por eso se conmemora esta fecha en todo el mundo, en recuerdo de este niño que quiso ser abogado para acabar contra todas las formas de esclavitud.
El pasado mes de agosto la Organización Internacional del Trabajo destacaba cómo, por primera vez en su historia, todos los estados miembros habían ratificado una convención internacional del trabajo: el convenio número 182, sobre las peores formas de trabajo infantil. Quizá este año sea más importante y necesario que nunca por una doble razón.
La primera, formal, por ser el año que ya en 2019 la Organización de las Naciones Unidas quiso declarar como “Año internacional para la eliminación del trabajo infantil” y que enmarca en la meta 8.7 de sus Objetivos de desarrollo sostenible, como un compromiso de poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para el año 2025.
La segunda, coyuntural, puesto que este último año hemos visto como la pandemia ha agravado las ya de por sí preocupantes cifras oficiales de trabajo infantil. En este contexto, más si cabe que en años anteriores se intensifica la necesidad de emplear la mano de obra de los hijos como instrumento de supervivencia para muchas familias, a la par de los cierres de escuelas donde muchos de ellos tenían la oportunidad de realizar el que debe ser su verdadero trabajo: estudiar, formarse, convertirse en adultos que construyan la sociedad que necesitamos. Como dice el Papa Francisco, “muchos niños en el mundo no tienen la libertad de jugar, de ir a la escuela y terminan siendo explotados como mano de obra”.
Las causas de la esclavitud infantil
Entre ambas razones se encuentran las cifras reales (estimadas en más de 400 millones de niños esclavos, algo muy superior a lo reconocido oficialmente) y las causas de fondo que permiten la canallada de la esclavitud infantil, con una clara dimensión económica, la que sostiene este sistema internacional dominado por la economía financiera, a la medida de las grandes compañías multinacionales que se desgranan en una larga cadena de contratas, subcontratas de contratas, sub-subcontratas de subcontratas,…hasta que alejan de la vista la responsabilidad que les compete en esta cadena, responsabilidad de la que tampoco nosotros estamos exentos como consumidores y, por lo tanto, no podemos cerrar los ojos o pretender que no sabemos que nuestro bienestar se sustenta en este entramado.
Ullah Khan, un referente
Ehsan Ullah Khan, activista pakistaní que lleva más de 50 años en esta lucha contra la esclavitud de niños y adultos y que fue una de las piezas clave en la liberación de Iqbal Masih y de su formación en el Frente de Liberación del Trabajo Forzado en Pakistán lo tiene claro: “Es fácil ponerle fin. El consumidor debe saber que los productos que consume están hechos con esclavitud infantil. Entonces, antes de comprar tiene que pensar en sus propios hijos”.
Merece la pena conocer la vida de Iqbal Masih y continuar su lucha con nuestras vidas.
Las presiones contra la compañía española Inditex para que se posicione abiertamente en el presente conflicto sobre el algodón de Xinjiang y los derechos humanos de los uigures se agudizan, después de que a finales de la pasada semana un colectivo formado por diferentes organizaciones no gubernamentales y una supuesta víctima de trabajos forzosos uigur presentasen una demanda penal contra la compañía en Francia.
A la luz de las informaciones que vienen sucediéndose desde hace ya varios años y que apuntan a la supuesta vulneración de los derechos humanos de la minoría de los uigures que se estaría llevando a cabo por parte del Gobierno chino, sobre el que se extiende la sospecha de estar empujando a la población perteneciente a esta minoría étnica a prácticas esclavistas y de trabajos forzosos en distintos sectores industriales, entre ellos a la recolección de algodón, las organizaciones Sherpa, el Collectif Éthique sur l’étiquette, el Instituto uigur europeo y una víctima uigur representada por el despacho legal Cabinet Bourdon & Associés, así como con el apoyo de varios eurodiputados, han presentado una demanda penal en el Tribunal Judicial de París contra el Grupo español Inditex, matriz de cadenas de moda tan conocidas como Zara, Bershka, Pull&Bear o Massimo Dutti, así como contra la compañía japonesa Uniqlo, la estadounidense Sketchers y el Grupo francés SMCP, matriz de las marcas Sandro, Maje, Claudie Pierlot y De Fursac.
