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La ley de eutanasía, ¿una conquista social?

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Cristina Casanova, enfermera de atención primaria.

Hace dos días leía en la editorial de un periódico de tirada nacional que la aprobación de la ley de eutanasia “vuelve a situar a España en el grupo de cabeza de las conquistas sociales”.

Porque me considero una persona de izquierdas me chirría la argumentación en favor de la ley de eutanasia como de un gran avance social y la gran mentira de comparar eutanasia con muerte digna.

¿A qué llamamos avance social? Solo recordar algunos datos del informe que presentó  el relator de la ONU para la pobreza tras visitar España en febrero: “en España hay familias que tienen un dilema: o poner la calefacción o comprar comida”, “la alarmante pobreza que alcanza al 26% de los españoles”, “los alquileres de vivienda son cada vez más altos y los desahucios se han disparado en los últimos años“,  “España no ha invertido en vivienda social o ha vendido la que tenía”, “una de las medidas más urgentes que deben afrontar los políticos es regular los precios de los alquileres en las grandes ciudades”.

Y si esto era así a principios de año, ¿cómo será ahora en plena pandemia por covid?  Se ha disparado la pobreza energética hasta su máximo histórico: 1,3 M de hogares; en los meses de abril, mayo y junio hubo 1.383 ejecuciones de desahucio en España, lo que da una media de 21 diarios; han aumentado las depresiones y el consumo de sicofármacos. ¿Realmente la eutanasia es de un gran avance social?

Por mi experiencia laboral como enfermera veo la soledad con la que sobrellevan la enfermedad muchísimas personas mayores, sin llegar las ayudas de la Ley de Dependencia, sin llegarles unos cuidados paliativos necesarios para que su enfermedad pueda ser más llevadera y sin dolor, en casas pequeñas o sin ascensor que les permita salir a dar un paseo o relacionarse con otros o tomar algo de sol y hacer una pequeña comprar  o con hijos con unos horarios laborales que no permiten compaginar el cuidado ¡esta es la gran mentira comparar eutanasia con muerte digna! Y digo yo ¿quién no quiere morir con muerte digna? Aquello que define una “muerte digna” morir acompañado por tus seres queridos y morir sin dolor, cuidado y en un lugar confortable ¿cuántas personas van a poder morir dignamente con esta situación social que arrastramos?

Tengan la decencia de no engañarnos.

El fracaso de la eutanasia

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Jorge Lara

Cuando lean este artículo es probable que el Congreso de los Diputados de España haya aprobado la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, un fracaso más de la sociedad. O, desde otro punto de vista, una victoria más de la cultura de muerte, que en España se suma a la ley del aborto, a la insolidaridad con los refugiados e inmigrantes, a la pobreza severa, a los muertos por accidentes laborales, por suicidio, a las víctimas de violencia y maltrato, a los muertos en las guerras con armas que fabricamos aquí… Pero el marketing de la cultura de muerte está bien estudiado y tiene la habilidad de presentar estos ataques a la vida y a la dignidad de la persona con argumentos de lo más razonables: bajo capa de bien.

Vamos a centrarnos en este artículo en el marketing de la eutanasia, que empieza por su propio nombre, ya que han conseguido colar como “buena muerte” lo que no es más que un suicidio asistido, y, en no pocas ocasiones, una limpieza eugenésica de ancianos, enfermos, y discapacitados; e incluso se abre (o se abrirá como en otros países) la puerta a que cualquier sufrimiento lleve al sufriente a buscar la solución “fácil” de quitarse de en medio.

Como en el caso del aborto, la eutanasia busca casos mediáticos, dolorosos, que generan una suerte de empatía y comprensión. Porque son casos extremos en los que parece que no hay otra solución, como cuando en las películas vemos que un caballo se rompe una pata y lo mejor para que no sufra es pegarle un tiro, o cuando un soldado o aventurero también cae herido o prisionero y va a ser objeto de torturas insufribles y el protagonista compasivamente le evita ese trance, sintiéndolo mucho eso sí. Efectivamente, de alguna forma se nos ha ido colando esa falsa compasión y esa sensación de inevitabilidad inexorable, de que ya no hay otra alternativa. Se nos ha generado, en definitiva, impotencia.

También se nos ha generado un falso respeto a la decisión de los demás, desde un individualismo atroz. Tenemos que respetar a los demás hasta cuando se equivocan, porque nada hay por encima de la sacrosanta autonomía de la voluntad. Aun cuando otros viéramos que sí hay alternativa, si el directamente implicado no lo ve así, se construye un derecho absoluto a decidir en absoluta soledad sin tener en cuenta más que unos sentimientos y emociones que evidentemente existen pero que no deberían ser la única fuente de decisión. En esa clave, la única ayuda que se les puede ofrecer a esas personas es la de dejarlas o ayudarlas a ejecutar el error, no se les puede contradecir. Porque su “verdad” no admite que entre todos se pueda alcanzar una verdad mayor donde no entren sólo algunos sentimientos y emociones, sino otros de sentido contrario además de la razón e incluso la trascendencia. Pero, es probablemente ese abandono a la soledad de la verdad individualista el que impida al individuo descubrir que hay otra verdad más allá de sí mismo, más allá incluso de su sufrimiento. “¡Ay del solo, caerá y no habrá quien le ayude a levantarse! Pero todo sea en pro del relativismo ético. La exministra de Sanidad Luisa Carcedo, diputada socialista ha declarado que esta ley “No es para el que quiere vivir, es para aquel que considera que el dolor le resulta insoportable, que considera que no tiene vida”, es decir puro subjetivismo, notemos que repite dos veces “que considera”. Se nos genera, por tanto, una concepción y una forma de entender la vida asilada, autosuficiente, autorreferencial, en definitiva, individualismo.

En el marketing del proyecto de ley lógicamente se pone muchísimo el acento en que es para supuestos muy concretos y con todas las garantías: que lo van a informar previamente dos médicos, con unos plazos, que si se deniega podrá verlo una comisión (al contrario parece que no)… Afirma la ley que se le darán alternativas, y entre ellas los cuidados paliativos, pero, sin embargo, en España todavía no hay una ley general de cuidados paliativos ni recursos suficientes para garantizarlos a todos los que lo necesitan. ¿Cómo van a ser una alternativa entonces? ¿Si hubiera esos recursos, se habrían dado algunos de los recientes casos más mediáticos? Esos casos precisamente demostraban que habían llegado a pedir la eutanasia porque llevaban meses, incluso años, sin recibir la atención que necesitaban. La realidad triste parece que va a ser que para recibir ayudas a la dependencia y a cuidados paliativos pueden pasar meses, y, sin embargo, la autorización para practicar la eutanasia se va a conseguir en un mes según la ley. ¿Se puede defender así que hay igualdad en las alternativas y verdadera capacidad y derecho de elección? Es comprensible en la estrategia pro-eutanasia que la ley aparente ser muy garantista. Lo importante es generar esa sensación de seguridad jurídica para limar y eliminar reparos y objeciones: “no es para tanto”, va a estar todo muy regulado y vigilado, incluso en los centros privados que también podrán realizar esa “ayuda para morir”. La intención taimada parece clara: una vez que se reconozca como ley ya habrá tiempo para relajar la aplicación, como sucedió con la ley del aborto. Y más adelante, reformar la ley para ampliarla y “mejorarla”. En definitiva, un lobo con piel de cordero, con esta ley se nos genera una falsa sensación de seguridad.

Se podría profundizar mucho más, pero para este artículo puede ser suficiente con fijarnos en esos tres ingredientes que venimos esbozando: impotencia, individualismo y seguridad. Nos hacen vernos impotentes ante el dolor, el sufrimiento y la muerte, y además los afrontamos en soledad, por lo tanto, no vemos otra salida, y ya que no vemos otra salida, que nos aseguren que cuando la tomemos el proceso sea rápido y “compasivo”. Un gran fracaso, porque sí hay otras salidas.

Frente a la impotencia que genera el dolor, el sufrimiento, una muerte más o menos inminente, hay que constatar que la inmensísima mayoría de los enfermos incurables, crónicos o de los que tienen graves discapacidades quieren seguir viviendo, y sus familiares también. Pregunten a los oncólogos cuántos pacientes les han pedido la eutanasia; pregunten a los enfermos, pregunten a personas valientes con enfermedades gravísimas como la ELA. Ahí tenemos el ejemplo (por poner uno) de Jordi Sabaté Pons que ha animado a participar en la campaña #mueveundedoporlavida. No hay impotencia, hay una potencia inmensa de la vida capaz de superar y encontrar sentido en las situaciones más difíciles. ¿Por qué no empeñarnos en que quienes no tienen desarrollado ese potencial lo puedan hacer? No hay enfermos incuidables aunque sean incurables decía una de las notas de la Conferencia Episcopal.

Frente al individualismo que está detrás del falso respeto al derecho individual, conciencia social del derecho y deber de cuidados. Que nadie se sienta solo, que todos se sientan acompañados, pero no para caer o perseverar en el error, sino para dar pasos juntos hacia una verdad más grande que lo que pensamos o vivimos cada uno de nosotros. La antropología nos demuestra que nuestros ancestros ya cuidaban de los débiles, de los ancianos, y que eso fue un importante paso en la evolución, en nuestra constitución como humanidad. En común se pueden afrontar todas las dificultades, y el débil puede reconocerse querido y aceptado en su situación, no como una carga. Y los demás, los “sanos” pueden reconocer la, a veces misteriosa pero tantas veces evidente, aportación al común de quienes pareciendo que no podían, sin embargo, transmitían fuerza, alegría, entusiasmo, profundidad y sentido a los demás. ¿No hemos celebrado en España la película “Campeones”? ¿No hemos conocido personas con todo tipo de dificultades físicas, psicológicas y enfermedades que han demostrado resiliencia no sobrehumana sino enteramente humana y que luchan denodadamente y con alegría cada día?

Frente a la falsa seguridad de estas leyes, la experiencia contrastada de otros países y situaciones análogas. La ya mencionada ley del aborto, coladero primero, y derecho después. El caso de Holanda, donde los ancianos huyen a vivir a otros países limítrofes donde no les apliquen esa normativa tan segura. Así lo testimonió el médico norteamericano Herbert Hendin, M.D. en su libro “Seducidos por la muerte” que escribió después de viajar a Holanda con la intención de aprender de ellos e implantarlo en Estados Unidos y que se horrorizó, sin embargo, de todos los abusos que, amparados por la ley, se iban cometiendo y extendiendo cualitativa y cuantitativamente. ¿Dónde está la seguridad?

En España, el documental probablemente más visto de los últimos años es “Eso que tú me das”, la entrevista realizada por Jordi Évole a Pau Donés en sus últimos días. ¿No demuestra que, si todos los enfermos incurables tuvieran a su alrededor a sus seres queridos, una atención médica especializada, un entorno hogareño (asistencia domiciliaria) llegarían a la misma conclusión que este cantante? Que no hacía falta adelantar la llegada de la muerte, que cada día merecía la pena vivirlo, y que lo que de verdad se desea es vivir lo más posible.

Empezábamos diciendo que quizás cuando lean este artículo, el Congreso ya habrá aprobado la ominosa ley, aunque luego tenga que pasar por el Senado. Algunos creemos en las remontadas, en que la razón y el corazón pueden iluminarse de nuevo para buscar respuestas en verdad y justicia. Frente al miedo a la muerte y al sufrimiento, la fortaleza del amor expresado en los cuidados, el acompañamiento, la escucha, la puesta en marcha de instituciones, leyes y recursos suficientes para no dejar a nadie atrás, para que se defienda eficazmente el derecho fundamental a la vida. Los únicos vencidos son los que no luchan, y la esperanza es la virtud del que lucha. Luchemos con las armas de la fe y la razón, y con las del testimonio y el ejemplo con nuestros prójimos, que nadie se sienta solo y abandonado.

