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Consecuencias de que el agua cotice en el mercado de futuros

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Fuente: elsaltodiario.com

El uso del agua en California ha pasado a cotizar desde primeros de diciembre en el mercado de futuros. Una vuelta de tuerca más en la financiarización y privatización del agua.

Se rumoreaba desde hace meses y, a primeros del mes pasado de diciembre , el momento llegó. Desde el lunes 7 , el agua ya es un producto que cotiza y se comercia en los mercados de futuros. Los incendios desatados en California, uno de los estados norteamericanos con una mayor industria agrícola, y la escasez de agua que están provocando han servido de excusa perfecta para llevar este bien tan básico al mercado de futuros de materias primas y convertirlo en un producto especulativo.

Su valor, que en California se ha duplicado en el último año, se marcará en el índice Nasdaq Veles California Water (NQH2O), que se basa en el precio de los derechos del agua en el mercado de futuros de varias zonas de California y que funciona desde 2018. La cotización actual del bien es de 486 dólares por acre pie, lo que equivale a unos 1,4 millones de litros. El mercado de futuros consiste en poder negociar el valor de un bien en una fecha futura, lo que, según los defensores de este tipo de mercados, ayuda a asegurar precios futuros, hacer más eficiente el mercado del agua y a que los agricultores o municipios no tengan problemas en el futuro para abastecerse de agua, protegiéndose así de los vaivenes de los mercados.

Pero esa defensa del mercado de futuros hace aguas por todas partes si vemos lo que ha ocurrido en otras ocasiones con los productos básicos que se han postrado a los pies de los especuladores. Uno de los ejemplos más recientes y devastadores fue el incremento de los precios de alimentos básicos durante la crisis financiera de 2008. Cuando las bolsas se hundieron en los años posteriores a la caída de Lehman Brothers, los inversores que huían de los circuitos financieros e inmobiliarios buscaron productos seguros donde invertir sus capitales. El mercado de futuros de alimentos básicos, como el trigo o el maíz, atrajo enormes cantidades de dinero que compraban estos productos básicos en forma de futuros, lo que provocó que los precios pactados fueran cada vez más altos debida a la enorme demanda, lo cual a su vez provocó una subida generalizada de los precios de los alimentos en todo el planeta, causando hambrunas y millones de muertes en los países del sur global.

Uno de los ejemplos más claros es el del aceite de palma, según explica la periodista e investigadora Laura Villadiego, del proyecto Carro de Combate. “Se calcula que en la Bolsa de Malasia se intercambia cada tonelada de aceite de palma producida unas cinco veces antes de llegar a su comprador final y, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 98% de los contratos de futuros nunca llegan a materializarse, son puras herramientas de especulación”, lamenta Villadiego. Esos movimientos puramente especulativos tienen un impacto sobre los precios, “que se traslada después a los agricultores que producen aceite de palma”. Cuando los precios suben, explica, “se abren más plantaciones, unas veces a costa de bosque primario y, otras veces, a costa de otras materias primas, muchas veces cultivos para la alimentación básica de la población”, y cuando los precios caen, “todos arruinados”.

¿Qué supone la entrada del agua en el mercado de futuros?

Que el agua esté a la merced de los mercados, que se financiarice su valor y su comercio, lo convierte “en una inversión financiera potencial y se analice desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo”, explica a El Salto Luís Flores, especialista en mercados bursátiles e integrante de Ecologistas en Acción. Además, al ser un bien cada vez más escaso, “su precio en el medio-largo plazo solo puede subir”, lamenta, ya que desde el punto de vista del inversor es una apuesta clara y segura, como ya ocurrió con las tierras cultivables y otros alimentos básicos anteriormente. El impacto de que coticen ahora solo afectará a las zonas de California y a los derechos de aprovechamiento del agua a los que se refieren estos nuevos futuros pero, alerta Flores, “se marca una tendencia muy preocupante”.

La especulación sobre el agua no en nueva esta semana, “solo hay que ver las fluctuaciones del precio del índice sobre el que se lanzan ahora estos futuros”, argumenta Flores. El NQH2O subió un 227% durante el primer semestre del año y caído un 31% en lo que llevamos del segundo semestre. “Probablemente, los futuros contribuyan a incrementar esa volatilidad”.

Coincidiendo con Villadiego, Flores defiende que la teoría de que los futuros pueden servir para mitigar los riesgos de los productos a los que están vinculados es muy distinta de lo que acaba ocurriendo en la mayoría de los casos. “La realidad demuestra exactamente todo lo contrario, los futuros se convierten en una herramienta especulativa donde el ‘músculo’ para hacer la apuesta más grande es capaz de mover el precio de los futuros en un sentido u otro. Y los futuros son precisamente los esteroides para ese músculo, ya que permiten hacer apuestas disponiendo de solo un porcentaje mínimo de los fondos que se quieren apostar”.

Mercados en busca de inversiones seguras

Al igual que ocurrió tras 2008 con los mercados ávidos de encontrar inversiones seguras, en esta nueva crisis los bancos centrales han inundado de dinero a los mercados con la intención de mantener y reflotar la economía ante la crisis del covid-19. Este exceso de capital y unos mercados bursátiles han llevado a los “valores refugio”, como el caso del oro, a máximos históricos. Los inversores desconfían de las bolsas pero tienen mucho capital que han conseguido a un interés muy bajo por parte de esos bancos centrales y necesitan encontrar un lugar seguro y que reporte beneficios.

En ese contexto, la tendencia que marca la noticia sobre el derecho del agua en California, en caso de extenderse a otros países, convertiría al agua en uno de esos lugares seguros a los que redirigir esos capitales, que deberían servir para reconstruir la economía y salir de la crisis, a la especulación con el bien básico. “A partir de ahora, los futuros sobre agua son para estos grandes inversores una alternativa más en la que invertir y solo por ello, el precio de los futuros, del índice al que se ligan y por tanto del agua, debería subir”, argumenta Flores.

Un paso más para privatizar el agua

El caso California no arranca de esa semana. La sequía que sufrió el estado entre 2012 y 2016 fue acompañado de cambios legislativos para privatizar el uso del agua. “Esto es solo una nueva vuelta de tuerca a ese proceso”, dice Liliana Pineda, miembro de Attac y la Plataforma Contra la Privatización del Agua. “Cuando se habla de derechos del agua, se habla de derechos privados, ya que el agua pública no es un bien titularizable”, argumenta Pineda, “y no debería serlo”, matiza. Según ella, lo que se intenta es que los municipios intercambien concesiones sobre agua por dinero en lo que tacha de un “chantaje a los ayuntamientos que necesitan ese dinero para meterlo en ladrillo o pagar deudas a que titularicen, y por lo tanto privaticen, el uso del agua”.

Esa nueva vuelta de tuerca a la que se refiere Pineda es la privatización de bienes y servicios públicos básicos que llevamos sufriendo las últimas décadas. “Es una vuelta de tuerca al proceso de financiarización de todo lo común”, dice la activista, “una tendencia a la privatización que, en caso de avanzar y extenderse a otros países, podría hacer el agua más susceptible de ser privatizada por parte de las administraciones públicas”. Además, estos procesos de titularización y comercialización “afianzan los modelos de gestión privada y son un espaldarazo a dicha gestión”.

“La ONU considera el agua un derecho humano, España todavía no ha traspuesto ese mandato”, lamenta Pineda, por lo que se debería paralizar todo proceso de convertirlo en un bien bursátil especulativo. Desde la Red de Agua Pública o la Plataforma contra la Privatización del Agua piden exactamente lo contrario a lo que ha sucedido esta semana en California: “Tiene que haber una mayor inversión pública y no por los cauces bursátiles”. “Cuando entra en el mercado de futuros no sabemos en manos de quién está el agua, puede estar en manos de un fondo buitre en un paraísos fiscal que no tiene ningún interés más que ganar dinero”, lamenta Pineda.

