Ante las elecciones del 4M en Madrid

La Mesa por la Hospitalidad ante las elecciones del 4M en Madrid

Ante las elecciones del 4M en Madrid

La Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid demanda a los partidos políticos que concurren a las elecciones en la Comunidad de Madrid que los debates y la publicidad de sus formaciones eviten cualquier forma de discurso de odio, de estigmatización a la población vulnerable y de falsa contraposición de derechos entre las personas. En razón de nuestra tarea, nos preocupa especialmente la situación de las personas migrantes y, en particular, de la infancia en situación de desventaja que, con independencia de su nacionalidad, goza en nuestro país de todos los derechos que su dignidad, no mensurable en términos económicos, reclama, como reconocen los convenios internacionales suscritos por España. El alarmismo, el miedo y la xenofobia no pueden ser fomentados y explotados con fines políticos (cf. Fratelli tutti 39 y 86).

NOTA DE LA MESA POR LA HOSPITALIDAD

Los pobres

Autor: Diego S. Garrocho

Ya no hay pobres como los de antes. De hecho los pobres nos dan tanto miedo que, de un tiempo a esta parte, hemos decidido dejar de nombrarlos. A cambio hemos creado una colección de eufemismos solemnes y tecnificados para evitar imponer a las cosas su justo título, aunque la realidad doliente de quienes nada tienen siga ocultándose detrás de las nuevas palabras.

Afinen el oído. Hoy escucharán hablar de colectivos en riesgo de exclusión social, de personas vulnerables o, incluso, cuando la palabra se hace ya insoslayable, recurrimos al nombre genérico de ‘pobreza‘. Es entonces cuando el cursi suspira y aprieta con gravedad los párpados y el canalla levanta el puño. Pero la pobreza en abstracto, estarán conmigo, no es ninguna amenaza. La desgracia, la herida encarnada que supone no tener ni para ti ni para los tuyos, se instala siempre sobre los hombros de personas singulares, con un rostro, un nombre y una historia.

El problema no es la pobreza, sino los pobres. Unos pobres que no tienen que corresponderse con un imaginario subsahariano ni con la herrumbre oxidada de cualquier país remoto. Su vecina de 27 años que vive en casa de sus padres es pobre. Su amigo que habita un pisito de 30 m2 con 40, también.

España pronto será un país de gente pobre y si aplicamos un sesgo generacional podemos concluir sin riesgo a equivocarnos que, de facto, ya lo es. No sólo la vida tal y como la conocieron nuestros padres se ha truncado, sino que el horizonte de expectativas que hace posible imaginar un futuro meramente razonable se ha visto paulatinamente impedido. En pocos días se cumplirán diez años del 15M y en aquel contexto se inauguró un lema tan contradictorio como inquietante: el de una juventud sin futuro que dejó de ser joven pero que mantuvo la fatalidad de un porvenir imposible.

No es que seamos cada día más pobres: es que nadie parece estar dispuesto a remediarlo. Cada día es más evidente que una izquierda embutida en polos de Fred Perry y abandonada a la coartada emocional del antifascismo jamás atenderá a los intereses de las clases empobrecidas. Atacar a la familia, disolver el sujeto universal en favor de delirios identitaristas o renunciar al capital moral y conceptual de la Ilustración parecen estrategias autolesivas a la hora de proteger a los más débiles.

Si a ello le sumamos el insistente coqueteo con la violencia (desde Rentería hasta Vallecas) o la paulatina degradación de garantías civiles tan básicas como la presunción de inocencia o la libertad de prensa, descubriremos, con natural claridad, por qué esta izquierda no podrá representar el interés de los pobres. Para remate, si quieren ver a un izquierdista patrio tartamudear, háblenle de la solidaridad interterritorial o, aún mejor, de la jacobina unidad indivisible de la República.

Pero el problema, como en toda crisis estructural, no es simplemente de sesgo o identidad ideológica, sino que la carcoma se extiende a lo largo de todo el espectro. Uno podría imaginar una derecha conservadora y decente, de esas que anteponen la dignidad y el compromiso a las leyes del mercado, pero entonces no estaríamos en España. Esos pobres de los que tan bien habla el Evangelio (y que Chesterton inmortalizó con la imagen de la golfilla de pelo rojo del arroyo) están naturalmente desprotegidos también a derechas.

Al sedicente liberal español, ese señor del Club de Campo con las iniciales grabadas en la camisa y que viste pantalón lila, los pobres (más aún los pobres del Evangelio) le dan absolutamente igual. Su contraste ideológico con la izquierda es puramente posicional y, sobre todo, confía en poder segregarse por renta de cuantos males acontezcan a su alrededor.

Es el mismo pijerío patrio que no duda en saltarse el confinamiento entre comunidades cuando quiere pasar un fin de semana largo en el campo y para el que el imperio de la ley, tan cacareado cuando quiere machihembrar su condición liberal, sólo le sirve para arrojárselo al contrario. Esta derecha se equivoca si piensa que puede aislarse en sus privilegios. Si el mundo arde no importa cuán grande sea la finca: el humo te acabará llegando.

Vidal-Folch recordaba en sus diarios que el primer desamor tiene un prestigio exagerado. Lo que de verdad nos rompe el espinazo de forma irreparable es cuando se pierde el segundo amor, cuando el fracaso se ha convertido en pauta repetida. Esta lúcida reflexión —que toda persona de bien sabe cierta— es trasladable al ámbito político y social.

Lo dramático no es haber perdido una generación ya que en algunos países como el nuestro, con amplias redes de solidaridad y lazos familiares robustos, ese daño tal vez pueda ser asimilado. Lo irreversible, lo que podría generar una fractura que termine no sólo con la legítima esperanza de tantas personas sino con el suelo emocional que permite nuestro proyecto político común, es que exista una segunda generación empobrecida.