Acusaciones de genocidio y de crímenes de lesa humanidad
Por el momento ninguno de estos Grupos multinacionales han emitido un comunicado oficial al respecto en el que entren a responder a la interposición de esta demanda penal, con la que desde las diferentes organizaciones los acusan de beneficiarse de los crímenes contra los derechos humanos que se estarían practicando contra el pueblo uigur por parte del régimen de Pekín. Atribuyéndoles en este sentido a las compañías señaladas los delitos de encubrimiento de trabajos forzosos y la práctica de unos crímenes de lesa humanidad en los que habrían, supuestamente, incurrido como consecuencia de la aceptación y la connivencia con esta serie de acciones dentro de sus respectivas cadenas de valor. Una tolerancia que las haría partícipes, así lo entienden los demandantes, de graves infracciones tanto éticas como penales, como las de los delitos de trata de seres humanos en forma de banda organizada o del de genocidio.
“Desde al menos 2019, periodistas e investigadores han denunciado la existencia de prácticas sistemáticas de trabajos forzosos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang por parte del gobierno chino”, una zona en la que “se produce casi el 20 por ciento del algodón del mundo”, explican desde el Collectif Éthique sur l’étiquette a través de un comunicado. “Sin embargo”, añaden, “con la información publicada hasta la fecha”, las compañías demandadas, “así como muchas otras empresas transnacionales”, habrían venido “continuando subcontratando parte de su producción” a grupos asentados en la zona de Xinjiang “o bien comercializando bienes a partir del algodón producido en esta región”, siendo como resultado “cómplices de los graves delitos que allí se cometen”.
Como consecuencia de estos hechos, apuntan desde la organización francesa, y “con el apoyo de varios eurodiputados”, incluido el francés Raphaël Glucksmann, “nuestras organizaciones han presentado esta denuncia con el fin de poder esclarecer el papel que desempeñan las empresas multinacionales dentro de los delitos cometidos contra el pueblo uigir”. Unas supuestas violaciones de los derechos humanos sobre las que ahora imperan a “los tribunales franceses” para que “se pronuncien sobre su posible responsabilidad penal”.
“Esta no es la primera vez que se presenta una denuncia sobre la responsabilidad de las multinacionales por una posible violación de los derechos humanos, pero sí la primera que se presenta por unos motivos tan graves”, explicaba Nayla Ajaltouni, coordinadora del Collectif Éthique sur l’étiquette, al medio de noticias francés France Inter. “Después de varios meses de interpelaciones internacionales y de presiones políticas, ya no se trata de informarles de los delitos de los que son cómplices por fines lucrativos”, añade, “ahora es el momento de presentar pruebas ante el juez para demostrar la responsabilidad penal de estas marcas”.
La primera de muchas demandas
Esta acción y el que haya eurodiputados como Glucksmann que han avalado y participado de la presentación de la demanda, hay que entenderlo como una consecuencia directa de los planes legislativos que vienen desarrollándose a nivel europea. Escenario en el que a lo largo de las últimas jornadas se han acelerado las acciones que conducirán a una mayor responsabilidad de las empresas con presencia en territorio comunitario hacia sus respectivas cadenas de valor.
En este sentido, y como principal causa además que se encontraría tras el reciente boicot que habrían auspiciado desde el propio Gobierno de Pekín contra la multinacional sueca H&M, parte de una estrategia de fuerza que ha terminado salpicando a otros grupos multinacionales, entre ellos también a Inditex, nos encontraríamos con el reciente texto probado por el Parlamento Europeo en materia de “diligencia devida” y de defensa de los derechos humanos y medioambientales por parte de las empresas. Una resolución que ya ha sido remitida a la Comisión Europea para su desarrollo, y sobre la que ahora esta demanda y sus impulsores buscaría ejercer presión con el fin de evitar que la norma termine diluyéndose frente a los intereses económicos que pudieran mostrar los grandes grupos multinacionales. Finalidad para la que desde Collectif Éthique sur l’étiquette ya adelantan que llevarán acciones similares a esta ante las instancias judiciales de distintos países.
“Es parte de los trabajos a largo plazo que llevan a cabo nuestras organizaciones en su lucha contra la impunidad de las empresas transnacionales y el buscar garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y a su reparación”, añaden desde la organización francesa. “La directiva europea sobre el deber de vigilancia que se redactará en los próximos meses deberá de saber dar respuesta a estas cuestiones cruciales”. Un objetivo que perseguirán estos distintos colectivos de manera activa, entre otras acciones con la interposición de denuncias como esta. Una reclamación por vía judicial que llega avalada y que cuenta con el apoyo de organizaciones como el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos ECCHR y el Congreso mundial uigur, y que no es más que “la primera de una serie de demandas que se interpondrán en otros países europeos en los próximos meses”.
