Texto: Maribel Izcue, Nicolás Castellano, Agus Morales y Xavier Aldekoa.
Fotografía: Pablo Tosco y Anna Surinyach.
Publicado en Revista5w

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“Silencio, ¡temporeros durmiendo en la calle!”.

Los balcones muestran esta pancarta en una calle del casco antiguo de Lleida el 23 de mayo. Debajo, en unos tablones de madera de un edificio que aloja un coworking ahora cerrado, se apilan maletas de colores, cables de móvil, cartones, mantas. Aquí duermen las personas que han venido a recoger la cereza, muchas en situación de irregularidad administrativa.

Es una de las imágenes que nos deja el estado de alarma en España: decenas de personas que llegaron a trabajar en el campo se hallaban, en plena pandemia, durmiendo en la calle. Muchos ni siquiera pueden trabajar: en las fincas se necesita que recojan la cereza, pero los que están en situación irregular se resignan a esperar alguna peonada que obviamente se pagará sin contrato.

LA LEY DE EXTRANJERÍA

En España “sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles”, repite Mikel Mazkiaran, de SOS Racismo Euskadi, un veterano en la lucha por los derechos de las personas migrantes. La pandemia ha sacado a relucir las vergüenzas del sistema migratorio español cuando se van a cumplir 35 años de la aprobación de la primera ley “sobre derechos y libertades de los extranjeros” que se puso en marcha en España. Desde entonces, las distintas normas en esta materia excluyen a miles de personas del acceso a derechos fundamentales.

Toda esta argamasa legal ha hecho cada vez más alto el muro de la burocracia, que se sigue cimentando en los tres mismos ejes: la obsesión por el control de fronteras, la concepción de la persona migrada casi exclusivamente como trabajador y la insistencia en crear un sistema sancionador, con la amenaza perpetua de expulsión.

Son dos décadas con pocas modificaciones a la última ley de extranjería, del año 2000, a pesar de coincidir con uno de los períodos con más migraciones en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial y con la mayor llegada a España de extranjeros. Durante este periodo se ha impuesto el criterio utilitarista, pero ni siquiera eso ha animado al Gobierno español actual a aprobar una regularización, tal y como reclaman más de mil entidades.

EN EL CAMPO

—Hay gente que siempre dice: “¡Viva España!”. Viva España hay que decirlo aquí, en el campo.

Mamadou es trabajador del campo y activista. Su voz se oye cada vez más fuerte: varios de sus vídeos contra el racismo y para reivindicar los derechos de los inmigrantes se han hecho virales. Ha sido mantero, ha trabajado en la fresa de Huelva, en los campos de Jaén. Ahora está en Lleida trabajando y luchando para que los compañeros que duermen en la calle consigan un techo.

Nos sentamos con él en unos escalones de una calle aledaña al edificio de las pancartas que piden silencio para que los temporeros puedan dormir. Lleva un gorro verdiblanco, una camisa rosa, unos vaqueros. Serigne dice que tenía miedo la primera vez que grabó un vídeo. La primera vez que habló sobre su situación, sobre la de los trabajadores del campo. Dice que ya no tiene miedo. Dice que no parará. Sabe que muchos de sus compañeros, sobre todo los que no tienen papeles, no alzan la voz porque se sienten vulnerables. Muchos le dieron las gracias por decir lo que ellos sentían. Y eso lo anima a seguir.

Serigne Mamadou no quiere callarse.

—Lo hago por la gente que no ha tenido voz, para que finalmente pueda hablar, pueda denunciar. La gente tiene miedo, ya sea por estar en el campo, por la violencia, por el abuso institucional… Ahora tenemos que apoyarles para que también denuncien lo que pasa.

El campo necesita más mano de obra que nunca. Con la pandemia se ha intentado atraer a trabajadores que se han quedado en el paro, pero el intento de que la población local recogiera la cereza, según nos confirman payeses de la zona, ha sido en vano.

—Ahora los agricultores están llamando a la gente para que trabaje y nadie está presente —dice Mamadou en alusión a un campo necesitado de mano de obra, más aún en medio de la pandemia—. Nosotros vamos a estar en primera fila para dar la cara y daros de comer.