Aristóteles, que no era ningún hooligan subversivo ni ningún comunista peligroso, señaló hace 25 siglos que en todas partes la sublevación tiene por causa la desigualdad. Más les valdría a algunos tomar nota. Yo que ellos, en lugar de abrazar tanta orgía disruptiva y tanta transformación digital, empezaría por hacer caso a los clásicos. Y de paso, volvería a llamar a los pobres por su nombre. Qué menos.

Demanda penal contra Inditex por genocidio y crímenes de lesa humanidad

Autor: Jaime Martínez

Las presiones contra la compañía española Inditex para que se posicione abiertamente en el presente conflicto sobre el algodón de Xinjiang y los derechos humanos de los uigures se agudizan, después de que a finales de la pasada semana un colectivo formado por diferentes organizaciones no gubernamentales y una supuesta víctima de trabajos forzosos uigur presentasen una demanda penal contra la compañía en Francia.

A la luz de las informaciones que vienen sucediéndose desde hace ya varios años y que apuntan a la supuesta vulneración de los derechos humanos de la minoría de los uigures que se estaría llevando a cabo por parte del Gobierno chino, sobre el que se extiende la sospecha de estar empujando a la población perteneciente a esta minoría étnica a prácticas esclavistas y de trabajos forzosos en distintos sectores industriales, entre ellos a la recolección de algodón, las organizaciones Sherpa, el Collectif Éthique sur l’étiquette, el Instituto uigur europeo y una víctima uigur representada por el despacho legal Cabinet Bourdon & Associés, así como con el apoyo de varios eurodiputados, han presentado una demanda penal en el Tribunal Judicial de París contra el Grupo español Inditex, matriz de cadenas de moda tan conocidas como Zara, Bershka, Pull&Bear o Massimo Dutti, así como contra la compañía japonesa Uniqlo, la estadounidense Sketchers y el Grupo francés SMCP, matriz de las marcas Sandro, Maje, Claudie Pierlot y De Fursac.

Acusaciones de genocidio y de crímenes de lesa humanidad

Por el momento ninguno de estos Grupos multinacionales han emitido un comunicado oficial al respecto en el que entren a responder a la interposición de esta demanda penal, con la que desde las diferentes organizaciones los acusan de beneficiarse de los crímenes contra los derechos humanos que se estarían practicando contra el pueblo uigur por parte del régimen de Pekín. Atribuyéndoles en este sentido a las compañías señaladas los delitos de encubrimiento de trabajos forzosos y la práctica de unos crímenes de lesa humanidad en los que habrían, supuestamente, incurrido como consecuencia de la aceptación y la connivencia con esta serie de acciones dentro de sus respectivas cadenas de valor. Una tolerancia que las haría partícipes, así lo entienden los demandantes, de graves infracciones tanto éticas como penales, como las de los delitos de trata de seres humanos en forma de banda organizada o del de genocidio.

“Desde al menos 2019, periodistas e investigadores han denunciado la existencia de prácticas sistemáticas de trabajos forzosos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang por parte del gobierno chino”, una zona en la que “se produce casi el 20 por ciento del algodón del mundo”, explican desde el Collectif Éthique sur l’étiquette a través de un comunicado. “Sin embargo”, añaden, “con la información publicada hasta la fecha”, las compañías demandadas, “así como muchas otras empresas transnacionales”, habrían venido “continuando subcontratando parte de su producción” a grupos asentados en la zona de Xinjiang “o bien comercializando bienes a partir del algodón producido en esta región”, siendo como resultado “cómplices de los graves delitos que allí se cometen”.

Como consecuencia de estos hechos, apuntan desde la organización francesa, y “con el apoyo de varios eurodiputados”, incluido el francés Raphaël Glucksmann, “nuestras organizaciones han presentado esta denuncia con el fin de poder esclarecer el papel que desempeñan las empresas multinacionales dentro de los delitos cometidos contra el pueblo uigir”. Unas supuestas violaciones de los derechos humanos sobre las que ahora imperan a “los tribunales franceses” para que “se pronuncien sobre su posible responsabilidad penal”.

“Esta no es la primera vez que se presenta una denuncia sobre la responsabilidad de las multinacionales por una posible violación de los derechos humanos, pero sí la primera que se presenta por unos motivos tan graves”, explicaba Nayla Ajaltouni, coordinadora del Collectif Éthique sur l’étiquette, al medio de noticias francés France Inter. “Después de varios meses de interpelaciones internacionales y de presiones políticas, ya no se trata de informarles de los delitos de los que son cómplices por fines lucrativos”, añade, “ahora es el momento de presentar pruebas ante el juez para demostrar la responsabilidad penal de estas marcas”.

La primera de muchas demandas

Esta acción y el que haya eurodiputados como Glucksmann que han avalado y participado de la presentación de la demanda, hay que entenderlo como una consecuencia directa de los planes legislativos que vienen desarrollándose a nivel europea. Escenario en el que a lo largo de las últimas jornadas se han acelerado las acciones que conducirán a una mayor responsabilidad de las empresas con presencia en territorio comunitario hacia sus respectivas cadenas de valor.

En este sentido, y como principal causa además que se encontraría tras el reciente boicot que habrían auspiciado desde el propio Gobierno de Pekín contra la multinacional sueca H&M, parte de una estrategia de fuerza que ha terminado salpicando a otros grupos multinacionales, entre ellos también a Inditex, nos encontraríamos con el reciente texto probado por el Parlamento Europeo en materia de “diligencia devida” y de defensa de los derechos humanos y medioambientales por parte de las empresas. Una resolución que ya ha sido remitida a la Comisión Europea para su desarrollo, y sobre la que ahora esta demanda y sus impulsores buscaría ejercer presión con el fin de evitar que la norma termine diluyéndose frente a los intereses económicos que pudieran mostrar los grandes grupos multinacionales. Finalidad para la que desde Collectif Éthique sur l’étiquette ya adelantan que llevarán acciones similares a esta ante las instancias judiciales de distintos países.