Para profundizar:

https://conferenciaepiscopal.es/nota-de-la-comision-ejecutiva-sobre-la-ley-de-la-eutanasia/

https://conferenciaepiscopal.es/la-vida-es-un-don-la-eutanasia-un-fracaso/

Samaritanus Bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe: https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/09/22/carta.html

Sembradores de esperanza de la Conferencia Episcopal Española:  https://www.conferenciaepiscopal.com.es/sembradores-de-esperanza-acoger-proteger-y-acompanar-en-la-etapa-final-de-esta-vida/

Resumen del Informe del Comité de Bioética de España sobre la eutanasia  https://plataformacuidando.org/resumen-del-informe-del-comite-de-bioetica-de-espana-sobre-la-eutanasia/?fbclid=IwAR0BlzIdaUxJ34zapQax4HAIiz3bEmf6_swRv0FXx2ZqyDEiaZOALRgKv1M

¿Estar a favor de la Eutanasia es de izquierdas?  https://ahoramqnunca.blogspot.com/2020/11/estar-favor-de-la-eutanasia-es-de.html?fbclid=IwAR2qeTEZpeNY6XsLFyWAu4_sLBI5GN_4ATBh4wA5LidvctD7713pNSPomX0

12 argumentos no religiosos contra la eutanasia que han sonado con fuerza con los datos recientes  https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/816951047/12-argumentos-no-religiosos-contra-la-eutanasia-que-han-sonado-con-fuerza-con-los-datos-recientes.html?fbclid=IwAR0tBbHOI2FmSmZaN4Hf33N61Eyz6-A0Q5S_N1hoRJnFsh-gRZIwc1Y9l3Q

Decenas de reconocidos juristas y el Comité de Bioética dan un varapalo al Gobierno con la eutanasia  https://www.religionenlibertad.com/espana/867948437/juristas-comite-bioetica-varapalo-gobierno-eutanasia.html?fbclid=IwAR3vbbtPtqrch9xQYWJbzUM97S-U_1i29QFPA7MZRHXAaYsy-AZstdv3Yvg

La ONU condena que la ley «permita la eutanasia por motivos de discapacidad» https://www.abc.es/sociedad/abci-condena-ley-permita-eutanasia-motivos-discapacidad-202012160120_noticia.html

Covid, escuela y política

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Samuel Valderrey, profesor de secundaria en Navarra

Ya han pasado meses desde aquel 14 marzo cuando se cerraron escuelas en España y se mandó a profesores y alumnos a casa. En medio de esta segunda onda de la pandemia, creemos que ya estamos en condiciones de echar la mirada atrás, reflexionar sobre las consecuencias que han tenido las medidas tomadas tanto para niños y jóvenes, familias y profesores como para la propia escuela. Nos atrevemos a cuestionar las medidas tomadas en base a estudios científicos y a la falta de una elaboración de protocolos de forma horizontal en colaboración con las familias y los profesionales del sector. Se nos hablaba de una nueva normalidad, pero lo que estamos viviendo es una nueva realidad.

Tocados por el confinamiento

A nadie nos cabe duda que los niños han sido los más maltratados en el confinamiento, los perros han estado mejor considerados, pudiendo salir a la calle desde el primer momento. Hemos tenido el confinamiento más estricto de toda Europa. Los niños desaparecieron de los colegios y de las calles. El vicepresidente Pablo Iglesias tuvo que pedirles perdón cuando empezaron a poder salir (en horas limitadas). La propia OMS sitúa a niños y adolescentes entre las principales poblaciones de riesgo en salud mental debido al confinamiento. Según algunos estudios, uno de cada cuatro niños sufre ansiedad tras el encierro[1]. Quizá podemos pensar que los niños se están adaptando bien a todo (protocolos, nuevas medidas, distancias) y así lo vemos los profesores, pero… ¿sabemos lo que viven por dentro?[2]. Siguen percibiendo que les estamos robando tiempo precioso de abrazos, tocarse, socializar, jugar, soñar, experimentar. Una de las imágenes que nos viene a la cabeza cuando pensamos en niños y confinamiento es la de éstos frente a las pantallas y no olvidemos que la sobreexposición a las pantallas tiene nefastas consecuencias para el cerebro infantil en desarrollo[3].

De la noche a la mañana los padres se convirtieron en los maestros de sus hijos. Muchos sin saber, y sin poder, han tenido que estar al pie del cañón. Hemos asistido a una gran brecha según familias. Familias donde hay recursos, formación, internet…los padres han sido el gran apoyo de esos niños, pero… ¿donde todo eso no lo hay?. Las familias con trabajos precarios, separados, familias que no llegan a fin de mes, trabajadores “esenciales”, etc,¿cómo lo han hecho? ¿cuántos se han quedado atrás por su realidad familiar y social?. No somos conscientes de la realidad sangrante y la violencia que se ha podido generar en muchas familias, además de poner de manifiesto incapacidades y frustraciones.

¿Y los profesores? A nivel personal hemos hecho lo que hemos podido, no tengo duda que mayoritariamente hemos intentado sacar lo mejor de nosotros mismos. Nos encontramos con una situación inesperada (como el resto de la población). Recuerdo cómo compañeros del colegio se empeñaban en dar fotocopias a los alumnos el día previo al confinamiento, pensando que era cuestión de un par de semanas. Esto evidencia la falta de conciencia y desorientación que teníamos. De un día para otro clases sin alumnos, y todos a casa. Nos hemos tenido que reinventar. Grabar clases, preparar tareas, generar nuevos recursos, formación express en nuevas aplicaciones y plataformas, etc. El comentario habitual es que hemos duplicado la jornada (responder correos, videollamadas, llamadas a padres, orientar, aconsejar, recordar,..). Nos consta la dificultad de dormir, estrés, atender hijos (los que los tenían) y alumnos. Cierto es que en muchos casos nos hemos convertido en “inspectores de la tarea realizada”. Aunque también hemos sido capaces de dar ánimos a nuestros alumnos con infinidad de vídeos realizados por profesores de varios centros dando mensajes de ánimo para sobrellevar el confinamiento.

También en esta pandemia los profesores hemos aprendido (en palabras de varios profesores[4]): “La importancia de una clase presencial” ; “Con emoción se aprende mejor” “Se ha demostrado quién tiene vocación y quién es un burócrata”; “La importancia del acompañamiento del docente” “La implicación de las familias en la enseñanza” “A buscar una enseñanza menos memorística” “Ha quedado en evidencia que hay educación de primera y de segunda” “La fragilidad del sistema” “Las grandes desigualdades sociales, que en el aula se diluían”; “Nos ha hecho reflexionar por el modelo de escuela por el que queremos luchar”.

Es cierto que las autoridades educativas han reaccionado tarde, la información ha sido escasa y muy desde arriba. Además, entre el profesorado había incertidumbres e inseguridades para afrontar la nueva situación (protocolos, nuevas maneras de funcionar en las aulas, miedo al contagio propio y al de los alumnos…), pero también es cierto que ante el inicio del nuevo curso quizá también debemos hacer autocrítica. Como colectivo el profesorado ha estado AUSENTE, no hemos tomado iniciativa, en vez de ser propositivos e intentar ser respuesta, hemos esperado a que se nos diga lo que hacer, no hemos defendido la “esencialidad de la escuela”, no hemos luchado políticamente para cambiar la situación.

 

Las escuelas permanecieron cerradas, ¿por qué?

Nuestros gobernantes todavía no han pedido perdón por no abrir los colegios, cuando 22 países europeos ya habían abierto las escuelas infantiles y de primaria, y/o de los últimos cursos de secundaria, en mayo y en junio, y ya había datos que apuntaban a una baja transmisión del virus entre niños y jóvenes. En abril se publicaron los trabajos de Russell M Viner[5], y otros que ponen de manifiesto que la transmisibilidad en niños es mucho menor que en adultos (con un 56% de menor riesgo de ser contacto infeccioso), y cuando no hay datos de la efectividad del cierre de escuelas en el control de la transmisión de la enfermedad. A finales de abril y primeros de mayo, veíamos cómo muchas de las escuelas europeas abrían sus puertas y según lo que manifestaron los ministros de educación de la UE en una videoconferencia[6] realizada en mayo, la reapertura de las escuelas no supuso un aumento significativo de contagios entre los niños, los profesores o las familias. Por si a nuestras autoridades no les valían estos datos e informaciones que venían de Europa, en España se confirmaban datos muy bajos de contagios entre los más jóvenes, de hecho, los menores de 19 años eran el 1,2% de los contagios confirmados, el 0,6% de los que han requerido hospitalización y solo se han registrado 8 fallecimientos en esas edades[7].

Entonces…¿por qué no se abrieron en España los colegios? La OCDE nos ha situado entre los países que más tiempo ha tenido cerrados los colegios -16 semanas, frente a las 14 de media- por el coronavirus[8]. ¿Por qué no seguimos el caso de Dinamarca u otros países europeos? Dinamarca fue el primer país europeo que abrió escuelas (15/04/20). Se ha considerado un caso de éxito. Nuestros responsables políticos se podrían haber preocupado de estudiar las medidas[9] que tomaron y cómo afrontaron esa reapertura. Viendo la experiencia de otros países europeos y los datos de bajo contagio, está claro que aquí podríamos haber seguido el mismo camino, pero nuestro gobierno optó por mantener cerradas las escuelas. Algunos pensamos, que aunque quedara un mes o mes y medio para acabar el curso, hubiera sido un buen momento para probar protocolos, toma de contacto ante una nueva realidad que se avecinaba, e intentar amortiguar los efectos tan dañinos que el duro confinamiento provocó en niños y jóvenes.

 

¿La escuela del miedo? Medidas y protocolos

Podemos entender (aunque nos cueste) que en medio del confinamiento pudiera ser complicado tomar la decisión de abrir escuelas por miedo a la propagación de la enfermedad, pero tras un verano de por medio y ante el inicio del nuevo curso...¿por qué no se hizo caso al informe ECDC[10] (Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades) donde ya el 6 agosto hablaba de que según las investigaciones de casos identificados en entornos escolares sugieren que la transmisión de niño a niño en las escuelas es poco común y no es la causa principal de la infección por SARS-CoV-2 en niños. Este informe aporta algo esencial a la hora de establecer políticas de cierre de escuelas, y es que la mayor contagiosidad se da en entornos domésticos y no en escolares. ¿Nos podríamos haber evitado tanto protocolo e ir a lo esencial?