Cinco motivos para entender por qué han venido 20.000 senegaleses a Canarias

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Fuente: blog.africavive.es

Autor: Jaume Portell

 ¿De qué sirven muchos ojos si solo observan a la víctima en el suelo? En 2006, más de 35 000 personas llegaron a las costas canarias desde el continente africano. En 2020, catorce años después, las escenas se repiten de nuevo y no parece que hayamos aprendido mucho. Nada nos impide creer que en 2034 veremos las mismas imágenes en televisión: miles de africanos muy jóvenes, reconfortados con mantas y bocadillos de la Cruz Roja tras salir de una patera.

Los titulares de prensa andan, como siempre, divididos: algunos hablan de avalancha y agitan sus eslóganes racistas; otros aprovechan este episodio para dedicar un bonito canto a la diversidad. Encontramos incontables muestras de lo que Martín Caparrós ha bautizado como “periodismo Gillette”: limpio, lleno de declaraciones y neutro. Sin ideología, es decir, reforzando la mayor de las ideologías, la más conservadora: la idea de que no tener ideas es siempre lo más deseable para expresarse ante los demás.

Senegal seguirá exportando a gente por factores que raramente aparecen en la prensa. Si acaso, se mencionan en algún párrafo perdido, se camuflan bajo palabras vacías de tanto usarlas: ‘desigualdad’, ‘injusticia’, ‘desastre’. Víctimas sin verdugos, casuales, desgraciadas, problemas sin causa ni solución. Somos capaces de escribir bellísimas crónicas sobre el dolor africano, pero apenas nos atrevemos a mencionar qué provoca el desgarro. No queremos mancharnos. “Culpa a Occidente por los problemas de África. Pero no seas demasiado específico”, decía Binyavanga Wainaina en su legendario “Cómo escribir sobre África”. Hoy me apetece ser específico con cinco motivos.

El primero es la comida. Senegal gasta la mitad de sus importaciones solamente en comida y energía. Uno podría entender que un país se gastara un dineral en comprar máquinas prodigiosas, tecnología punta o inventos fantásticos. Senegal se lo gasta en comprar arroz, trigo, leche y pescado. El país tenía y tiene capacidad para producir muchos de estos productos, pero la liberalización comercial y los subsidios europeos han destrozado a los comerciantes senegaleses. Lo explica una publicación de Saiba Bayo y Ernst Krose sobre los Acuerdos de Colaboración Económica (EPAs, en inglés): “al principio de este siglo los estados de África oriental y occidental tenían una producción propia de pollo de entre el 70 % y hasta el 90 %. Después de pocos años la autoproducción ha disminuido a un nivel del 5 al 10 %.” Descartado el pollo, Senegal dependía considerablemente del pescado para obtener proteínas. Los acuerdos con la UE han dejado a los pescadores artesanales sin trabajo y a los senegaleses con menos comida. Quien habla de las oportunidades que los senegaleses tienen para emprender negocios en casa siempre ignora este hecho: las importaciones europeas –subsidiadas y más baratas- acabarán con la posibilidad de conseguir cualquier mercado.

El segundo es la moneda. Senegal utiliza el franco CFA, cuya paridad con el euro, una moneda fuerte, dificulta las exportaciones –al ser más caras para otros compradores- e incentiva las importaciones –al ser más baratas. No es raro que Senegal, junto a otros países de África occidental, haya tenido casi siempre un déficit comercial: es decir, el país gasta más de lo que ingresa. El franco CFA sigue ligando a Francia con sus excolonias africanas: los franceses tienen derecho a veto en las decisiones sobre la moneda y el sector bancario suele estar en manos extranjeras. El economista Ndongo Samba Sylla acusa al sector financiero local de actuar como un agente rentista: prefieren comprar bonos del Estado y ganar interés que prestar a los comerciantes. Cuando conceden créditos se los dan a las empresas más grandes, que suelen ser francesas. El círculo se cierra cuando estas empresas, gracias a la paridad fija de la moneda, pueden repatriar beneficios tranquilamente: la libre circulación de capitales impuesta por el FMI obliga a los africanos a dejarse desangrar a cambio de recibir préstamos.

El tercero es el petróleo. El país ya ha perdido sin que un solo barril haya sido vendido al exterior. La compraventa de los derechos implicó a Aliou Sall, hermano del presidente senegalés Macky Sall, y a Frank Timis –fundador de Timis Corporation-, un empresario rumano: la jugada implicó que el rumano se quedara con unos derechos que acabaron vendiéndose a British Petroleum. Sall cobró 25 000 dólares al mes de Timis Corporation, una empresa sin experiencia en el sector petrolero que consiguió la concesión del Estado senegalés. Según un reportaje de la BBC, será Timis quien cobre los royalties y el Estado senegalés perderá entre 9000 y 12 000 millones de dólares. Aliou Sall fue, según Voz Populi, una “buena conexión política” en el negocio bancario de Alberto Cortina y Alberto Alcócer en Dakar.

El cuarto es el oro. Las minas de Sabodala y Massawa se encuentran en el suroeste, la zona más pobre del país. Actualmente son propiedad de Teranga Gold, una multinacional canadiense. El negocio ha implicado desplazamientos de población forzosos e incluso asesinatos de los mineros artesanales que no querían abandonar las minas. Las acciones de la mina de Massawa son en un 90% de Teranga Gold y en un 10% del Estado senegalés. La propia compañía prevé empezar a exportar 384 000 onzas de oro durante cinco años a partir de 2021. O lo que es lo mismo: a precios de mercado, unos 700 millones de dólares anuales. En el consejo de administración de la compañía se encuentra Jendayi Frazer, responsable de Asuntos Africanos durante la presidencia de George W. Bush en Estados Unidos.

El quinto es la deuda. El Estado senegalés gasta más de lo que ingresa, el sector bancario y los recursos naturales están en manos extranjeras, no puede autoabastecerse a nivel alimentario y tiene el mercado saturado de las importaciones subsidiadas de los países ricos. Con agujeros por todas partes, favorecidas por la repatriación de capitales, Senegal se endeuda para salvar los muebles. Y lo hace a tipos de interés prohibitivos. En 2018, el país vendió un bono a 30 años a un 6,75 % anual. En total, para recibir 1000 millones de dólares acabará pagando más de 2000 millones en intereses. Y después tendrá que devolver los 1000 millones del principal. ¿Quién tiene deuda senegalesa? Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC y UBS.

Blackrock, el segundo fondo de inversión más grande del mundo, tiene invertidos más de 100 millones de dólares en deuda senegalesa. También es uno de los propietarios de Teranga Gold. Cuando cientos de millones de dólares de oro salen de Senegal, Blackrock gana y el país pierde los millones con los que podría pagar su deuda. Cuando el país, tras la pérdida de esos millones, pide dinero prestado, Blackrock gana con los intereses de la deuda. El fondo estadounidense controla 7 billones de dólares en activos: 290 veces el PIB de Senegal y 5 veces el PIB de España. Para ser más independiente, Senegal podría usar su banco central para financiar su deuda, tal y como han hecho Estados Unidos, la UE o Japón durante años, con tipos de interés cercanos al 0 %. Pero Senegal no tiene banco central porque no controla su moneda. Con el paso de los años se suceden los ciclos de crecimiento, deuda, caída y austeridad; estos acaban con recortes en sanidad y educación y una infinita extracción de rentas. Senegal paga en dólares, en materias primas y en el sacrificio definitivo de un país: con su gente. Algunos mueren en el mar, otros llegan; y el saqueo continúa.