“Es parte de los trabajos a largo plazo que llevan a cabo nuestras organizaciones en su lucha contra la impunidad de las empresas transnacionales y el buscar garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y a su reparación”, añaden desde la organización francesa. “La directiva europea sobre el deber de vigilancia que se redactará en los próximos meses deberá de saber dar respuesta a estas cuestiones cruciales”. Un objetivo que perseguirán estos distintos colectivos de manera activa, entre otras acciones con la interposición de denuncias como esta. Una reclamación por vía judicial que llega avalada y que cuenta con el apoyo de organizaciones como el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos ECCHR y el Congreso mundial uigur, y que no es más que “la primera de una serie de demandas que se interpondrán en otros países europeos en los próximos meses”.

“Nuestro objetivo”, detalla Ajaltouni, “es que esta directiva se inspire en las deficiencias de la legislación francesa y que vaya más allá”. Logrando contar “con un alcance más amplio, un régimen de responsabilidad civil aplicable a todas las empresas domiciliadas, basadas o con actividades comerciales en el mercado europeo”, y en la que además se lleve a cabo “una reversión de la carga de la prueba”. La cual, explica, “aún recae sobre la víctima de la violación de los derechos humanos en la legislación francesa”. Una normativa que, por ahora y a la espera de la aprobación de la nueva normativa europea, parece que será el que servirá de base para dirimir este conflicto.

El derecho humano al agua bajo amenaza

Fernando Chica Arellano,
Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA

Publicado en Iglesia Navarra
Arzobispado de Pamplona y Tudela

A finales del año 2020 el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street como el petróleo, el oro o cualquier otra mercancía. En realidad, no cotiza el agua en sí misma, sino sus derechos de uso. Y la compraventa no se refiere al uso en el momento actual, sino para el futuro, buscando así garantizar (para el comprador) el acceso al agua en un plazo determinado, por ejemplo, ante períodos de sequía.

Basta esta somera explicación para darse cuenta de que esta decisión introduce un bien básico, como es el agua, en el mundo de los mercados bursátiles, abiertos a corporaciones financieras que nada tienen que ver con la gerencia y el uso del agua. Aunque se intenta justificar la medida afirmando que puede mejorar la tutela, el consumo y la conservación de un recurso escaso, lo cierto es que se plantean numerosas dudas, bastantes sospechas y algunas amenazas, en la medida en que esta dinámica abre las puertas a la acción de los especuladores. Conviene, pues, que consideremos esta cuestión, analizándola con cierto detenimiento e iluminándola desde la Doctrina Social de la Iglesia.

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Sin agua no hay vida

Digamos, de entrada, que el agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es trascendental para el progreso socioeconómico, la energía y la producción de alimentos, los ecosistemas saludables, y la supervivencia misma de los seres humanos y otras especies animales y vegetales. El agua también forma parte esencial de la adaptación al cambio climático, y es el vínculo crucial entre la sociedad y el medioambiente.

Por eso, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia dice que “el uso del agua y de los servicios conexos debe ser orientado a la satisfacción de las necesidades de todos y, sobre todo, de las personas que viven en pobreza. Un limitado acceso al agua potable incide sobre el bienestar de un enorme número de personas y es, las más de las veces, causa de enfermedades, sufrimientos, conflictos, pobreza y, además, de muerte” (n. 484). En consecuencia, “el agua, por su propia naturaleza, no puede ser tratada como una simple mercancía más; su uso debe ser racional y solidario. Su distribución entra, tradicionalmente, entre las responsabilidades de entes públicos, porque el agua ha sido siempre considerada como un bien público, característica que debe ser mantenida si la gestión es confiada al sector privado” (n. 485).

Siendo este precioso elemento imprescindible para la vida, lamentablemente, hoy su exigüidad afecta al 40% de la población mundial y más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. Los expertos consideran que para el año 2025 la escasez de agua podría afectar a dos tercios de los habitantes del planeta y según la ONU más de 700 millones de personas en el mundo podrían verse forzadas a desplazarse debido a la penuria de agua de aquí a 2030.

La bolsa y la vida

Habiendo recordado así la importancia del agua, digamos una palabra acerca de la economía financiera. En el año 2018 la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral publicaron, conjuntamente, el documento Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones. Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero. En su número 5 leemos: “La reciente crisis financiera era una oportunidad para desarrollar una nueva economía más atenta a los principios éticos y a la nueva regulación de la actividad financiera, neutralizando los aspectos depredadores y especulativos y dando valor al servicio a la economía real”. A pesar de algunos intentos, “parece volver a estar en auge un egoísmo miope y limitado a corto plazo, el cual, prescindiendo del bien común, excluye de su horizonte la preocupación, no sólo de crear, sino también de difundir riqueza y eliminar las desigualdades, hoy tan pronunciadas”. Un poco más adelante, el mismo documento añade: “La finalidad especulativa, especialmente en el campo económico financiero, amenaza hoy con suplantar a todos los otros objetivos principales en los que se concreta la libertad humana” (n. 17). El caso de la cotización del agua en el mercado financiero de futuros muestra que las advertencias arriba indicadas no estaban alejadas de la realidad.

