La pandemia COVID-19, con sus consecuencias sanitarias y el confinamiento exigido para evitar su expansión, ha suscitado un reconocimiento unánime del valor del trabajo. Así, se aplaude la entrega del personal sanitario, de quienes trabajan en tiendas, supermercados y farmacias; también Fuerzas Armadas y Policía; personal de limpieza y trabajadores del campo, transportistas, trabajadores de mercados centrales; profesores, periodistas, profesionales de medios de comunicación social; quiosqueros; sacerdotes, trabajadores de servicios sociales y residencias de ancianos; también el teletrabajo y el reparto de lo adquirido online, las reflexiones sobre la situación y las producciones artísticas. Así como la actividad de voluntarios, vecinos, trabajo doméstico, etc. Un extraordinario elogio de la actividad humana en favor del bien común. Un aplauso al trabajo como expresión de la dignidad humana, de la capacidad de servicio, de generación de riqueza —bienes y servicios— y de relación con otros, entretejiendo la vida social.

Resuena la afirmación de la Doctrina Social de la Iglesia: «El trabajo pertenece a la condición originaria del hombre y precede a su caída; no es, por ello, ni un castigo ni una maldición» (CDS 256). Pero también, en estas semanas de vértigo y quietud, millones de personas pierden el trabajo o ven amenazado su empleo, en una situación en la que ya muchos estaban en paro o habían recuperado un trabajo en condiciones precarias después de la crisis.

Ya en 2019 había quien escribía esta reflexión en una intervención pública: «Parecía que la crisis económica estaba superada y se anuncia otra. En realidad, quizá sea la misma: un escenario mundial de lucha —con las viejas reglas de poder y división internacional de funciones, recursos y personas— en el enorme desafío de la cuarta revolución industrial. Si la economía es global, no somos ajenos al hambre de tantos. Experimentamos una gran inquietud por el futuro del trabajo y del Estado del Bienestar. Alguno anuncia que la travesía de la crisis nos conduce a «una nueva normalidad» —este concepto, surgido en el año 2010, lo expuso institucionalmente el entonces presidente del Deutsche Bank, el suizo Josef Ackermann, el 5 de septiembre del 2011. Trabaja, desde entonces, sobre este oxímoron el Foro de Davos que, desde 2016, estudia cómo encauzar la irremediable crisis del Estado del Bienestar con millones de descartados por la revolución tecnológica. El profesor Niño-Becerra, en El crash. Tercera fase, dice: «La nueva normalidad será vivir en una sociedad sesgada, con desempleo estructural, un subempleo elevadísimo y una desigualdad enorme. Solo se compensará con el trinomio social: la renta básica, ocio gratuito y marihuana». Puede parecer una boutade, pero da pistas.

El confinamiento provocado por la COVID-19 paraliza la vida social y económica y acelera muchos procesos ya en marcha: teletrabajo, control de la población, renta básica, transición hacia el modelo económico, social y cultural propiciado por la revolución tecnológica, con un protagonismo grande de la biopolítica: ecología, hombre exponencial e inteligencia artificial, salud y trashumanismo. La pandemia intensificará las inversiones en salud, referencia central del progreso y sustitutivo de la salvación.

El debate sobre la renta a ofrecer para paliar la crisis del Estado del Bienestar y las consecuencias de la 4ª revolución industrial es sin duda importante. La tremenda crisis económica global provocada por la pandemia lo ha transformado en urgente, con el riesgo de sentar unas bases sobre su desarrollo que, movidas por lo urgente, eviten a la sociedad el necesario debate sobre el sentido del trabajo como fuente de riqueza y expresión del protagonismo personal y social en la convivencia y el camino histórico.

