Podemos contra Vox: vuelve la Guerra Civil, pero sin comunistas ni fascistas

Autor: Hasel-Paris Álvarez

Pablo Iglesias ha entrado en la campaña madrileña “por compromiso antifascista” para “frenar a la ultraultraderecha”. Su lema: No pasarán. Su himno: Bandera Roja.

Rocío Monasterio, de Vox, está encantada. “Nos vamos a divertir sacando al comunismo de Madrid”. “Frenaremos a los castrobolivarianos”.

Como escribe Juan Soto Ivars, en estas elecciones “se habla de Franco y de Azaña; de chekas y paredones, hasta de la URSS y el chile de Pinochet“.

Con esta dialéctica, propia de la Guerra Civil, cualquiera diría que Madrid decide entre la abolición del capitalismo o la restauración del Imperio. Lamentablemente, ninguna de ambas propuestas está sobre la mesa. La elección se reduce a la gris Isabel Díaz Ayuso o el soso Ángel Gabilondo. Dos políticos de aparato que, además, comparten un mismo ideario: desde la desregulación de la vivienda hasta la autodeterminación del género. 

Entonces, ¿por qué en Madrid se habla hoy de fascismo, ocho décadas después de la caída de Berlín? ¿Por qué se habla de comunismo, tres décadas después de la caída del muro de Berlín?

Pues para no hablar de otra cosa que también cayó cerca de Berlín, hace seis décadas: la socialdemocracia. En 1959, en Godesberg, los partidos europeos de la familia del PSOE renunciaron a combatir el libre mercado y nacionalizar empresas, sustituyendo el análisis de clase por consignas moralistas.

Los partidos europeos de la familia del PP sufrieron otra traumática deformación. Con Margaret Thatcher a la cabeza, pasaron de un conservadurismo preocupado por la pobreza a un liberalismo enamorado de la desigualdad económica.

Además, en años siguientes, tories británicos, CDU alemana y populares españoles se dedicaron a someter la Nación a cualquier poder global, abolir el servicio militar o importar inmigración como mano de obra barata. Así se consumó una doble traición, en palabras de Verstrynge. La izquierda renunció a representar al pueblo. La derecha renunció a defender la patria.

Ahora, la única forma en que socialistas y populares pueden movilizar al decepcionado elector es a la contra. Por eso la estrategia de Pedro Sánchez es “o me votas a mí o vuelve el franquismo”. Por eso el lema de Ayuso da a elegir “libertad o comunismo”. 

Con esta estrategia, hiperbólica y divisiva, se envenena todo el cuerpo social a costa de salvar a los políticos. Nos quieren como en el 36 para mantener su régimen del 78 con tácticas propias del 84.

Eso sí, para que funcione el cuento antifascista-anticomunista, el bipartidismo necesita a dos tontos útiles que se presten a jugar el papel de comunista y fascista: Podemos y Vox. Y en vez de impugnar un partido amañado, ambos deciden entrar a jugar. Pero como balones.

Así, Podemos (la izquierda de la izquierda) y Vox (la derecha auténtica) hincan el diente en la carnaza del comunismo contra fascismo. Y más fieramente que nadie. Se sienten tiburones, cazadores nacidos para tales aguas. Cuando en realidad son los gusanos que, retorciéndose en un doble anzuelo, atraen la pesca hacia las redes de siempre. 

La realidad es tragicómica. Podemos hace campaña desde la trágica contradicción de despotricar contra el fondo buitre Blackstone, mientras implanta el ideario eco-trans-diverso de Blackstone.

Vox se mueve en la comedia de criticar el progrerío de Soros y Netflix, pero defendiendo el modelo económico de Wall Street y California, sedes de Soros y Netflix.

Y así, ambos libran una Guerra Civil repetida como farsa, donde los milicianos y los requetés son interpretados por un único bando de pijos: los de Malasaña contra los de Salamanca.

Tal estrategia de antifascismo-anticomunismo sólo se sostiene sobre un analfabetismo político instaurado por el bipartidismo (y remachado por los nuevos partidos). Para PSOE y Podemos, el fascismo incluye desde la preocupación por la seguridad ciudadana hasta la afirmación de que las niñas tienen vulva.

Para PP y Vox, el comunismo incluye desde Cáritas hasta el artículo 128 de la Constitución Española. 

Ello demuestra lo mucho que, entre los políticos, se ha movido el eje económico hacia la derecha, y el eje cultural hacia la izquierda. Dos carriles diferentes con un mismo sentido.

Por ello, la estrategia antifascista-anticomunista tiene un discreto punto débil: ser un disparate.

Podemos tiene bien poco de comunista. Ha cambiado los planes quinquenales por la Agenda 2030. No les gusta el octubre del 1917 tanto como Mayo del 68. No son muy de clase obrera, pero sí mucho de aula universitaria. Tienen un par de ministros que se dicen comunistas, pero no son tan revolucionarios como para tocar la publicidad de apuestas o la reforma laboral. 

Igualmente, Vox tiene bien poco de fascista. Han cambiado la Carta del Lavoro por la Carta de Madrid. No les gusta tanto la república imperial como el borbonismo parlamentario. No son germanófilos antisemitas, sino pitiyankis sionistas.

Lo representativo en la lista de Podemos Madrid no es el comunista Agustín Moreno (el único obrero de la lista). Lo representativo de Podemos es el posmodernismo friki de Beatriz ‘queer’ Gimeno y Serigne ‘BlackLives’ Mbayé.

Lo representativo de Vox Madrid no es el fascista Jorge Cutillas (el único conocedor del rural). Es el neoliberalismo trepa de Henríquez ‘sobresueldos’ de Luna y Ruiz ‘ladrillazo’ Bartolomé. 

Hay, sobre todo, dos grandes diferencias entre estos partidos nuevos y aquellas viejas ideas. Mientras que Vox es una escisión del ultraliberal PP aguirrista, el fascismo tenía “grandes perspectivas sociales, o mejor dicho, socialistas”, según Ramiro Ledesma.

Mientras que Podemos es el valedor de todo partido independentista (desde EH Bildu hasta el PDeCAT), el comunismo era “la centralidad democrática en un estado único e indivisible”, según Lenin.

Siguiendo con Lenin, “todo discurso que proponga separar a los obreros de una nación en otra es un nacionalismo burgués contra el que se debe luchar de forma implacable”. 

Este nacionalismo burgués es lo que caracteriza el procés catalán y vasco. Su motor reside en JxCAT y el PNV, oligarquías barcelonesas y bilbaínas que buscan romper la solidaridad interterritorial para quedarse con una buena tajada de la Hacienda Pública. Todo ello, en nombre de un derecho de autodeterminación para catalanes y vascos. Una autodeterminación que (Lenin de nuevo) “no debería buscarse en Europa Occidental, cuyos Estados quedaron consolidados desde 1871”. 

En un principio, Podemos quiso resolver la cuestión territorial copiando de Bolivia el término plurinacional. España sería la unión de varias naciones culturales (diferentes lenguas y orígenes). Unidad en la diversidad. Una buena fórmula que permitía a los morados embestir contra la política castuza, no contra la España castiza.

Con tal enfoque, sus resultados electorales fueron excelentes tanto en Madrid como en Cataluña, País Vasco o Galicia. Pero la creciente presión del independentismo fue obligando a Podemos a pasarse del acierto plurinacional al bulo de la autodeterminación.

En biología, un organismo pluricelular es aquel en que diferentes células han logrado ensamblarse, pero cuyo desmembramiento es imposible, pues supondría la extinción de todas ellas.

Lo mismo ocurriría con la España plurinacional. Y también así se fue extinguiendo el Podemos proindependentista en Cataluña, País Vasco o Galicia. Las famosas confluencias (Compromís, En Marea, Adelante Andalucía) se revelaron como escisiones y el voto perdido por Podemos acabó relanzando a EH Bildu y al BNG. La respuesta de los cinturones rojos (barrios obreros) fue teñirse de naranja Ciudadanos o de verde Vox. 

En ambientes podemitas suele decirse que “no hay nada más tonto que un obrero que vota a las derechas”. Más bien habría que decir “no hay nada más tonto que un político de izquierdas apoyando el independentismo”.

El obrero sabe, casi instintivamente, que no existe progreso posible si se quiebra el Estado nación, la caja común y la hucha de pensiones. Prefiere cualquier partido que no rompa el suelo bajo sus pies antes que uno que quiera asaltar los cielos con la cabeza en las nubes. El currante del pladur que vota a Vox tiene en sus entrañas más análisis marxista que todo el partido morado

Para Stalin, la Nación es algo previo a todo proyecto político, “una comunidad humana estable, históricamente formada”, una unidad preexistente de “territorio, economía, psicología, cultura”. La Nación está formada sobre un pasado común, por mucho que Podemos quiera borrar de la memoria histórica a almirantes de Trafalgar o a divisionarios (y Vox quiera borrar a Abderramán o a brigadistas).

La Nación está formada sobre un idioma común, por mucho que Podemos vote contra “la imposición legal del castellano en España” (y Vox vote enseñar en inglés desde la Ética hasta la Historia).

Para José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo, la Nación es “discutible y discutida”. Y su discípulo coletudo evita la discusión diciendo que “la única patria son los hospitales y la sanidad pública”. ¡Mejor sería, en ese caso, nacionalizarse escandinavo o solicitar una ciudadanía global a la Bill Gates Foundation!

Tener muchos hospitales es un gran logro de la Nación, pero no es la Nación en sí. Y el gran fracaso de la Nación es la desigualdad entre esos hospitales, con trece robots quirúrgicos en Cataluña, pero cero en Extremadura, la Mancha, Murcia o Aragón.

Gregor Strasser definió el nacionalsocialismo como una lucha “contra la explotación capitalista del débil, los salarios injustos y el valor humano definido por su productividad”. Vox, por el contrario, ha votado a favor de los despidos por baja médica, en contra de la subida del salario mínimo y contra ERTE o pensiones.

Sin embargo, la nueva estrategia de Vox es camuflar su apoyo a los poderosos, aparentando proteger a los humildes. Ahora hablan de rebaja fiscal “a la clase trabajadora” cuando quieren bonificar herencias de más de 800.000 euros. Hablan de “garantizar la seguridad de los productores” para apoyar las abusivas sanciones de Estados Unidos. Y hablan de “defender a las pymes” para encubrir a las grandes empresas.

El último episodio ha sido el del apoyo de Vox a los youtubers que se van a Andorra para pagar menos impuestos. Los youtubers son el último peldaño, más o menos simpático, de la gran estafa piramidal tecnológica, desde YouTube y Google hasta Netflix y Amazon. Estas empresas crean poquísimos puestos de trabajo y apenas pagan impuestos, pero se enriquecen a fuerza de expropiar nuestra privacidad y monopolizar sectores estratégicos. 

Vox ha decidido comprometerse con este modelo económico, para “asemejar España a Silicon Valley y convertirnos en un paraíso [fiscal]”. Donde el fascismo de Mussolini decía “nada por encima del Estado”, Vox dice “todo bajo el Mercado”.

La coartada para esta operación son unos youtubers que, escribe Ana Iris Simón, “se dedican a retransmitir videojuegos, hacer retos de comer huevo crudo y vivir entre teclados multicolor y estantes con figuritas, pese a haber superado la treintena”. 

Con millones de seguidores (niños y adolescentes), el estilo de vida que promueven costará caro a las arcas públicas. Desde la adicción a redes sociales hasta el sedentarismo, pasando por el desdén hacia la formación de una familia o la educación.

“A España le debo muy poco, ¡si yo prácticamente no he ido al instituto!” afirma el youtuber Lolito, celebrando dejar de pagar impuestos aquí. ¡Con lo que se ahorra en cotizar a Sanidad, el youtuber Corbacho ha podido comprarse “el primer Porsche dorado de Andorra”!