Más recientemente, en 2020, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral publicó el documento “Aqua fons vitae”. Orientaciones sobre el Agua, símbolo del grito del pobre y del grito de la Tierra. Allí, citando un texto previo del Pontificio Consejo ‘Justicia y Paz’, critica “una concepción excesivamente mercantil del agua que corre el riesgo de considerarla equivocadamente como una mercancía más, planificando incluso inversiones económicas de acuerdo con el criterio de la ganancia por la ganancia” (n. 29). Y continúa: “Hay que reconocer que cualquier intento de reflejar el valor económico del agua mediante un sistema de mercado o por medio de un costo no es suficiente para obtener el derecho universal de beber agua potable” (n. 30). Después, tras citar a San Juan Pablo II, Aqua fons vitae recuerda que “el pensamiento social católico siempre ha hecho hincapié en el hecho que la defensa y la preservación de ciertos bienes comunes, como los entornos naturales y humanos, no se puede dejar en manos solamente de las fuerzas del mercado, ya que tocan las necesidades humanas fundamentales que escapan a la lógica pura del mercado” (n. 31).

La ONU y el agua

Por su importancia vital para el ser humano, el Derecho al Agua fue reconocido en la ONU como derecho humano en 1977. En el año 2002, la Observación General número 15 de la ONU dejó bien claro que “el agua debe ser tratada como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico” y añade que “el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud” (1) . Este recurso, por tanto, no es una mercancía que pueda ser privatizada, comercializada o dejada a la total gestión de intereses particulares. En 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoció que el agua es esencial para el progreso de las personas y los pueblos, indicándolo de forma explícita en el Objetivo n. 6 que contempla: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.

Tres años más tarde, la Asamblea General de la ONU aprobó la “Declaración universal sobre los derechos de los campesinos”, negociada previamente por el Consejo de Derechos Humanos. En ella se advierte sin ambigüedades: “Los Estados protegerán el derecho al agua de los campesinos y otras personas que viven en las zonas rurales frente a los actos de terceros que puedan socavarlo” (art. 21.5). El Relator especial de la ONU sobre el Derecho al agua y el saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, que define poéticamente el agua como “el alma azul de la vida en este nuestro mundo”, considera que con ese primordial recurso natural en el mercado de futuros “el riesgo es que los grandes actores de la agricultura y la industria y los servicios a gran escala sean los únicos que puedan comprarla, marginando e impactando a los sectores vulnerables de la economía, como campesinos a pequeña escala” (2).

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Posición de la Santa Sede

El Papa Francisco, en Laudato Si’, ya nos alerta sobre el problema que supone la escasez del agua, así como acerca de los peligros de su mercantilización y control de parte de unos pocos. En el n. 28 de esa encíclica, el Santo Padre considera el agua dulce “indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos”, así como para “sectores sanitarios, agropecuarios e industriales” y reconoce que hoy “en muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible, con graves consecuencias a corto y largo término”. En un número posterior, Su Santidad previene de “la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado”, mientras que “en realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos” (LS n. 30). Finalmente, en LS n. 31 lanza la voz de alarma sobre “la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua… si no se actúa con urgencia” y considera que “los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo”.

En su reciente encíclica Fratelli tutti, el Obispo de Roma ha vuelto sobre el argumento de forma nítida, exhortando a “pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos” (n. 116). Desde esos principios se puede concluir que “el desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las Naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente, puesto que quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos” (FT n. 122).

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Por el bien de todos, especialmente de los pobres

Algunos defienden la inclusión del agua en el mercado de futuros argumentando que así se consigue mayor eficiencia en el uso del recurso. Esto es una falacia, ya que lo que realmente se logra es abrir la posibilidad de que esté disponible al mejor postor, condenando por defecto a las personas y los territorios que no tengan los recursos económicos suficientes.

Para el Relator especial de la ONU sobre el Derecho al agua y el saneamiento, Pedro Arrojo, los mercados de futuro son “espacios propicios para promover estrategias financieras especulativas sobre recursos vitales, como es el caso del agua, la energía o la alimentación, generando oportunidades de negocio sobre la base de graves afecciones a los más vulnerables y a las generaciones futuras” y añade que “el agua ya está bajo una amenaza extrema por una población en crecimiento, una demanda creciente y una contaminación grave de la agricultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio climático. Me preocupa mucho que el agua ahora se trate como el oro, el petróleo y otros productos básicos que se negocian en el mercado de futuros de Wall Street”.

De hecho, la especulación con los alimentos en el mercado de futuros de Chicago fue la causa determinante de la crisis alimentaria de 2008, crisis que incrementó en un 20% el número de hambrientos en el mundo. En pocos meses el precio del trigo en el mercado internacional se quintuplicó, mientras el maíz y el arroz duplicaban su precio y en tres años los precios de los alimentos subieron de media el 80%. Como consecuencia de ello, el número de hambrientos creció en 250 millones, lo que provocó revueltas callejeras en más de 60 países y la caída de diversos gobiernos.

Fue una clara ilustración de que la especulación bursátil con recursos vitales como el agua y los alimentos pone en peligro la Seguridad Mundial. Pero más importante que todo es que esta decisión no aguantaría jamás la mirada a los ojos de nuestros hermanos pobres, sedientos, hambrientos, desvalidos…

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Escuchar el grito y alzar la voz

Para los cristianos, el agua y los demás recursos naturales limitados del planeta son dones divinos que no pueden ser tratados como meras mercancías, ni se debe especular con ellos. Hemos de aprender a escuchar el grito de los empobrecidos que, como Jesús en la cruz, claman diciendo: “Tengo sed” (Jn 19, 28). Siglos antes, Dios había hecho esta promesa por boca del profeta Isaías: “¡Atención, sedientos!, acudid por agua, también los que no tenéis dinero” (Is 55, 1). Y, haciéndose eco de esta buena noticia, el Señor Jesús afirmó con rotundidad: “Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba” (Jn 7, 37). Esto lo dijo, solemnemente, en el templo de Jerusalén.