Hoy es 22 de mayo: han pasado unos días desde que hiciera un directo de Instagram con el actor Paco León. Serigne Mamadou tuvo que abandonar la conversación cuando se emocionó mientras describía la situación de los inmigrantes. Está ahora centrado en esa batalla: busca aliados para que más gente entienda el racismo que sufren.

—Cuando llegamos a Lleida no había lugares de alquiler, nadie nos quería alquilar —explica—. Fuimos al Ayuntamiento a protestar, éramos pocas personas. Distancia social, mascarilla y todo. Nos llamó la policía, nos detuvieron y nos denunciaron.

Las reiteradas promesas de encontrar alojamiento para todos han sido incumplidas, se queja. Están intentando hallar una solución.

Serigne interrumpe la charla varias veces: debe atender el teléfono. La última llamada es de alguien especial: lo notamos porque nos hace señas. Es Keita Baldé, futbolista del A.S. Mónaco. Serigne le explica la situación. Keita le dice que del alojamiento no se deben preocupar, que él se va a encargar de ello. Quedan en que lo hablarán en un directo de Instagram que harán de aquí a dos días. Serigne sonríe. Está convencido de que Keita cumplirá su promesa.

Tenemos un corro a nuestro alrededor. Hay un joven que quiere hablar. Se llama Ousmane Diouf: nació en Senegal y llegó a España en 2018 en patera. Es trabajador del campo. Pero no tiene papeles.

—Ahora cumplo 24 años y tengo muchas ganas de trabajar, pero no tengo permiso de residencia… Mira, en esta calle hay muchos jóvenes que quieren trabajo.

Dice Ousmane que sus padres, que viven en Senegal, están preocupados por el impacto de la pandemia en España.

—Yo les digo: “¡Tú tranquilo! No tengo ningún problema. Estoy bien, luchando…”. A mí me gusta estar aquí, pero la única cosa que quiero decir es que hay que ayudar a la gente para que tenga papeles.

Una de las activistas más vocales, desde hace años, en la defensa de los derechos de los temporeros en Lleida es Nogay Ndiaye, de la Plataforma Fruita amb Justícia Social. Ndiaye avisa de que es un problema estructural, con o sin pandemia.

—Las entidades implicadas hemos estado haciendo reuniones [con el Ayuntamiento] desde septiembre-octubre del año pasado. Hicimos propuestas. Habían presupuestado incluso unos bungalós para hacer pequeños alojamientos de dos o tres personas por bungaló. Llegamos a febrero, última reunión, llega la pandemia… y todo desaparece.

Ndiaye se muestra muy crítica con el Ayuntamiento, tradicionalmente socialista pero en manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) desde el año pasado. ERC se había mostrado indignada por la situación de los temporeros, pero la solución no ha llegado, lamenta Ndiaye.

—Les ha venido perfecto esto de la pandemia para tener la excusa.

Son dinámicas enquistadas, según Ndiaye, cuyo marco general es la ley de extranjería, que tiene un impacto directo en el campo.

—Es un sistema racista que oprime a los débiles, y los más débiles son los inmigrantes. Dependen de la ley de extranjería —dice Ndiaye—. Muchas de las personas que están en el centro histórico de Lleida tienen papeles y duermen en la calle igualmente porque no se está cumpliendo el convenio, pero hay otras que están en ese periodo de tres años en el que tienen que sobrevivir [sin documentación] y no tienen ningún ingreso. Van haciendo las campañas. Hay momentos en que hay picos grandes y no tienen suficientes trabajadores, y cogen a 25 más. Estos 25 están indocumentados y los tienen una semana.

Poco después de estas conversaciones, el futbolista Keita Baldé cumplió su promesa: alquiló un edificio entero para alojar a 90 personas que estaban en la calle. Es un inmueble que se ha tenido que acondicionar: varios hoteles y otro tipo de alojamientos rechazaron acoger a los temporeros pese a que Baldé lo pagaba, según denunció Ndiaye.

Un futbolista supliendo la labor de las administraciones.