“Nuestro objetivo”, detalla Ajaltouni, “es que esta directiva se inspire en las deficiencias de la legislación francesa y que vaya más allá”. Logrando contar “con un alcance más amplio, un régimen de responsabilidad civil aplicable a todas las empresas domiciliadas, basadas o con actividades comerciales en el mercado europeo”, y en la que además se lleve a cabo “una reversión de la carga de la prueba”. La cual, explica, “aún recae sobre la víctima de la violación de los derechos humanos en la legislación francesa”. Una normativa que, por ahora y a la espera de la aprobación de la nueva normativa europea, parece que será el que servirá de base para dirimir este conflicto.
Hace unos días tuvimos la oportunidad de compartir esta charla telemática sobre el despilfarro de alimentos organizada por Encuentro y Solidaridad. Un rato de diálogo de despilfarroalimentario.org con Cristina Romero que quiso y quiere ser un espacio de encuentro sobre este tema.
Según el último informe de la ONU, en el mundo se despilfarran 931 millones de toneladas de alimentos cada año y esto teniendo en cuenta sólo las que se producen en las cadenas finales de la cadena alimentaria. Esto equivale a uno de cada tres alimentos.
Se puede hacer mucho para prevenir y corregir esta situación, que no es una simple fatalidad, sino que tiene causas concretas y por lo tanto soluciones concretas. Cristina Romero es una de estas experiencias concretas, que parte del simple hecho de ser madre de un niño que acude a un comedor escolar pero que ha comprobado que los retos no son inalcanzables, sino que se pueden conseguir con la ayuda de otros, luchando juntos.
En la típica reunión de comienzo de curso, hablando de los comedores escolares, se hizo consciente de la cantidad de comida que de tiraba y tomó cartas en el asunto. No basta con quejarse, ¡hay que ponerse! y Cristina se juntó con otros y se puso.
Iniciativa legislativa contra el despilfarro
Recuperar este despilfarro de alimentos es posible a nivel particular, que alguna escuela, por iniciativa propia organice este excedente, pero Cristina se propuso que esto llegara a nivel legislativo, que no dependiera de la voluntad de un centro en concreto. Un ejemplo de un colegio en Lleida, en seis escuelas, recogieron 9.000 raciones en un año; multiplicar estas cifras por todas las escuelas del país alcanzaría cifras escalofriantes.
Juan Marcos de Miguel participó también en este diálogo, desde su trabajo en el departamento de salud pública de Cataluña; como bien nos explicó, el riesgo cero existe: no hacer nada. Pero esto no es válido en este tema, en un tema en el que con un simple gesto de voluntad, supondría una recuperación de más de 90 toneladas de comida sólo en Cataluña.
Un pequeño detalle es que en estos comedores se prepara la misma cantidad en cada ración para todos los niños, independientemente de la edad. Teniendo simplemente esto en cuenta, en tres meses se redujo un 92% el despilfarro en el comedor de un pequeño centro educativo rural. Esa fue una primera batalla ganada en el camino hacia el cambio de la ley de seguridad alimentaria.
Amadou Lô es un aspirante a matemático reconvertido a vendedor ambulante. Como sus colegas, arriesgó su vida pensando que en Europa encontraría un futuro mejor, pero 4 años después reconoce que nunca pensó que vivir en la ilegalidad sería tan duro.
Su historia es la de centenares de jóvenes que sobreviven a una vida invisible, porque sin papeles uno no existe.
“Vine aquí desde Marruecos. Llegué a Tánger el 23 de octubre de 2016 y estuve allí hasta el 4 de noviembre, día en que nos embarcamos en una patera hacia Tarifa. Era la primera vez que me subía a una embarcación, tenía mucho miedo porqueni siquiera sé nadar.”
Nacido en el seno de una familia numerosa de la región de Kaolack, Amadou empezó a estudiar matemáticas en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. No tenía la intención de marcharse de Senegal, su objetivo era servir a su país y ser alguien de éxito. Pero la situación económica era insostenible y siguió el consejo de un hermano mayor que le recomendó buscarse la vida en Europa.