Hoy el templo del mundo está siendo profanado y transformado en un gran mercado de valores, donde todo se negocia y comercializa: el alimento, el agua, los bosques, el aire, la biodiversidad, los sentimientos, las ideas, nuestros órganos vitales, la vida misma. A todo se le asigna un precio y es objeto de tráfico, de especulación. Si se reflexiona atentamente, los elementos mencionados anteriormente no son simples productos adquiribles o meros artículos desechables. No se trata de mercancías, de piezas descartables, sino de bienes vitales y sagrados a los que no se les puede asignar un precio porque su valor es incalculable. Son dádivas divinas, revestidas de dignidad inviolable. Son dones del Creador, salidos de sus manos para satisfacer las necesidades de todas sus criaturas y no pueden ser apropiados, ni vendidos para saciar la avaricia de unos pocos.

Ha llegado la hora de salir al encuentro de los marginados para colmar sus carencias más perentorias antes de que el mercantilismo bursátil termine destruyendo la dignidad, los valores y la vida de los indigentes y postergados. Lo que realmente se requiere está en las antípodas del mercado de futuros. Necesitamos un gran debate mundial sobre el futuro del agua que culmine en el desarrollo de un instrumento jurídico vinculante que ampare el derecho al agua para todos, en particular para los menesterosos, los marginados, las regiones desfavorecidas u olvidadas de nuestro mundo.

Desde 1993, por decisión de Naciones Unidas, cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. Esta jornada nos ofrece una gran oportunidad para iniciar este proceso. La pandemia mundial ha subrayado todavía más el inmenso valor de este elemento tan decisivo para la preservación del planeta y la supervivencia humana y de otras especies. En la actual coyuntura una de las cosas que se ha puesto de relieve mayormente es que el agua es un factor sustancial para frenar el coronavirus, así como muchas otras enfermedades infecciosas. Sin embargo, esta cruel crisis sanitaria ha evidenciado aún más la gran desigualdad existente en el acceso y disfrute de este valioso recurso.

Los pobres no pueden esperar. Imploran con su clamor que este bien vital no se mercantilice, que no se despilfarre, que no se contamine y que se comparta y use de manera sustentable, equitativa y solidaria. Ellos nos invitan asimismo a pensar no solo en el hoy, sino, sobre todo, en el mañana, que ha de ser luminoso y justo para todos y no únicamente para unos pocos. Valoremos el agua realmente. El agua es vida y la vida no se puede tasar, comercializar o banalizar convirtiéndola en un trivial producto financiero.

¿Es ecólogica la nube que guarda nuestros datos?

Fuente: xlsemanal

Si Internet fuera un país sería el sexto más contaminante del mundo, así lo afirman datos de la organización Greenpeace.

Las industrias digitales ya acaparan entre el 8 y el 10 por ciento del consumo energético mundial, según la Universidad de Stanford. El impacto ambiental todavía es menor que el de las industrias no digitales. Pero si Internet fuera un país, concluye Greenpeace, sería el sexto más contaminante del mundo. Se necesita energía para fabricar, alimentar y refrigerar los centros de datos, las redes de comunicación y los dispositivos de los usuarios.

Enviar un correo electrónico deja una huella de 4 gramos de carbono (50 gramos si lleva un archivo adjunto). Y se envían 269.000 millones cada día (el spam tiene gran parte de culpa). Google calcula que mil búsquedas en Internet provocan la emisión de gases de efecto invernadero equivalentes a las de un coche que recorre un kilómetro.

El streaming acaparará el año que viene el 80 por ciento del tráfico mundial de datos. Y es que cada minuto se visualizan más de 4 millones de vídeos en YouTube, se envían casi 40 millones de mensajes de WhatsApp, se visionan más de 260.000 horas de películas y series…

Así las cosas, The Washington Post considera que trabajar en la nube supone un ahorro mucho mayor en términos de electricidad consumida en oficinas o en combustible para desplazarnos. Y los investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley calculan que, si todas las compañías norteamericanas trasladasen sus servicios de correo electrónico, hojas de cálculo y atención al cliente a la nube, la huella ecológica (digital) se reduciría un 87 por ciento.

Sitopia: los alimentos y las ciudades

Mar Toharia

El desayuno de esta mañana seguramente ha llegado a tu mesa después de recorrer miles de kilómetros. Y tu comida también lo hará. Tanto en las grandes ciudades como en los pueblos pequeños nos hemos acostumbrado a saber que las tiendas nos proveerán de alimentos y no nos preguntamos por su lugar de origen, su coste real, ni por su impacto en el diseño del planeta.

Sin embargo, 19 millones de hectáreas de bosques tropicales se reconvierten al año en tierras de cultivo y el 70% del agua se destina a labores agrícolas. Y mientras, también anualmente, se desperdicia alrededor de un tercio de toda la comida para consumo humano, unas 1.300 millones de toneladas, junto con toda la energía, agua y químicos necesarios para producirla y venderla. Y esta comida desperdiciada, según la ONU, provoca más emisiones de gases de efecto invernadero que cualquier país, a excepción de China y Estados Unidos. Por otro lado, y paradójicamente, mientras que tan sólo cinco empresas multinacionales controlan el 80% del comercio de alimentos, la mitad de las personas más pobres del mundo son pequeños productores o agricultores que producen el 70% de la alimentación mundial. Hoy, más de la mitad de la humanidad habita ciudades, y la tendencia es creciente: más de un millón de personas se trasladan a una zona urbana cada semana. Por eso, la cuestión de cómo se alimentan las ciudades se plantea como un desafío planetario para el diseño urbano. Y nace el término sitopia.