HISTORIA DE LAS REGULARIZACIONES

En España las regularizaciones han sido aprobadas por Gobiernos de distinto signo ideológico: tanto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como del Partido Popular (PP). Incluso el dictador Francisco Franco hizo una. Las Cortes franquistas aprobaron el 14 de febrero de 1974 un decreto que permitió la regularización de 11.000 ciudadanos extranjeros, según el archivo personal sobre normativa de extranjería que atesora el abogado José Luis Rodríguez Candela. Hay que remontarse a 1852 para encontrar el primer real decreto de extranjería aprobado en España, según otro trabajo de documentación de Mazkiaran.

Rodríguez Candela, miembro de la Asociación de Abogados Extranjeristas, destaca las enormes diferencias de las seis regularizaciones que se han puesto en marcha en España desde que se creó la ley de extranjería en 1985, que han permitido que un total de 1.124.241 personas hayan accedido a un permiso de residencia desde 1986 a 2004.

La primera “regularización colectiva” de extranjeros en España surgió en 1986 con el reglamento que desarrollaba la primera ley, y permitió a 38.181 personas acceder a un permiso de residencia. El 7 junio de 1991 se produjo el único proceso que se llamó “regularización” como tal, y que incluyó a 109.137 personas. En 1996 llegó la de José María Aznar: 21.283 personas obtuvieron el permiso. El PP haría otras dos más: en 2000, coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva ley de extranjería (150.000 regularizados) y en 2001 vía reglamento (232.679 más).

La última, la llamada “normalización”, vino en 2005 de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo que 572.961 personas accedieran a la residencia. Con ese último real decreto de 2005 se introdujo la vía del arraigo como figura para obtener un permiso de residencia en España, en virtud del cual se deben demostrar tres años de residencia en el país, tener una oferta de trabajo y acreditar la ausencia de antecedentes penales. Esta sigue siendo casi la única salida a la irregularidad administrativa en España.

El Gobierno español actual, integrado por PSOE y Podemos, no ha hecho efectiva una regularización en medio de la pandemia. Para presionar al Ejecutivo, se ha puesto como ejemplos a Italia y Portugal, aunque sus medidas han sido limitadas: en Italia, la regularización solo incluye el sector agrario y mientras dure el estado de excepción; en Portugal, es específica para los que tenían ya en marcha algún proceso de tramitación previo a la pandemia.

La medida más importante que ha tomado España en la materia es la concesión de dos años de permiso de trabajo para los jóvenes extutelados de entre 18 y 21 años, que llegaron a España siendo menores, la mayoría en pateras, y que han estado trabajando en el campo durante este estado de alarma en la recolección, sobre todo de los frutos rojos en Huelva. Según fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, son menos de 300 los que se han acogido a esta medida. Un número bajo teniendo en cuenta que el Estado tiene registrados a 11.000 menores, a los cuales el Gobierno también permite trabajar una vez cumplidos los 16 años.

“Hemos perdido una oportunidad para los extranjeros y para el país, pero tal y como está de tensionado el Parlamento español, parece poco probable que prospere cualquier intento de plantear una regularización o una reforma ambiciosa de la ley de extranjería por el miedo a VOX”, sostiene una experta implicada en mecanismos oficiales de protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros, que pide el anonimato.

El contexto actual no es el de 2005, cuando la mayoría de las personas regularizadas eran trabajadoras del hogar, de la hostelería, la construcción, el sector servicios y unos pocos del campo. Hasta los profesionales extracomunitarios más demandados en la pandemia, los sanitarios, han seguido estrellándose contra el muro de la burocracia para conseguir ejercer por fin sus oficios en España. Médicas y enfermeros que tardan años normalmente en homologar sus títulos vieron cómo el Gobierno les abría una ventana rápida en la pandemia, pero menos de 350 pudieron culminar el proceso hasta que la administración española volvió a cerrarlo.

CUIDADORAS

El tono de llamada suena varias veces antes de que una voz femenina conteste al otro lado de la línea.

—¿Hola?

La respuesta se oye entrecortada: es un problema de cobertura, no de distancia. Estamos en la misma ciudad y nos separan solo unos pocos kilómetros, pero son infranqueables para ella. No es solo el estado de alarma, que a mediados de mayo aún restringe nuestros movimientos. Desde el 15 de marzo, Margarita no puede abandonar el apartamento en el que se encuentra para regresar a su casa, hacer ejercicio o ir al médico, a riesgo de perder su empleo.