Estos muchachos, tan formados y austeros, son la juventud apadrinada por Vox

Vox apoyará a las dos decenas de youtubers que se escapan del fisco, no a los dos millones de españoles expatriados por falta de inversión en investigación o industria. A Vox le interesa el andorrano que se ahorra 30.000 euros de impuestos, no el español promedio que cobra menos de 30.000 euros.

En general, a Vox le preocupa que el 1% de la población pague casi un 50% de impuestos, en vez de preocuparle que un 1% de la población acumule el 50% de la riqueza.

Dicho de otra forma, Vox se horroriza de las imperfecciones secundarias, no de la deformación principal. 

La deformación principal es, por supuesto, la existencia de masivas concentraciones de capital y brutales desigualdades económicas. Para solucionar tal anomalía, ya Aristóteles escribió que “lo justo es que aquel que posea mucho pague muchos impuestos, mientras que aquel que posea poco pague pocos”.

Y Platón, pensador fascista (según el pensador liberal Popper), añade: “A la comunidad no le interesa que unos pocos gocen de beneficios, sino que se distribuyan entre todos con armonía, mediante la persuasión o la fuerza”.

Así, la impecable lógica griega formuló la fiscalidad progresiva.

Fiscalidad progresiva es toda aquella en que los más ricos pagan una proporción mayor que los más pobres. La única alternativa es una fiscalidad regresiva en la que los más pobres se esfuerzan más que los ricos para pagar su parte proporcional.

Por eso, la antigua Grecia tasaba las grandes fortunas con la liturgia, un impuesto destinado a sufragar desde las carreteras hasta la defensa. Las aristocracias griegas entendían que unos mayores impuestos suponían un mayor honor. Practicaban lo que Pablo Iglesias llama “fiscalidad patriótica”. Aunque seguramente lo hacían porque no se lo gastaban luego en estudios sobre juguetes rosas.

Aquel modelo continuó hasta la Edad Media, en la que el rico costeaba la parte mayor de catedrales y universidades para redimirse del pecado de la avaricia. En 1379, el duque de Lancaster pagaba en impuestos 133 monedas y 4 céntimos, mientras que un campesino pagaba sólo los 4 céntimos.

Pero con el final del Medievo, prosperaron las fiscalidades regresivas. Se conserva el lamento de un juglar: “¡Un hombre con más de 40 libras pagará sólo 12 peniques, mientras que otro hombre, abatido por la pobreza, tendrá que pagar la misma medida!”. Aquella barbaridad, evidente hasta para un humilde trovador de hace siglos, es la propuesta de la moderna derecha ilustrada. ¡Cuánto hemos degenerado!

El economista Juan Ramón Rallo es el defensor del capitalismo más radical. Rallo ha confesado que detrás de la campaña youtuber de Vox hay una operación para cuestionar la fiscalidad progresiva. Este sería el enésimo intento de sabotaje que el liberalismo ejerce contra la tradición occidental.

Pero, además de ser el economista de cabecera de las derechas, Rallo es el filósofo en la sombra de las izquierdas. Rallo comparte con Podemos una misma defensa de la droga, la prostitución, la eutanasia o la inmigración, entendidas todas ellas como meras libertades individuales, sin considerar su naturaleza mafiosa.

También comparten ambos apología del independentismo. La secesión de las regiones es, para ellos, un derecho absoluto, por encima de vínculos humanos y razones históricas.

Es una visión coherente con el capitalismo, cuyo objetivo es destruir los grandes Estados y atomizar la sociedad hasta el nivel del indefenso individuo. Así, Rothbard (precursor de Rallo) defendía la independencia del Quebec afirmando que “la ruptura del Estado desde el interior siempre es buena, y debe propagarse desde la región a la ciudad, de la ciudad al vecindario, del vecindario al bloque, del bloque a cada casa y de cada casa al individuo”.

Por eso, el egoísmo de los evasores fiscales tiene mucho que ver con el ombliguismo de los independentistas. Unos y otros concuerdan en cada depravada premisa del moderno pensamiento liberal-libertario.

La primera premisa: la idea de que el individuo se determina a sí mismo. El sujeto liberal se cree previo a la comunidad, como si un planeta pudiese existir antes que el universo. De la misma forma, el independentista cree (escribe Pedro Insua) “que su nación fragmentaria (la vasca, la catalana, la gallega, etcétera) está formada siempre antes que España”. Es decir, que su planeta enano es anterior a su sistema solar, pudiendo además escoger órbita. 

Ya que lo individual se autodetermina, la segunda premisa es que todo colectivo debe ser una asociación voluntaria. Familia, culto y república (imperativos del mundo clásico) pasan a un segundo plano.

La comunidad (Gemeinschaft) se convierte en empresa (Gesellschaft). La patria de Podemos es “un vínculo como de compañía telefónica”, escribe Quintana Paz. La de Vox es “un pacto constitucional cualquiera”.

La Cataluña independiente optará libremente por la Unión Europea o la Liga Árabe. Lo que pocos podrán escoger es la clase socioeconómica, única jerarquía sagrada en el liberalismo.

Ya que los colectivos han de ser electivos, la tercera premisa es que cualquier comunidad heredada es un lastre. La elite capitalista se queja (escribe Esteban Hernández) “de que Europa tiene una cultura muy conservadora y unas regulaciones económicas muy estrictas”. Por eso los youtubers de Vox y los separatistas de ERC comparten un mismo lema: “El Estado Español nos roba y oprime”.

Pero, en realidad, las empresas tecnológicas deben buena parte de su éxito a la acción del Estado (por ejemplo, la invención de internet). Y, de la misma forma, Cataluña se lo debe al resto de España (por ejemplo, la política industrial desde 1812).

Ya que la comunidad heredada es un lastre, la cuarta premisa es que debe facilitarse el derecho a separarse. El problema es que (escribe Félix Ovejero) “un país es una propiedad comunal, no es posible que algunos se marchen con lo suyo, porque es de todos”. El evasor se lleva, por la carretera que le hemos pagado, el fruto de unos trabajadores que hemos formado y sanado. De la misma forma, el independentista catalán quiere llevarse incluso el sudor charnego. El independentista vasco, hasta la sangre maketa.

“Este imposible derecho a separarse”, escribe Guillermo del Valle, “se traduce en el privilegio de unos pocos para disponer de los demás”. Por eso no puede fugarse a Andorra un trabajador cualquiera: la residencia cuesta 15.000 euros.

Por eso un gallego no puede permitirse un procés: la misma Unión Europa que riega Barcelona se mea en Galicia, como decía Castelao (“mexan por nós e hai que dicir que chove“).

Por eso la única separación posible es una “secesión de los ricos” (Antonio Ariño). Y por eso repugna que Vox trate a los privilegiados como exiliados fiscales, y Podemos llame exiliados políticos al belga Carles Puigdemont y a la suiza Ana Gabriel.

Para concluir, baste decir que Platón advertía de dos grandes peligros para la comunidad. 

El primero, “que se despedace, de forma que una sola se convierta en muchas”.  

El segundo, que, aun habiendo unión territorial, la desigualdad económica genere “dos comunidades dentro de la misma comunidad, enemiga la una de la otra: la clase de los pobres y la de los ricos”.

El pensamiento de Rallo está forjado a partir de ambos males: tribalismo y plutocracia. La idea liberal-libertaria es la tenaza que busca cercenar la dorada cadena de la comunidad.

Vox y Podemos serán parte de esta tenaza, mientras ignoren que sin patria no hay justicia social (y viceversa). Serán partidos tan opuestos como los dos dientes de la tenaza, que aprietan cada uno desde su lado.

Y para disimular su acción combinada, insistirán en viejas guerras (fascismo contra comunismo), rehuyendo las nuevas: populismo contra elitismo, patriotismo contra globalismo.

*** Hasel-Paris Álvarez es politólogo y especialista en geopolítica.

Ante las elecciones del 4M en Madrid

La Mesa por la Hospitalidad ante las elecciones del 4M en Madrid

Ante las elecciones del 4M en Madrid

La Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid demanda a los partidos políticos que concurren a las elecciones en la Comunidad de Madrid que los debates y la publicidad de sus formaciones eviten cualquier forma de discurso de odio, de estigmatización a la población vulnerable y de falsa contraposición de derechos entre las personas. En razón de nuestra tarea, nos preocupa especialmente la situación de las personas migrantes y, en particular, de la infancia en situación de desventaja que, con independencia de su nacionalidad, goza en nuestro país de todos los derechos que su dignidad, no mensurable en términos económicos, reclama, como reconocen los convenios internacionales suscritos por España. El alarmismo, el miedo y la xenofobia no pueden ser fomentados y explotados con fines políticos (cf. Fratelli tutti 39 y 86).

NOTA DE LA MESA POR LA HOSPITALIDAD

Los pobres

Autor: Diego S. Garrocho

Ya no hay pobres como los de antes. De hecho los pobres nos dan tanto miedo que, de un tiempo a esta parte, hemos decidido dejar de nombrarlos. A cambio hemos creado una colección de eufemismos solemnes y tecnificados para evitar imponer a las cosas su justo título, aunque la realidad doliente de quienes nada tienen siga ocultándose detrás de las nuevas palabras.

Afinen el oído. Hoy escucharán hablar de colectivos en riesgo de exclusión social, de personas vulnerables o, incluso, cuando la palabra se hace ya insoslayable, recurrimos al nombre genérico de ‘pobreza‘. Es entonces cuando el cursi suspira y aprieta con gravedad los párpados y el canalla levanta el puño. Pero la pobreza en abstracto, estarán conmigo, no es ninguna amenaza. La desgracia, la herida encarnada que supone no tener ni para ti ni para los tuyos, se instala siempre sobre los hombros de personas singulares, con un rostro, un nombre y una historia.

El problema no es la pobreza, sino los pobres. Unos pobres que no tienen que corresponderse con un imaginario subsahariano ni con la herrumbre oxidada de cualquier país remoto. Su vecina de 27 años que vive en casa de sus padres es pobre. Su amigo que habita un pisito de 30 m2 con 40, también.

España pronto será un país de gente pobre y si aplicamos un sesgo generacional podemos concluir sin riesgo a equivocarnos que, de facto, ya lo es. No sólo la vida tal y como la conocieron nuestros padres se ha truncado, sino que el horizonte de expectativas que hace posible imaginar un futuro meramente razonable se ha visto paulatinamente impedido. En pocos días se cumplirán diez años del 15M y en aquel contexto se inauguró un lema tan contradictorio como inquietante: el de una juventud sin futuro que dejó de ser joven pero que mantuvo la fatalidad de un porvenir imposible.

No es que seamos cada día más pobres: es que nadie parece estar dispuesto a remediarlo. Cada día es más evidente que una izquierda embutida en polos de Fred Perry y abandonada a la coartada emocional del antifascismo jamás atenderá a los intereses de las clases empobrecidas. Atacar a la familia, disolver el sujeto universal en favor de delirios identitaristas o renunciar al capital moral y conceptual de la Ilustración parecen estrategias autolesivas a la hora de proteger a los más débiles.

Si a ello le sumamos el insistente coqueteo con la violencia (desde Rentería hasta Vallecas) o la paulatina degradación de garantías civiles tan básicas como la presunción de inocencia o la libertad de prensa, descubriremos, con natural claridad, por qué esta izquierda no podrá representar el interés de los pobres. Para remate, si quieren ver a un izquierdista patrio tartamudear, háblenle de la solidaridad interterritorial o, aún mejor, de la jacobina unidad indivisible de la República.

Pero el problema, como en toda crisis estructural, no es simplemente de sesgo o identidad ideológica, sino que la carcoma se extiende a lo largo de todo el espectro. Uno podría imaginar una derecha conservadora y decente, de esas que anteponen la dignidad y el compromiso a las leyes del mercado, pero entonces no estaríamos en España. Esos pobres de los que tan bien habla el Evangelio (y que Chesterton inmortalizó con la imagen de la golfilla de pelo rojo del arroyo) están naturalmente desprotegidos también a derechas.