Acuñada por Carolyn Steel, sitopia procede de las palabras griegas sitos, comida y topos, lugar. Y nace como una propuesta para repensar el diseño urbano a partir de los alimentos. Su objetivo es poder crear un equilibrio entre las necesidades humanas y las de la naturaleza. En sus propias palabras: “la comida es el sine qua non de la vida; si la tratamos como tal cambiaría profundamente la manera en que vivimos”. El diseño de nuestro mundo, argumenta Steel, es fruto de la manera en que nos alimentamos, de manera que podríamos utilizar la comida para hacer un mejor diseño. Y en su último libro Hungry City : How Food Changes Our Lives, Carolyn Steel describe ideas innovadoras para reintroducir en las ciudades la producción de alimentos. De hecho, los huertos urbanos, en azoteas, terrazas o espacios públicos, aumentan poco a poco en la geografía urbana europea.

Y es que, si miramos hacia atrás en la historia del urbanismo, la creación de comunidades urbanas sostenibles, equitativas y habitables ha sido un reto que enfrenta la humanidad casi desde los mismos orígenes de las ciudades. ¿Repensarlas hoy bajo la perspectiva de cómo alimentarlas, tal y como propone el concepto de sitopia, puede ser una clave para caminar hacia ese objetivo?

La cara de Amazon: prácticas antisindicales, escuchas, monopolio, falsos autónomos, impuestos…

Fuente: lamarea.com

“Comprar en tiendas de barrio da vida a nuestras ciudades y genera puestos de trabajo. Por ello propongo que no compremos en Amazon: apenas paga impuestos y no da vida a los barrios”. Así se despachaba la alcaldesa de Barcelona Ada Colau contra la multinacional dirigida por Jeff Bezos y cuyo valor de mercado ya supera el PIB de España. La edil y el primer teniente de alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni (PSC), pidieron hace unos días no consumir a través de la plataforma online durante las fiestas navideñas. La misma recomendación había lanzado anteriormente la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

Estuvo rápido el gigante estadounidense, que salió al paso recordando que 2.000 pequeñas empresas de Catalunya venden a través de su página web, lo que convierte a la Comunidad Autónoma en líder estatal en el ranking de compañías que comercializan sus productos utilizando la plataforma de Amazon. No es posible, sin embargo, conocer cuántos pequeños comerciantes han tenido que cerrar como consecuencia directa del crecimiento de la multinacional en esta y otras regiones.

Pero, ¿cuáles son los peligros de Amazon que han puesto a Colau e Hidalgo en contra?

Hacia el monopolio

Es cierto que miles de empresas venden sus productos a través de la plataforma americana: según datos de la propia firma, hasta 9.000 pymes españolas operan con su sistema. Sin embargo, recientemente la Comisión Europea (CE) ha acusado a Amazon de utilizar los datos que extrae de estas empresas para vender sus propios productos: “Los datos de la actividad de vendedores terceros no deben ser usados en beneficio de Amazon cuando actúa como competidor con esos vendedores. Las condiciones de competencia en la plataforma de Amazon también deben ser justas”, declaró la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, a mediados de noviembre de 2020.

Una segunda investigación de Bruselas acusa a la multinacional de favorecer de manera artificial sus ofertas o la de aquellos vendedores que utilizan los propios servicios logísticos y de reparto de Amazon.

Pero no solo Europa apunta a Amazon. El Congreso de los Estados Unidos ha llevado a cabo una investigación durante casi un año y medio para analizar el poder de gigantes Apple, Facebook y Google, además del propio Amazon, del que dicen que tiene “poder de monopolio” al controlar entre el 65% y el 70% de todas las ventas dentro del país. Esto obligó a Bezos a comparecer ante el Subcomité Judicial de la Cámara de los EEUU. Tanto su compañía como las otras tres, según la investigación, “erosionan el espíritu empresarial, degradan la privacidad de los estadounidenses online y socavan la vitalidad de la prensa libre y diversa”.

Impuestos difíciles de encontrar

La estructura empresarial del líder del comercio online provoca que su negocio online se vehicule a través de filiales de servicios de logística, gestión de datos y soporte comercial. Amazon EU paga a estas filiales por la prestación de servicios, lo que en 2019 supuso unos ingresos en España por valor de algo menos de 500 millones por los que pagó 4,4 millones en concepto de impuestos de sociedades.

Pero la facturación de todo lo que la multinacional vendió en España no pagó impuestos aquí, sino que se fue directamente a Luxemburgo, considerado un paraíso fiscal por diversas organizaciones como Oxfam Intermón. Es allí donde está la sede central de Amazon EU y donde se fueron los 7.567 millones de euros que la compañía ingresa en España y que supone el 15% de todo el comercio electrónico en el país. 

Según explica el diario El Independiente, “entre Facebook, Amazon y Apple pagaron en 2018 entre todas un total de 14,7 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades. Es decir, prácticamente lo mismo (14,4 millones) que Ence, que es la empresa ‘más pequeña’ del IBEX 35”.

La conocida como ‘tasa Google’, aprobada durante este 2020, tratará de poner remedio a esta fuga impositiva gravando a estas compañías con un tipo del 3% a sus ingresos por determinadas actividades.

Socavando los derechos laborales

Otra de las bazas que Amazon ha jugado tras las críticas de Colau ha sido la de los puestos de trabajo de la empresa en la región, recordando que cuenta con tres centros de distribución, un centro logístico urbano en Barcelona, otro centro de distribución y tres estaciones logísticas. Los 2.000 nuevos puestos de trabajo que anunció en julio del año pasado suman un total de 9.000 trabajadores y trabajadoras en todo el Estado.

Una plantilla que ha organizado protestas en varias ocasiones. Hace dos años, coincidiendo con el Black Friday, los trabajadores del centro logístico de Amazon de San Fernando de Henares (Madrid) iniciaban su jornada reivindicativa. Era la cuarta huelga para denunciar recortes tanto en derechos de salud, como de salario y conciliación, según explicaban los representantes sindicales.