Margarita no se llama Margarita, pero ese es el nombre que prefiere que le demos para evitar problemas en su trabajo, ese que le impide salir de casa. Ronda los 50 años y es auxiliar de enfermería; en su Colombia natal trabajaba en un centro sanitario.

—Y por un futuro mejor y esas cosas, una de pronto se viene acá.

Llegó a España hace más de dos años y estuvo cuidando a una anciana en su casa hasta que la trasladaron a una residencia; luego consiguió empleo asistiendo a una pareja nonagenaria de nueve de la noche a nueve de la mañana. Estaba contenta con su trabajo, dice, porque tenía el día para moverse, para “hacer otras cosas, otras exigencias; pero resulta que ahora no”.

Resulta que ahora no, porque llegó la pandemia y, con ella, la mayor sacudida social en años. En los momentos más críticos los focos se volvieron hacia los hospitales, hacia las residencias de ancianos, hacia el extraordinario esfuerzo del sector sanitario. Mientras tanto, en el interior de sus viviendas, muchos ancianos solos y dependientes eran cuidados por personas como Margarita: sin una situación administrativa regular, sin contrato, sin material de protección en condiciones, sin margen para reclamar mejoras si no quería perder el trabajo. Ella cobraba 750 euros al mes por cuidar al matrimonio todas las noches de la semana. Pero con la pandemia llegó el cambio.

—Como son personas mayores, su hijo me dijo: “Yo necesito una persona que se quede”. Y yo le dije, ¿que se quede cómo? “Que se quede. Si eres tú, no puedes entrar ni salir”. ¿Y qué voy a hacer en este caso? Pues quedarme.

Sus horas aumentaron, el sueldo no. Desde mediados de marzo tuvo que permanecer las 24 horas del día en la casa, volcada en los cuidados, y solo la última semana de mayo comenzó a salir unas horas los sábados y domingos.

Aquel fue el primer vuelco. El segundo, cuando el abuelo al que cuidaba enfermó mostrando todos los síntomas de la COVID-19. Llamaron a la ambulancia y fue trasladado al hospital, donde le hicieron la prueba: positivo. El anciano murió por coronavirus a mediados de abril.

—Júralo que yo tuve una depresión. Dios mío, qué hago. Ahora a esta casa no viene nadie.

Margarita pone énfasis en nadie, como si estirase la palabra hasta partirla en dos: na-die. En el apartamento conviven ahora la anciana, recién enviudada, y ella. Antes, dice, dos empleados del servicio de atención domiciliaria municipal acudían a prestar asistencia durante el día, pero cuando les informaron de que en esa casa había habido un fallecido por coronavirus, dejaron de hacerlo.

—Se espantaron. No volvieron. Para mí esto ha sido estresante, estaba súper estresada. Entiéndeme. Me duele todo, me duele la espalda, me duelen las piernas. Me siento… Me sentí tan mal que lo que hice fue arrodillarme y llorar.

Al conocer que el abuelo era positivo, Margarita contactó con el ambulatorio. Le dijeron que mientras ni ella ni la abuela mostraran síntomas, no les harían el test. Que se tomaran la temperatura varias veces al día y, en caso de que tuvieran fiebre, les avisaran. Al otro lado del teléfono la voz de esta auxiliar de enfermería no oculta su enfado por la incertidumbre, porque al haber estado en estrecho contacto con un positivo por coronavirus, tanto a la abuela como a ella deberían hacerles las pruebas, dice.

—Yo he escuchado que a futbolistas sí se lo han hecho… ¡Esto es un caso prioritario, creo yo!

Hasta ahora, ninguna de las dos ha tenido síntomas. Margarita ha recibido material de protección —mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico— de la asociación de mujeres migrantes a la que pertenece, y extrema las precauciones cuando tiene que salir a comprar “por ejemplo en la farmacia, o algunas cosas de la casa, los pañales [de la anciana], los medicamentos, la leche, cosas así”.

La abuela, con algunos síntomas de demencia, a menudo no termina de entender la situación, pero sí es consciente de que su marido ya no está. Y también de que ya no puede salir a la calle.