Al sedicente liberal español, ese señor del Club de Campo con las iniciales grabadas en la camisa y que viste pantalón lila, los pobres (más aún los pobres del Evangelio) le dan absolutamente igual. Su contraste ideológico con la izquierda es puramente posicional y, sobre todo, confía en poder segregarse por renta de cuantos males acontezcan a su alrededor.

Es el mismo pijerío patrio que no duda en saltarse el confinamiento entre comunidades cuando quiere pasar un fin de semana largo en el campo y para el que el imperio de la ley, tan cacareado cuando quiere machihembrar su condición liberal, sólo le sirve para arrojárselo al contrario. Esta derecha se equivoca si piensa que puede aislarse en sus privilegios. Si el mundo arde no importa cuán grande sea la finca: el humo te acabará llegando.

Vidal-Folch recordaba en sus diarios que el primer desamor tiene un prestigio exagerado. Lo que de verdad nos rompe el espinazo de forma irreparable es cuando se pierde el segundo amor, cuando el fracaso se ha convertido en pauta repetida. Esta lúcida reflexión —que toda persona de bien sabe cierta— es trasladable al ámbito político y social.

Lo dramático no es haber perdido una generación ya que en algunos países como el nuestro, con amplias redes de solidaridad y lazos familiares robustos, ese daño tal vez pueda ser asimilado. Lo irreversible, lo que podría generar una fractura que termine no sólo con la legítima esperanza de tantas personas sino con el suelo emocional que permite nuestro proyecto político común, es que exista una segunda generación empobrecida.

Aristóteles, que no era ningún hooligan subversivo ni ningún comunista peligroso, señaló hace 25 siglos que en todas partes la sublevación tiene por causa la desigualdad. Más les valdría a algunos tomar nota. Yo que ellos, en lugar de abrazar tanta orgía disruptiva y tanta transformación digital, empezaría por hacer caso a los clásicos. Y de paso, volvería a llamar a los pobres por su nombre. Qué menos.

Una ley contra la naturaleza humana

Lidia Falcón

Fuente: El Español.

La ministra de Igualdad Irene Montero ha desvelado el borrador de proyecto de ley sobre la protección del colectivo LGTBI y trans que, con una obstinación digna de mejor causa, se propone presentar al Congreso de los Diputados para su aprobación.

En ella insiste en mantener las mismas normas que contemplaban los proyectos de 2017 y 2018.

Como aquellos, el proyecto actual no sólo lesiona gravemente los derechos de las mujeres, sino que conculca la seguridad jurídica que debe regir nuestro Estado de derecho; invade competencias de otros cuerpos legales, incluso de mayor jerarquía jurídica; pone en peligro la salud física, psíquica y la estabilidad mental de los menores; y no concuerda con la realidad antropológica ni con el examen que debe hacerse desde el más elemental sentido común.

En primer lugar, la propia exposición de motivos de la ley muestra las contradicciones e incoherencias que rigen todo su articulado. Exposición, como las anteriores, superflua, reiterativa y ampulosa, y que manipula las disposiciones y recomendaciones internacionales, que nunca han impuesto la categoría de transgénero.

El término transgénero que se adopta en el redactado es inaceptable ya que el término género no es sustitutivo ni de mujer ni de sexo. En español, el sustantivo género se aplica para clasificar diversas materias, pero no puede referirse a las personas. La palabra género remite a una categoría relacional y no a una división de las personas en grupos identitarios.

Pretender que no puede cambiarse el sexo, pero sí el género, es una construcción fantástica inaceptable desde todos los puntos de vista, tanto antropológicos, como biológicos, como culturales.

Se pretende modificar la realidad simplemente por el deseo personal. En la especie humana, como en todas las especies mamíferas, los miembros están divididos en dos sexos: macho y hembra. Lo que no se conoce es el llamado género, que no existe. Y, por tanto, no se le puede dar carta de ley.

En las alegaciones de la exposición de motivos del proyecto de ley se mencionan numerosas legislaciones, así como resoluciones del Consejo de Europa en las que se conmina a respetar y a legislar en el amparo de la libre orientación sexual y la “identidad de género” o sexual.

Pero ninguna incluye en sus recomendaciones o legislaciones la “libre expresión de género”, que la ley permite modificar a lo largo de la vida de una persona con sólo una declaración de voluntad, afectando a todos sus derechos legales.

Dicho derecho tan sólo aparece recogido en los llamados principios de Yogyakarta. Estos principios no son ningún tratado internacional. No han sido como tales suscritos por España, ni por ningún otro país, ni tan siquiera por la ONU (aunque fueron presentados en ella).

Tampoco constan en ningún tratado internacional o de la Unión Europea. No constituyen un instrumento vinculante del derecho internacional de los derechos humanos.

Son, por tanto, un relato de principios realizados por un grupo de representantes del colectivo de transexuales y transgénero. Grupo que aspira a que sean adoptados por los diversos Estados y organismos internacionales.

El Partido Feminista de España no puede estar de acuerdo con estos principios porque colisionan y conculcan los derechos de las mujeres.

En consecuencia, resulta absurda la redacción de la ley en todo lo que se refiere a los derechos y condiciones de vida de las llamadas personas transgénero, puesto que no existen.

De la misma manera, tampoco existe la llamada identidad de género, puesto que semejante clasificación no es aplicable.

Este proyecto de ley, además, interfiere y se entromete en la ley penal calificando como conducta punible lo que denominan transfobia, definida como “toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio o prejuicio hacia las personas trans”, y que pretende impedir la libertad de expresión garantizada en el artículo 20 de nuestra Constitución.

Lo más penoso de este proyecto es que considera a los menores capacitados para decidir su “transición”, cuando no son responsables penalmente ni se les reconoce madurez suficiente para decidir actividades de la vida civil y política.

La redacción de la ley es tan incomprensible y disparatada como la de las que la precedieron. Define el término transexual diciendo: “Por persona transexual se entiende aquella cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado en el momento del nacimiento”.

¿Qué significa eso de “asignar”? ¿Acaso al momento del parto asiste un asignador? ¿Quién es? ¿El cura, el encargado del Registro Civil, una pitonisa? ¿Alguien que por su propia decisión va asignando sexos a los recién nacidos?

No parece posible que este disparate se haya plasmado por escrito en un texto legal. Me pregunto dónde están los letrados de la Cámara que deben asesorar a los políticos. A las personas no se les asigna el sexo en el momento de nacimiento. Tanto los genitales como los aparatos reproductores de los fetos se forman en el embrión y cuando se produce el parto no hay que asignar sexo alguno, sólo observarlo.

Así mismo, rechazamos todas las referencias al género que se encuentran en el texto legal. Lo que se ha escrito en esta ley puede formar parte del género literario, pero nunca de un redactado jurídico.

Se añaden a estos despropósitos la creación de organismos administrativos destinados a controlar la conducta y las opiniones contrarias a lo dispuesto en esta ley, creando una red de inspectores y una serie de sanciones que perseguirán las publicaciones y disertaciones públicas que critiquen lo impuesto en esta norma.

En definitiva, con esta ley se está imponiendo legalmente una caza de brujas contra los que disientan de las normas que pretende aprobar el grupo parlamentario Unidas Podemos. Nos encontramos ante una deriva autoritaria y represora del Gobierno de la Nación que no se daba desde que superamos la dictadura.

En consecuencia, el Partido Feminista de España utilizará todos los recursos legales para impedir la aprobación de semejante ley y llama a la movilización cívica del movimiento feminista, y de todos aquellos sectores sociales que defienden los derechos humanos, para impedir el reconocimiento de la autodeterminación de género y la represión política que se está desencadenando contra los opositores a la ley, como está sucediendo con la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón.

 

 

La ley de eutanasía, ¿una conquista social?

Cristina Casanova, enfermera de atención primaria.

Hace dos días leía en la editorial de un periódico de tirada nacional que la aprobación de la ley de eutanasia “vuelve a situar a España en el grupo de cabeza de las conquistas sociales”.

Porque me considero una persona de izquierdas me chirría la argumentación en favor de la ley de eutanasia como de un gran avance social y la gran mentira de comparar eutanasia con muerte digna.

¿A qué llamamos avance social? Solo recordar algunos datos del informe que presentó  el relator de la ONU para la pobreza tras visitar España en febrero: “en España hay familias que tienen un dilema: o poner la calefacción o comprar comida”, “la alarmante pobreza que alcanza al 26% de los españoles”, “los alquileres de vivienda son cada vez más altos y los desahucios se han disparado en los últimos años“,  “España no ha invertido en vivienda social o ha vendido la que tenía”, “una de las medidas más urgentes que deben afrontar los políticos es regular los precios de los alquileres en las grandes ciudades”.

Y si esto era así a principios de año, ¿cómo será ahora en plena pandemia por covid?  Se ha disparado la pobreza energética hasta su máximo histórico: 1,3 M de hogares; en los meses de abril, mayo y junio hubo 1.383 ejecuciones de desahucio en España, lo que da una media de 21 diarios; han aumentado las depresiones y el consumo de sicofármacos. ¿Realmente la eutanasia es de un gran avance social?

Por mi experiencia laboral como enfermera veo la soledad con la que sobrellevan la enfermedad muchísimas personas mayores, sin llegar las ayudas de la Ley de Dependencia, sin llegarles unos cuidados paliativos necesarios para que su enfermedad pueda ser más llevadera y sin dolor, en casas pequeñas o sin ascensor que les permita salir a dar un paseo o relacionarse con otros o tomar algo de sol y hacer una pequeña comprar  o con hijos con unos horarios laborales que no permiten compaginar el cuidado ¡esta es la gran mentira comparar eutanasia con muerte digna! Y digo yo ¿quién no quiere morir con muerte digna? Aquello que define una “muerte digna” morir acompañado por tus seres queridos y morir sin dolor, cuidado y en un lugar confortable ¿cuántas personas van a poder morir dignamente con esta situación social que arrastramos?

Tengan la decencia de no engañarnos.

El fracaso de la eutanasia

Jorge Lara

Cuando lean este artículo es probable que el Congreso de los Diputados de España haya aprobado la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, un fracaso más de la sociedad. O, desde otro punto de vista, una victoria más de la cultura de muerte, que en España se suma a la ley del aborto, a la insolidaridad con los refugiados e inmigrantes, a la pobreza severa, a los muertos por accidentes laborales, por suicidio, a las víctimas de violencia y maltrato, a los muertos en las guerras con armas que fabricamos aquí… Pero el marketing de la cultura de muerte está bien estudiado y tiene la habilidad de presentar estos ataques a la vida y a la dignidad de la persona con argumentos de lo más razonables: bajo capa de bien.

Vamos a centrarnos en este artículo en el marketing de la eutanasia, que empieza por su propio nombre, ya que han conseguido colar como “buena muerte” lo que no es más que un suicidio asistido, y, en no pocas ocasiones, una limpieza eugenésica de ancianos, enfermos, y discapacitados; e incluso se abre (o se abrirá como en otros países) la puerta a que cualquier sufrimiento lleve al sufriente a buscar la solución “fácil” de quitarse de en medio.

Como en el caso del aborto, la eutanasia busca casos mediáticos, dolorosos, que generan una suerte de empatía y comprensión. Porque son casos extremos en los que parece que no hay otra solución, como cuando en las películas vemos que un caballo se rompe una pata y lo mejor para que no sufra es pegarle un tiro, o cuando un soldado o aventurero también cae herido o prisionero y va a ser objeto de torturas insufribles y el protagonista compasivamente le evita ese trance, sintiéndolo mucho eso sí. Efectivamente, de alguna forma se nos ha ido colando esa falsa compasión y esa sensación de inevitabilidad inexorable, de que ya no hay otra alternativa. Se nos ha generado, en definitiva, impotencia.