 

Sandías y tomates. Otro expolio africano

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Fuente: soberaniaalimentaria.info

Recientemente leíamos con indignación que en una semana 480 personas habían muerto haciendo el trayecto Senegal-Canarias. Apenas fue noticia durante un día y, ahora, parece ser que la prioridad del gobierno es saber cómo expulsar a quienes sí pudieron llegar.

Ante esta tragedia, el sociólogo Carlos Gómez Gil afirmaba que los procesos de globalización económica y comercial impuestos por países occidentales e instituciones multilaterales a países empobrecidos generan fracturas económicas y sociales de una enorme profundidad con repercusiones poco conocidas. El campesinado y la clase trabajadora local sufren en primera persona los efectos de esta arquitectura multilateral perversa e impuesta.

Detrás de estos procesos de globalización nos encontramos con realidades que no queremos ver. Seguramente las personas que perdieron la vida eran de origen campesino o pescador, cuyas familias cultivaban o faenaban para alimentar a sus comunidades y que han visto como sus tierras eran ocupadas y sus recursos pesqueros saqueados por empresas extranjeras para exportar a los mercados europeos.

Para entender cómo se ha llegado hasta aquí es necesario hacer un poco de memoria. Está claro que los procesos históricos de colonización y expoliación del continente africano tienen mucho que ver, pero no nos iremos tan lejos. En el año 2006 el Gobierno español aprobó el Plan África 2006-2008, uno de cuyos objetivos era crear los medios y el escenario adecuados para fomentar la presencia empresarial e inversora en África. Este plan se presentó como un proyecto global de ayuda al desarrollo; pero, como se temía, se ha utilizado para favorecer los intereses de penetración económica de las multinacionales españolas en el continente y participar en una nueva colonización. De hecho, las amenazas que se denunciaron en su momento se han ido cumpliendo y ciertas empresas españolas se han instalado en países africanos provocando impactos negativos para la soberanía alimentaria de las comunidades locales. Lo peor de todo es que estas empresas están consideradas como casos de éxito en la internacionalización española.

Existen muchos ejemplos que vulneran la soberanía alimentaria de estos territorios, pero nos centraremos en dos casos de acaparamiento de tierras donde están implicadas empresas españolas.

¿Cómo definimos el acaparamiento de tierras?

El acaparamiento de tierras es el control —ya sea a través de la titularidad, el arrendamiento, la concesión, los contratos, las cuotas o el poder general— de superficies más grandes de lo habitual en estos territorios por parte de una persona o entidad (pública o privada, extranjera o nacional) por cualquier medio (legal o ilegal) con fines especulativos, de extracción, de control de los recursos o mercantilización a costa del campesinado, la agroecología, la administración de tierras, la soberanía alimentaria y los derechos humanos.

Más información: www.eurovia.org/es/como-definimos-acaparamiento-de-tierras

En el Senegal, los melones se producen principalmente en Thies y Mbour y, en menor medida, en el delta del río Senegal (Saint-Louis) y van destinados sobre todo a Francia y al Estado español. Es una fruta que se encuentra en grandes cantidades en el mercado entre febrero y mayo, y moderadamente entre diciembre y julio.

En informes gubernamentales sobre posibilidades de negocios de empresas europeas  en el sector agrícola del Senegal destacan dos empresas españolas: dos filiales de Ramafrut (Senfruit y Touba Fruit) y Produmel.

Ramafrut es una empresa con dos sedes principales en el Estado español (Valencia y Almería) y otras dos internacionales (Panamá y Senegal). Esta compañía, fundada en 1970, produce y comercializa una amplia variedad de frutas y verduras cultivadas en más de 1600 hectáreas propias y otras 1400 controladas por su personal. Pierre Lefevre, director técnico de Senfruit, afirma en una entrevista realizada por ISM Thies TV que la empresa dispone en la zona de Thiés (Senegal) de más de 600 ha dedicadas al cultivo de melón, sandía y calabazas. Senfruit se instaló en el país con la intención de alargar la temporada de melones y sandías en el mercado español y europeo, en concreto para cubrir el periodo de diciembre a abril, y desde 1987 es proveedor de Mercadona, uno de los principales distribuidores de alimentación en España. Touba Fruit es una rama de Senfruit que, en el año 2016, adquirió 130 hectáreas de tierra en Sipane (Senegal), tierras comunitarias en las que la población local pastoreaba a sus animales. Según la publicación empresarial Alimarket, Ramafrut está 100% participada por Inversiones Francis 2018 S.L., cuya actividad principal es la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

Pero también nos encontramos con otra empresa española que produce melones y sandías para exportar al mercado español: Produmel, instalada en la comuna de Nguéniène (departamento de Mbour, región de Thiès). Sus fincas se caracterizan por disponer de una instalación con pivotes de riego que requiere una gran inversión y que puede poner en riesgo los recursos hídricos de la zona. Las superficies de estas fincas son superiores a 100 ha e incluso algunas de ellas superan las 400 ha.

Produmel opera desde hace apenas 10 años cuando el gobierno local le cedió 150 hectáreas de tierra. Más tarde, en 2014, le proporcionó 52 hectáreas más y otras 100 en 2016. Esta última superficie era la única tierra de pastos que quedaba en una zona donde pastaban más de 10 000 cabezas de ganado (sin contar las cabras y las ovejas), base de subsistencia de las comunidades locales. La asociación de criadores y los movimientos juveniles se han opuesto a esta última cesión, que acabará con el pastoreo en la zona y han presentado una denuncia. El caso está actualmente pendiente de resolver.

Ajena a esta denuncia, Produmel sigue trabajando con la nueva superficie adquirida y con la aquiescencia de las autoridades locales, lo que desde el mes de agosto de 2020 ha originado enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden causando heridos y arrestos.

Conversaciones con un periodista local cuya identidad protegeremos desvelan que las primeras 202 hectáreas cedidas a Produmel se asignan en condiciones que las poblaciones consideran poco claras. Ningún documento escrito prueba el procedimiento de asignación de estos terrenos, lo que constituye una violación de la ley. Tampoco existe un memorando de entendimiento para la explotación de estas tierras. Ante la demanda de la comunidad, las autoridades locales han hecho oídos sordos a sus preguntas. Por otro lado, los pocos trabajadores agrícolas de la empresa se encuentran en situación precaria, solo reciben una asignación diaria, sin contrato y sin protección médico-social a pesar de trabajar en constante contacto con productos fitosanitarios altamente tóxicos.

Curiosamente, la prensa senegalesa afirma que Produmel es una multinacional española aunque no existe información alguna sobre ella. Esta opacidad nos ha impedido saber si se trata de una filial y a qué mercados españoles exporta las sandías y los melones.

Tomate procesado Gallina Blanca

A finales del año 2019, GB Foods Africa firmó con el gobierno de Kebbi (Estado de Nigeria) un acuerdo para el establecimiento de una fábrica de conservas de tomate en la localidad de Ngaski y el uso de 1000 ha para producir tomates para esa fábrica. «El proyecto ha sido diseñado para ser el más grande de su tipo en el África subsahariana», afirmó uno de sus directivos.

GBFoods (antes Gallina Blanca) está participada al 100 % por Agroaliment, que es propiedad de la familia Carulla que, a su vez, como curiosidad, forma parte del patronato de la Fundació Banc dels Aliments. El acuerdo firmado en África no es una novedad para GBFoods, sino que forma parte de su proceso de inversión y expansión en el continente. Muestra de ello es el acuerdo firmado en 2017 entre GBFoods y el fondo de inversión privado Helios Investment Partners para adquirir de forma conjunta determinados activos y marcas líderes en alimentación en África.

Tampoco es novedad la creación de fábricas de conservas en los países africanos. Sean de capital asiático o europeo, las empresas se instalan acompañadas de la cesión de grandes superficies de tierra e incluso se incentiva que el campesinado de la zona cultive tomates para estas industrias, pasando finalmente a convertirse en mano de obra precaria de la empresa.