¿Por qué se pone la escuela patas arriba ante una incidencia del virus tan baja? Con las medidas impuestas como no jugar al balón, distancias en las aulas, cambios metodológicos en materias (Educación Física, Tecnología, laboratorios,..), supresión de extraescolares, evitar el trabajo más manipulativo en infantil, acabar con el trabajo en equipo, dificultad para socializar, ¿estaremos generando una escuela del miedo?. Recuerdo cuando se dio un caso positivo en una clase, los alumnos echaban en cara el contagio a su compañero con cierto desprecio. Con los niños y jóvenes cala lo emocional, la comunicación no verbal, y parece que todo lo que les transmitimos es miedo: “no eres bienvenido”, “no toques”, “no hagas”, “cuidado”, “súbete la mascarilla”, “no compartas”… ¿Estaremos promoviendo unas generaciones hiper vulnerables? Ansiosas, con miedos, con sentimientos de culpa, con carencias de juego, de socialización, tal vez deprimidas e incluso obsesionadas con la limpieza. Hemos visto como alumnos de forma casi compulsiva se echan hidrogel por miedo a contagiarse, familias que nos preguntan a principio de curso si era seguro llevar a los niños a la escuela. Es evidente, que a esas alturas ya teníamos todos los datos expuestos anteriormente, pero no se ha informado correctamente a la ciudadanía, se ha preferido hacer “terrorismo informativo” por los mass media  tratando a los estudiantes casi como si fueran delincuentes por bajarse la mascarilla mientras almorzaban. La propagación del miedo y el temor ha sido una constante diaria.

Con tanto protocolo… ¿no estaremos matando moscas a cañonazos? Sabiendo lo que ya sabemos del virus y su bajo contagio en colegios y entre niños, tenemos que ir volviendo a la esencia de la escuela. Transcurridos ya unos meses del inicio de curso se confirma la tendencia que ya se apuntaba en abril, la incidencia del virus en el ámbito escolar es insignificante. En estas gráficas, extraídas del informe epidemiológico semanal y del comité técnico de coordinación por Covid19 por la educación de Navarra, podemos ver con cierta claridad que la incidencia en la edad escolar es similar a la del resto de la población, y lo importante es que se mantiene en esa media antes y después del inicio del curso (semana 36-37)[11]. Es decir, la apertura de colegios no ha disparado los contagios, la escuela es un lugar seguro. Las conclusiones de dicho comité técnico declaran que “el funcionamiento de los centros escolares no influye en la incidencia de la enfermedad en la población”[12].

Habiendo analizado, estudiado, contrastado y dialogado los datos y reflexiones anteriores nos atrevemos a cuestionar las medidas tomadas y nos preguntamos… ¿son medidas desproporcionadas? El Ministerio de Sanidad creó una guía-protocolo[13] de actuación para los centros educativos. La mayor parte de la guía lo han copiado las distintas comunidades autónomas para aplicar en sus territorios, pero al igual que existen 17 sistemas educativos, existen también 17 protocolos distintos según comunidad, que difieren a la hora de plantearse la presencialidad y la gestión de los casos, y otros aspectos curiosos como la toma de temperaturas, hay comunidades que comprueban la temperatura a su alumnado y otras que no toman esta medida.

Respecto a la presencialidad nos encontramos que comunidades como Castilla y León, Galicia, Cantabria, Cataluña, Navarra tienen presencialidad total en todos sus cursos, y en otras como Madrid, Aragón, Asturias, Murcia la educación es semipresencial desde 3º ESO (o desde 4º ESO en Andalucía, y desde 2º ESO en Valencia). ¿Por qué estas diferencias entre comunidades?

Respecto a la gestión de casos también se dan muchas diferencias.

Cuando en un grupo de ESO se da un positivo, se aísla al positivo, y los rastreadores buscan contactos estrechos, sin confinar a la clase entera, (excepto en Cataluña y Madrid, que se procede de forma diferente).

Mientras, en infantil y primaria, a pesar de haberse demostrado que los menores de 12 años presentan menor incidencia de contagios, se aíslan clases enteras con sólo un positivo en el aula, considerando a toda la clase contacto estrecho. En Navarra y Cantabria esto se hace en toda primaria, en Asturias hasta 4º de primaria, en Castilla y León y Galicia sólo infantil y primero de primaria, en Aragón desde octubre cambian el protocolo y dejan de hacer confinamientos masivos. Confinar alumnado innecesariamente además de lo que supone de dificultad para la conciliación de las familias, es una manera de volver a vulnerar el derecho de los menores de ir a la escuela.

Es necesario exigir que a los grupos de primaria se les trate como a los de secundaria, ya que llevan mascarilla, y cumplen los protocolos similares a los de secundaria, y además sabemos por los estudios que de 0-12 años la transmisión del virus es muy baja. Manteniendo las medidas higiénicas de lavado de manos y ventilación debería ser suficiente. Hay voces destacadas del mundo de la medicina y la pediatría que están insistiendo en la necesidad de ir volviendo a la normalidad en la escuela lo antes posible. Expertos epidemiólogos de EEUU en una declaración[14] avalada por más de 40.000 especialistas constatan que ya el conocimiento del virus es creciente y no hay razón para seguir con unas medidas que pueden ser irreparables, y sobre las escuelas y los niños lo tienen claro: “Las escuelas y universidades deberían abrir para una enseñanza presencial. Las actividades extracurriculares, como los deportes, deberían reanudarse.”

 

Cambiemos los protocolos

1- Hemos conocido pequeñas acciones de personas y colectivos que buscan cambiar algunos de estos protocolos, como por ejemplo, el hecho de que no se confinen clases completas.

  • Una carta de profesores y familias al departamento de educación de Navarra, al defensor del pueblo y a la prensa, apelando a que el propio vicepresidente de Navarra ha dicho que “los contagios se producen extra escuela y que el confinamiento no beneficia a los niños”.
  • Recogida de firmas de padres y profesores del Baztán (zona de Navarra) para solicitar cambios en los protocolos covid en los centros, porque son “medidas extremas y contradictorias que vulneran las necesidades vitales del desarrollo infantil”, manifiestan.
  • Equipo directivo de un centro de Berriozar, solicitan no confinar infantil y primaria, y recogen la advertencia de la OMS (Michael Ryan) declarando que “los confinamientos tienen que ser el último recurso para frenar la transmisión del virus”. Hablan de la escuela como lugar seguro ya que el contagio en la escuela es muy bajo. Además, citan a Antonio Guterres (secretario general Naciones Unidas) en la que insta a las autoridades competentes a que la “educación sea verdaderamente un objetivo prioritario”.

De todos los confinamientos de clases enteras que hemos conocido, el caso positivo se produjo fuera de la escuela. Además el profesorado de educación física en Navarra[15] ha solicitado a Educación que se autorice el uso de juegos con materiales como el balón durante los recreos escolares argumentando que la incidencia de contagio en esa práctica es muy escasa y se han ofrecido para colaborar con las direcciones de los centros en la elaboración de un listado de actividades de práctica deportiva en ese espacio lúdico del recreo.

2- Otra línea de denuncia que muchas asociaciones de madres y padres están solicitando es volver a la presencialidad total. La FAPA Francisco Giner de los Ríos de Madrid[16] ha exigido la presencialidad para todas las etapas, porque supone un agravio comparativo con otros cursos. No olvidemos que a quien más perjudica la no-presencialidad es a los más vulnerables.  Además denuncian, falta de coordinación entre consejerías de salud y educación, no se han habilitado los recursos que se prometieron, se delega en los centros la gestión de casos, pero los teléfonos comunican, y mucho más quejas que manifiestan en su comunicado.

3- Cuando un alumno está confinado es importante garantizar las clases online y el seguimiento del mismo. Pensemos que nos estamos encontrando con alumnos que pueden estar empalmando varios procesos de contagio en casa (padres, hermanos,…) y se pueden pasar hasta 1 mes sin ir a clase.

Nos alegran mucho estas acciones pero no dejan de ser puntuales. Si entendemos que la escuela es esencial, ¿vamos a seguir tolerando estas diferencias de trato por comunidades? ¿Vamos a seguir callados ante la falta de una información científica y veraz? Es necesario que profesores, familias y toda la sociedad demos una respuesta asociada y política ante lo que estamos viviendo. Las tres propuestas anteriores de mejora se pueden implementar si se exigen. También otras como:

  • En algunas CCAA como Cantabria la indicación de PCR a los niños se hace sin valoración previa de un pediatra. A niños con un único episodio breve de cefalea o un único episodio de vómito se les están realizando PCR sin que un pediatra valore su necesidad, simplemente porque se activa el protocolo en el centro escolar. Así se están haciendo más PCR y aislamientos que los necesarios. Y se sobrecarga de trabajo, inseguridad y estrés a los profesores, que saben que pueden tomar una decisión (activar el protocolo) que desencadena una cascada de intervenciones, que quizá la valoración de un profesional sanitario formado para ello las evitaría.
  • Algunos centros escolares están cerrados a cal y canto, cosa que no ocurre con la inmensa mayoría de instituciones de la sociedad. Los niños no salen a realizar actividades como aprender matemáticas con elementos de la propia calle (como la numeración de los portales) y no se permite entrar a los padres/madres a realizar talleres. Todo ello se podría realizar con las medidas preventivas oportunas. Es evidente que hay aspectos de la enseñanza que por razón de pandemia han de cambiar, pero este hermetismo de algunos colegios no tiene justificación científica.

 

El covid como oportunidad para plantearnos una escuela que sea respuesta

Este virus ha destapado muchas injusticias que ya se vivían pero quizá no las queríamos ver en varios sectores de la sociedad (hacinamientos en casas, condiciones laborales de los “esenciales” y de los trabajadores de plataformas delivery, condiciones de explotación en el mundo de los cuidados, residencias…), también ha ocurrido con la escuela. Se ha puesto encima de la mesa no sólo una brecha digital, sino una brecha social que ya existía. Algunos datos en España[17] que nos deberían hacer pensar:

  • En 2018, casi el 30% de los menores, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las tasas más altas de Europa.
  • La educación y la pobreza están estrechamente vinculadas. En España, en 2018 el 33,7% de las personas con educación primaria o inferior estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con sólo un 12,6% de personas con educación superior. Los estudiantes con desventajas económicas son 6 veces más propensos a repetir el año.
  • España lidera la UE en abandono escolar, con una tasa de deserción temprana del 17,9% en educación y formación en 2018.

Ante esta realidad nos debemos preguntar, ¿cuál es la misión de la escuela obligatoria? ¿Debe ser una escuela única igual para todos o más bien compensatoria de las diferencias? Sí, la desigualdad social, cultural, sanitaria y económica creciente en España entre las familias – tanto nativas, como de inmigrantes-, sugiere sostener y mejorar la escuela obligatoria como amalgama interclasista y solidaria y como medida compensatoria de las diferencias. No podemos permitir una escuela obligatoria que aporta a muchos muchachos su primer gran fracaso de la vida, los suspende, los hace repetir sin obtener su título. El mejor remedio contra el fracaso es un apoyo compensatorio para los atrasados realizado por la propia escuela. Debemos exigir una escuela mejor para los que más lo necesitan. Quien fracasa es la sociedad y sus escuelas, no los niños suspensos o desertores.[18]

¡La educación es un tesoro extraordinario de la humanidad![19] Un gran tesoro social más que individual. Ojalá las escuelas dejaran de ser una pieza más del engranaje económico, para ser lo que deben ser, instruir lo básico y elemental. Nadie educa a nadie, ni siquiera a sí mismo; nos educamos juntos mediatizados por el mundo[20]. La escuela nos ayuda a educarnos cuando muestra los desafíos de la vida colectiva. Y…¿cómo se hace eso? Se trata de enseñar este mundo real, duro e injusto, no unos programas a la deriva. Compensar desigualdades, no seleccionar alumnos. Ayudar a crecer a cada cual, no clonarlos. Se trata de afrontar la vida colectiva desde las asignaturas. “La clase no se da, se celebra”, porque nos implica. Encontrar cómo sus desafíos nos relacionan con la naturaleza, historia, con los demás, y con ese Misterio que nos habita y rodea. Más importantes que los exámenes son saber captar y cultivar las relaciones personales. ¡Qué poco conectamos con los símbolos! Todos somos esos vínculos que nos relacionan unos con otros, la música, el pueblo, los hobbies, las relaciones, amigos, las profesiones.[21]

Aunque lo central para que la escuela sea respuesta está expuesto, también hay más claves que la escuela debe reflexionar como la tan manida petición de bajar ratios, no tanto para trabajar menos, sino para acompañar e instruir mejor. No hay tarifa plana para todos los alumnos. En el aula hay una gran diversidad que atender y se hace más complicado con clases muy numerosas. Debemos plantear una escuela abierta: a las familias, donde se vayan extendiendo las  comunidades de aprendizaje; a otros profesionales que enseñan desde su profesión y complementan la labor docente; a la naturaleza, los espacios naturales y el aire libre son los mejores aliados para una nueva escuela[22]; a un sentido práctico, que conecte y se pueda aplicar a la  vida real. Nos debemos preguntar por qué a los alumnos de determinadas edades la escuela les resulta aburrida. Debemos poner en juego la creatividad de profesores, familias, alumnos y expertos para responder a circunstancias extraordinarias como esta pandemia.