También se nos ha generado un falso respeto a la decisión de los demás, desde un individualismo atroz. Tenemos que respetar a los demás hasta cuando se equivocan, porque nada hay por encima de la sacrosanta autonomía de la voluntad. Aun cuando otros viéramos que sí hay alternativa, si el directamente implicado no lo ve así, se construye un derecho absoluto a decidir en absoluta soledad sin tener en cuenta más que unos sentimientos y emociones que evidentemente existen pero que no deberían ser la única fuente de decisión. En esa clave, la única ayuda que se les puede ofrecer a esas personas es la de dejarlas o ayudarlas a ejecutar el error, no se les puede contradecir. Porque su “verdad” no admite que entre todos se pueda alcanzar una verdad mayor donde no entren sólo algunos sentimientos y emociones, sino otros de sentido contrario además de la razón e incluso la trascendencia. Pero, es probablemente ese abandono a la soledad de la verdad individualista el que impida al individuo descubrir que hay otra verdad más allá de sí mismo, más allá incluso de su sufrimiento. “¡Ay del solo, caerá y no habrá quien le ayude a levantarse! Pero todo sea en pro del relativismo ético. La exministra de Sanidad Luisa Carcedo, diputada socialista ha declarado que esta ley “No es para el que quiere vivir, es para aquel que considera que el dolor le resulta insoportable, que considera que no tiene vida”, es decir puro subjetivismo, notemos que repite dos veces “que considera”. Se nos genera, por tanto, una concepción y una forma de entender la vida asilada, autosuficiente, autorreferencial, en definitiva, individualismo.

En el marketing del proyecto de ley lógicamente se pone muchísimo el acento en que es para supuestos muy concretos y con todas las garantías: que lo van a informar previamente dos médicos, con unos plazos, que si se deniega podrá verlo una comisión (al contrario parece que no)… Afirma la ley que se le darán alternativas, y entre ellas los cuidados paliativos, pero, sin embargo, en España todavía no hay una ley general de cuidados paliativos ni recursos suficientes para garantizarlos a todos los que lo necesitan. ¿Cómo van a ser una alternativa entonces? ¿Si hubiera esos recursos, se habrían dado algunos de los recientes casos más mediáticos? Esos casos precisamente demostraban que habían llegado a pedir la eutanasia porque llevaban meses, incluso años, sin recibir la atención que necesitaban. La realidad triste parece que va a ser que para recibir ayudas a la dependencia y a cuidados paliativos pueden pasar meses, y, sin embargo, la autorización para practicar la eutanasia se va a conseguir en un mes según la ley. ¿Se puede defender así que hay igualdad en las alternativas y verdadera capacidad y derecho de elección? Es comprensible en la estrategia pro-eutanasia que la ley aparente ser muy garantista. Lo importante es generar esa sensación de seguridad jurídica para limar y eliminar reparos y objeciones: “no es para tanto”, va a estar todo muy regulado y vigilado, incluso en los centros privados que también podrán realizar esa “ayuda para morir”. La intención taimada parece clara: una vez que se reconozca como ley ya habrá tiempo para relajar la aplicación, como sucedió con la ley del aborto. Y más adelante, reformar la ley para ampliarla y “mejorarla”. En definitiva, un lobo con piel de cordero, con esta ley se nos genera una falsa sensación de seguridad.

Se podría profundizar mucho más, pero para este artículo puede ser suficiente con fijarnos en esos tres ingredientes que venimos esbozando: impotencia, individualismo y seguridad. Nos hacen vernos impotentes ante el dolor, el sufrimiento y la muerte, y además los afrontamos en soledad, por lo tanto, no vemos otra salida, y ya que no vemos otra salida, que nos aseguren que cuando la tomemos el proceso sea rápido y “compasivo”. Un gran fracaso, porque sí hay otras salidas.

Frente a la impotencia que genera el dolor, el sufrimiento, una muerte más o menos inminente, hay que constatar que la inmensísima mayoría de los enfermos incurables, crónicos o de los que tienen graves discapacidades quieren seguir viviendo, y sus familiares también. Pregunten a los oncólogos cuántos pacientes les han pedido la eutanasia; pregunten a los enfermos, pregunten a personas valientes con enfermedades gravísimas como la ELA. Ahí tenemos el ejemplo (por poner uno) de Jordi Sabaté Pons que ha animado a participar en la campaña #mueveundedoporlavida. No hay impotencia, hay una potencia inmensa de la vida capaz de superar y encontrar sentido en las situaciones más difíciles. ¿Por qué no empeñarnos en que quienes no tienen desarrollado ese potencial lo puedan hacer? No hay enfermos incuidables aunque sean incurables decía una de las notas de la Conferencia Episcopal.

Frente al individualismo que está detrás del falso respeto al derecho individual, conciencia social del derecho y deber de cuidados. Que nadie se sienta solo, que todos se sientan acompañados, pero no para caer o perseverar en el error, sino para dar pasos juntos hacia una verdad más grande que lo que pensamos o vivimos cada uno de nosotros. La antropología nos demuestra que nuestros ancestros ya cuidaban de los débiles, de los ancianos, y que eso fue un importante paso en la evolución, en nuestra constitución como humanidad. En común se pueden afrontar todas las dificultades, y el débil puede reconocerse querido y aceptado en su situación, no como una carga. Y los demás, los “sanos” pueden reconocer la, a veces misteriosa pero tantas veces evidente, aportación al común de quienes pareciendo que no podían, sin embargo, transmitían fuerza, alegría, entusiasmo, profundidad y sentido a los demás. ¿No hemos celebrado en España la película “Campeones”? ¿No hemos conocido personas con todo tipo de dificultades físicas, psicológicas y enfermedades que han demostrado resiliencia no sobrehumana sino enteramente humana y que luchan denodadamente y con alegría cada día?

Frente a la falsa seguridad de estas leyes, la experiencia contrastada de otros países y situaciones análogas. La ya mencionada ley del aborto, coladero primero, y derecho después. El caso de Holanda, donde los ancianos huyen a vivir a otros países limítrofes donde no les apliquen esa normativa tan segura. Así lo testimonió el médico norteamericano Herbert Hendin, M.D. en su libro “Seducidos por la muerte” que escribió después de viajar a Holanda con la intención de aprender de ellos e implantarlo en Estados Unidos y que se horrorizó, sin embargo, de todos los abusos que, amparados por la ley, se iban cometiendo y extendiendo cualitativa y cuantitativamente. ¿Dónde está la seguridad?

En España, el documental probablemente más visto de los últimos años es “Eso que tú me das”, la entrevista realizada por Jordi Évole a Pau Donés en sus últimos días. ¿No demuestra que, si todos los enfermos incurables tuvieran a su alrededor a sus seres queridos, una atención médica especializada, un entorno hogareño (asistencia domiciliaria) llegarían a la misma conclusión que este cantante? Que no hacía falta adelantar la llegada de la muerte, que cada día merecía la pena vivirlo, y que lo que de verdad se desea es vivir lo más posible.

Empezábamos diciendo que quizás cuando lean este artículo, el Congreso ya habrá aprobado la ominosa ley, aunque luego tenga que pasar por el Senado. Algunos creemos en las remontadas, en que la razón y el corazón pueden iluminarse de nuevo para buscar respuestas en verdad y justicia. Frente al miedo a la muerte y al sufrimiento, la fortaleza del amor expresado en los cuidados, el acompañamiento, la escucha, la puesta en marcha de instituciones, leyes y recursos suficientes para no dejar a nadie atrás, para que se defienda eficazmente el derecho fundamental a la vida. Los únicos vencidos son los que no luchan, y la esperanza es la virtud del que lucha. Luchemos con las armas de la fe y la razón, y con las del testimonio y el ejemplo con nuestros prójimos, que nadie se sienta solo y abandonado.

Para profundizar:

https://conferenciaepiscopal.es/nota-de-la-comision-ejecutiva-sobre-la-ley-de-la-eutanasia/

https://conferenciaepiscopal.es/la-vida-es-un-don-la-eutanasia-un-fracaso/

Samaritanus Bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe: https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/09/22/carta.html

Sembradores de esperanza de la Conferencia Episcopal Española:  https://www.conferenciaepiscopal.com.es/sembradores-de-esperanza-acoger-proteger-y-acompanar-en-la-etapa-final-de-esta-vida/

Resumen del Informe del Comité de Bioética de España sobre la eutanasia  https://plataformacuidando.org/resumen-del-informe-del-comite-de-bioetica-de-espana-sobre-la-eutanasia/?fbclid=IwAR0BlzIdaUxJ34zapQax4HAIiz3bEmf6_swRv0FXx2ZqyDEiaZOALRgKv1M

¿Estar a favor de la Eutanasia es de izquierdas?  https://ahoramqnunca.blogspot.com/2020/11/estar-favor-de-la-eutanasia-es-de.html?fbclid=IwAR2qeTEZpeNY6XsLFyWAu4_sLBI5GN_4ATBh4wA5LidvctD7713pNSPomX0

12 argumentos no religiosos contra la eutanasia que han sonado con fuerza con los datos recientes  https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/816951047/12-argumentos-no-religiosos-contra-la-eutanasia-que-han-sonado-con-fuerza-con-los-datos-recientes.html?fbclid=IwAR0tBbHOI2FmSmZaN4Hf33N61Eyz6-A0Q5S_N1hoRJnFsh-gRZIwc1Y9l3Q

Decenas de reconocidos juristas y el Comité de Bioética dan un varapalo al Gobierno con la eutanasia  https://www.religionenlibertad.com/espana/867948437/juristas-comite-bioetica-varapalo-gobierno-eutanasia.html?fbclid=IwAR3vbbtPtqrch9xQYWJbzUM97S-U_1i29QFPA7MZRHXAaYsy-AZstdv3Yvg

La ONU condena que la ley «permita la eutanasia por motivos de discapacidad» https://www.abc.es/sociedad/abci-condena-ley-permita-eutanasia-motivos-discapacidad-202012160120_noticia.html

Covid, escuela y política

Samuel Valderrey, profesor de secundaria en Navarra

Ya han pasado meses desde aquel 14 marzo cuando se cerraron escuelas en España y se mandó a profesores y alumnos a casa. En medio de esta segunda onda de la pandemia, creemos que ya estamos en condiciones de echar la mirada atrás, reflexionar sobre las consecuencias que han tenido las medidas tomadas tanto para niños y jóvenes, familias y profesores como para la propia escuela. Nos atrevemos a cuestionar las medidas tomadas en base a estudios científicos y a la falta de una elaboración de protocolos de forma horizontal en colaboración con las familias y los profesionales del sector. Se nos hablaba de una nueva normalidad, pero lo que estamos viviendo es una nueva realidad.

Tocados por el confinamiento

A nadie nos cabe duda que los niños han sido los más maltratados en el confinamiento, los perros han estado mejor considerados, pudiendo salir a la calle desde el primer momento. Hemos tenido el confinamiento más estricto de toda Europa. Los niños desaparecieron de los colegios y de las calles. El vicepresidente Pablo Iglesias tuvo que pedirles perdón cuando empezaron a poder salir (en horas limitadas). La propia OMS sitúa a niños y adolescentes entre las principales poblaciones de riesgo en salud mental debido al confinamiento. Según algunos estudios, uno de cada cuatro niños sufre ansiedad tras el encierro[1]. Quizá podemos pensar que los niños se están adaptando bien a todo (protocolos, nuevas medidas, distancias) y así lo vemos los profesores, pero… ¿sabemos lo que viven por dentro?[2]. Siguen percibiendo que les estamos robando tiempo precioso de abrazos, tocarse, socializar, jugar, soñar, experimentar. Una de las imágenes que nos viene a la cabeza cuando pensamos en niños y confinamiento es la de éstos frente a las pantallas y no olvidemos que la sobreexposición a las pantallas tiene nefastas consecuencias para el cerebro infantil en desarrollo[3].