Con una facturación de unos 1200 millones de euros y una plantilla compuesta por aproximadamente 3000 personas, GBfoods está presente, entre Europa y África (Nigeria, Ghana, Argelia y Senegal, sobre todo) en más de 50 países. En el Estado español, es conocida por marcas como Gallina Blanca, Avecrem o El Pavo. En el continente africano sus productos estrella son Jumbo (cubitos de caldo), Gino (salsa de tomate), Bama y Jago (mayonesas).

Hace más de 40 años que GBfoods introdujo Jumbo, «el avecrem africano», en África. Cada año fabrica 4.000 millones de pastillas Jumbo para los países del continente, superando el 15% de la facturación total de esta multinacional. En su planta de Ballobar (Huesca) se realiza gran parte del proceso de fabricación (mezcla), pero la compresión y el envasado se lleva a cabo en empresas ubicadas en el África Occidental.

Las mujeres son la solución

El movimiento Nous Sommes La Solution surgió en 2011 y actualmente está formado por 500 asociaciones de mujeres campesinas de siete países africanos (Ghana, Burkina Faso, Mali, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Gambia y Senegal). Se plantea tres objetivos: (1) promover el conocimiento y las prácticas heredadas de los antepasados que siempre se han utilizado para apoyar a la soberanía alimentaria, (2) influir en los responsables de la toma de decisiones de la UE para que tengan en cuenta la práctica agroecológica en la política agrícola nacional, y (3) añadir valor a los productos de la agricultura campesina y la agroecología.

Un ejemplo de las alternativas que han puesto en marcha es la elaboración de dos tipos de extracto de caldo, uno a base de camarones y el otro a base de néré, una legumbre. Los presentan como una resistencia a los cubos Jumbo, que se han establecido en la gran mayoría de los platos de sus países y que están controlados por multinacionales.
Posiblemente algunas de las personas que se arriesgan a coger un cayuco para ir a Canarias proceden de estas comunidades a las que se les ha quitado el derecho a la tierra y a cultivar su propio alimento. Es insoportable que abramos las fronteras para poder comer sandías y melones durante todo el año y las cerremos a las personas a quienes hemos explotado. Lo triste es que esta denuncia ya se hizo hace 15 años. Algo estamos haciendo mal.

Carles Soler

Tener hijos es franquista; morir solo en tu cuarto de baño es guay

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Fuente: blogs.elconfidencial.com

Autor: Alberto Olmos

Tener hijos es de pobres y ya solo está bien visto si te cuestan dinero. Es decir, si tenerlos conlleva algún tipo de gasto en inseminación artificial. Es fascinante cómo la naturalización de un progreso o cambio social se pasa siempre de frenada. No están tan lejos aquellos días en los que ligar por internet (así en general) era de pringados. Cuando alguien decía que había conocido a su pareja “en internet”, la gente sentía pena, pues internet era la nueva versión de las clases de salsa, a las que, como todo el mundo sabe, solo te apuntas para encontrar novia. Ahora lo que es de pringados es no tener Tinder, ir por los bares.

El caso es que tener hijos naturalmente es como cutre, tener varios es de fachas y vivir todos en la misma casa, de franquistas. Leí la semana pasada un artículo en ‘ElDiario.es’ que venía a decir esto último. “La familia tal cual la entendemos es una herencia del estereotipo de los años setenta: papá, mamá y un par de hijos o tres. Pero ya no es real”, sentenciaba un señor. Mi familia no es real, amigos. Se ve además que en 1920, 1810 o 1270 nadie en todo el mundo tenía dos hijos ni vivía con ellos bajo el mismo techo, junto al otro cónyuge. Creíais que erais una familia y erais en verdad la Falange.

Yo qué sé. Vamos con ello. Vamos, agotadoramente, con ello.

Los hijos

William Shakespeare promovía divinamente la procreación en su soneto XIII, cuya traducción es muy variada e insatisfactoria en nuestro idioma. Dice William, franquista de primerísima hora, que, bueno, te vas haciendo mayor, y esa belleza tuya a lo mejor merece replicarse, ponerse en otro (“and your sweet semblance to some other give”). También argumenta este mindundi que supone un desperdicio morirse y dejar que se desplome la casa de tu vida (“Who lets so fair a house fall to decay?”). Y remata el soneto con uno de los versos más extraordinarios que puedan leerse sobre padres e hijos: “You had a father: let your son say so”. Algo como: “Tuviste un padre, deja que tu hijo diga lo mismo” (“Tuviste un padre, que a ti te nombre un hijo”, García González; “Bien sabes que tú un padre tuviste: ten un hijo”, Rivero Taravillo).

Los matices del verso son espectaculares. No se limita a decir: “Ten hijos”, sino: “Piensa en que tendrás un hijo que sabrá que tú fuiste su padre”. Esta galantería semántica puede aplicarse enseguida a nuestro tiempo. Las numerosas personas que arremeten contra los niños o recomiendan no tener hijos o se felicitan de que cada vez haya menos familias son, qué duda cabe, hijos de alguien. Sin embargo, hablan como si pertenecieran a una gama humana exclusiva, fruto de la luz solar o, quién sabe, surgida por generación espontánea que nada tiene que ver con aquello que torpedean. Se ríen de las embarazadas (“panza de burra”, dijo Elisa Beni) como si su propia madre no hubiera lucido barriga con ellos dentro; desprecian a los niños (Adrián Lastra) como si ellos nunca hubieran sido niños, y lo que es más admirable: cantan las virtudes de la soltería sin hijos cuando muchos, a buen seguro, ni son solteros ni carecen de ellos.

“La libertad de no ser madre”, “Por qué hemos perdido la motivación de vivir en pareja”, “Las mujeres solteras y sin hijos son el grupo social más sano y feliz del planeta”, “¿Queremos a nuestros hijos por encima de todo?”… Esta ristra de titulares de ‘El País’, junto a muchos otros, recogidos en un hilo de Twitter por Rafael Núñez, nos lleva a pensar que hoy apenas cuatro idiotas tienen hijos. Esta fabulación nascifóbica —donde vemos de nuevo la inclinación por subir la apuesta, pues ya no es igualmente válido no tener hijos, sino, de hecho, mucho mejor— contrasta con el dato que espigaba César Rendueles para su reciente ensayo ‘Contra la igualdad de oportunidades’ (Seix Barral): “La encuesta de fecundidad que realizó el INE en 2018 mostró un resultado fascinante: tal vez vivamos en sociedades digitales, posmodernas, poliamorosas y del riesgo, pero nuestro deseo de tener hijos sigue incólume. Como siempre ha ocurrido, la inmensa mayoría de hombres y mujeres quieren ser padres y madres”. Después de hacer la innecesaria salvedad —imprescindible en estos días de idiocia— de que, como es obvio, le parece estupendo que alguien decida no tener hijos, Rendueles apunta: “Se calcula que las mujeres españolas que deciden de forma consciente, meditada y definitiva no tener ningún hijo no superan el 5%”.

Hacer campaña

De hecho, ni siquiera proceden de ese 5% todos los artículos y tuits contra los hijos, pues la posmodernidad una cosa que sí permite es hacer campaña desde los 18 a los 35 contra los hijos, tener uno o dos entre los 35 y los 38, y seguir haciendo campaña contra los hijos durante el resto de tu vida. Nadie ve en ello contradicción alguna. A fin de cuentas, tenemos una ministra de Igualdad casada y con tres hijos, y con chalé, “conservadora” (sic) en lo sexual, adicta a las sesiones de foto con mucho maquillaje y variación de ‘outfits’, cuyo ministerio propone insistentemente que todo eso que la propia ministra disfruta (tener hijos, pareja estable, casa, dinero a mansalva, una apariencia canónicamente publicitaria y el vicio de exhibir su bonanza a la menor oportunidad) es malísimo, puro veneno; ni se te ocurra, amiga.