Para que la escuela sea respuesta también necesitamos un pacto educativo. No podemos permitir que haya 17 formas de llevar a cabo la escuela (una por comunidad), ¿no está generando grandes diferencias?[23] El sistema educativo y la escuela siguen siendo motivo de instrumentalización y polarización política. Es evidente que los intereses partidistas (tanto de la supuesta izquierda como de la derecha) les nublan para buscar el bien común, si no se pondrían de acuerdo. Desde la transición se han sucedido 7 leyes educativas[24], y vamos a por otra, la denominada ley Celaá. No es objeto de este artículo analizarla, pero dejamos nota al pie de un artículo que reflexiona con gran lucidez sobre la misma.[25] ¡Ya estamos cansados! Queremos una ley para la escuela obligatoria de largo recorrido para generaciones enteras, donde lo que prime sea una instrucción básica y elemental que pueda compensar las diferencias sociales que tenemos, si no los últimos serán siempre los más perjudicados.[26]

Pienso que el grueso de los docentes procura dar lo mejor de sí para acompañar a cada alumno. Es fundamental, nunca tirar la toalla, y no ver a los alumnos como números, sino personas en toda su integridad, nos debemos obligar a pensar en ellos no en cómo son ahora sino en lo que están llamados a ser[27]. También debemos dar la batalla política, asociarnos para promover una escuela compensatoria. Decía Milani, que enseñando se aprendían muchas cosas como por ejemplo “he aprendido que el problema de los demás es igual al mío. Salir de él todos juntos es la política. Salir solo, la avaricia”.[28] Ojalá, la covid 19 sea la oportunidad que necesita la escuela para hacer justicia con los últimos y más vulnerables[29]. ¿Nos ponemos manos a la obra?

 

Notas

[1] Informe Unicef. Salud Mental e infancia en el contexto Covid19

[2] Según uno de los primeros estudios disponibles sobre el impacto emocional de la cuarentena de niños, niñas y adolescentes de España e Italia (Universidad Miguel Hernández), el 85,7% de los padres han constatado cambios en el estado emocional y en el comportamiento de sus hijos, siendo los síntomas más habituales la dificultad de concentración, el desinterés, la irritabilidad, la agitación, el nerviosismo, los sentimientos de soledad, la inquietud y la preocupación.

[3] Las pantallas pueden ser un complemento, nunca un sustituto del mundo real. Su proliferación supone el retroceso hacia una educación pensada como mera transmisión de conocimiento bancario. (Paolo Freire). “Es crucial la interacción de los adultos con el niño durante su uso ya que sigue habiendo pruebas sobre los riesgos del uso excesivo de los medios digitales como son el aumento del sedentarismo y del Índice de Masa Corporal(IMC), la disminución de las horas de sueño y la alteración en el desarrollo cognitivo, social o emocional, entre otros” (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, 2018)

 

[4] Respuestas seleccionadas de varios profesores en el Foro de Educación de EL PAÍS

[5] Revisión sistemática de Rusell M. Viner y otros. The Lancet 6 abril

[6] The Guardian. 18-05-20

[7] Datos del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. 29-05-20

[8] En España sólo se dio la opción de acudir a alguna clase a alumnos que estaban preparando la EVAU.

[9] Grupos pequeños (10-12 alumnos) de forma permanente con un maestro. Entradas escalonadas. Dividir patios. Las autoridades reservaron los parques públicos para niños en horario escolar y pusieron a disposición de las escuelas, hoteles, bibliotecas, museos, centros de conferencias. Los menores de 12 años nunca han tenido obligación de llevar mascarillas. Higiene de manos frecuente y limpieza material escolar dos veces al día.

[10] ECDC- Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades. 6-08-20

[11] Vigilancia epidemiológica de Navarra. Semana 23-29 noviembre 2020

[12] 5ª reunión del Comité técnico de coordinación COVID-19 por la educación en Navarra. 20-11-20

[13] Guía de actuación en centros educativos ante Covid19

[14] Declaración de Great Barrington

[15] Noticia Profesorado de Educación Física solicita de uso de materiales como el balón en los recreos

[16] Comunicado de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Giner de los Ríos de Madrid. 20-10-20

[17] Informe del Relator de la ONU sobre su visita a España. Febrero 2020

[18] Apuntes y notas del libro  “Con la escuela hemos topado”. Corzo,JL. Junio 2020

[19] Informe Unesco de J.Delors

[20] Pedagogía del oprimido. Freire, P

[21] Apuntes y notas del libro  “Con la escuela hemos topado”. Corzo,JL Junio 2020

[22] Actuación para la actividad educativa en la naturaleza. EdNA-Asociación educación en la naturaleza.

[23] ¿A que se deben las diferencias entre comunidades? Análisis de resultados informe PISA. 3-12-19

[24] De la LGE a la LOMCE.

[25] El examen sorpresa sobre el sistema educativo. (Reflexión a propósito de la «Ley Celaá»). www.solidaridad.net. Manuel Araus

[26] La LEY CELAÁ, desde los últimos. www.encuentroysolidaridad.net. Nuria Sánchez

[27] Imagen sugerente del Pintor René Magritte a la hora de pensar en nuestros alumnos.

[28] Apuntes de “Carta a una maestra”. Muchachos de la Escuela de Barbiana. Lorenzo Milani.

[29]  Igualdad no significa justicia

 

La LEY CELAÁ, desde los últimos.

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Nuria Sánchez Díaz de Isla

La LOMLOE o Ley Celaá ha reabierto en nuestro país el debate sobre la educación. Esta ley, planteada sin consenso, ni diálogo social suficiente, enfrenta una vez más a la sociedad española en  temas como  la educación especial, el tratamiento del castellano, el papel de la educación concertada, o la asignatura de religión entre otros.

Viene a sustituir a la LOMCE, ley que fue igualmente aprobada sin consenso ni diálogo, y sin dar respuesta real a los grandes problemas educativos de nuestro país.

La LOMLOE afirma:  «La finalidad de esta ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos».

En España crece a pasos agigantados la pobreza y la desigualdad social. Que se hable de oportunidades y calidad para todos, suena bien, muy bien. Hay una brecha enorme entre la infancia empobrecida de nuestro país, y la infancia rica en estímulos y recursos personales, sociales, económicos y educativos. Y la escuela en estos momentos, no consigue, ni a penas se plantea, una auténtica y real compensación de las dificultades socioeconómicas y culturales del alumnado. Esta ley, a pesar de las buenas palabras, tampoco lo hace.

Si de verdad quisieran poner a los últimos en primer lugar, se buscaría un gran pacto político en educación, sin prisas, con diálogo, sin chapuzas, sin aprobar algo que está llamado a durar lo que dure un gobierno.

Si de verdad importase el aprendizaje de los más pobres, se intentaría la colaboración de todo tipo de escuelas, sin enfrentarlas, dotando tanto a las escuelas de titularidad estatal, como a las concertadas de  los recursos suficientes para poder sostenerse sin fondos proveniente de las familias que pueda servir de segregación. Pagar no digo 600, sino 60 euros al mes, es impensable para muchas familias. Es cierto que esta cantidad de dinero dificulta la entrada de familias con dificultades económicas. Es verdad que hay escuelas concertadas con ánimo de lucro, pero también es verdad que las hay, y muchas, con ánimo de servicio, que de hecho son deficitarias sin este apoyo de las familias. Las escuelas concertadas con voluntad de servicio pueden ser una pieza fundamental para la equidad educativa. La asfixia estatal de estas escuelas es además de un grave error estratégico, un fuerte ataque a la libertad de enseñanza.

Si de verdad existiese en esta propuesta un afán solidario, se evitaría la interesada confusión entre escuela pública y estatal. La escuela pública es del pueblo, de las familias, de la sociedad, que puede y debe organizarse y crear sus propios colegios, con pluralidad de planteamientos y sensibilidades. El Estado, con sus escuelas, debe llegar donde la sociedad no llega, de manera subsidiaria, no al revés. La «mercantilización» de la educación no es una buena noticia para el pueblo, pero la «estatalización» tampoco lo es.

Si de verdad se quisiese «compensar» las dificultades del alumnado que ni visita museos, ni se puede pagar clases particulares, o viajes al extranjero, el acento central de la ley sería el de ofrecer una enseñanza que permita dominar la palabra, el conocimiento, las lenguas, la matemática, la historia, la ciencia… Dejando en un plano muy secundario el afán ideologizador y de modelaje del alumnado que impregna toda la ley.

Si de verdad hubiese voluntad de promoción integral de los más débiles, no habría problema en aceptar la religión, como una asignatura más, asignatura optativa, que completa y enriquece la formación personal, que ayuda a entender la cultura que hemos heredado y que ayuda a profundizar en las grandes cuestiones humanas.

Si de verdad el objetivo fuese evitar el fracaso educativo del alumnado con más dificultades, no se hubiese hecho esta ley sin escuchar a los equipos docentes, al profesorado, que desea un pacto educativo. Y sin escuchar al propio alumnado, especialmente al que tiene más dificultades, y a sus familias, a quienes sobran buenas palabras y falsos debates, y necesitan compromiso real y efectivo, y acuerdos globales y estables que ayuden a crear una escuela verdaderamente solidaria.

El sistema educativo, no es otra cosa que un subsistema al servicio del sistema económico, que busca más que promocionar integralmente, atender en cada momento las necesidades de éste. Es fácil imponer una ley educativa que hable de equidad, aunque si realmente se busca equidad y justicia, el verdadero desafío está una vez más en un sistema político y económico que actualmente aplasta a infancia y familias. Trabajo digno, vivienda digna, barrios dignos, transparencia y honradez política, son buenos puntos para empezar a trabajar por la justicia, si de verdad se quiere.

¿Están en peligro la organización social y los derechos civiles?

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Fuente: ctxt.es

CTXT contexto y acción

Nuria Alabao / Pastora Filigrana

En defensa de la organización social y las protestas

Si actos como el aniversario de un medio de comunicación son legales por constituir “actividad institucional” no restringida por el estado de alarma, es lógico considerar que las reuniones de movimientos sociales, AMPAS, sindicatos… lo sean también.