De la noche a la mañana los padres se convirtieron en los maestros de sus hijos. Muchos sin saber, y sin poder, han tenido que estar al pie del cañón. Hemos asistido a una gran brecha según familias. Familias donde hay recursos, formación, internet…los padres han sido el gran apoyo de esos niños, pero… ¿donde todo eso no lo hay?. Las familias con trabajos precarios, separados, familias que no llegan a fin de mes, trabajadores “esenciales”, etc,¿cómo lo han hecho? ¿cuántos se han quedado atrás por su realidad familiar y social?. No somos conscientes de la realidad sangrante y la violencia que se ha podido generar en muchas familias, además de poner de manifiesto incapacidades y frustraciones.

¿Y los profesores? A nivel personal hemos hecho lo que hemos podido, no tengo duda que mayoritariamente hemos intentado sacar lo mejor de nosotros mismos. Nos encontramos con una situación inesperada (como el resto de la población). Recuerdo cómo compañeros del colegio se empeñaban en dar fotocopias a los alumnos el día previo al confinamiento, pensando que era cuestión de un par de semanas. Esto evidencia la falta de conciencia y desorientación que teníamos. De un día para otro clases sin alumnos, y todos a casa. Nos hemos tenido que reinventar. Grabar clases, preparar tareas, generar nuevos recursos, formación express en nuevas aplicaciones y plataformas, etc. El comentario habitual es que hemos duplicado la jornada (responder correos, videollamadas, llamadas a padres, orientar, aconsejar, recordar,..). Nos consta la dificultad de dormir, estrés, atender hijos (los que los tenían) y alumnos. Cierto es que en muchos casos nos hemos convertido en “inspectores de la tarea realizada”. Aunque también hemos sido capaces de dar ánimos a nuestros alumnos con infinidad de vídeos realizados por profesores de varios centros dando mensajes de ánimo para sobrellevar el confinamiento.

También en esta pandemia los profesores hemos aprendido (en palabras de varios profesores[4]): “La importancia de una clase presencial” ; “Con emoción se aprende mejor” “Se ha demostrado quién tiene vocación y quién es un burócrata”; “La importancia del acompañamiento del docente” “La implicación de las familias en la enseñanza” “A buscar una enseñanza menos memorística” “Ha quedado en evidencia que hay educación de primera y de segunda” “La fragilidad del sistema” “Las grandes desigualdades sociales, que en el aula se diluían”; “Nos ha hecho reflexionar por el modelo de escuela por el que queremos luchar”.

Es cierto que las autoridades educativas han reaccionado tarde, la información ha sido escasa y muy desde arriba. Además, entre el profesorado había incertidumbres e inseguridades para afrontar la nueva situación (protocolos, nuevas maneras de funcionar en las aulas, miedo al contagio propio y al de los alumnos…), pero también es cierto que ante el inicio del nuevo curso quizá también debemos hacer autocrítica. Como colectivo el profesorado ha estado AUSENTE, no hemos tomado iniciativa, en vez de ser propositivos e intentar ser respuesta, hemos esperado a que se nos diga lo que hacer, no hemos defendido la “esencialidad de la escuela”, no hemos luchado políticamente para cambiar la situación.

 

Las escuelas permanecieron cerradas, ¿por qué?

Nuestros gobernantes todavía no han pedido perdón por no abrir los colegios, cuando 22 países europeos ya habían abierto las escuelas infantiles y de primaria, y/o de los últimos cursos de secundaria, en mayo y en junio, y ya había datos que apuntaban a una baja transmisión del virus entre niños y jóvenes. En abril se publicaron los trabajos de Russell M Viner[5], y otros que ponen de manifiesto que la transmisibilidad en niños es mucho menor que en adultos (con un 56% de menor riesgo de ser contacto infeccioso), y cuando no hay datos de la efectividad del cierre de escuelas en el control de la transmisión de la enfermedad. A finales de abril y primeros de mayo, veíamos cómo muchas de las escuelas europeas abrían sus puertas y según lo que manifestaron los ministros de educación de la UE en una videoconferencia[6] realizada en mayo, la reapertura de las escuelas no supuso un aumento significativo de contagios entre los niños, los profesores o las familias. Por si a nuestras autoridades no les valían estos datos e informaciones que venían de Europa, en España se confirmaban datos muy bajos de contagios entre los más jóvenes, de hecho, los menores de 19 años eran el 1,2% de los contagios confirmados, el 0,6% de los que han requerido hospitalización y solo se han registrado 8 fallecimientos en esas edades[7].

Entonces…¿por qué no se abrieron en España los colegios? La OCDE nos ha situado entre los países que más tiempo ha tenido cerrados los colegios -16 semanas, frente a las 14 de media- por el coronavirus[8]. ¿Por qué no seguimos el caso de Dinamarca u otros países europeos? Dinamarca fue el primer país europeo que abrió escuelas (15/04/20). Se ha considerado un caso de éxito. Nuestros responsables políticos se podrían haber preocupado de estudiar las medidas[9] que tomaron y cómo afrontaron esa reapertura. Viendo la experiencia de otros países europeos y los datos de bajo contagio, está claro que aquí podríamos haber seguido el mismo camino, pero nuestro gobierno optó por mantener cerradas las escuelas. Algunos pensamos, que aunque quedara un mes o mes y medio para acabar el curso, hubiera sido un buen momento para probar protocolos, toma de contacto ante una nueva realidad que se avecinaba, e intentar amortiguar los efectos tan dañinos que el duro confinamiento provocó en niños y jóvenes.

 

¿La escuela del miedo? Medidas y protocolos

Podemos entender (aunque nos cueste) que en medio del confinamiento pudiera ser complicado tomar la decisión de abrir escuelas por miedo a la propagación de la enfermedad, pero tras un verano de por medio y ante el inicio del nuevo curso...¿por qué no se hizo caso al informe ECDC[10] (Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades) donde ya el 6 agosto hablaba de que según las investigaciones de casos identificados en entornos escolares sugieren que la transmisión de niño a niño en las escuelas es poco común y no es la causa principal de la infección por SARS-CoV-2 en niños. Este informe aporta algo esencial a la hora de establecer políticas de cierre de escuelas, y es que la mayor contagiosidad se da en entornos domésticos y no en escolares. ¿Nos podríamos haber evitado tanto protocolo e ir a lo esencial?

¿Por qué se pone la escuela patas arriba ante una incidencia del virus tan baja? Con las medidas impuestas como no jugar al balón, distancias en las aulas, cambios metodológicos en materias (Educación Física, Tecnología, laboratorios,..), supresión de extraescolares, evitar el trabajo más manipulativo en infantil, acabar con el trabajo en equipo, dificultad para socializar, ¿estaremos generando una escuela del miedo?. Recuerdo cuando se dio un caso positivo en una clase, los alumnos echaban en cara el contagio a su compañero con cierto desprecio. Con los niños y jóvenes cala lo emocional, la comunicación no verbal, y parece que todo lo que les transmitimos es miedo: “no eres bienvenido”, “no toques”, “no hagas”, “cuidado”, “súbete la mascarilla”, “no compartas”… ¿Estaremos promoviendo unas generaciones hiper vulnerables? Ansiosas, con miedos, con sentimientos de culpa, con carencias de juego, de socialización, tal vez deprimidas e incluso obsesionadas con la limpieza. Hemos visto como alumnos de forma casi compulsiva se echan hidrogel por miedo a contagiarse, familias que nos preguntan a principio de curso si era seguro llevar a los niños a la escuela. Es evidente, que a esas alturas ya teníamos todos los datos expuestos anteriormente, pero no se ha informado correctamente a la ciudadanía, se ha preferido hacer “terrorismo informativo” por los mass media  tratando a los estudiantes casi como si fueran delincuentes por bajarse la mascarilla mientras almorzaban. La propagación del miedo y el temor ha sido una constante diaria.

Con tanto protocolo… ¿no estaremos matando moscas a cañonazos? Sabiendo lo que ya sabemos del virus y su bajo contagio en colegios y entre niños, tenemos que ir volviendo a la esencia de la escuela. Transcurridos ya unos meses del inicio de curso se confirma la tendencia que ya se apuntaba en abril, la incidencia del virus en el ámbito escolar es insignificante. En estas gráficas, extraídas del informe epidemiológico semanal y del comité técnico de coordinación por Covid19 por la educación de Navarra, podemos ver con cierta claridad que la incidencia en la edad escolar es similar a la del resto de la población, y lo importante es que se mantiene en esa media antes y después del inicio del curso (semana 36-37)[11]. Es decir, la apertura de colegios no ha disparado los contagios, la escuela es un lugar seguro. Las conclusiones de dicho comité técnico declaran que el funcionamiento de los centros escolares no influye en la incidencia de la enfermedad en la población”[12].

Habiendo analizado, estudiado, contrastado y dialogado los datos y reflexiones anteriores nos atrevemos a cuestionar las medidas tomadas y nos preguntamos… ¿son medidas desproporcionadas? El Ministerio de Sanidad creó una guía-protocolo[13] de actuación para los centros educativos. La mayor parte de la guía lo han copiado las distintas comunidades autónomas para aplicar en sus territorios, pero al igual que existen 17 sistemas educativos, existen también 17 protocolos distintos según comunidad, que difieren a la hora de plantearse la presencialidad y la gestión de los casos, y otros aspectos curiosos como la toma de temperaturas, hay comunidades que comprueban la temperatura a su alumnado y otras que no toman esta medida.

Respecto a la presencialidad nos encontramos que comunidades como Castilla y León, Galicia, Cantabria, Cataluña, Navarra tienen presencialidad total en todos sus cursos, y en otras como Madrid, Aragón, Asturias, Murcia la educación es semipresencial desde 3º ESO (o desde 4º ESO en Andalucía, y desde 2º ESO en Valencia). ¿Por qué estas diferencias entre comunidades?

Respecto a la gestión de casos también se dan muchas diferencias.

Cuando en un grupo de ESO se da un positivo, se aísla al positivo, y los rastreadores buscan contactos estrechos, sin confinar a la clase entera, (excepto en Cataluña y Madrid, que se procede de forma diferente).

Mientras, en infantil y primaria, a pesar de haberse demostrado que los menores de 12 años presentan menor incidencia de contagios, se aíslan clases enteras con sólo un positivo en el aula, considerando a toda la clase contacto estrecho. En Navarra y Cantabria esto se hace en toda primaria, en Asturias hasta 4º de primaria, en Castilla y León y Galicia sólo infantil y primero de primaria, en Aragón desde octubre cambian el protocolo y dejan de hacer confinamientos masivos. Confinar alumnado innecesariamente además de lo que supone de dificultad para la conciliación de las familias, es una manera de volver a vulnerar el derecho de los menores de ir a la escuela.

Es necesario exigir que a los grupos de primaria se les trate como a los de secundaria, ya que llevan mascarilla, y cumplen los protocolos similares a los de secundaria, y además sabemos por los estudios que de 0-12 años la transmisión del virus es muy baja. Manteniendo las medidas higiénicas de lavado de manos y ventilación debería ser suficiente. Hay voces destacadas del mundo de la medicina y la pediatría que están insistiendo en la necesidad de ir volviendo a la normalidad en la escuela lo antes posible. Expertos epidemiólogos de EEUU en una declaración[14] avalada por más de 40.000 especialistas constatan que ya el conocimiento del virus es creciente y no hay razón para seguir con unas medidas que pueden ser irreparables, y sobre las escuelas y los niños lo tienen claro: “Las escuelas y universidades deberían abrir para una enseñanza presencial. Las actividades extracurriculares, como los deportes, deberían reanudarse.”

 

Cambiemos los protocolos

1- Hemos conocido pequeñas acciones de personas y colectivos que buscan cambiar algunos de estos protocolos, como por ejemplo, el hecho de que no se confinen clases completas.