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Imagen de la huelga de los trabajadores de Amazon en San Fernando de Henares en 2018. EDUARDO ROBAINA

Más recientemente, en octubre de 2020, según anunció el sindicato UGT, la multinacional fue condenada a dar de alta a casi 3.000 repartidores que estaban trabajando como falsos autónomos. Inspección de Trabajo consideró que los trabajadores de Amazon Flex son asalariados y por ello deben estar dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Según la estimación de UGT, esto ha supuesto casi cuatro millones de euros de ingreso para la arcas públicas.

Estas luchas sindicales parecen no ser del agrado de Amazon. Tanto es así que una investigación de la Motherboard, la sección de tecnología de Vice en EEUU, revela que el gigante tech utiliza diversas tácticas para vigilar a trabajadores y grupos sindicales en sus almacenes. Según los documentos obtenidos por la publicación, la compañía liderada por Jeff Bezos habría contratado a la agencia de detectives Pinkerton e infiltrado espías en noviembre de 2019 en un almacén de Polonia. Según elDiario.es, Amazon analiza diferentes “riesgos de seguridad”, entre los que se encuentra la categoría de “ambiente operativo”, donde se incluyen la presencia de sindicatos y posibles protestas o manifestaciones. 

De acuerdo con la información del medio español, esto vendría ocurriendo también en otros países, entre ellos España, aunque Amazon niega que Pinkerton se encargue de vigilar a sus empleados. Una versión que choca con dos ofertas de trabajo publicadas por la tecnológica para vigilar “amenazas sindicales”, las cuales fueron borradas tras la polémica surgida

Aunque la compañía alegó que se trataba de un “error”, medio centenar de eurodiputados enviaron una carta a Jeff Bezos preguntando si Amazon espía a políticos y sindicalistas. “Nos preocupa que los sindicatos, así como los representantes electos locales, nacionales o europeos, se vean afectados por esta ‘vigilancia de amenazas’, que tiene como objetivo reprimir la acción colectiva y la organización sindical”, explican en la misiva.

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Pegatina reclamando un convenio entre Amazon y la plantilla. EDUARDO ROBAINA

Adiós a la privacidad

“Alexa, pon música”. Es posible que hayas pronunciado estas palabras, ya que el altavoz inteligente de Amazon fue su producto más vendido durante 2019. Estos comandos, en la teoría, solo son utilizados por el aparato para llevar a cabo la acción. Sin embargo, en la práctica, pueden ser escuchados por el personal de la multinacional en aquellos casos en los que el gadget no haya entendido la petición, con el objetivo mejorar el algoritmo.

El gran problema es que, según Bloomberg, estos empleados también tendrían acceso a las coordenadas en las que se ha producido el error, por lo que podrían llegar a averiguar el lugar de residencia del cliente; un extremo para el cual no se han recibido denuncias.

En una carta enviada al senador de Estados Unidos Christopher Coons a mediados del año pasado, el vicepresidente de políticas públicas de Amazon, Brian Huseman, reconocía que la compañía almacenaba las grabaciones de voz y las transcripciones durante un tiempo indefinido, “hasta que el usuario decide eliminarlos” borrando el historial en la aplicación. Sin embargo, ni siquiera en estos casos Amazon garantiza el borrado de la información ya que, cuando se utiliza una ‘skill’ –aplicación de terceros dentro de Alexa– “el desarrollador de esta ‘skill’ podría también mantener registros de la interacción”, según reconoció Houseman.

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Furgonetas de reparto de Amazon Prime. TODD VAN HOOSEAR / Licencia CC BY-SA 2.0

Medioambientalmente insostenible

Por una pequeña cantidad de dinero –3,99 euros al mes o 36 euros anuales– puede usted recibir cualquier producto en su casa en 24 o 48h. Es lo que se conoce como Amazon Prime, el servicio deluxe de la tecnológica que incita al consumismo y que multiplica la huella de carbono de la compañía, principalmente en el transporte. En 2019, las emisiones de Amazon alcanzaron los 51,17 millones de toneladas de CO2, un 15% más que el año anterior. Ya el año anterior, sus emisiones estaban al nivel de las que generan países como Suecia, Ecuador o Bulgaria. En 2020, los movimientos por el clima han ocupado la sede de Amazon en Barcelona con motivo del Black Friday para protestar contra su política de empresa.

El fundador de Amazon anunció en febrero del año 2020 la donación de 10.000 millones de dólares para luchar contra el cambio climático. En el suplemento Climática de lamarea.com analizan el “doble filo” de esta aportación.

La pobreza, la publicidad y el azúcar alimentan la obesidad infantil

elsaltodiario.com

Cuando el día está repleto de adversidades vitales y de incertidumbre económica, quizá lo que menos apetezca al caer la noche sea cenar brócoli hervido junto con un poco de arroz. Y mucho menos, pelearte con tus hijos por una verdura tan sana como amarga. Unas salchichas baratas, un bote de tomate frito, acabar pronto, degustar ese dulce sabor del azúcar y del glutamato monosódico. Unas calorías de más, unos nutrientes de menos, pero la felicidad también es esto. Los niños engordan por diversos motivos, pero es sobre todo el precio de la cesta de la compra el que explica por qué la obesidad infantil afecta al 23% de los niños de familias con menos de 18.000 euros brutos anuales, frente al 12% con rentas superiores a 30.000 euros. Casi el doble.

El pediatra Carlos Casabona resume que se puede comer saludable con poco dinero, “pero es muy aburrido, tendrías que estar comiendo lentejas, garbanzos, arroz y patata todos los días, porque si te sales de ahí, todo es caro. Las frutas y las verduras no bajan de los dos euros el kilo y no encuentras frutos secos por menos de doce. La caloría saludable es bastante cara en general”. 