Durante esta pandemia estamos siendo testigos de un estrechamiento del espacio público. Lo colectivo está perdiendo tensión y fuerza, mientras la inseguridad y el miedo se viven cada vez más en soledad. Los movimientos sociales y los sindicatos de base llevan tiempo debatiendo internamente qué hacer con las restricciones impuestas para el control de la pandemia. Muchos ya no se reúnen presencialmente, solo de forma virtual, con las limitaciones que eso significa, o incluso han dejado de verse las caras. Otros están intentando mantener sus actividades, a pesar de todas las dificultades, inventando formas nuevas, y cada vez vemos más protestas públicas. Las dudas sobre qué hacer están ahí, nunca habíamos vivido nada parecido: ¿podemos convocar concentraciones o manifestaciones y de qué tipo? ¿Vale la pena? ¿Estamos siendo responsables? ¿Es legal reunirse? ¿Nos pueden multar por ser más de seis? ¿Cómo se para un desahucio en estas condiciones? ¿Qué hacemos si intentan desalojar nuestro centro social durante el toque de queda?

Lo cierto es que, sorprendentemente, ni en las leyes que declaraban el anterior estado de alarma, ni en el actual, aparece ninguna mención a la actividad política y sindical. Aunque sí se recoge un apartado expreso sobre las restricciones de aforo en lugares de culto con el objetivo, dicen, de “garantizar el derecho de culto”. Sin embargo, el ejercicio de los derechos políticos no parece merecedor de un apartado especial. En los medios, e incluso en las redes, apenas se habla del tema, como si los considerásemos algo irrelevante. Por desgracia, el escaso discurso público sobre la restricción de derechos fundamentales parte únicamente de los elementos más extremos de la derecha. Lo que llamamos izquierda ha abandonado su defensa y ha asumido el marco de que lo más ‘responsable’ es reivindicar las medidas restrictivas en casi cualquier caso, a pesar de que podemos empezar a percibir un cambio de sentido común sobre estas respecto de la primera oleada cuando apenas nadie se salía del guion. (Recordemos que el reconocimiento de estos derechos ha llevado siglos de pelea por parte del movimiento obrero y que todavía hoy hay que seguir peleando la posibilidad de poder luchar –la Ley Mordaza es un ejemplo).

Ya sabemos que organizarse es bastante complicado de por sí. Este escenario lo dificulta aún más. Lo virtual, la división en grupos más pequeños para reunirse, la delegación de la toma de decisiones en comités están minando, en muchos casos, las formas de democracia interna de las organizaciones –una cuestión en la que andamos siempre enzarzadas–. En organizaciones –como la PAH– donde buena parte de la militancia pertenece a sectores sociales que tienen menos dominio de las herramientas tecnológicas o posibilidad de usarlas, esta situación está dificultando la participación de estas personas. Entendemos la urgencia, pero sabemos que a largo plazo puede tener consecuencias, genera tensiones internas y malestares que pueden afectar a las capacidades de la organización. “Es pasajero”, pensamos, pero no sabemos cómo quedará el tejido social cuando esto termine –ni cuándo lo hará–, quizás cuando más necesario sea un tejido movimentista fuerte.

La situación golpea pues duramente a los movimientos sociales y sindicatos de base justo en un momento en que necesitamos más fuerza para pelear por el sentido de las medidas de reconstrucción y por qué parte de los fondos europeos vamos a ser capaces de ganar para redistribuir entre los de abajo. ¿Qué hacemos si los préstamos llegan condicionados desde Bruselas a nuevos recortes?

Hoy ya estamos atravesando esta extraña crisis que deja colas infinitas en los repartos de alimentos y cuyo fin es incierto, una crisis que se superpone sobre los coletazos de la anterior. Los desahucios se han reanudado, los cortes de servicios, hasta hace poco en moratoria, también. Hay gente sin casa a la que se recomienda o exige quedarse en ella. Hay gente sin agua y sin luz que no pueden irse al bar a calentarse. Sin embargo, el nivel de movilización es muy bajo. Pablo Iglesias ha pedido a los movimientos sociales que le exijan, que “su capacidad de presión es condición de posibilidad de que los gobiernos puedan hacer ciertas cosas”. No estaría de más, si esto piensa, que derogase la Ley Mordaza que ya se está aplicando en algunos lugares para desarticular a las PAHs mediante la imposición de multas de miles de euros a quienes paran desahucios o usan la desobediencia civil como parte de su estrategia política. La derogación de esta ley, que recordemos, fue una promesa del pacto de gobierno, ha quedado sepultada por su utilización para penalizar el incumplimiento de las restricciones de la pandemia. Pero la responsabilidad también está de nuestro lado: la de decidir que vale la pena seguir luchando, poner las condiciones para que pueda hacerse cumpliendo las recomendaciones sanitarias –en la medida de lo posible– y defender esta postura públicamente.

En general, estamos asistiendo a un nivel inaudito de autocensura en los movimientos sociales. A veces, la militancia está siendo más estricta a la hora de autorrestringirse que la propia ley. Dejamos de hacer reuniones que están permitidas, incluso pudiendo garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, o suspendemos movilizaciones públicas por miedo a dar una imagen de “irresponsables”. Aunque lo responsable, sin duda, es seguir movilizados. Es verdad que hay indeterminación legal –no siempre sabemos qué se puede hacer y qué no–, miedo a las multas, miedo al virus. Pero más allá de estos legítimos temores, hemos normalizado rápidamente que nuestra actividad política o sindical es prescindible, que no es una actividad “esencial” como trabajar o ir de compras. Como si la militancia fuese parte de nuestro ocio o algo que hacemos en nuestros ratos libres y que podemos, por tanto, suspenderla sin mayor consideración. La organización política y asociativa es esencial, sin embargo, para el buen funcionamiento democrático en todos los órdenes.

Por supuesto, mientras estemos obligados a trabajar –y tampoco podemos dejar de hacerlo si no nos garantizan renta suficiente para vivir–, la actividad sindical no puede ser algo prescindible. Si el trabajo no para, la lucha por reducir el nivel de explotación, tampoco. Hoy el nivel de conflictividad en las empresas está aumentando por la crisis y en breve vamos a vivir despidos masivos. Las patronales no necesitan reunir gente: les basta levantar teléfonos. Nosotros no tenemos más fuerza que la que seamos capaces de oponer o de hacer visible –sobre todo más allá de las redes–. Además, esta fuerza depende del conflicto que consigamos articular, pero las movilizaciones que se organizan telemáticamente nunca pueden alcanzar el nivel de conflictividad de aquellas que se organizan cara a cara. Cuando se genera confianza personal con el resto de militantes, cuando crees en el colectivo, el riesgo que estás dispuesto a asumir siempre es mayor.

¿Qué dice la ley?

Uno de los principales problemas es la indeterminación. Es difícil saber lo que se puede y no se puede hacer y tenemos constancia de que la policía está usando esta indeterminación para impedir formaciones o reuniones políticas, para disolver concentraciones, o incluso que se han llevado a gente de manifestaciones para multarlas por “tener la mascarilla mal colocada”. Hoy, supuestamente, podrían entrar a un centro social a contar las personas que asisten a una reunión e impedirla si consideran que las sillas no están a la distancia adecuada o excede el aforo, un ejercicio de control político inaudito que estamos naturalizando a la velocidad del rayo.

Como hemos señalado, el Real Decreto del estado de alarma del 25 de octubre no habla específicamente de actividad política y sindical. Lo único que nombra es el derecho de manifestación que podrá ser limitado, e incluso prohibido, cuando en la comunicación previa “no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios”. Entendemos que esto depende de una valoración que da lugar a un cierto margen de arbitrariedad que otorga mayor poder de control a las autoridades. Por otra parte, ¿cómo se garantiza la distancia de seguridad si estás intentando parar un desahucio?

Pero ¿están limitadas las asambleas políticas a seis personas? Respecto al derecho de reunión, el estado de alarma restringe las reuniones “familiares y de ocio”, tanto en espacios cerrados como al aire libre, a seis participantes –que pueden ser reducidas aún más por las comunidades– (De hecho el decreto es un marco normativo general que las comunidades pueden ajustar en sus territorios). Es decir, limita todo aquello que se supone iría incluido en el ámbito de las actividades realizadas durante el “tiempo libre”. Como hemos dicho, para el culto desarrolla un apartado especial que impone restricciones de aforo. El resto de actividades laborales e institucionales no tienen ningún tipo de restricción –salvo las que imponen las recomendaciones de sanidad y recogen los protocolos de riesgos laborales de distancia, mascarillas, etcétera–. Es decir, en principio, las oficinas, las fábricas o los call center pueden tener a cientos de trabajadores en la misma sala. Las tiendas, los comercios, los teatros y cines también pueden seguir abiertos al público. Los transportes –todos hemos visto imágenes estos días de metros atestados– no tienen ningún tipo de restricción legal de aforo.

¿Qué pasa con las actividades políticas que no son trabajo, ni culto, ni ocio? Ateniéndonos a la formulación de la ley, y dado que no hay un apartado específico que proteja el derecho fundamental de participación política y sindical, creemos que estas actividades podrían quedar recogidas en la excepción de la actividad “institucional”. Ya hemos explicado que no son actividades de ocio y tiempo libre y, también, que son esenciales para el funcionamiento democrático de una sociedad. Si actos como el aniversario de El Español son legales por constituir “actividad institucional” no restringida por el estado de alarma, es lógico considerar que las reuniones y actividades de asociaciones de vecinas, AMPAS, sindicatos, plataformas de vivienda, educación o sanidad pública lo sean también. Las PAHs y los Centros Sociales, sin duda, también son instituciones. Al quedar recogidas como actividades institucionales, también quedarían exentas del cumplimiento del toque de queda –una de las medidas de restricción de movilidad más extremas hoy–. Al menos para que las personas puedan regresar a casa después de una de estas actividades, tal y como recoge la ley.

Con la pandemia hemos visto claramente cómo la sanidad pública ha sido maltratada con contratos precarios y privatizaciones. Si todavía resiste, con limitaciones, es porque se frenó algo su desmantelamiento gracias a las luchas precedentes de la Marea Blanca. Por suerte, las movilizaciones en sanidad siguen hoy en plena pandemia. Asumimos que hace falta mucha más inversión pública en sanidad, en rastreadores, en test, en personal, etc. En lugar de inversión social y sanitaria en los barrios más depauperados, llegan más policías y prohibiciones. Como han explicado ya muchos especialistas, los determinantes sociales de la salud como la precarización laboral, la pobreza, los problemas en la vivienda o las injusticias ambientales, están relacionados con las políticas públicas y la desigual distribución del poder. “Así pues, las acciones de quienes tienen más poder y deciden las políticas son decisivas para salvar vidas o bien para matar desigualmente a la gente”, decía el investigador Joan Benach hace poco. Pedir responsabilidades a ese nivel implica movilizarse más allá de las redes para cambiar el sentido de los mensajes mediáticos y políticos que inciden en la responsabilidad individual frente a la colectiva.

Por tanto, tenemos que defender públicamente que la organización social y las protestas son necesarias para cuidar lo común –siempre que cumplan las restricciones sanitarias el máximo posible–. Esto no evitará determinados debates sobre qué actividades realizar y cuáles no y en qué condiciones. Sin embargo, el marco general de discusión será ya otro: el de que la actividad política y sindical es esencial y no siempre puede hacerse desde casa.