  • Una carta de profesores y familias al departamento de educación de Navarra, al defensor del pueblo y a la prensa, apelando a que el propio vicepresidente de Navarra ha dicho que “los contagios se producen extra escuela y que el confinamiento no beneficia a los niños”.
  • Recogida de firmas de padres y profesores del Baztán (zona de Navarra) para solicitar cambios en los protocolos covid en los centros, porque son “medidas extremas y contradictorias que vulneran las necesidades vitales del desarrollo infantil”, manifiestan.
  • Equipo directivo de un centro de Berriozar, solicitan no confinar infantil y primaria, y recogen la advertencia de la OMS (Michael Ryan) declarando que “los confinamientos tienen que ser el último recurso para frenar la transmisión del virus”. Hablan de la escuela como lugar seguro ya que el contagio en la escuela es muy bajo. Además, citan a Antonio Guterres (secretario general Naciones Unidas) en la que insta a las autoridades competentes a que la “educación sea verdaderamente un objetivo prioritario”.

De todos los confinamientos de clases enteras que hemos conocido, el caso positivo se produjo fuera de la escuela. Además el profesorado de educación física en Navarra[15] ha solicitado a Educación que se autorice el uso de juegos con materiales como el balón durante los recreos escolares argumentando que la incidencia de contagio en esa práctica es muy escasa y se han ofrecido para colaborar con las direcciones de los centros en la elaboración de un listado de actividades de práctica deportiva en ese espacio lúdico del recreo.

2- Otra línea de denuncia que muchas asociaciones de madres y padres están solicitando es volver a la presencialidad total. La FAPA Francisco Giner de los Ríos de Madrid[16] ha exigido la presencialidad para todas las etapas, porque supone un agravio comparativo con otros cursos. No olvidemos que a quien más perjudica la no-presencialidad es a los más vulnerables.  Además denuncian, falta de coordinación entre consejerías de salud y educación, no se han habilitado los recursos que se prometieron, se delega en los centros la gestión de casos, pero los teléfonos comunican, y mucho más quejas que manifiestan en su comunicado.

3- Cuando un alumno está confinado es importante garantizar las clases online y el seguimiento del mismo. Pensemos que nos estamos encontrando con alumnos que pueden estar empalmando varios procesos de contagio en casa (padres, hermanos,…) y se pueden pasar hasta 1 mes sin ir a clase.

Nos alegran mucho estas acciones pero no dejan de ser puntuales. Si entendemos que la escuela es esencial, ¿vamos a seguir tolerando estas diferencias de trato por comunidades? ¿Vamos a seguir callados ante la falta de una información científica y veraz? Es necesario que profesores, familias y toda la sociedad demos una respuesta asociada y política ante lo que estamos viviendo. Las tres propuestas anteriores de mejora se pueden implementar si se exigen. También otras como:

  • En algunas CCAA como Cantabria la indicación de PCR a los niños se hace sin valoración previa de un pediatra. A niños con un único episodio breve de cefalea o un único episodio de vómito se les están realizando PCR sin que un pediatra valore su necesidad, simplemente porque se activa el protocolo en el centro escolar. Así se están haciendo más PCR y aislamientos que los necesarios. Y se sobrecarga de trabajo, inseguridad y estrés a los profesores, que saben que pueden tomar una decisión (activar el protocolo) que desencadena una cascada de intervenciones, que quizá la valoración de un profesional sanitario formado para ello las evitaría.
  • Algunos centros escolares están cerrados a cal y canto, cosa que no ocurre con la inmensa mayoría de instituciones de la sociedad. Los niños no salen a realizar actividades como aprender matemáticas con elementos de la propia calle (como la numeración de los portales) y no se permite entrar a los padres/madres a realizar talleres. Todo ello se podría realizar con las medidas preventivas oportunas. Es evidente que hay aspectos de la enseñanza que por razón de pandemia han de cambiar, pero este hermetismo de algunos colegios no tiene justificación científica.

 

El covid como oportunidad para plantearnos una escuela que sea respuesta

Este virus ha destapado muchas injusticias que ya se vivían pero quizá no las queríamos ver en varios sectores de la sociedad (hacinamientos en casas, condiciones laborales de los “esenciales” y de los trabajadores de plataformas delivery, condiciones de explotación en el mundo de los cuidados, residencias…), también ha ocurrido con la escuela. Se ha puesto encima de la mesa no sólo una brecha digital, sino una brecha social que ya existía. Algunos datos en España[17] que nos deberían hacer pensar:

  • En 2018, casi el 30% de los menores, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las tasas más altas de Europa.
  • La educación y la pobreza están estrechamente vinculadas. En España, en 2018 el 33,7% de las personas con educación primaria o inferior estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con sólo un 12,6% de personas con educación superior. Los estudiantes con desventajas económicas son 6 veces más propensos a repetir el año.
  • España lidera la UE en abandono escolar, con una tasa de deserción temprana del 17,9% en educación y formación en 2018.

Ante esta realidad nos debemos preguntar, ¿cuál es la misión de la escuela obligatoria? ¿Debe ser una escuela única igual para todos o más bien compensatoria de las diferencias? Sí, la desigualdad social, cultural, sanitaria y económica creciente en España entre las familias – tanto nativas, como de inmigrantes-, sugiere sostener y mejorar la escuela obligatoria como amalgama interclasista y solidaria y como medida compensatoria de las diferencias. No podemos permitir una escuela obligatoria que aporta a muchos muchachos su primer gran fracaso de la vida, los suspende, los hace repetir sin obtener su título. El mejor remedio contra el fracaso es un apoyo compensatorio para los atrasados realizado por la propia escuela. Debemos exigir una escuela mejor para los que más lo necesitan. Quien fracasa es la sociedad y sus escuelas, no los niños suspensos o desertores.[18]

¡La educación es un tesoro extraordinario de la humanidad![19] Un gran tesoro social más que individual. Ojalá las escuelas dejaran de ser una pieza más del engranaje económico, para ser lo que deben ser, instruir lo básico y elemental. Nadie educa a nadie, ni siquiera a sí mismo; nos educamos juntos mediatizados por el mundo[20]. La escuela nos ayuda a educarnos cuando muestra los desafíos de la vida colectiva. Y…¿cómo se hace eso? Se trata de enseñar este mundo real, duro e injusto, no unos programas a la deriva. Compensar desigualdades, no seleccionar alumnos. Ayudar a crecer a cada cual, no clonarlos. Se trata de afrontar la vida colectiva desde las asignaturas. “La clase no se da, se celebra”, porque nos implica. Encontrar cómo sus desafíos nos relacionan con la naturaleza, historia, con los demás, y con ese Misterio que nos habita y rodea. Más importantes que los exámenes son saber captar y cultivar las relaciones personales. ¡Qué poco conectamos con los símbolos! Todos somos esos vínculos que nos relacionan unos con otros, la música, el pueblo, los hobbies, las relaciones, amigos, las profesiones.[21]

Aunque lo central para que la escuela sea respuesta está expuesto, también hay más claves que la escuela debe reflexionar como la tan manida petición de bajar ratios, no tanto para trabajar menos, sino para acompañar e instruir mejor. No hay tarifa plana para todos los alumnos. En el aula hay una gran diversidad que atender y se hace más complicado con clases muy numerosas. Debemos plantear una escuela abierta: a las familias, donde se vayan extendiendo las  comunidades de aprendizaje; a otros profesionales que enseñan desde su profesión y complementan la labor docente; a la naturaleza, los espacios naturales y el aire libre son los mejores aliados para una nueva escuela[22]; a un sentido práctico, que conecte y se pueda aplicar a la  vida real. Nos debemos preguntar por qué a los alumnos de determinadas edades la escuela les resulta aburrida. Debemos poner en juego la creatividad de profesores, familias, alumnos y expertos para responder a circunstancias extraordinarias como esta pandemia.

Para que la escuela sea respuesta también necesitamos un pacto educativo. No podemos permitir que haya 17 formas de llevar a cabo la escuela (una por comunidad), ¿no está generando grandes diferencias?[23] El sistema educativo y la escuela siguen siendo motivo de instrumentalización y polarización política. Es evidente que los intereses partidistas (tanto de la supuesta izquierda como de la derecha) les nublan para buscar el bien común, si no se pondrían de acuerdo. Desde la transición se han sucedido 7 leyes educativas[24], y vamos a por otra, la denominada ley Celaá. No es objeto de este artículo analizarla, pero dejamos nota al pie de un artículo que reflexiona con gran lucidez sobre la misma.[25] ¡Ya estamos cansados! Queremos una ley para la escuela obligatoria de largo recorrido para generaciones enteras, donde lo que prime sea una instrucción básica y elemental que pueda compensar las diferencias sociales que tenemos, si no los últimos serán siempre los más perjudicados.[26]

Pienso que el grueso de los docentes procura dar lo mejor de sí para acompañar a cada alumno. Es fundamental, nunca tirar la toalla, y no ver a los alumnos como números, sino personas en toda su integridad, nos debemos obligar a pensar en ellos no en cómo son ahora sino en lo que están llamados a ser[27]. También debemos dar la batalla política, asociarnos para promover una escuela compensatoria. Decía Milani, que enseñando se aprendían muchas cosas como por ejemplo “he aprendido que el problema de los demás es igual al mío. Salir de él todos juntos es la política. Salir solo, la avaricia”.[28] Ojalá, la covid 19 sea la oportunidad que necesita la escuela para hacer justicia con los últimos y más vulnerables[29]. ¿Nos ponemos manos a la obra?

 

Notas

[1] Informe Unicef. Salud Mental e infancia en el contexto Covid19

[2] Según uno de los primeros estudios disponibles sobre el impacto emocional de la cuarentena de niños, niñas y adolescentes de España e Italia (Universidad Miguel Hernández), el 85,7% de los padres han constatado cambios en el estado emocional y en el comportamiento de sus hijos, siendo los síntomas más habituales la dificultad de concentración, el desinterés, la irritabilidad, la agitación, el nerviosismo, los sentimientos de soledad, la inquietud y la preocupación.

[3] Las pantallas pueden ser un complemento, nunca un sustituto del mundo real. Su proliferación supone el retroceso hacia una educación pensada como mera transmisión de conocimiento bancario. (Paolo Freire). “Es crucial la interacción de los adultos con el niño durante su uso ya que sigue habiendo pruebas sobre los riesgos del uso excesivo de los medios digitales como son el aumento del sedentarismo y del Índice de Masa Corporal(IMC), la disminución de las horas de sueño y la alteración en el desarrollo cognitivo, social o emocional, entre otros” (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, 2018)

 

[4] Respuestas seleccionadas de varios profesores en el Foro de Educación de EL PAÍS

[5] Revisión sistemática de Rusell M. Viner y otros. The Lancet 6 abril

[6] The Guardian. 18-05-20

[7] Datos del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. 29-05-20

[8] En España sólo se dio la opción de acudir a alguna clase a alumnos que estaban preparando la EVAU.

[9] Grupos pequeños (10-12 alumnos) de forma permanente con un maestro. Entradas escalonadas. Dividir patios. Las autoridades reservaron los parques públicos para niños en horario escolar y pusieron a disposición de las escuelas, hoteles, bibliotecas, museos, centros de conferencias. Los menores de 12 años nunca han tenido obligación de llevar mascarillas. Higiene de manos frecuente y limpieza material escolar dos veces al día.

[10] ECDC- Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades. 6-08-20

[11] Vigilancia epidemiológica de Navarra. Semana 23-29 noviembre 2020

[12] 5ª reunión del Comité técnico de coordinación COVID-19 por la educación en Navarra. 20-11-20

[13] Guía de actuación en centros educativos ante Covid19

[14] Declaración de Great Barrington

[15] Noticia Profesorado de Educación Física solicita de uso de materiales como el balón en los recreos

[16] Comunicado de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Giner de los Ríos de Madrid. 20-10-20

[17] Informe del Relator de la ONU sobre su visita a España. Febrero 2020

[18] Apuntes y notas del libro  “Con la escuela hemos topado”. Corzo,JL. Junio 2020

[19] Informe Unesco de J.Delors

[20] Pedagogía del oprimido. Freire, P

[21] Apuntes y notas del libro  “Con la escuela hemos topado”. Corzo,JL Junio 2020

[22] Actuación para la actividad educativa en la naturaleza. EdNA-Asociación educación en la naturaleza.