Se predica continuamente que tener hijos y sacarlos adelante entre dos no es, como dice Manuel Vilas maravillosamente en ‘Ordesa’ (Alfaguara), “la lucha más hermosa del mundo”, sino una ordinariez y una lata. Se hace sentir culpable a una mujer por albergar deseos de ser madre, como si esa inclinación fuera propia de un títere del sistema o de una cabeza hueca. Luego, todos los que tanto predican y desaconsejan procrean sin pestañear siquiera. Pienso en esa mujer que hoy se cree rara por querer tener hijos cuando, según ‘El País’, no los tiene ya nadie. Le dicen que engrosa las filas de una minoría trasnochada, cuando en realidad forma parte de una mayoría de porvenir. Todo es mentira salvo conseguir saber lo que tú quieres de verdad hacer con tu vida.

Que los niños no puedan defenderse, y menos aún los no nacidos, es lo que me irrita mayormente de estas salvas y derrapes contra la natalidad y la infancia, de este ‘bullying’ continuado contra personas inocentes. Es la vuestra una frivolidad tan autoindulgente que linda ya en la eugenesia; vamos, en el fascismo.

Podría bajar uno al barro citando con demasiado entusiasmo el documental ‘La teoría sueca del amor’ (Erik Gandini, 2015), donde vemos las consecuencias tan lamentables de proponer desde el Estado que cada cual haga de su vida un interminable maratón en Netflix, en la creencia de que ese individualismo es lo que de verdad te hace feliz. Aunque es muy lúgubre saber por este documento que en Suecia hubo de crearse un funcionariado concreto para ir llamando a las casas de la gente a fin de averiguar si se había muerto —tanta soltería y soledad hacían común morir y que nadie se enterara—, ni siquiera me sale la maldad. En serio: moríos solos mientras Netflix pasa al siguiente capítulo. Queda guay.

Pero sí quiero compartir con ustedes una idea juguetona que me viene a veces a la cabeza. Parece que nuestra baja natalidad hará difícil dentro de algunas décadas pagar la pensiones, pues habrá más pensionistas que trabajadores en activo. Normalmente aquellos que promueven “el fin de raza”, que diría Michi Panero, consideran que a todo esto le pondrá remedio la inmigración. Esto es: que tengan hijos los pobres. No deja de asombrarme la coherencia de la izquierda moderna: tu madre limpia mi chalet y los hijos que tenga pagarán mi pensión. (Vete tú a saber si acabando con los pobres no acabaríamos también con esta pseudo-izquierda.)

Pues he aquí mi idea: que la cotización de los hijos una vez empiecen a trabajar se destine directamente a pagar la pensión de sus padres. Lo repito: directamente; patrimonio familiar. Si una mujer inmigrante tiene cuatro hijos que apenas puede mantener, cuando se jubile será rica. Ya dijo Diderot que “los pobres son los que mejor pueblan”. Así las cosas, ¿por qué tienen que pagar los pobres la pensión de los hípsteres? ¿Por qué tiene que cobrar más quien más aporte y no se considera aportación precisamente traer al mundo a uno o más cotizantes? ¿Por qué tienen que ser mis hijos “solidarios” con todos esos que los desprecian y que, de hecho, no querían ni que existieran?

Brecha social y crisis a la vista

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Fuente: laopiniondemurcia.com

Autor: José Molina

Nos convertiremos poco a poco en trabajadores uberizados, que viviremos en plataformas nebulosas que para colmo de los engaños se atribuyen ser ‘economía colaborativa’: una forma de silicolonizar el mundo para que nos dominen desde la nube sin darnos cuenta

Después de una década sufriendo las consecuencias de una crisis financiera que cocinaron los que gobiernan las superestructuras de la economía, nos llega esta pandemia, que ha caído como un obús entre la ciudadanía más pobre y con menos medios. Lo peor de las dos crisis es que se han politizado y están desestructurando aceleradamente la sociedad. La OMS advierte que hay muchas decisiones que se están asumiendo que escapan al ámbito sanitario y son más el resultado de las confrontaciones políticas y sociales de una sociedad que con la crisis del 2008 arruinó el Estado de Bienestar. Madrid y otras Comunidades son un claro ejemplo de esta situación del caos por los recortes.

El primer obús nos estalló en la cara, fue una situación imprevista, caímos en la trampa del virus y golpeó indiscriminadamente. Pero esta segunda oleada del covid-19 viene directamente a la parte más débil y con más brecha social de la sociedad, que es la más numerosa.
Gobiernos sin soluciones por su aferrado encadenamiento a un mundo neoliberal que se ha hipotecado con lo más reaccionario del mundo económico global. Llegar al millón de muertes es un gran drama que suma a la brecha social, la gran discriminación de desigualdades que se vive en el planeta. La clase privilegiada se ha protegido es sus espacios amplios y no viaja en colectivos. Cuenta con los medios de control médicos preventivos y su escudo social la protege con más eficacia.

En los barrios más populosos de las ciudades (Madrid es el ejemplo más simbólico) sobrevivir es el deseo de cada día, y el reto de acudir al trabajo y solucionar las urgencias de cada momento no se soluciona ni con un confinamiento desigual, ni con más policías. Se soluciona con más medios sanitarios, con más médicos dedicados a cubrir las necesidades y con estructuras sanitarias que mejoren lo que no hay en las viviendas de estos vecindarios explotados y carentes de lo más esencial desde que la crisis del 2008 les golpeó.

El virus nos llegó desde China mordiendo indiscriminadamente, pero el tiempo nos está demostrando que no todos se pueden defender con los mismos medios. Y es aquí donde aparece la desigualdad más feroz. Esa que tenemos mal asumida, porque nos dejamos convencer de que la crisis financiera de 2008 era producida por un monstruo amable, que nos robaba recursos, por un lado, pero por otro nos daba un trabajo precario para seguir viviendo. Y que consagró la idea de que había que aceptar la superación de las ideologías, y de las clases sociales como concepto. Ello nos llevó al actual fiasco: el recorte de la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales. El espectáculo de las residencias de ancianos es la imagen más patente de este resultado.

Tenemos sensación de abandono, y nos tememos que pueda ser peor. La reacción no ha sido eliminar del panorama a los que han sido culpables de este caos, sino mirar para otro lado o responsabilizar a otros. La fragilidad del ser humano se ha puesto al descubierto. La ausencia de instituciones y organizaciones de defensa de los derechos, que operó con eficacia para implantar el contrato social para el Estado del Bienestar ya no funciona. Y no es casual: Margaret Thatcher y Ronald Reagan se encargaron de robarnos nuestra alma rebelde e implantarnos un alma consumista. Consiguieron, como dice Simone, que el mundo girase a la derecha y aceptase que el monstruo del capitalismo tenía una cara amable.

Con el teletrabajo nos quieren vender una solución, pero se ha implantado a ciegas y puede ser una nueva trampa para decir adiós al concepto de trabajo. Tener un puesto en una estructura. Tener un trabajo, bueno o malo. Nos convertiremos poco a poco en trabajadores uberizados, que viviremos en plataformas nebulosas que para colmo de los engaños se atribuyen ser ‘economía colaborativa’: una forma de silicolonizar el mundo para que nos dominen desde la nube sin darnos cuenta.

Por eso es importante reaccionar. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, con su plan París a 15 Minutos, está abordando el problema con más sentido y compromiso. Su plan, elaborado por Carlos Moreno, profesor de la Sorbona, puede ser analizado y adaptado en el desarrollo de las ciudades. Ahora toca una tarea descomunal: buscar nuevos contenidos a la altura de los tiempos, capaces de aportar formas de innovación que llenen el vacío que estas crisis están produciendo. Porque la actual crisis, que se alimenta con los destrozos de la otra, puede provocar una nueva para la que no haya vacuna posible: porque nos quieren arruinar no ya la economía, sino la vida misma.