La fase actual del capitalismo financiero y tecnológico, liderado por las grandes corporaciones de la información, une su condición tecnocrática en el control de la economía, a una propuesta compasiva y moralista en la cultura y las formas de vida que tiene como finalidad última el poder; éste anula la libre conciencia con el señuelo de ofrecer más y más libertades que no cuestionen el marco de su paradigma tecnocrático y cultural. Desde ese marco es fácil condicionar la política global y nacional. Es un ámbito donde caben propuestas de capitalismo ortodoxo, populismos, ONGs y todos los altavoces de lo políticamente correcto. Hay liberales y socialdemócratas, China y Estados Unidos, espiritualistas y secularistas. Resulta cada vez más difícil utilizar los esquemas decimonónicos de izquierdas y derechas. La realidad del sufrimiento es tozuda y grita, y juzga esta situación histórica como a todas. Surge una tentación: anular el sufrimiento, anulando a los que sufren.

La llamada renta básica ha sido propuesta en los últimos años por economistas de casi todo el espectro ideológico, ya como Renta de Garantía de Ingresos (RGI), llamada por otros Ingreso Mínimo Vital, o como Renta Básica Universal (RBU). Para unos es una forma de sustituir el Estado del Bienestar en el nuevo tiempo, para otros un desarrollo más pleno del Estado social de derecho. Ambas tienen sus complicaciones técnicas y de financiación. Son asuntos en los que no entro, pues no son de mi competencia y pertenecen al ámbito de la genuina libertad en la acción política. Pero sí quiero realizar algunas consideraciones.

La primera es poner siempre delante a los empobrecidos a consecuencia de situaciones personales, familiares o de la injusta situación económica. Su sola existencia reclama cercanía y propuestas. Ahí se sitúa el IMV, que quizá sea siempre necesario, pues pobres siempre caminan a nuestro lado.

El trabajo expresa el ser de la persona en el hacer y ese mismo hacer tiene consecuencias en el ser y su desarrollo. Incorpora al sujeto trabajador a la construcción del común, promociona —empodera, dice la neolengua políticamente correcta— personal y socialmente. Entra en relación con el capital en un coloquio imprescindible para ofrecer en el devenir histórico los bienes y servicios que cada generación precisa. Pero el trabajo tiene una prioridad sobre el capital que no ha de olvidarse al organizar sus relaciones. La retribución del trabajo es el salario, la del capital la renta. Si las llamadas rentas básicas, ya RGI o RBU, no promocionan el trabajo, el riesgo de que el capital que las genera, estatal o privado, explote a muchos y arranque el protagonismo histórico a la mayoría es muy grande. Generar dependencias es un instrumento habitual de dominadores. Todo bien y servicio es hijo del trabajo, no de la renta. Por eso dice el Papa Francisco: «Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos. Quiero que pensemos en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo y el acceso universal a esas tres T que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo». «El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre, un bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana» (CDS 287).

Por ello, la clave está en generar, con un respeto grande a la realidad, una economía que promocione, para lo cual, quizá sea necesario —en tiempo de pandemia sin duda— un ingreso vital abierto a la promoción y al trabajo digno. Pero no se puede hablar de rentas mínimas sin plantearnos la justificación de las rentas máximas.

En el Día del Trabajo 2020 es conveniente proponer un nuevo pacto social que convoque al mercado, al Estado y a la gratuidad de la sociedad civil; pero no basta, conviene repensar el valor del trabajo, el sentido del progreso, el papel de la familia y los estilos de vida en un programa de gobierno para el bien común. Pero no será posible liberarse de las ataduras del gnosticismo tecnocrático y del pelagianismo moralista, falsamente compasivo, sin una fuerte espiritualidad.

Que san José Obrero interceda por nosotros para impulsar el plan para resucitar como propone el Papa Francisco: Este es el tiempo favorable del Señor, que nos pide «no conformarnos ni contentarnos y menos justificarnos con lógicas sustitutivas o paliativas que impiden asumir el impacto y las graves consecuencias de lo que estamos viviendo».

Por Luis Argüello, Secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Valladolid

Fuente: Revista Ecclesia