[23] ¿A que se deben las diferencias entre comunidades? Análisis de resultados informe PISA. 3-12-19

[24] De la LGE a la LOMCE.

[25] El examen sorpresa sobre el sistema educativo. (Reflexión a propósito de la «Ley Celaá»). www.solidaridad.net. Manuel Araus

[26] La LEY CELAÁ, desde los últimos. www.encuentroysolidaridad.net. Nuria Sánchez

[27] Imagen sugerente del Pintor René Magritte a la hora de pensar en nuestros alumnos.

[28] Apuntes de “Carta a una maestra”. Muchachos de la Escuela de Barbiana. Lorenzo Milani.

[29]  Igualdad no significa justicia

 

La LEY CELAÁ, desde los últimos.

Nuria Sánchez Díaz de Isla

La LOMLOE o Ley Celaá ha reabierto en nuestro país el debate sobre la educación. Esta ley, planteada sin consenso, ni diálogo social suficiente, enfrenta una vez más a la sociedad española en  temas como  la educación especial, el tratamiento del castellano, el papel de la educación concertada, o la asignatura de religión entre otros.

Viene a sustituir a la LOMCE, ley que fue igualmente aprobada sin consenso ni diálogo, y sin dar respuesta real a los grandes problemas educativos de nuestro país.

La LOMLOE afirma:  «La finalidad de esta ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos».

En España crece a pasos agigantados la pobreza y la desigualdad social. Que se hable de oportunidades y calidad para todos, suena bien, muy bien. Hay una brecha enorme entre la infancia empobrecida de nuestro país, y la infancia rica en estímulos y recursos personales, sociales, económicos y educativos. Y la escuela en estos momentos, no consigue, ni a penas se plantea, una auténtica y real compensación de las dificultades socioeconómicas y culturales del alumnado. Esta ley, a pesar de las buenas palabras, tampoco lo hace.

Si de verdad quisieran poner a los últimos en primer lugar, se buscaría un gran pacto político en educación, sin prisas, con diálogo, sin chapuzas, sin aprobar algo que está llamado a durar lo que dure un gobierno.

Si de verdad importase el aprendizaje de los más pobres, se intentaría la colaboración de todo tipo de escuelas, sin enfrentarlas, dotando tanto a las escuelas de titularidad estatal, como a las concertadas de  los recursos suficientes para poder sostenerse sin fondos proveniente de las familias que pueda servir de segregación. Pagar no digo 600, sino 60 euros al mes, es impensable para muchas familias. Es cierto que esta cantidad de dinero dificulta la entrada de familias con dificultades económicas. Es verdad que hay escuelas concertadas con ánimo de lucro, pero también es verdad que las hay, y muchas, con ánimo de servicio, que de hecho son deficitarias sin este apoyo de las familias. Las escuelas concertadas con voluntad de servicio pueden ser una pieza fundamental para la equidad educativa. La asfixia estatal de estas escuelas es además de un grave error estratégico, un fuerte ataque a la libertad de enseñanza.

Si de verdad existiese en esta propuesta un afán solidario, se evitaría la interesada confusión entre escuela pública y estatal. La escuela pública es del pueblo, de las familias, de la sociedad, que puede y debe organizarse y crear sus propios colegios, con pluralidad de planteamientos y sensibilidades. El Estado, con sus escuelas, debe llegar donde la sociedad no llega, de manera subsidiaria, no al revés. La «mercantilización» de la educación no es una buena noticia para el pueblo, pero la «estatalización» tampoco lo es.

Si de verdad se quisiese «compensar» las dificultades del alumnado que ni visita museos, ni se puede pagar clases particulares, o viajes al extranjero, el acento central de la ley sería el de ofrecer una enseñanza que permita dominar la palabra, el conocimiento, las lenguas, la matemática, la historia, la ciencia… Dejando en un plano muy secundario el afán ideologizador y de modelaje del alumnado que impregna toda la ley.

Si de verdad hubiese voluntad de promoción integral de los más débiles, no habría problema en aceptar la religión, como una asignatura más, asignatura optativa, que completa y enriquece la formación personal, que ayuda a entender la cultura que hemos heredado y que ayuda a profundizar en las grandes cuestiones humanas.

Si de verdad el objetivo fuese evitar el fracaso educativo del alumnado con más dificultades, no se hubiese hecho esta ley sin escuchar a los equipos docentes, al profesorado, que desea un pacto educativo. Y sin escuchar al propio alumnado, especialmente al que tiene más dificultades, y a sus familias, a quienes sobran buenas palabras y falsos debates, y necesitan compromiso real y efectivo, y acuerdos globales y estables que ayuden a crear una escuela verdaderamente solidaria.

El sistema educativo, no es otra cosa que un subsistema al servicio del sistema económico, que busca más que promocionar integralmente, atender en cada momento las necesidades de éste. Es fácil imponer una ley educativa que hable de equidad, aunque si realmente se busca equidad y justicia, el verdadero desafío está una vez más en un sistema político y económico que actualmente aplasta a infancia y familias. Trabajo digno, vivienda digna, barrios dignos, transparencia y honradez política, son buenos puntos para empezar a trabajar por la justicia, si de verdad se quiere.

¿Están en peligro la organización social y los derechos civiles?

Fuente: ctxt.es

CTXT contexto y acción

Nuria Alabao / Pastora Filigrana

En defensa de la organización social y las protestas

Si actos como el aniversario de un medio de comunicación son legales por constituir “actividad institucional” no restringida por el estado de alarma, es lógico considerar que las reuniones de movimientos sociales, AMPAS, sindicatos… lo sean también.

Durante esta pandemia estamos siendo testigos de un estrechamiento del espacio público. Lo colectivo está perdiendo tensión y fuerza, mientras la inseguridad y el miedo se viven cada vez más en soledad. Los movimientos sociales y los sindicatos de base llevan tiempo debatiendo internamente qué hacer con las restricciones impuestas para el control de la pandemia. Muchos ya no se reúnen presencialmente, solo de forma virtual, con las limitaciones que eso significa, o incluso han dejado de verse las caras. Otros están intentando mantener sus actividades, a pesar de todas las dificultades, inventando formas nuevas, y cada vez vemos más protestas públicas. Las dudas sobre qué hacer están ahí, nunca habíamos vivido nada parecido: ¿podemos convocar concentraciones o manifestaciones y de qué tipo? ¿Vale la pena? ¿Estamos siendo responsables? ¿Es legal reunirse? ¿Nos pueden multar por ser más de seis? ¿Cómo se para un desahucio en estas condiciones? ¿Qué hacemos si intentan desalojar nuestro centro social durante el toque de queda?

Lo cierto es que, sorprendentemente, ni en las leyes que declaraban el anterior estado de alarma, ni en el actual, aparece ninguna mención a la actividad política y sindical. Aunque sí se recoge un apartado expreso sobre las restricciones de aforo en lugares de culto con el objetivo, dicen, de “garantizar el derecho de culto”. Sin embargo, el ejercicio de los derechos políticos no parece merecedor de un apartado especial. En los medios, e incluso en las redes, apenas se habla del tema, como si los considerásemos algo irrelevante. Por desgracia, el escaso discurso público sobre la restricción de derechos fundamentales parte únicamente de los elementos más extremos de la derecha. Lo que llamamos izquierda ha abandonado su defensa y ha asumido el marco de que lo más ‘responsable’ es reivindicar las medidas restrictivas en casi cualquier caso, a pesar de que podemos empezar a percibir un cambio de sentido común sobre estas respecto de la primera oleada cuando apenas nadie se salía del guion. (Recordemos que el reconocimiento de estos derechos ha llevado siglos de pelea por parte del movimiento obrero y que todavía hoy hay que seguir peleando la posibilidad de poder luchar –la Ley Mordaza es un ejemplo).

Ya sabemos que organizarse es bastante complicado de por sí. Este escenario lo dificulta aún más. Lo virtual, la división en grupos más pequeños para reunirse, la delegación de la toma de decisiones en comités están minando, en muchos casos, las formas de democracia interna de las organizaciones –una cuestión en la que andamos siempre enzarzadas–. En organizaciones –como la PAH– donde buena parte de la militancia pertenece a sectores sociales que tienen menos dominio de las herramientas tecnológicas o posibilidad de usarlas, esta situación está dificultando la participación de estas personas. Entendemos la urgencia, pero sabemos que a largo plazo puede tener consecuencias, genera tensiones internas y malestares que pueden afectar a las capacidades de la organización. “Es pasajero”, pensamos, pero no sabemos cómo quedará el tejido social cuando esto termine –ni cuándo lo hará–, quizás cuando más necesario sea un tejido movimentista fuerte.

La situación golpea pues duramente a los movimientos sociales y sindicatos de base justo en un momento en que necesitamos más fuerza para pelear por el sentido de las medidas de reconstrucción y por qué parte de los fondos europeos vamos a ser capaces de ganar para redistribuir entre los de abajo. ¿Qué hacemos si los préstamos llegan condicionados desde Bruselas a nuevos recortes?

Hoy ya estamos atravesando esta extraña crisis que deja colas infinitas en los repartos de alimentos y cuyo fin es incierto, una crisis que se superpone sobre los coletazos de la anterior. Los desahucios se han reanudado, los cortes de servicios, hasta hace poco en moratoria, también. Hay gente sin casa a la que se recomienda o exige quedarse en ella. Hay gente sin agua y sin luz que no pueden irse al bar a calentarse. Sin embargo, el nivel de movilización es muy bajo. Pablo Iglesias ha pedido a los movimientos sociales que le exijan, que “su capacidad de presión es condición de posibilidad de que los gobiernos puedan hacer ciertas cosas”. No estaría de más, si esto piensa, que derogase la Ley Mordaza que ya se está aplicando en algunos lugares para desarticular a las PAHs mediante la imposición de multas de miles de euros a quienes paran desahucios o usan la desobediencia civil como parte de su estrategia política. La derogación de esta ley, que recordemos, fue una promesa del pacto de gobierno, ha quedado sepultada por su utilización para penalizar el incumplimiento de las restricciones de la pandemia. Pero la responsabilidad también está de nuestro lado: la de decidir que vale la pena seguir luchando, poner las condiciones para que pueda hacerse cumpliendo las recomendaciones sanitarias –en la medida de lo posible– y defender esta postura públicamente.

En general, estamos asistiendo a un nivel inaudito de autocensura en los movimientos sociales. A veces, la militancia está siendo más estricta a la hora de autorrestringirse que la propia ley. Dejamos de hacer reuniones que están permitidas, incluso pudiendo garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, o suspendemos movilizaciones públicas por miedo a dar una imagen de “irresponsables”. Aunque lo responsable, sin duda, es seguir movilizados. Es verdad que hay indeterminación legal –no siempre sabemos qué se puede hacer y qué no–, miedo a las multas, miedo al virus. Pero más allá de estos legítimos temores, hemos normalizado rápidamente que nuestra actividad política o sindical es prescindible, que no es una actividad “esencial” como trabajar o ir de compras. Como si la militancia fuese parte de nuestro ocio o algo que hacemos en nuestros ratos libres y que podemos, por tanto, suspenderla sin mayor consideración. La organización política y asociativa es esencial, sin embargo, para el buen funcionamiento democrático en todos los órdenes.

Por supuesto, mientras estemos obligados a trabajar –y tampoco podemos dejar de hacerlo si no nos garantizan renta suficiente para vivir–, la actividad sindical no puede ser algo prescindible. Si el trabajo no para, la lucha por reducir el nivel de explotación, tampoco. Hoy el nivel de conflictividad en las empresas está aumentando por la crisis y en breve vamos a vivir despidos masivos. Las patronales no necesitan reunir gente: les basta levantar teléfonos. Nosotros no tenemos más fuerza que la que seamos capaces de oponer o de hacer visible –sobre todo más allá de las redes–. Además, esta fuerza depende del conflicto que consigamos articular, pero las movilizaciones que se organizan telemáticamente nunca pueden alcanzar el nivel de conflictividad de aquellas que se organizan cara a cara. Cuando se genera confianza personal con el resto de militantes, cuando crees en el colectivo, el riesgo que estás dispuesto a asumir siempre es mayor.