Cada colectivo o agrupación debería reflexionar sobre cómo realizar su actividad de la forma más segura posible. Todo ello, evidentemente, dando espacio a los miedos legítimos de los y las militantes y haciéndose cargo de que hay riesgos reales –no todos pueden asumirlos de la misma manera porque no partimos de la misma situación–. Como siempre, hay que intentar no dejar a nadie fuera y tratar de extender la posibilidad de luchar a todos, cualquiera que sea su condición social o su estado de salud. Por último, tendríamos que defender nuestras actividades de manera pública explicando los motivos por los cuales es imprescindible seguir con las actividades políticas en pandemia para empujar el sentido común. Como hemos dicho, luchar es una forma de fortalecer los derechos, la salud y el bienestar de toda la población, implica una responsabilidad con la comunidad. Hagámoslo oír.

CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU VECINO CORTAR….

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Javier Marijuán

Decía Montesquieu que el Poder Judicial es el más terrible de los poderes porque se ejerce directamente sobre particulares y puede privarlos de su vida y su libertad. Por esta razón, su diseño institucional siempre se encontrará sometido a tensiones. La división de poderes es uno de los requisitos imprescindibles de la democracia. Sin jueces independientes o con un poder judicial controlado se produce la tiranía del ejecutivo o de los poderes privados. La
división de poderes exige evitar las interferencias arbitrarias que domestiquen a los jueces.Un poder político tiránico utilizado para promover los intereses sectarios de los grupos de presión o de los gobiernos de turno es una de las peores amenazas que pueden afectar a una democracia.

La división de poderes es, en definitiva, el consustancial a una democracia y se configura como un sistema de frenos y contrapesos para que así el poder frene al poder y así evitar su concentración. Lo que nos hace ciudadanos y no siervos en la capacidad que tenga el sistema de poner freno a la arbitrariedad, la discriminación y el abuso.

Una de las instituciones que garantizan la división de poderes en un Estado democrático es la Justicia. Los jueces aplican la ley y cuando se equivocan, existe un sistema de recursos que permite revisar sus decisiones. A mayor sistema de contrapesos, mayor protección de las influencias de los partidos y también de las inclinaciones ideológicas de sus miembros.

Este debate se ha encendido en España en los últimos días cuando el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha reprendido a España por la calidad de su justicia. Tras el anuncio de la reforma proyectada por el PSOE y UP de rebajar de tres quintos a mayoría simple para la elección de los vocales del CGPJ, el
presidente del Greco envió una carta al gobierno denunciando que con ello “se aparta de las normas del Consejo de Europa” relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros y constituye una violación de los estándares anticorrupción.

Ni Pedro Sánchez ni su vicepresidente han pedido perdón por el intento de rebajar la democracia en nuestro país. Europa les ha tenido que recordar que las autoridades políticas deben apartar sus tentáculos del proceso de selección de jueces pues sin salvaguarda de la independencia del poder judicial no es posible luchar contra la corrupción.

Los avisos del GRECO no son novedad. Ya desde hace siete años viene avisando a nuestro país de la necesidad de evaluar marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial por sus efectos sobre la independencia judicial.

¿Por qué los políticos tienen tanto miedo a un poder judicial independiente?. PSOE y Podemos reproducen y aumentan todos los vicios de la peor política. Y su asalto a la justicia es prueba de ello. En plena apoteosis de condenas judiciales al Partido Popular, emerge un oscuro horizonte judicial contra los partidos de la coalición del actual Gobierno de España. Podemos ya tiene que responder de su financiación en los tribunales y su líder se ha visto retratado en la exposición de 63 páginas de un magistrado de la Audiencia Nacional que ha pedido al Tribunal Supremo su imputación. El PSOE andaluz, con presidentes nacionales del partido incluidos, es otro asiduo de condenas en los tribunales por corrupción.

La guerra se ha desatado por el nombramiento de la cúpula judicial (el CGPJ) y su influencia en la composición del Tribunal Supremo, las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional. También es de esperar que se inicie la lucha por controlar a la denominada infantería judicial que también ha logrado éxitos sonados contra la corrupción.

En nuestro país hay gente de mucho poder que ha sido procesada y condenada. Por la cárcel han pasado vicepresidentes del gobierno, ministros, secretarios de Estado de Interior, presidentes y vicepresidentes de Gobiernos autonómicos del PP procesados por jueces de instrucción de provincias. Han existido jueces de instrucción capaces de desmontar tramas corruptas incrustadas en nuestras administraciones y han llevado o van a
llevar a la cárcel a decenas de ex cargos públicos pertenecientes a los principales partidos políticos de este país (casos Gürtel, ERE, Brugal, Campeón, Emperador, Fabra, Filesa, Guateque, Malaya, Palma Arena…). Se calcula que pueden ser en torno a 1.700 causas con cientos de imputados e investigados. Esos jueces de provincias han condenado a penas de prisión a 80 directivos de entidades financieras y siguen procesos judiciales a otros 95. También han sentado en el banquillo a la hermana de un rey y han procesado a los empresarios y financieros más importantes de este país (Emilio y Jaime Botín, César Alierta, Alfredo Saénz….). Si éstos no acabaron en la cárcel, ha sido gracias a la
interferencia del poder político en la justicia, es decir, en órganos cuyos nombramientos dependen del poder político o por los indultos del Gobierno.

En Francia se han presentado noventa demandas contra el gobierno por su gestión del COVID. Entre los demandantes hay colectivos médicos que han denunciado la incoherencia de las medidas y la no aplicación de las recomendaciones de la OMS. El Tribunal de Justicia de la República ha tomado nueve de ellas en consideración. El siete de julio decidió abrir un procedimiento por "abstención de combatir un siniestro" y comenzó
la investigación. Por ello, ya se ha ordenado registrar los despachos y domicilios del actual ministro de Sanidad, de su predecesora en el cargo, del ex primer ministro, la ex portavoz del gabinete y el director general de Sanidad.

El Gobierno francés puede llegar a ser juzgado por su gestión de la crisis del Covid. Y, además, existen precedentes. Fue el caso de la sangre contaminada por el virus del Sida. Tras una demanda de un grupo de hemofílicos que habían recibido transfusiones sanguíneas en 1984 y 1985, se abrió una causa por homicidio involuntario contra tres miembros del gobierno socialista de la época: el primer ministro Laurent Fabius, la ministra de Sanidad y un secretario de Estado. Aunque sólo este último fue declarado culpable, quince años después, los otros dos políticos fueron declarados responsables pero no culpables.

Los que han gestionado la primera ola del Covid tienen un problema. De alguna u otra manera han venido a reconocer que la primera vuelta de las elecciones municipales se hizo con un virus que se expandía sin parar. A principios de enero los expertos ya emitían notas al gobierno sobre la inminencia de una epidemia y nadie hizo nada.

Italia también tiene jueces investigando al gobierno. Otros gobiernos europeos impulsan comisiones de investigación. Los científicos españoles han pedido una auditoría independiente.

¿Estará motivada la jugada de Sánchez e Iglesias también por la precaución de blindarse ante una futura investigación judicial por su negligente respuesta al COVID?.

Diario de una madre y matrona durante el Covid-19

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Manuela Contreras García
Matrona Máster en Investigación en Cuidados de la Salud
21/Sept/2020

Soy Matrona y madre de uno de los niños que va a la clase del CEIP Cisneros (Santander) que ha estado erróneamente confinada 4 días tras la decisión adoptada por el órgano competente de la consejería de educación. Hoy publica el diario montañés (DM) que “Salud Pública ordenó el lunes una rectificación de semejante medida para decir que devolvía a los escolares a la actividad lectiva” (1). Y lo hace, porque un grupo de familias, tras leer el protocolo frente al covid-19 de aplicación en el ámbito educativo (2), que hicieron Consejería de Educación y Sanidad, entendimos que no se daban las condiciones que el protocolo exige para confinar el aula. Así que solicitamos por escrito a la Consejería de Educación y de Salud Pública la revisión de esa decisión.
En estos 4 días hemos tenido que ver cómo resolvemos el seguir trabajando y cuidando a los niños. Indagar para resolver algunas dudas, que no aclara la hoja informativa elaborada por Sanidad Pública y que se envía a los contactos estrechos. Dudas como si los hermanos de los niños considerados contacto estrecho pueden ir al colegio o no, o si algún padre puede pedir una baja por necesidad de cuidado del menor y qué papel debe presentar. A toda esta situación, se suma que según el protocolo anteriormente citado, nos llamarían desde Salud Pública (rastreadores) para hacer una PCR a los niños, e íbamos por el cuarto día de confinamiento sin ninguna comunicación con ellos. Cuando las familias llamábamos a nuestros pediatras para preguntar por esta cuestión, las respuestas fueron también distintas: Os llamarán para citaros, o no está indicada dicha prueba diagnóstica.
Al día siguiente de rectificar el confinamiento por parte de Salud Pública (teníamos razón los padres, nuestros hijos nunca debieron ser considerados contacto estrecho) empieza un nuevo follón. Nos llaman para hacer la PCR. El desconcierto y las dudas nuevamente surgen. ¿Pero cómo que una PCR ahora? ¿Pero no nos habían dicho que podíamos volver al cole? ¿Si nos hacen PCR es que somos contacto estrecho, no? ¿Y si somos contacto estrecho debemos estar 14 días aislados y sin ir a clase, verdad? Lo que pasó fue que desde Educación no avisaron a Salud Publica (rastreadores) de la rectificación de la medida de confinamiento tomada. Hay un protocolo de coordinación
entre consejerías pero la coordinación brilla por su ausencia. Sin embargo no se hizo real que Salud Pública haya devuelto a los escolares a la actividad lectiva, tal como dice el DM. Tras corregir el error y levantarse el confinamiento, muy pocos niños fueron a clase los siguientes días. Las familias en su mayoría, estábamos muy tranquilas y contentas de la vuelta al cole. Pero claro, el caos y la confusión generada han sido de tal calibre, que han conseguido generar inseguridad.
Consejería de Educación y Sanidad han creado una comisión de coordinación muy tarde, la última semana de agosto, y “de aquellos polvos estos lodos”. Desde la consejería de educación explican la decisión de confinar contra el protocolo, diciendo que “actuaron con exceso de celo” (1). El 10 de Septiembre la Consejera Lombó dijo: “Tenemos el protocolo más estricto de España” (3). Pero no se trata de ser ni estrictos ni recelosos. Se necesita un protocolo basado en la evidencia científica y equilibrado (4), entre una seguridad sanitaria y las necesidades educativas de los
alumnos, no en el miedo. Y se necesita cumplirlo. Se hubiera hecho muy bien empezando las clases en Junio. La incidencia de la enfermedad en aquel momento era incluso menor. Haber empezado, poco a poco, con la mitad de los alumnos en días alternos por ejemplo, hubiera permitido tomar el pulso a los protocolos, realizar investigaciones y también romper el miedo en el sector educativo (5-7).
Acabo con una sugerencia de transparencia y ciencia “de andar por casa”. Cuando los profesionales sanitarios hacemos un protocolo, no hay línea que no tenga una referencia bibliográfica en la que se basa dicha afirmación. Y por supuesto, todos los profesionales nos identificamos con nuestros nombres y apellidos, no con el sello de la institución. Ambas cosas ausentes en el caso del citado protocolo. En breve saldrá uno nuevo. ¿Pueden usar estos mismos criterios? Así podremos ver el currículum de los autores y entender la razón científica que hay detrás de que, por ejemplo, el criterio para que un niño de 6 a 11 años sea considerado caso estrecho sea independiente de si ha llevado mascarilla o no (cuando con los adultos no se hace así y la evidencia científica dice que
los niños contagian menos) (8-9) o que el confinamiento sea de 14 días (10) (ya menor en
otros países) o… Cuenten con las enfermeras para elaborar estos protocolos. Cuenten también con las
familias (9). ¿Podría una enfermera escolar ayudar en la tarea de elaboración, aplicación y supervisión de los protocolos, y dejar a los profesores y equipos directivos centrase en lo que deben? (11) ¿Por qué no se pone en marcha la experiencia?
El pánico no puede ni debe cerrar las escuelas. ¿Sentimos como sociedad que la educación y que las escuelas no son un capricho sino prioritarias? En medio del COVID, pueden y deben ser mejores. Aprendamos todos a usar la circunstancia COVID como un aprendizaje de la vida, para que los niños sepan afrontar las adversidades y tomen
protagonismo.