Un nuevo despotismo intenta poco a poco de forma virtual y algorítmica degradar a las mujeres y hombres de este planeta dominando con sutileza todos los elementos que lo componen. Estamos siendo atormentados con un rostro sonriente que los medios se encargan de difundir. Una conspiración perfecta.

Subsidiariedad y virtud de la esperanza

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Fuente: Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral.

Octava catequesis del Papa Francisco sobre la pandemia de Covid-19 “Sanar el mundo” a la luz del Evangelio, las virtudes teológicas y los principios de la doctrina social de la Iglesia

Queridos hermanos y hermanas, ¡parece que el tiempo no es muy bueno, pero os digo buenos días igualmente!

Para salir mejores de una crisis como la actual, que es una crisis sanitaria y al mismo tiempo una crisis social, política y económica, cada uno de nosotros está llamado a asumir su parte de responsabilidad, es decir compartir la responsabilidad. Tenemos que responder no solo como individuos, sino también a partir de nuestro grupo de pertenencia, del rol que tenemos en la sociedad, de nuestros principios y, si somos creyentes, de la fe en Dios. Pero a menudo muchas personas no pueden participar en la reconstrucción del bien común porque son marginadas, son excluidas o ignoradas; ciertos grupos sociales no logran contribuir porque están ahogados económica o políticamente. En algunas sociedades, muchas personas no son libres de expresar la propia fe y los propios valores, las propias ideas: si las expresan van a la cárcel. En otros lugares, especialmente en el mundo occidental, muchos auto-reprimen las propias convicciones éticas o religiosas. Pero así no se puede salir de la crisis, o en cualquier caso no se puede salir mejores. Saldremos peores.

Para que todos podamos participar en el cuidado y la regeneración de nuestros pueblos, es justo que cada uno tenga los recursos adecuados para hacerlo (cfr. Compendio de la doctrina social de la Iglesia [CDSC], 186). Después de la gran depresión económica de 1929, el Papa Pío XI explicó lo importante que era para una verdadera reconstrucción el principio de subsidiariedad (cfr. Enc. Quadragesimo anno, 79-80). Tal principio tiene un doble dinamismo: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Quizá no entendamos qué significa esto, pero es un principio social que nos hace más unidos.

Por un lado, y sobre todo en tiempos de cambio, cuando los individuos, las familias, las pequeñas asociaciones o las comunidades locales no son capaces de alcanzar los objetivos primarios, entonces es justo que intervengan los niveles más altos del cuerpo social, como el Estado, para proveer los recursos necesarios e ir adelante. Por ejemplo, debido al confinamiento por el coronavirus, muchas personas, familias y actividades económicas se han encontrado y todavía se encuentran en grave dificultad, por eso las instituciones públicas tratan de ayudar con apropiadas intervenciones sociales, económicas, sanitarias: esta es su función, lo que deben hacer.

Pero por otro lado, los vértices de la sociedad deben respetar y promover los niveles intermedios o menores. De hecho, la contribución de los individuos, de las familias, de las asociaciones, de las empresas, de todos los cuerpos intermedios y también de las Iglesias es decisiva. Estos, con los propios recursos culturales, religiosos, económicos o de participación cívica, revitalizan y refuerzan el cuerpo social (cfr. CDSC, 185). Es decir, hay una colaboración de arriba hacia abajo, del Estado central al pueblo y de abajo hacia arriba: de las asociaciones populares hacia arriba. Y esto es precisamente el ejercicio del principio de subsidiariedad.

Cada uno debe tener la posibilidad de asumir la propia responsabilidad en los procesos de sanación de la sociedad de la que forma parte. Cuando se activa algún proyecto que se refiere directa o indirectamente a determinados grupos sociales, estos no pueden ser dejados fuera de la participación. Por ejemplo: “¿Qué haces tú? —Yo voy a trabajar por los pobres. —Qué bonito, y ¿qué haces? —Yo enseño a los pobres, yo digo a los pobres lo que deben hacer”. —No, esto no funciona, el primer paso es dejar que los pobres te digan cómo viven, qué necesitan: ¡Hay que dejar hablar a todos! Es así que funciona el principio de subsidiariedad. No podemos dejar fuera de la participación a esta gente; su sabiduría, la sabiduría de los grupos más humildes no puede dejarse de lado (cfr. Exhort. ap. postsin. Querida Amazonia [QA], 32; Enc. Laudato si’, 63). Lamentablemente, esta injusticia se verifica a menudo allí donde se concentran grandes intereses económicos o geopolíticos, como por ejemplo ciertas actividades extractivas en algunas zonas del planeta (cfr. QA, 9.14). Las voces de los pueblos indígenas, sus culturas y visiones del mundo no se toman en consideración. Hoy, esta falta de respeto del principio de subsidiariedad se ha difundido como un virus. Pensemos en las grandes medidas de ayudas financieras realizadas por los Estados. Se escucha más a las grandes compañías financieras que a la gente o aquellos que mueven la economía real. Se escucha más a las compañías multinacionales que a los movimientos sociales. Queriendo decir esto con el lenguaje de la gente común: se escucha más a los poderosos que a los débiles y este no es el camino, no es el camino humano, no es el camino que nos ha enseñado Jesús, no es realizar el principio de subsidiariedad. Así no permitimos a las personas que sean «protagonistas del propio rescate»[1]. En el subconsciente colectivo de algunos políticos o de algunos sindicalistas está este lema: todo por el pueblo, nada con el pueblo. De arriba hacia abajo pero sin escuchar la sabiduría del pueblo, sin implementar esta sabiduría en el resolver los problemas, en este caso para salir de la crisis. O pensemos también en la forma de curar el virus: se escucha más a las grandes compañías farmacéuticas que a los trabajadores sanitarios, comprometidos en primera línea en los hospitales o en los campos de refugiados. Este no es un buen camino. Todos tienen que ser escuchados, los que están arriba y los que están abajo, todos.

Para salir mejores de una crisis, el principio de subsidiariedad debe ser implementado, respetando la autonomía y la capacidad de iniciativa de todos, especialmente de los últimos. Todas las partes de un cuerpo son necesarias y, como dice San Pablo, esas partes que podrían parecer más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias (cfr. 1 Cor 12, 22). A la luz de esta imagen, podemos decir que el principio de subsidiariedad permite a cada uno asumir el propio rol para el cuidado y el destino de la sociedad. Aplicarlo, aplicar el principio de subsidiariedad da esperanza, da esperanza en un futuro más sano y justo; y este futuro lo construimos juntos, aspirando a las cosas más grandes, ampliando nuestros horizontes[2]. O juntos o no funciona. O trabajamos juntos para salir de la crisis, a todos los niveles de la sociedad, o no saldremos nunca. Salir de la crisis no significa dar una pincelada de barniz a las situaciones actuales para que parezcan un poco más justas. Salir de la crisis significa cambiar, y el verdadero cambio lo hacen todos, todas las personas que forman el pueblo. Todos los profesionales, todos. Y todos juntos, todos en comunidad. Si no lo hacen todos el resultado será negativo.