¿Qué dice la ley?

Uno de los principales problemas es la indeterminación. Es difícil saber lo que se puede y no se puede hacer y tenemos constancia de que la policía está usando esta indeterminación para impedir formaciones o reuniones políticas, para disolver concentraciones, o incluso que se han llevado a gente de manifestaciones para multarlas por “tener la mascarilla mal colocada”. Hoy, supuestamente, podrían entrar a un centro social a contar las personas que asisten a una reunión e impedirla si consideran que las sillas no están a la distancia adecuada o excede el aforo, un ejercicio de control político inaudito que estamos naturalizando a la velocidad del rayo.

Como hemos señalado, el Real Decreto del estado de alarma del 25 de octubre no habla específicamente de actividad política y sindical. Lo único que nombra es el derecho de manifestación que podrá ser limitado, e incluso prohibido, cuando en la comunicación previa “no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios”. Entendemos que esto depende de una valoración que da lugar a un cierto margen de arbitrariedad que otorga mayor poder de control a las autoridades. Por otra parte, ¿cómo se garantiza la distancia de seguridad si estás intentando parar un desahucio?

Pero ¿están limitadas las asambleas políticas a seis personas? Respecto al derecho de reunión, el estado de alarma restringe las reuniones “familiares y de ocio”, tanto en espacios cerrados como al aire libre, a seis participantes –que pueden ser reducidas aún más por las comunidades– (De hecho el decreto es un marco normativo general que las comunidades pueden ajustar en sus territorios). Es decir, limita todo aquello que se supone iría incluido en el ámbito de las actividades realizadas durante el “tiempo libre”. Como hemos dicho, para el culto desarrolla un apartado especial que impone restricciones de aforo. El resto de actividades laborales e institucionales no tienen ningún tipo de restricción –salvo las que imponen las recomendaciones de sanidad y recogen los protocolos de riesgos laborales de distancia, mascarillas, etcétera–. Es decir, en principio, las oficinas, las fábricas o los call center pueden tener a cientos de trabajadores en la misma sala. Las tiendas, los comercios, los teatros y cines también pueden seguir abiertos al público. Los transportes –todos hemos visto imágenes estos días de metros atestados– no tienen ningún tipo de restricción legal de aforo.

¿Qué pasa con las actividades políticas que no son trabajo, ni culto, ni ocio? Ateniéndonos a la formulación de la ley, y dado que no hay un apartado específico que proteja el derecho fundamental de participación política y sindical, creemos que estas actividades podrían quedar recogidas en la excepción de la actividad “institucional”. Ya hemos explicado que no son actividades de ocio y tiempo libre y, también, que son esenciales para el funcionamiento democrático de una sociedad. Si actos como el aniversario de El Español son legales por constituir “actividad institucional” no restringida por el estado de alarma, es lógico considerar que las reuniones y actividades de asociaciones de vecinas, AMPAS, sindicatos, plataformas de vivienda, educación o sanidad pública lo sean también. Las PAHs y los Centros Sociales, sin duda, también son instituciones. Al quedar recogidas como actividades institucionales, también quedarían exentas del cumplimiento del toque de queda –una de las medidas de restricción de movilidad más extremas hoy–. Al menos para que las personas puedan regresar a casa después de una de estas actividades, tal y como recoge la ley.

Con la pandemia hemos visto claramente cómo la sanidad pública ha sido maltratada con contratos precarios y privatizaciones. Si todavía resiste, con limitaciones, es porque se frenó algo su desmantelamiento gracias a las luchas precedentes de la Marea Blanca. Por suerte, las movilizaciones en sanidad siguen hoy en plena pandemia. Asumimos que hace falta mucha más inversión pública en sanidad, en rastreadores, en test, en personal, etc. En lugar de inversión social y sanitaria en los barrios más depauperados, llegan más policías y prohibiciones. Como han explicado ya muchos especialistas, los determinantes sociales de la salud como la precarización laboral, la pobreza, los problemas en la vivienda o las injusticias ambientales, están relacionados con las políticas públicas y la desigual distribución del poder. “Así pues, las acciones de quienes tienen más poder y deciden las políticas son decisivas para salvar vidas o bien para matar desigualmente a la gente”, decía el investigador Joan Benach hace poco. Pedir responsabilidades a ese nivel implica movilizarse más allá de las redes para cambiar el sentido de los mensajes mediáticos y políticos que inciden en la responsabilidad individual frente a la colectiva.

Por tanto, tenemos que defender públicamente que la organización social y las protestas son necesarias para cuidar lo común –siempre que cumplan las restricciones sanitarias el máximo posible–. Esto no evitará determinados debates sobre qué actividades realizar y cuáles no y en qué condiciones. Sin embargo, el marco general de discusión será ya otro: el de que la actividad política y sindical es esencial y no siempre puede hacerse desde casa.

Cada colectivo o agrupación debería reflexionar sobre cómo realizar su actividad de la forma más segura posible. Todo ello, evidentemente, dando espacio a los miedos legítimos de los y las militantes y haciéndose cargo de que hay riesgos reales –no todos pueden asumirlos de la misma manera porque no partimos de la misma situación–. Como siempre, hay que intentar no dejar a nadie fuera y tratar de extender la posibilidad de luchar a todos, cualquiera que sea su condición social o su estado de salud. Por último, tendríamos que defender nuestras actividades de manera pública explicando los motivos por los cuales es imprescindible seguir con las actividades políticas en pandemia para empujar el sentido común. Como hemos dicho, luchar es una forma de fortalecer los derechos, la salud y el bienestar de toda la población, implica una responsabilidad con la comunidad. Hagámoslo oír.

CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU VECINO CORTAR….

Javier Marijuán

Decía Montesquieu que el Poder Judicial es el más terrible de los poderes porque se ejerce directamente sobre particulares y puede privarlos de su vida y su libertad. Por esta razón, su diseño institucional siempre se encontrará sometido a tensiones. La división de poderes es uno de los requisitos imprescindibles de la democracia. Sin jueces independientes o con un poder judicial controlado se produce la tiranía del ejecutivo o de los poderes privados. La
división de poderes exige evitar las interferencias arbitrarias que domestiquen a los jueces.Un poder político tiránico utilizado para promover los intereses sectarios de los grupos de presión o de los gobiernos de turno es una de las peores amenazas que pueden afectar a una democracia.

La división de poderes es, en definitiva, el consustancial a una democracia y se configura como un sistema de frenos y contrapesos para que así el poder frene al poder y así evitar su concentración. Lo que nos hace ciudadanos y no siervos en la capacidad que tenga el sistema de poner freno a la arbitrariedad, la discriminación y el abuso.

Una de las instituciones que garantizan la división de poderes en un Estado democrático es la Justicia. Los jueces aplican la ley y cuando se equivocan, existe un sistema de recursos que permite revisar sus decisiones. A mayor sistema de contrapesos, mayor protección de las influencias de los partidos y también de las inclinaciones ideológicas de sus miembros.

Este debate se ha encendido en España en los últimos días cuando el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha reprendido a España por la calidad de su justicia. Tras el anuncio de la reforma proyectada por el PSOE y UP de rebajar de tres quintos a mayoría simple para la elección de los vocales del CGPJ, el
presidente del Greco envió una carta al gobierno denunciando que con ello “se aparta de las normas del Consejo de Europa” relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros y constituye una violación de los estándares anticorrupción.

Ni Pedro Sánchez ni su vicepresidente han pedido perdón por el intento de rebajar la democracia en nuestro país. Europa les ha tenido que recordar que las autoridades políticas deben apartar sus tentáculos del proceso de selección de jueces pues sin salvaguarda de la independencia del poder judicial no es posible luchar contra la corrupción.

Los avisos del GRECO no son novedad. Ya desde hace siete años viene avisando a nuestro país de la necesidad de evaluar marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial por sus efectos sobre la independencia judicial.

¿Por qué los políticos tienen tanto miedo a un poder judicial independiente?. PSOE y Podemos reproducen y aumentan todos los vicios de la peor política. Y su asalto a la justicia es prueba de ello. En plena apoteosis de condenas judiciales al Partido Popular, emerge un oscuro horizonte judicial contra los partidos de la coalición del actual Gobierno de España. Podemos ya tiene que responder de su financiación en los tribunales y su líder se ha visto retratado en la exposición de 63 páginas de un magistrado de la Audiencia Nacional que ha pedido al Tribunal Supremo su imputación. El PSOE andaluz, con presidentes nacionales del partido incluidos, es otro asiduo de condenas en los tribunales por corrupción.

La guerra se ha desatado por el nombramiento de la cúpula judicial (el CGPJ) y su influencia en la composición del Tribunal Supremo, las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional. También es de esperar que se inicie la lucha por controlar a la denominada infantería judicial que también ha logrado éxitos sonados contra la corrupción.

En nuestro país hay gente de mucho poder que ha sido procesada y condenada. Por la cárcel han pasado vicepresidentes del gobierno, ministros, secretarios de Estado de Interior, presidentes y vicepresidentes de Gobiernos autonómicos del PP procesados por jueces de instrucción de provincias. Han existido jueces de instrucción capaces de desmontar tramas corruptas incrustadas en nuestras administraciones y han llevado o van a
llevar a la cárcel a decenas de ex cargos públicos pertenecientes a los principales partidos políticos de este país (casos Gürtel, ERE, Brugal, Campeón, Emperador, Fabra, Filesa, Guateque, Malaya, Palma Arena…). Se calcula que pueden ser en torno a 1.700 causas con cientos de imputados e investigados. Esos jueces de provincias han condenado a penas de prisión a 80 directivos de entidades financieras y siguen procesos judiciales a otros 95. También han sentado en el banquillo a la hermana de un rey y han procesado a los empresarios y financieros más importantes de este país (Emilio y Jaime Botín, César Alierta, Alfredo Saénz….). Si éstos no acabaron en la cárcel, ha sido gracias a la
interferencia del poder político en la justicia, es decir, en órganos cuyos nombramientos dependen del poder político o por los indultos del Gobierno.

En Francia se han presentado noventa demandas contra el gobierno por su gestión del COVID. Entre los demandantes hay colectivos médicos que han denunciado la incoherencia de las medidas y la no aplicación de las recomendaciones de la OMS. El Tribunal de Justicia de la República ha tomado nueve de ellas en consideración. El siete de julio decidió abrir un procedimiento por "abstención de combatir un siniestro" y comenzó
la investigación. Por ello, ya se ha ordenado registrar los despachos y domicilios del actual ministro de Sanidad, de su predecesora en el cargo, del ex primer ministro, la ex portavoz del gabinete y el director general de Sanidad.

El Gobierno francés puede llegar a ser juzgado por su gestión de la crisis del Covid. Y, además, existen precedentes. Fue el caso de la sangre contaminada por el virus del Sida. Tras una demanda de un grupo de hemofílicos que habían recibido transfusiones sanguíneas en 1984 y 1985, se abrió una causa por homicidio involuntario contra tres miembros del gobierno socialista de la época: el primer ministro Laurent Fabius, la ministra de Sanidad y un secretario de Estado. Aunque sólo este último fue declarado culpable, quince años después, los otros dos políticos fueron declarados responsables pero no culpables.

Los que han gestionado la primera ola del Covid tienen un problema. De alguna u otra manera han venido a reconocer que la primera vuelta de las elecciones municipales se hizo con un virus que se expandía sin parar. A principios de enero los expertos ya emitían notas al gobierno sobre la inminencia de una epidemia y nadie hizo nada.

Italia también tiene jueces investigando al gobierno. Otros gobiernos europeos impulsan comisiones de investigación. Los científicos españoles han pedido una auditoría independiente.

¿Estará motivada la jugada de Sánchez e Iglesias también por la precaución de blindarse ante una futura investigación judicial por su negligente respuesta al COVID?.