(1) González N. Los padres de los niños desconfinados en el colegio Cisneros acusana Educación de ignorar el protocolo. Cantabria: El Diario Montañés: 16 Sept 2020 [consultado 16 sept 2020]. Disponible en:
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/contagios-coronavirus-obligan-20200916195016-nt.html
(2) Gobierno de Cantabria. Protocolo de coordinación entre la consejería de educación, formación profesional y turismo y la consejería de sanidad frente al covid-19 [Internet]. Santander: CEIP Cisneros; 8 Sept 2020. [Consultado 11 Sept 2020]. Disponible en: https://cpcisneros.es/wp-content/uploads/08_09_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos_v5.pdf
(3) Martínez D. Lombo dice que la aparición de estos casos era algo esperado pese a tener los protocolos “más estrictos de España”. Cantabria: El Diario Montañés; 10 sept 2020[consultado 16 sept 2020]. Disponible en:
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/lombo-dice-aparicion-20200910222705-ntvo.html
(4) Rickett M. Coronavirus: there is an urgent need to re-open schools – this is how to make it happen. Australia: The Conversation; 5 May 2020 [consultado 13 sept 2020]. Disponible en: https://theconversation.com/coronavirus-there-is-an-urgent-need-to-re-open-schools-this-is-how-to-make-it-happen-137818?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton
(5) European Centre For Disease Prevention And Control. COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission [Internet] 2020 [Consultado15 Sept 2020]. Disponible en: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
(6) Vogel G, Couzin-Frankel J. Should schools reopen? Kids’ role in pandemic still a mystery [Internet] EEUU: Science; 4 May 2020 [consultado 8 sept 2020].
Disponible en: https://www.sciencemag.org/news/2020/05/should-schools-reopen-kids-role-pandemic-still-mystery
(7) Cheng SY, Wang CJ, Shen ACT, Chang SC. How to Safely Reopen Colleges and Universities During COVID-19: Experiences From Taiwan. Ann Intern Med [Internet] 2020 [consultado 10 Sept 2020]; Disponible en:
https://www.acpjournals.org DOI 10.7326/M20-2927
(8) Redacción Consalud. Un estudio de Vall d’Hebron concluye que la transmisión del SARS-CoV-2 de los menores de edad con COVID-19 a los adultos con quienes conviven es baja [Internet] Barcelona: Consalud; 31 Ag 2020 [consultado 6 sept 2020]. Disponible en: https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/vall-
hebron-concluye-transmision-menores-covid-19-adultos-convivientes-baja_84585_102.html
(9) Isabel C, Martínez JM. La vuelta a las aulas [Internet] Madrid: Siap Covid 19 [consultado 21 sept 2020].Disponible en: https://covid19siap.wordpress.com/la-vuelta-a-las-aulas/
(10) Rhee C, Kanjilal S, Baker M, Klompas M, MD. Duration of SARS-CoV-2 Infectivity: When is it Safe to Discontinue Isolation? Clin Infect Dis [Internet] 2020 [consultado 15 Sept 2020]; ciaa1249. Disponible en: https://academic.oup.comDOI 10.1093/cid/ciaa1249
(11) Rosário R. COVID-19 and Schools Closure:Implications for School Nurses. J Sch Nurs [Internet] 2020 [consultado 1 Sept 2020]; 36(4):241-242. Disponible en:
https://journals.sagepub.com DOI 10.1177/1059840520925533

La derecha estancada

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Armando Zerolo
Publicado en Fundación Conversación

La derecha española vive estancada en 2004 porque el “zapaterismo” sigue operando en ella como idea fuerza en, al menos, dos sentidos. En uno, porque es un recurso fácil para explicar el malestar y actúa como chivo expiatorio y como argumento útil. En el otro, porque el “zapaterismo” fue para muchos el momento glorioso de la sociedad civil de derechas. Por primera vez desde hacía mucho tiempo fue la derecha la que ocupó las calles, la que se vio con capacidad de convocar, de actuar y de combatir, y se sintió protagonista en la historia.

¿Qué le robó el zapaterismo a la derecha y qué ha quedado de aquella época de oposición social triunfante?

El zapaterismo fue la época de las reivindicaciones de derechos, de la memoria histórica y un paso más hacia una revolución social. Fue una bofetada en la cara a la sociedad conservadora española y la instauración de un estilo político reivindicativo y combativo que nos devolvió a tiempos pasados de ingrato recuerdo. Abrió heridas que aun estaban cerrándose y aceleró el ritmo de los acontecimientos, poniendo la política a la vanguardia de la sociedad según el estilo de una tradición de izquierdas más dirigista y moralizante.

Aquí, exactamente aquí, se ha detenido el análisis histórico de la derecha, y aquí sigue anclado. El argumento es simple: “todo estaba en orden hasta que llegó el zapaterismo, luego lo que hay que hacer es volver atrás”. Formalmente este es el argumento de todo pensamiento reaccionario, el hilo dorado de la historia: hubo una época dorada y un suceso violento ha cortado el hilo que nos unía a él. Así sucedió con la Revolución Francesa, que es el hito histórico que hace nacer a conservadores y reaccionarios y, desde entonces, la derecha se mueve en ese difícil equilibrio entre conservar y reaccionar. 2004 es para la imaginación reaccionaria española lo que para Bonald o de Maistre fue 1789. Y de ahí el empeño de volver atrás, de hablar de un “frentepopulismo”, de acusar a la izquierda de todos los males, y de no encontrar pie en el presente porque ha renunciado a cualquier diálogo con el futuro.

¿Cuál es esa “época dorada” que actúa como mito político en la mayoría de la derecha? Es la época de la caída del muro, 1989, el triunfo del neoliberalismo. Unos años de ilusión y prosperidad que en España coincidieron con la consolidación de la Transición, la decadencia del “felipismo” y la posibilidad de mirar hacia delante. Pero la derecha española no se ha parado a pensar que aquellas ideas aparentemente triunfantes no le eran propias y le quedaban como un traje mal cosido. El liberalismo que triunfa en los 90 es el par ideológico del socialismo soviético, la otra cara de una misma moneda. Tiene la misma raíz individualista y antipolítica que el comunismo, y si triunfó fue porque el comunismo colapsó, pero las grandes cuestiones sobre las libertades, la sociedad y la solidaridad quedaron sin responder, como así lo anticiparon autores como Oakeshott o Aron. La derecha sí debe, por tanto, volver a los 90, pero no para refrescarse en aquellas ideas, sino para ir hasta el fondo de un camino que se quedó sin recorrer.

Respecto al segundo punto, al de la cuestión de la toma de las calles a partir 2004 y el resurgir de la sociedad civil española de derechas, ¿qué ha quedado? Ha quedado una cultura política reaccionaria y combativa, grupúsculos sociales desintegrados e inconexos, familias políticas mal avenidas y una iniciativa social secuestrada por unos pocos grupos ultraconservadores que son los únicos que mantienen una mínima capacidad de movilización.

Si el gran valor de la sociedad española era la fortaleza de emprender acciones asociativas de modo espontáneo, con un sano escepticismo metafísico hacia el poder, y una alegría vital y casi inconsciente por la vida en común, eso se perdió por una identificación de la calle con la bronca y la reivindicación. La España de las sillas en la calle pasó a ser la España de los balcones. De una cultura del encuentro y del espacio público se pasó a una cultura de la reivindicación y defensa de la privacidad. Los métodos de la batalla cultural que Europa experimentó tras la segunda Guerra Mundial, y que entendían que las ideas eran armas tanto o más eficaces que el plomo, no habían llegado a España, donde el mayo del 68 fue un fenómeno edulcorado y macarra que llevó el nombre de “Movida”. Las ideas son el resultado de una conversación y la constatación de una verdad compartida, y no armas arrojadizas contra el prójimo.

Todas aquellas manifestaciones, banderas y consignas no han dejado en la derecha española ni unidad ni ilusión. Normalmente, cuando las personas actúan juntas, queda en ellas un vínculo especial y una unidad que tiene más valor incluso que la obra ejecutada. Pero cuando esta acción es dirigida desde arriba sin la participación consciente del de abajo, lo que queda es una impresión de gregarismo, de pérdida de identidad y sensación de manipulación y desconfianza. Así ha quedado la derecha española en lo social, reducida a rebaño inconexo cuya única unidad es la sensación de miedo.

Por suerte o por desgracia, la única ideología estructurada en torno a un partido, y con una masa social relevante, que incorpora en su discurso ideas de futuro, de unidad, de comunidad, solidaridad y que es capaz de proponer algo concreto para la vida en común es la socialista, que a lo largo de los últimos 20 años se ha ido renovando e incorporando nuevos retos.

La derecha española ha perdido el equilibrio con el presente y se ha convertido en una ideología reaccionaria que añora una edad dorada, que culpa al adversario de todos los males presentes, y que no es capaz de generar vínculos estables, creativos y propositivos en la sociedad que supuestamente defiende. No tiene capacidad de responder a las carencias de la ideología de izquierdas y por ello, ni se suma a lo razonable, ni corrige con eficiencia los errores. Esta vez el perro del hortelano no son “ellos”, somos “nosotros”.

110 obispos de todo el mundo reclaman a la UE leyes de diligencia debida

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Publicado en Alfa y Omega

La Alianza Internacional de ONG Católicas de Desarrollo (CIDSE) ha coordinado el lanzamiento de una declaración en la que obispos del tercer mundo y de Europa reclaman normativas para obligar a las empresas a asegurarse de que todo su proceso productivo (incluidas las fases que dependen de sus proveedores) respete los derechos humanos.

«Ahora más que nunca necesitamos leyes de diligencia debida obligatoria en las cadenas de suministros para frenar los abusos de las empresas y garantizar la solidaridad global». Lo afirman 110 obispos en un comunicado en el que reclaman que a nivel nacional, pero sobre todo internacional, se introduzcan medidas vinculantes que hagan a las empresas responsables por ley de asegurar el respeto a los derechos humanos a lo largo de todo su proceso de producción.

Esta reivindicación, puesta en marcha por la Alianza Internacional de ONG Católicas de Desarrollo (CIDSE), se lanza en un momento en el que el COVID-19 ha exacerbado la situación, aseguran los responsables. La crisis global desatada por la pandemia «ha sembrado el caos en las cadenas de suministro globales que unen las fábricas a través de las fronteras». Además, ha expuesto «nuestra dependencia de los trabajadores vulnerables que realizan trabajos esenciales en todo el mundo» al tiempo que carecen de protección social.

Sin una legislación adecuada, aseguran los obispos firmantes, no se impedirá a las empresas transnacionales llevar a cabo evasión fiscal, abusar de los derechos humanos, infringir las leyes laborales y destruir ecosistemas enteros. Estos abusos pueden ser cometidos por ellas o por sus proveedores.