Como muchos jóvenes, Amadou planeó este viaje sin saber qué le esperaría al cruzar el Mediterráneo. No tenía ni idea de que las autoridades le trasladarían a un CIE nada más llegar, no tenía ni idea del frío que podía llegar a hacer en pleno noviembre y aún menos cómo podría ganarse la vida.
Ahora vive en Vilanova i la Geltrú, una ciudad costera entre Barcelona y Tarragona. Como él, son muchos los que venden sus mercancías en las calles principales de la ciudad y recorren las playas de la zona. “No me gusta lo que hago, no me gusta ser vendedor ambulante. En verano trabajamos mucho, unas 10 u 11 horas, en invierno hacemos lo que podemos en función del día. Cada día es diferente y no se puede predecir cuánto ganaré o si ganaré algo”.
Estar aquí es para Amadou mejor que estar en Francia, porque asegura que la población de aquí es más tolerante. Sin embargo, él y sus compañeros han sufrido el racismo tanto institucional como el de ciudadanos anónimos. Lo que le llama más la atención, dice, es cuando la gente les saca fotos sin permiso y las cuelga en las redes sociales. “El otro día vimos en Facebook una foto nuestra y de nuestras mercancías criticando que las tiendas no pudieran abrir por las restricciones sanitarias pero nosotros podíamos seguir vendiendo.”
Amadou y sus compañeros tienen un sistema de ayuda mutua en el que colaboran cuando a uno de ellos le falta dinero. Viven en grupo, pagan el alquiler y las facturas y lo que sobra lo envían a la familia en Senegal. Ser capaz de enviar dinero, por poco que sea, es un motivo de orgullo tanto para ellos como para las familias que lo reciben. Es una muestra de que las cosas les van bien, de que no han hecho el viaje en balde, aunque en muchos casos es un espejismo. “Mi familia piensa que tengo unas buenas condiciones de vida, que tengo muchas más cosas de las que tienen ellos. En realidad no es así, no vivo mejor que ellos y hay días que no vendo nada. Aunque intento decirles la verdad, muchos no me creen.”
Senegal, como otros países vecinos, es un país que se va quedando sin población joven, un fenómeno que recuerda dolorosamente al pasado colonial cuando el comercio esclavo secuestró a millones de jóvenes en África del Oeste. Sin un futuro ni un trabajo, muchos jóvenes sienten la necesidad de ayudar a sus familias emigrando a Europa. A veces es por presión familiar, otras veces es por presión entre los mismos jóvenes que les empuja a arriesgarse con tal de parecer hombres valientes que pueden sostener a sus familias. En estos casos, el viaje lo emprenden de escondidas a la familia, que en algunos casos conocen la notícia cuando ya es demasiado tarde.
Poco a poco, las zonas rurales y costeras se van vaciando de brazos jóvenes para trabajar y solo van quedando niños y mayores. Además, la migración es mayoritariamente un fenómeno masculino, por lo que deja a muchas esposas, hermanas, madres, e hijas solas en el país.
Amadou confirma que es más dificil para las mujeres venir hasta aquí. A menudo, explica, es por el hecho de que viajan solas con sus hijos y entonces se les hace complicado trabajar y mantener a sus pequeños. De hecho, en su patera solo había hombres y se ha cruzado con pocas mujeres a lo largo de esta periplo.
Amadou conoce algunos jóvenes que, hartos de vivir en la precariedad, deciden volver al Senegal. Son los que han perseguido un sueño inalcanzable pero que al final han visto como ganaban menos dinero que en su país. Le pregunto si él se encuentra en este punto, pero él siente que puede aguantar unos años más. Quiere formar una familia, pero sin papeles no lo ve viable.
Tener papeles lo es todo. Significa tener una situación regularizada, no sentirse perseguido y sentirse igual que los demás. Significa cursar unos estudios, obtener un contrato de trabajo, poder visitar a su familia en Senegal y fundar una familia. Pero la ley española es implacable y deja poca esperanza a los que aspiran a sentirse uno más en la sociedad.
A pesar de todo, Amadou no se arrepiente de haber venido. Cuando le pregunto qué le aconsejaría a un joven dispuesto a migrar, responde “Le diría que no hay nada asegurado en esta aventura, que es muy arriesgado y peligroso, que no tendrá papeles ni trabajo, pero que si aun así lo quiere intentar, que evite cruzar el mar en patera. Le diría que intentara venir por otros medios.”
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