En una catequesis precedente hemos visto cómo la solidaridad es el camino para salir de la crisis: nos une y nos permite encontrar propuestas sólidas para un mundo más sano. Pero este camino de solidaridad necesita la subsidiariedad. Alguno podrá decirme: “¡Pero padre hoy está hablando con palabras difíciles! Pero por esto trato de explicar qué significa. Solidarios, porque vamos en el camino de la subsidiariedad. De hecho, no hay verdadera solidaridad sin participación social, sin la contribución de los cuerpos intermedios: de las familias, de las asociaciones, de las cooperativas, de las pequeñas empresas, de las expresiones de  la sociedad civil. Todos deben contribuir, todos. Tal participación ayuda a prevenir y corregir ciertos aspectos negativos de la globalización y de la acción de los Estados, como sucede también en el cuidado de la gente afectada por la pandemia. Estas contribuciones “desde abajo” deben ser incentivadas. Pero qué bonito es ver el trabajo de los voluntarios en la crisis. Los voluntarios que vienen de todas las partes sociales, voluntarios que vienen de las familias acomodadas y que vienen de las familias más pobres. Pero todos, todos juntos para salir. Esta es solidaridad y esto es el principio de subsidiariedad.

Durante el confinamiento nació de forma espontánea el gesto del aplauso para los médicos y los enfermeros y las enfermeras como signo de aliento y de esperanza. Muchos han arriesgado la vida y muchos han dado la vida. Extendemos este aplauso a cada miembro del cuerpo social, a todos, a cada uno, por su valiosa contribución, por pequeña que sea. “¿Pero qué podrá hacer ese de allí? —Escúchale, dale espacio para trabajar, consúltale”. Aplaudimos a los “descartados”, los que esta cultura califica de “descartados”, esta cultura del descarte, es decir aplaudimos a los ancianos, a los niños, las personas con discapacidad, aplaudimos a los trabajadores, todos aquellos que se ponen  al servicio. Todos colaboran para salir de la crisis. ¡Pero no nos detengamos solo en el aplauso! La esperanza es audaz, así que animémonos a soñar en grande. Hermanos y hermanas, ¡aprendamos a soñar en grande! No tengamos miedo de soñar en grande, buscando los ideales de justicia y de amor social que nacen de la esperanza. No intentemos reconstruir el pasado, el pasado es pasado, nos esperan cosas nuevas. El Señor ha prometido: “Yo haré nuevas todas las cosas”. Animémonos a soñar en grande buscando estos ideales, no tratemos de reconstruir el pasado, especialmente el que era injusto y ya estaba enfermo. Construyamos un futuro donde la dimensión local y la global se enriquecen mutuamente —cada uno puede dar su parte, cada uno debe dar su parte, su cultura, su filosofía, su forma de pensar—, donde la belleza y la riqueza de los grupos menores, también de los grupos descartados, pueda florecer porque también allí hay belleza, y donde quien tiene más se comprometa a servir y dar más a quien tiene menos.

 

[1] Mensaje para la 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2020 (13 de mayo de 2020).

[2] Cfr. Discurso a los jóvenes del Centro Cultural Padre Félix Varela, La Habana – Cuba, 20 de septiembre de 2015.

Francisco: «La obsesión por poseer excluye a millones de personas de bienes primarios»

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La cuarta catequesis del Papa Francisco sobre la crisis generada por el COVID ha tratado sobre las desigualdades generadas por el sistema económico imperante. «La obsesión por poseer excluye a millones de personas de bienes primarios y la desigualdad económica y tecnológica laceran el tejido social», ha destacado. Lo ha dicho durante la audiencia general de los miércoles, en la biblioteca del Palacio Apostólico.

En sus palabras de hoy, el Papa Francisco ha recordado que «La subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio del ordenamiento ético social». El santo padre ha destacado que «la propiedad y el dinero son instrumentos», y el problema viene cuando se convierten en «fines individuales o colectivos». «Entonces el “homo sapiens” se deforma y se confierte en un “homo economicus” en el peor sentido, el de un hombre individualista, calculador y dominador».

«En el mundo de hoy, unos pocos ricos poseen más que todo el resto de la humanidad. Es para pensar. Es estadística pura y una injusticia que clama al cielo» ha afirmado el Papa durante su catequesis. Esta desigualdad no se da solo entre personas, sino también entre países. «Unos pueden emitir moneda para afrontar la emergencia mientras que para otros esto significaría hipotecar su futuro», ha señalado, como uno de los ejemplos.

En relación con la ecología integral

El santo padre ha apuntado la relación íntima entre el sistema económico imperante y el daño a la Casa Común. «Estamos muy cerca de superar muchos de los límites del planeta,  y eso trae consecuencias graves e irreversibles como el cambio climático o el aumento del nivel del mar y la destrucción de bosques tropicales», ha comentado Francisco.

«La desigualdad social y ambiental tienen la misma raíz: el pecado de poseer y dominar a los hermanos y hermanas, a la naturaleza y al mismo Dios. Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común para que tuviera cuidado de ellos. Nos ha pedido dominar la tierra en su nombre», ha señalado el Papa. Ha recordado también que «existe una relación de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza».

Al final de sus palabras, el pontífice ha vuelto ha recordar que, «de una crisis no salimos iguales, salimos mejores o peores, esta es nuestra opción». «Después de la crisis, ¿seguiremos con nuestro sistema económico de injusticia social y desprecio al Cuidado de la Creación? Pensémoslo bien», ha sentenciado.

Hablamos de alimentación, no de residuos

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Jose Santos

El pasado 2 de junio, el gobierno español presentó el Marco de Economía Circular, en el que se incluía un anteproyecto para la ley de residuos.

Seguramente es, en efecto, un buen instrumento para reducir la generación de residuos, mejorando así la eficiencia en el uso de recursos y disminuyendo el impacto medioambiental. Este borrador de proyecto de ley se mezclan todo tipo de recursos en un mismo saco: construcción, electrónica, textil, plástico,… Pero, si nos centramos en el tema de la alimentación, el enfoque que se da al residuo alimentario se presenta simplemente como un residuo a “gestionar” (traducido a lenguaje normal diríamos eliminar) y no como un recurso valioso que cuidar y aprovechar. Esto hace que se debilite la priorización en la prevención y en la concreción de una jerarquía de aprovechamiento que sea mucho más adecuada a las características de los alimentos.

El problema del despilfarro alimentario es especial, pues afecta a toda la sociedad en tanto que consumidora de alimentos y a toda la cadena desde la producción al consumo. Afecta también a la economía y al medio ambiente y genera problemas en otros países. Por poner un ejemplo, la pérdida de alimentos (1/3 de los producidos según la FAO) hace que haya que buscar tierras y recursos en otros países, aunque eso suponga generar hambre, pobreza, guerras o migraciones.

Por eso es necesario realizar un enfoque mucho más amplio del problema, no sólo para evitar las consecuencias del despilfarro alimentario, sino que se ataque el problema desde las causas, también desde una legislación específica sobre el despilfarro alimentario. En este sentido se sitúa la Ley 3/2020 de 11 de marzo de prevención de las pérdidas y el despilfarro de alimentos, aprobada el pasado mes de marzo por el Parlamento de Cataluña.

Se trata de una norma pionera y bien planteada, que analiza las causas y consecuencias y actúa en consecuencia, implicando a toda la cadena alimentaria y con un régimen sancionador acorde a la gravedad del problema. En este sentido encontramos legislaciones similares en Francia o Italia (la primera incluso plantea penas de cárcel).

En España necesitamos que se genere una ley similar, que ponga las bases para evitar que ¡8 millones de toneladas de alimentos acaben en la basura cada año! Esta Ley debe ser previa a la Ley de residuos, que sólo se aplicaría, como último recurso, a los alimentos que realmente sean imposibles de aprovechar en la cadena alimentaria. Evidentemente tendrá conexión con otras normas como la economía circular, el cambio climático, la ley de la cadena alimentaria, las donaciones de alimentos, la política agrícola común europea (PAC),…

Para que los objetivos sean tan realistas como ambiciosos, es necesario realizar un estudio de la situación de partida actual y un esfuerzo de concienciación de los consumidores, al mismo tiempo que se incorporen medidas e incentivos que permitan alcanzar esos objetivos: beneficios fiscales, tasas disuasorias, obligatoriedad de incorporar este tema en la responsabilidad social corporativa, incluir cláusulas específicas en la compra pública, penalizar normas estéticas y promociones comerciales 3×2… y fomentar productos de cercanía, frescos, de temporada y no hiperprocesados.