Responsables de controlar a los proveedores

Lo que pretenden las leyes de diligencia debida obligatoria es que las empresas pongan todos los medios para asegurar que en cada paso del proceso productivo se respeten las leyes, los derechos humanos y el medio ambiente. Los prelados afirman que los intentos de hacer esto de forma voluntaria han fracasado, por lo que una legislación obligatoria es la única opción para proteger a las comunidades.

El comunicado se ha hecho público este lunes, pocos días después de que Alemania asumiera la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Los promotores esperan que este semestre sirva para impulsar este tipo de legislación, del que el país germano se ha mostrado partidario, y para armonizar el mosaico actual.

La UE ya cuenta con algunas medidas en este sentido, como la regulación sobre suministro responsable de minerales de zonas de conflicto, que entrará en vigor en 2021. Pero entidades como la Fundación Alboán, el Instituto Popular de Capacitación de Colombia o German Watch criticaron hace meses que esta normativa no incluye las medidas suficientes ni contempla todos los riesgos.

Promesas de un pronto desarrollo

Didier Reynders, Comisionado de Justicia de la UE dio recientemente un paso en la dirección correcta al anunciar que la legislación de la UE sobre derechos humanos obligatorios y debida diligencia ambiental para las corporaciones se desarrollará pronto, como su contribución al Acuerdo Verde Europeo y en el contexto del plan de recuperación posterior a COVID-19 de la UE.

La declaración celebra esta muestra de buena voluntad y también llama a los líderes estatales a avanzar en la legislación vinculante a nivel de la ONU a través de la participación en el proceso actual para un Tratado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Actividades Empresariales.

Denuncias desde los países de origen

Entre los obispos que firman el texto se encuentran los cardenales Jean-Claude Hollerich, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE), y Charles Bo, arzobispo de Yangon, en Myanmar. Hace apenas unos días el cardenal Bo denunció públicamente «la total negligencia y arrogancias de empresas que siguen deshumanizando a los pobres del país» y que tienen, como consecuencia final, desastres como la muerte de 172 trabajadores informales que fueron sepultados por un corrimiento de tierra cuando recogían restos de jade.

Otros obispos, de países como la India, Uganda y Colombia, también han sido testigos de cómo sus comunidades se veían afectadas por las acciones de empresas transnacionales. Cuentan con el apoyo de los obispos de Europa (Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suiza o Países Bajos) que se han sumado a la petición, subrayando la necesidad de que la UE asuma su responsabilidad. La declaración está abierta a nuevas adhesiones.

Josianne Gauthier, secretaria general de CIDSE, ha destacado cómo «me inspira ver a tantos representantes de la Iglesia hablando con una sola voz sobre el tema de la regulación corporativa, apuntalando el trabajo de muchas mujeres y hombres, muchos de ellos socios de CIDSE, cuya vida se dedica a la defensa de los derechos humanos y ambientales. Todos estamos interconectados y les debemos apoyar su lucha de cualquier manera que podamos».

Democracia auténtica: economía ética

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No hay «demo-cracia» si gobierna el mercado

Adela Cortina
Publicado en Agenda Latinoamericana mundial. «La otra economía». 2013

El fracaso de la economía vigente es palmario. Persisten el hambre, la pobreza y la exclusión, aunque hay medios más que suficientes para erradicarlas. Pero también es evidente la insatisfacción que produce el actual funcionamiento de las democracias, porque ni están al servicio de todas las personas ni los ciudadanos se sienten protagonistas de la vida política.

Es urgente crear otra economía, una economía ética, y dar cuerpo a democracias que respondan con los hechos al nombre que llevan. Para hacerlo no hay que huir de este mundo, sino exigirle que la economía cumpla las tareas por las que dice legitimarse, y que las democracias se conviertan en auténticas democracias. Eso se consigue intentando detectar lúcida y cordialmente las tendencias que es preciso reforzar, sugiriendo desde ellas caminos nuevos, y eliminando las tendencias dañinas.

Es urgente plasmar una economía ética, a la altura de las personas y de la sostenibilidad de la naturaleza. Pero no habrá economía ética sin democracia auténtica. Estos serían algunos de los rasgos que deberían caracterizarlas.

1. Una democracia auténtica

La democracia es la mejor forma de gobierno que hemos descubierto. Según la caracterización más conocida, es «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». Lo cual exige, al menos, tres cosas:

1) Que esté al servicio de todos los que componen el pueblo sin exclusiones.
2) Todos los que forman parte de la comunidad política tienen que ser reconocidos como ciudadanos.
3) Los ciudadanos, que son los destinatarios de las leyes, tienen que ser también de alguna manera sus autores.

Por eso es importante que la democracia representativa se complemente y se convierta en deliberativa: la ciudadanía ha de ser ciudadanía activa, que elige representantes, les pide cuentas y participa activamente en la vida política. La ciudadanía activa es un motor de transformación social.

2. ¿Qué es un ciudadano?

Un ciudadano es aquella persona que en una comunidad política es su propia señora, no es sierva y mucho menos esclava. Ha de conquistar su libertad, pero sabe que debe hacerlo trabajando solidariamente con los demás ciudadanos, que son sus iguales en tanto que conciudadanos y en tanto que personas. Por eso los valores esenciales de la ciudadanía activa son la libertad, la igualdad, la solidaridad o la fraternidad y la interdependencia. Esto exige, al menos, crear instituciones que hagan posible encarnar dos dimensiones de la ciudadanía: la social y la económica.

3. Ciudadanía social

Es «ciudadano social» aquella persona que ve respetados sus derechos de primera y segunda generación: libertad de conciencia, expresión, asociación, reunión, desplazamiento y participación; pero también sus derechos económicos, sociales y culturales, como son, entre otros, el derecho al trabajo, a la asistencia sanitaria, a la educación o a la cultura. La ciudadanía social recoge los derechos de la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1948, una declaración que compromete a todas las naciones que han firmado los pactos a esforzarse para que se vean protegidos en todos los países de la Tierra. Pero es imposible proteger estos derechos, en el nivel local y global, si quien gobierna no son los ciudadanos a través de sus representantes y de la deliberación pública, sino un mercado financiero, opaco y omnipotente, insensible a los derechos y necesidades de las personas.

Para realizar la democracia auténtica es necesaria otra economía, en que los ciudadanos intervengan. Es necesario hacer posible una ciudadanía económica.

4. Ciudadanía económica

En algún tiempo se decía que las tres grandes preguntas de la economía son: ¿qué se produce, para qué se produce y quién decide lo que se produce? Y ya entonces era una flagrante contradicción afirmar que las personas son iguales en tanto que ciudadanas, pero radicalmente desiguales a la hora de tomar decisiones económicas. Si los afectados por las decisiones económicas nunca son tenidos en cuenta, hay una contradicción entre la ciudadanía política, por la que todos son supuestamente iguales, y la ciudadanía económica, inexistente. Siempre deciden otros qué se produce y para qué, los afectados no son consultados, con lo cual, en ningún lugar de la tierra hay ciudadanos económicos. Parecía que crear las instituciones que hicieran posible la ciudadanía económica era una de las tareas inminentes para el siglo XXI. Sin embargo, este proyecto se complicó todavía más con la financiarización de la economía. Pasamos de una economía productiva a una economía financiera. En ella lo que importa no es quién decide lo que se produce, sino quién decide dónde se invierte para ganar más, aun sin producir bienes y servicios.

Ciudadanos y países pasan a depender de los mercados financieros y de las agencias de rating, y toda posibilidad de ciudadanía económica activa se corta de raíz. Es necesaria otra economía, que tenga por centro a las personas.

5. La meta de la economía: la persona en el centro

La economía no es un mecanismo fatal. Es una actividad humana y, por lo tanto, debe orientarse por unas metas que le dan sentido y legitimidad social. No sólo la política necesita legitimación social, también la necesita la economía.

La meta de una economía legítima consiste en «crear riqueza material e inmaterial para satisfacer las necesidades de las personas y para reforzar sus capacidades básicas de modo que puedan llevar adelante aquellos planes de vida feliz que elijan». La persona tiene que ser el centro y la economía debe colaborar en la tarea de crear buenas sociedades.

6. Los valores de una economía ética

Aunque suele decirse que la economía es una ciencia ajena a los valores morales, que sólo debe preocuparse por la producción eficiente de riqueza, sin atender a su distribución ni tampoco a cómo esa producción afecta a la libertad, la solidaridad y la igualdad de los seres humanos, eso es falso.

Cualquier opción económica potencia unos valores y debilita otros. Una economía legítima tendería a erradicar la pobreza y el hambre, reducir las desigualdades, satisfacer las necesidades básicas, potenciar las capacidades básicas de las personas, reforzar la autoestima, promover la libertad.

7. Los Principios de una Economía Inclusiva

Las personas deben ser el centro de la economía y de la política. Pero las personas no somos individuos aislados, sino seres en relación de reconocimiento mutuo: llegamos a reconocernos como personas porque otras nos han reconocido como personas. La base de la vida social no es el individuo, sino las personas vinculadas entre sí por el reconocimiento recíproco.

Por eso es falso el Principio del Individualismo Posesivo, que dio comienzo al capitalismo y sigue vigente.

Según ese principio, «cada individuo es dueño de sus capacidades y del producto de sus capacidades, sin deber por ello nada a la sociedad». Por el contrario, toda persona es lo que es por su relación con otras, está ligada a las otras personas y, por lo tanto, obligada a ellas. Lo que tiene se debe en muy buena parte a la sociedad, y más en un mundo globalizado. De donde se sigue que los bienes de la tierra son sociales. Y, por lo tanto, tienen que ser globalmente distribuidos. Los principios éticos de la economía ética serían el Reconocimiento de la Igual Dignidad de las Personas, la Apuesta por los más Vulnerables y la Responsabilidad por la Naturaleza, que no permiten exclusión alguna de la vida económica.

8. Consumo justo y felicitante

La desigualdad en las formas de consumo es aterradora entre los países y dentro de ellos. Mientras algunas personas no pueden satisfacer sus necesidades, otras consumen los bienes más sofisticados para satisfacer caprichos y por eso para ellas nunca hay bastante. Una forma de vida humana reclama apostar por un consumo liberador, que no esclavice; por un consumo justo, que tenga en cuenta las necesidades de todos, y por un consumo felicitante, que tenga en cuenta que lo más valioso para conseguir la felicidad es disfrutar de las relaciones humanas. Se hace necesario sellar un Pacto Global sobre el Consumo y potenciar la «ciudadanía del consumidor».

9. Gobernanza global. Ciudadanía cosmopolita

Construir un mundo en el que todas las personas se sientan ciudadanas es el reto político, económico y cultural del siglo XXI. Para ello se hace necesaria una gobernanza global, que haga llegar los beneficios de la globalización a todas las personas. Es ésta una exigencia de justicia.

10. Bienes de justicia y bienes de gratuidad

Pero los bienes de la tierra no son sólo «bienes de justicia», necesidades cuya satisfacción puede reclamarse como un derecho al que corresponde por parte de otros un deber. Quien se sabe cordialmente ligado a otras personas, se sabe también obligado a ellas, le resulta imposible llevar adelante una vida feliz si no es contando con ellas. Hay una creativa economía del don que va más allá del intercambio de equivalentes y abre camino a la gratuidad, que brota de la abundancia del corazón. Sin ella no habrá una economía ética.