—Ahora dice que de la casa solo la van a sacar con los pies para delante; a mí me afecta.

En esta situación, ¿ha tenido posibilidad de renegociar sus condiciones laborales?

—Yo la otra vez le hablé de un contrato a la familia. Se quedaron mudos, o más bien se pusieron como molestos. Así que no les he vuelto a insistir. ¿Por qué? Porque me quedo sin trabajo. Y así estamos muchas compañeras, muchísimas.

Sin vacaciones —excepto una ocasión en la que los familiares se llevaron al matrimonio de veraneo un par de semanas, en las que suspendieron el sueldo de Margarita—, sin bajas, sin salario mínimo, sin horas extra, sin protección más allá de las redes de solidaridad tejidas entre las propias compañeras. Cuando Margarita planteó la posibilidad de que, aunque fuera sin contrato, le subieran el sueldo por estar como interna por el coronavirus, con una anciana dependiente a la que “hay que hacerle todo”, los familiares alegaron su propia falta de recursos.

Ella tiene claro que la causa de la desprotección en la que se encuentra radica en su situación administrativa irregular, pero responde rápido si alguien apunta a que no tiene documentos.

—Como soy una extranjera, supuestamente no tengo documentos. Yo documentos sí tengo; que no tenga una identidad española es diferente. “¡Pero no, eres indocumentada!”, dicen. Yo no soy ninguna indocumentada. Yo tengo mi pasaporte que reza mi nombre. Como que ni supiera de dónde soy y de dónde vengo. Con esa cuestión la gente quiere… Como una tiene necesidad, vamos a llamarla así, tienes tu familia allá y tienes que mantenerte aquí…

Su voz se queda colgada en el vacío. Tras un momento, continúa.

—Una viene con metas, con sueños. Somos personas profesionales que queremos salir adelante. Nos encontramos con esa frustración aquí.

Habla de compañeras a las que han despedido de la noche a la mañana, “así como bota uno la basura”, y que se han quedado en la calle por no poder pagar la habitación en la que vivían; o de los sueldos de entre 400 y 500 euros al mes que, antes de la pandemia, cobraban algunas por deslomarse en jornadas diarias de más de ocho horas. Ninguna de las compañeras que menciona llega, ni de lejos, al salario mínimo interprofesional, que establece, por 40 horas semanales, 950 euros brutos mensuales con 14 pagas y 30 días de vacaciones al año; o, en caso de un contrato por horas, un mínimo de 7 euros la hora. Todas las reclamaciones de Margarita se condensan en una sola: un decreto que regularice su situación.

—Lo que yo veo es que nunca nos han tomado en cuenta a nosotras, las mujeres trabajadoras del hogar, sabiendo que la sociedad española se beneficia de nosotras. Si vamos y hacemos un salto de casa por casa, se encuentran puras extranjeras trabajando y haciendo el cuidado del hogar.

En España hay unas 400.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social como empleadas del hogar. La última Encuesta de Población Activa indicaba por su parte unas 600.000 personas ocupadas en este sector. El cruce de ambas cifras apuntaría a que una de cada tres trabajaría en la economía sumergida. De las afiliadas, un 95% son mujeres y el 42% son extranjeras. Pese a cotizar en la Seguridad Social, lo hacen en un régimen especial que no contempla subsidio de paro. Un estudio de 2018 de Oxfam Intermón y la Universidad Carlos III de Madrid cifraba a su vez en más de 630.000 las personas que se dedican al trabajo del hogar en España y apuntaba a que la mayoría, un 57%, son mujeres migrantes.

—Las cuidadoras de domicilios privados se consideraron esenciales mediante el Real Decreto [el Real Decreto-Ley 10/2020 del 29 de marzo]. Esenciales, pero no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores considerados esenciales, ni para acogerse a un ERTE, ni para acogerse a prestación: muchas no están dadas de alta en la seguridad social.