Los olvidados del covid-19

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Fuente: elsaltodiario.com

Durante el estado de alarma se ha homenajeado al sector sanitario, a los trabajadores de distribución, al ejército, a las emergencias, incluso los Reyes visitaron Mercamadrid, centro de distribución de alimentos.

Pero nadie ha homenajeado a quienes nos dan de comer todos los días, antes, durante la pandemia y después, un sector poco valorado por una sociedad urbana y que no entiende ni se preocupa por los problemas del sector agrícola. Todos los días se aplaude a quienes nos curan, se dice que son héroes, pero ese agradecimiento no parece llegar a quienes nos alimentan, aunque sin comida no hay vida humana.

Durante el mandato del actual Gobierno, el sector agrícola y ganadero se movilizaró con sus justas reivindicaciones, que son muy antiguas con problemas estructurales y complejos arrastrados durante siglos en el Estado español.

Los principales puntos de esas movilizaciones eran:

  • Falta de precios justos por sus productos que les permita alcanzar una mínima rentabilidad. El motivo: el desequilibrio de la cadena agroalimentaria, que provoca que la gran distribución e industrias sean pocos y poderosos frente a los agricultores y ganaderos, muchos y desorganizados en su mayoría.
  • Subida de los costes de producción: no tienen capacidad de trasladar esa subida al precio de sus productos y se ven obligados a vender por debajo de sus costes reales.
  • Recortes en las ayudas provenientes de Europa e incluso las que destina el Gobierno central y las Comunidades Autónomas.
  • Empoderamiento de los agricultores y ganaderos. Sin su participación, no hay alimentos.
  • Reglamentación de ciclos cortos de comercialización, productos de proximidad y etiquetado en origen. Las leyes deben dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, no generar más perjuicios de los que resuelven. Urge un cambio legislativo para permitir que agricultores y ganaderos lleven a cabo la venta directa de sus productos. En materia de etiquetado, urge imponer la obligatoriedad de reconocer el origen de todos los alimentos en su etiqueta.
  • Freno a la especulación con los productos agrarios. Mientras la rentabilidad de la agricultura está bajo mínimos, siguen produciéndose prácticas comerciales abusivas y desleales. Los intermediarios que hacer con ellos en la cadena agroalimentaria.
  • Reivindicación del papel vertebrador de la agricultura y la ganadería frente al despoblamiento, a los problemas ambientales y territoriales. El debate sobre la España vaciada ha logrado ponerse en el foco mediático y legislativo. Sin embargo, en ese debate los agricultores y ganaderos deberían cobrar un mayor protagonismo. Sin ellos-as, no habrá futuro para el medio rural.

En la ciudad, dada la poca cultura rural, no se valora todo el proceso que existe para que un alimento sea producido desde que la tierra se prepara, se siembra, va creciendo poco a poco, se recoge y se pone en manos de un intermediario que lo coloca en las grandes superficies o en los Mercas de cada ciudad. Se tiende a comprar apretando un botón en el ordenador rápido, fácil y rápido, o yendo a la tienda. Basta con tener dinero para comprar lo que más nos gusta, olvidando todo el trabajo y sudor que se necesitan para producir alimentos.

El sindicato COAG por medio del Índice de precios en origen y destino de los alimentos (IPOD), analiza la diferencia entre el precio que se paga al agricultor y el precio final que alcanza de venta. En julio la lechuga se ha pagado a 0,15 €/kg al agricultor y el precio del comprador ha llegado a 1,25€, la diferencia ha sido de un 733%. La cebolla, que ha sufrido un incremento del 606%, en mayo se ha multiplicado 7,06 veces de media la diferencia entre el precio de origen hasta que llega al consumidor. El melón ha subido 535%, pagándose a 0,20 €/kg y llegando a 1,20 €/kg.

Tampoco hay que olvidar la situación laboral y social de los trabajadores del campo. Por lo general, estos trabajadores y trabajadoras extranjeras son hombres y mujeres jóvenes procedentes, sobre todo, de los países del Magreb, de los países de África subsahariana y trabajadores del Este de Europa. Estos últimos suelen venir con formación específica en tareas agrícolas.

En el campo del sur de España se concentra la mayor parte de los inmigrantes. Los cultivos de Almería, Jaén y Huelva no serían lo que hoy son sin el trabajo de los trabajadores y trabajadoras extranjeros. Eso sí, con notables diferencias entre las tres provincias.

El perfil de quien trabaja en la recogida de frutos onubenses es, ciertamente, de una mujer (el 90% del trabajo de recolección lo hacen ellas), joven y reclutada en su propio país para hacer únicamente la cosecha.

Hoy en día las estadísticas oficiales han cambiado mucho porque solo se cuantifica como extranjeras a aquellas trabajadoras del país magrebí, mientras que las que provienen de otros países como Bulgaria, Polonia o Rumanía, son ahora ciudadanas de la Unión Europea desde que sus países entraron a formar parte de ella.

Desde la ciudad se pueden atajar buena parte de los problemas del campo, entre otras cosas, volviendo a dar a los alimentos y a quienes los cultivan y preparan la importancia que se merecen.

Desde la organización Madrid Agroecológico (MAE) se esta proponiendo a las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid apoyo producción agroecológica, ayudas desde los Planes de Desarrollo Rural, ayudas directas, compras públicas a productores agroecológicos, sensibilización del papel fundamental de las personas productoras y el pequeño comercio para alimentarnos y sostener nuestros agroecosistemas.

Las alternativas del consumidor final pasan por la toma de conciencia de los problemas del campo para poder valorar mejor lo que se paga por un producto alimenticio, los grupos de consumo autogestionados en la ciudad que saben a quién compran y entienden la problemática, la venta directa en mercados tradicionales, los mercadillos de proximidad que se han prohibido por el estado de alarma pueden ser algunas que mejoren de alguna forma la situación del campo en la actualidad.

Los 23 ultrarricos españoles han aumentado su fortuna en 19.200 millones de euros durante el estado de alarma

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Publicado en El salto

Las personas más pobres podrían perder proporcionalmente ocho veces más renta que las más ricas. Es una de las conclusiones del informe Una reconstrucción justa y necesaria es posible, que la ONG Oxfam Intermón presenta hoy, martes 23 de junio, que propone medidas fiscales para recaudar 10.000 millones adicionales y una serie de medidas para atajar la desigualdad laboral.

Oxfam explica cómo, entre el 18 de marzo y el 4 de junio, las 23 grandes fortunas de España han visto cómo el valor de su riqueza se incrementaba en 19.200 millones de euros.

La otra cara de la moneda es el crecimiento de la pobreza derivado del impacto de la pandemia. La ONG denuncia que 700.000 personas entrarán en situación de pobreza en los próximos meses en España. El porcentaje de personas en esta situación aumentará de este modo del 21,5% antes del covid-19 al 23,1% de la población.

Baleares, Castilla y León, Aragón y Catalunya son los territorios en los que se producirá un mayor aumento relativo de las situaciones de pobreza. La cifra neta sigue mostrando a Andalucía como la comunidad con mayor número de personas en esta situación.

Oxfam Intermón calcula que el impacto del covid-19 afectará especialmente a las personas migrantes: como consecuencia de la mayor precariedad de los trabajos que ocupan, una de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza será nacida fuera de España como consecuencia de la crisis.

Para paliar esta situación, la organización propone medidas extraordinarias, como un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios, un impuesto a las transacciones financieras “más ambicioso que el que ahora mismo se debate en el Congreso” y que las ayudas públicas a las empresas “estén condicionadas a un comportamiento fiscal responsable”.