Habla la hondureña Carmen Juares, una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, red integrada por unas 400 trabajadoras del hogar y de los cuidados en Cataluña. En medio de la crisis por el coronavirus, el grupo de WhatsApp que comparten estas trabajadoras echa humo con relatos de situaciones sangrantes. Las más habituales son aumentos de jornadas por el mismo salario, dice, y despidos de la noche a la mañana sin ningún tipo de indemnización. Solamente tres de las 400 mujeres de la asociación pudieron pasar el confinamiento en sus casas sin que los empleadores le retiraran el sueldo. Tres de 400, insiste Carmen con una mezcla de enfado y frustración.

Muchas otras, continúa, se han jugado su salud por falta de recursos y material de protección, como la trabajadora que de madrugada tuvo que acompañar a urgencias al abuelo que cuidaba. El hombre dio positivo por coronavirus, pero era el pico de la pandemia y, con los servicios sanitarios saturados, del hospital lo devolvieron a casa. La cuidadora lo comunicó a los familiares, pero estos le negaron de forma rotunda guantes y mascarillas alegando que se los tenía que comprar ella con su dinero, “ya que formaba parte del desarrollo de su trabajo”. Con un sueldo de 700 euros al mes como interna seis días a la semana y un hijo en su país de origen, no disponía de efectivo. “A los días nos llamó, que estaba con tos y fiebre alta”. Cuando explicó a los familiares que parecía haberse contagiado con el virus, “la respuesta fue que si quería seguir trabajando que lo hiciera, pero que cuando ya no pudiera lo comunicara y buscarían a otra persona”. Aquello era sinónimo de quedarse en la calle. “Lleva trabajando allí dos años y está en proceso de regularización. Es aquello que la ley de extranjería te obliga a aceptar”.

Este caso ocurrió al inicio de la pandemia. Poco después, la asociación comenzó a recibir donaciones de material y pudo repartirlo entre las trabajadoras en situaciones de mayor riesgo. También han abierto una colecta solidaria para poder respaldar a aquellas a las que la emergencia del coronavirus ha dejado sin ingresos, en ocasiones sin techo, y a menudo con menores a los que mantener. La situación se repite en todo el país: las asociaciones creadas por las propias trabajadoras son, para muchas, el único colchón para hacer frente a la pobreza.

Carmen Juares insiste en que para resolver el problema estructural del sector hay que hacer una labor pedagógica y de sensibilización que desemboque en la regularización de las migrantes, en contratos, en un cambio de mentalidad de la sociedad.

—Se dice: “Le pago a la chica para que venga unas horitas…”. No, no. No es la chica, es una persona trabajadora con nombres y apellidos. Muchas tienen formación, son profesionales del cuidado. Pero se las ve como la chica y no como una relación laboral.

Incluso en sectores de la sociedad que se consideran feministas y progresistas, añade, está normalizado el hecho de emplear a una cuidadora en condiciones precarias.

—Hay mujeres que sí, han roto el techo de cristal, pero mientras otras estaban recogiendo los vidrios. Tenemos tan interiorizado el papel de las personas de origen migrante, que no nos preguntamos por sus necesidades.

VIDAS INVISIBLES

En las estadísticas oficiales constan 5.663.348 residentes extranjeros en España. La mayoría (unos 3,4 millones) son del régimen comunitario, sobre todo de Reino Unido, Italia y Rumanía, y 2,2 millones son extracomunitarios, con Marruecos, China y Ecuador a la cabeza. Pero es interesante fijarse en un dato: más de 1,8 millones se consolidaron como residentes de larga duración, es decir, el 85,5% de todos los residentes extracomunitarios regulares en España.

Solo en 2019, más de 400.000 personas consiguieron diversos tipos de permisos de residencia en España. De ellos, según consta en las estadísticas de la secretaría de Estado de Migraciones, 38.567 lo lograron por la vía del arraigo y 39.249 por las llamadas “razones humanitarias o excepcionales”.

¿Qué pasa con quienes están en situación de irregularidad administrativa? ¿Qué pasa con quienes no están en las estadísticas? Los colectivos que piden una regularización estiman que esta beneficiaría a 600.000 personas, pero las fuentes especializadas en migración consultadas para este reportaje aseguran que este dato es imposible de calcular.

En el conjunto de Europa las estimaciones de estos trabajadores invisibles ascienden a entre 8 y 10 millones. Pero son solo estimaciones. Los que malviven en las chabolas de Lepe, los que están a la intemperie en Lleida o las trabajadoras que han pasado la pandemia cuidando de los mayores en sus casas no aparecen en ninguna estadística. No forman parte de los 272 millones de personas que tienen la etiqueta de migrantes en el mundo, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), porque la ley las borra del mapa.

La pandemia ha logrado lo que las oenegés tanto habían reclamado durante años: el cierre de todos los Centros de Internamiento de España, los polémicos CIE, aunque Interior asegura que se trata de una medida temporal y que volverán a abrir sus puertas. Sin embargo,1.700 personas han estado encerradas, hacinadas y forzadas a incumplir todas las recomendaciones sobre el confinamiento en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde más de 200 niños y mujeres, muchas en situación vulnerable, han llegado a compartir un espacio ideado inicialmente para solo 600 plazas en medio de una pandemia global. La mayoría son solicitantes de asilo de Yemen, Siria, Túnez o Marruecos, a los que Interior vulnera su libre circulación por el territorio español una vez piden protección.

TIEMPOS DIFÍCILES

Malang Fatty lleva los auriculares puestos pero no escucha nada. Mira la pantalla del móvil y se whatsappea con un amigo, le pregunta qué tal, qué haces. Su rictus no cambia durante la conversación, así que es imposible adivinar el tono de las respuestas. Tampoco sería sencillo leer sus gestos. Malang lleva una gorra de camuflaje con unas letras naranjas de los Yankees de Nueva York y una mascarilla le cubre la mitad de la cara. Como está sentado en un muro bajo de ladrillos rojos, los pies le quedan colgando a unos centímetros del suelo. Los balancea y levanta la cabeza. Su vista se pierde al otro lado de la calle, donde hay una sucursal bancaria de letras azules y blancas y a su izquierda unas palomas picotean despreocupadas en el suelo. Encima de ellas hay una placa con el nombre de la plaza: Plaça Solidaritat.

Antes, explica Malang, pasaba bastante por esa plaza o iba a caminar por la playa, que queda cerca, pero ya no tanto.

—Tough times, man —dice en voz baja: tiempos difíciles—. Salgo muy poco a la calle, a comprar al supermercado o a hacer algún recado, pero poco más. Desde que empezó todo, prefiero no salir de casa, hay más policía y te pueden parar para pedirte los papeles y ponerte una multa.

Desde que empezó todo: desde que la pandemia vació las calles de medio mundo y a migrantes como Malang los dejó sin red. Su historia, más allá de los matices geográficos, es la de cientos de miles de migrantes subsaharianos en Europa. Llegó hace cinco años en patera a Italia desde su Gambia natal y, tras buscarse la vida como temporero en el sur de España, se fue a Barcelona, donde pensó que le cambiaría la suerte y podría conseguir papeles. No fue así. Ahora vive en Blanes, una localidad a 70 kilómetros de la capital catalana donde empieza la Costa Brava, y recoge chatarra o trastos viejos que repara para vender después. Recogía: desde que se decretó el estado de alarma, no ha podido salir de ronda por la noche a escarbar en los contenedores, al menos hasta la semana pasada. Si antes sus ingresos eran escasos, ahora son cero. Sobrevive porque vive en un piso compartido a cinco minutos de la Plaça Solidaritat con otras siete personas, dos de Costa de Marfil y el resto gambianos como él, y sus compañeros de piso son además su sostén.

—Entre alquiler, electricidad y comida, cada uno ponemos entre 120 y 150 euros al mes. Algunos trabajan y tienen papeles, pero yo no. Me cubren un poco.

En casa solo reciben un pequeño empujón externo. Cada miércoles, van a la sede de Cáritas para llenar un carrito de la compra de color pistacho con alimentos de primera necesidad. Les dura tres días.

Tough times. Tiempos difíciles.

Malang lleva mal la pobreza y la incertidumbre, pero peor el sentimiento de culpa. Él lo llama nostalgia, y debe de serlo también, pero cuando lo dice baja la mirada avergonzado y se delata.

—Antes mandaba dinero cuando podía. A veces 20 o 50 euros. Lo que podía. Ahora no puedo y sé que ellos lo notan.

La crisis económica generada por la pandemia y el confinamiento ha provocado la caída más abrupta de remesas de la historia reciente. Se prevé que este año los migrantes envíen a sus familias algo más de 390.000 millones de euros, un 19,7% menos que el año anterior. En África subsahariana el desplome estará por encima de la media (23,1%). Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo especializado de las Naciones Unidas, cada año 200 millones de migrantes envían una media de entre 200 y 300 dólares a sus familiares, especialmente en zonas rurales de países pobres. La cantidad supone, también de media, el 60% de los ingresos de esas familias. La interrupción de ese dinero salvavidas no solo significa la pérdida de un flujo económico vital, también es un obstáculo para el progreso. Aunque tres de cuatro dólares de las remesas se invierten en alimentos y otras necesidades básicas, el resto se invierte mayoritariamente en educación, así que un descenso en las remesas afecta directamente a esta última partida.

Las pocas veces que Malang no puede más y se atreve a salir de casa, baja a la playa a airearse un poco. El rumor de las olas, dice, le transporta a la playa de Tanji, donde iba con su madre o su hermano Abubakar a comprar pescado. En la arena, piensa en su madre, su padre enfermo y sus otros dos hermanos pequeños. Sobre todo en ellos dos.

—El camino a Europa es difícil. Se sufre mucho. Yo vine aquí para ayudar a mi familia y pagar la escuela de mis dos hermanos. Me siento responsable de eso y más en estos momentos.

En estos momentos. En estos tiempos difíciles.

A nivel sanitario, África no ha sufrido hasta ahora un impacto tan brutal de la pandemia como los países occidentales. Aunque ya ha superado los 207.000 infectados y las 5.500 muertes, la cifra supone menos del 3% de los positivos mundiales y el 1,3% de las muertes, pese a que el continente alberga al 17% de la población del planeta. A nivel económico es otra historia. Las rápidas y drásticas medidas de la mayoría de Gobiernos africanos, que ordenaron el cierre de fronteras y mercados, unidas a la caída del precio del petróleo y el estancamiento del comercio internacional, detendrán en seco el crecimiento de los últimos años. A causa del coronavirus, el Banco Mundial prevé la primera recesión en la región en los últimos 25 años. La crisis combinada en Europa y Estados Unidos, de donde provienen la mayoría de las remesas hacia países africanos, ahondará en la herida de millones de familias. Gambia recibirá una estocada descomunal. Aunque a nivel cuantitativo Nigeria, Ghana, Kenia y Senegal son los países que más dinero reciben de las remesas, el país más pequeño de África es el tercero más dependiente de los envíos de efectivo desde el extranjero, solo por detrás de Sudán del Sur y Lesoto. Un 15,5% del Producto Interior Bruto gambiano, el triple de los ingresos por turismo, proviene del envío de dinero más allá de sus fronteras.

Sentado en el sofá de su casa, Malang cambia de canal en la televisión hasta que da con un partido antiguo del F.C. Barcelona contra el Arsenal inglés. Lo deja. En la pantalla, Abidal lanza un patadón a Nasri y lo derriba; falta indiscutible, pero Malang mira la escena inmutable. Está solo en el comedor. El resto de compañeros de piso ha desaparecido en la cocina o en sus cuartos compartidos, desconfiados por la presencia de un periodista en la casa. Malang se ha quitado la mascarilla y la arruga en la mano izquierda, posada sobre el brazo del sofá. Está inquieto. Coge el teléfono y llama. Contesta su madre, Kumbafaya, desde Gambia. Al principio, Malang pregunta por la salud de su padre y por cómo el virus está afectando a la familia y al país. Ella le pregunta si está bien de salud y está contento. Casi al final, después de un breve silencio, Malang se arma de valor y lo dice:

—Mamá, no podré enviar dinero.

—Si tuvieras, sé que nos enviarías.

—Es debido a mi situación y al coronavirus, ¿sabes?

—Que Alá haga tu lucha fácil.

—Amén.

—Que los extranjeros sean amables contigo.

—Amén.

—Que no seas víctima de tu situación.

—Amén.

—Que los hombres blancos sean buenos contigo.

—Amén.