Para evitar esa monotonía y acceder a una cesta de la compra acorde al criterio de dieta mediterránea —evitando procesados, carnes y refinados—, desde Justicia Alimentaria reivindican una política fiscal alineada con la salud pública. Esta organización está detrás de la tasa del azúcar de los refrescos y piden más medidas. “Necesitamos una política fiscal coherente, con subidas y bajadas significativas que influyan en la compra”, sostiene su portavoz, Javier Guzmán.

Del estudio Aladino, presentado en septiembre por el Ministerio de Consumo, se desprende una clara relación entre obesidad infantil y renta, pero más allá de este dato, la panorámica general que ofrece la investigación —que se repite aproximadamente cada cinco años— es que cuatro de cada diez niñas y niños de entre seis y nueve años tienen sobrepeso u obesidad (23,3 y 17,3%, respectivamente). Solo el 0,9% sufre delgadez, mientras que el 58,5% se encuentra en valores adecuados de salud.

 

Para esta epidemia más contagiosa que el covid no hay intención de invertir en vacunas, más bien al contrario. “De cinco anuncios de alimentación insana, cuatro se dirigen a niños”, alerta el portavoz de Justicia Alimentaria. “España solo tiene un código de autorregulación voluntaria que han escrito las propias empresas, por lo que se permite publicitar cualquier alimento y solo limita el tipo de imagen”, explica Guzmán. 

 

Portugal prohibió el pasado año la publicidad de productos con elevadas cantidades de sal, azúcar, y grasas saturadas en horario infantil. Previamente, gravó el azúcar y entre 2008 y 2016 consiguió reducir la tasa de sobrepeso del 37,9 al 30,7% y la obesidad del 15,3 al 11,7%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) felicitó sus políticas públicas el 4 de marzo, con motivo del Día Mundial de la Obesidad. 

Regular en vez de estigmatizar

La socióloga especialista en salud pública en la Universidad del País Vasco Amaia Bacigalupe advierte del peligro de que los estudios relacionen obesidad con renta porque “se quedan en lo superficial y llegan a estigmatizar”. “Aunque pensemos que anteponer la salud de tus hijos es una decisión lógica, cuando no sabes si tendrás para pagar la luz, apuntar al niño a balonmano para que haga actividad física puede que no sea una prioridad”, señala.

Sobre las rentas altas, apunta a que el enfoque médico cala más entre las personas con estudios superiores y la moda de lo healthy como forma de vida, solo así se puede entender que la tasa de delgadez sea más alta entre quien tiene dinero que a quien le falta. “Con toda la centralidad que tiene lo gastronómico en nuestra cultura, hay muchas variables con gran influencia difíciles de explicar”, concluye sobre lo que en sociología se conoce como falacia ecológica, “observas una cosa y cuando escarbas, resulta que es lo contrario”. 

Con o sin dinero para evitar que los niños pasen la tarde delante de la televisión en ciudades robadas a sus habitantes —sin patios de manzana de uso colectivo, con escasas zonas verdes, con plazas con carteles de prohibido jugar al balón—, “competir con una manzana no es tan fácil cuando tus hijos tienen cuatro y siete años”, resume Diana Oliver, autora del álbum ilustrado ¡Ñam! Sobre lo que comemos, un libro para leer en familia y prologado por el nutricionista Julio Basulto.

Oliver es madre de dos hijos, sigue una dieta ovolacteovegetariana y es periodista. Escribió ¡Ñam! porque era el libro que soñaba que tuvieran sus hijos. “Creo que el libro informativo es una buena herramienta para hacer llegar una información que no siempre es sencilla, o no es fácil transmitirla sin que genere rechazo”, sostiene. En él aborda dos de los momentos más conflictivos para cualquier familia: el desayuno y la merienda. Tratar de evitar que se cuelen a diario los cereales, las galletas y las leches con cacao azucarado suele ser una batalla perdida de antemano para demasiadas familias.  

Y es una guerra que suele empezar en la farmacia, cuando el niño aún es un bebé. Casi el 90% de los bebés toma cereales hidrolizados —polvos que se mezclan con agua o leche para tomar en biberón o en papilla—. Otra trampa más, contienen un 20% de azúcar. Un bebé de entre cero y un año no debería tomar azúcar según la OMS, pero en España, un bebé consume kilo y medio de azúcar en cuatro meses, indica el informe Mi primer veneno de Justicia Alimentaria. Y casi el 30% de esos cereales se compran en farmacia, establecimiento que se asocia a salud. ¿Cómo deconstruir ese paladar goloso? “A los seres humanos nos gusta el azúcar, y si metes azúcar en la dieta de un bebé, luego no le gustará lo que no sea empalagoso”, indica Jaime Guzmán.

En la escuela: almuerzo y comida

Acostumbrado a pasar consulta a todo tipo de niños, el pediatra Carlos Casabona resume que hay dos tipos de problemas: “Niños que comen muy mal y otros que comen bien, pero demasiada cantidad”. Alerta que entre este último grupo es frecuente encontrar “hambre emocional” en “niños de padres separados, un poco tristones y que a partir de los ocho o nueve años, de manera inconsciente, acaban comiendo de más”. 

Para el pediatra, los menús que sirven los comedores de la escuela no son un problema. Recuerda que para los niños de familias económicamente vulnerables suponen la principal fuente de nutrientes del día e insiste que los ágapes escolares de los comedores solo representan el 9% de las ingestas de los críos que sí pueden realizar cinco comidas al día (150 de 1.725 ingestas al año), por lo que entiende que el comedor no es un foco de obesidad infantil. 

Pero aunque las cocinas escolares y los caterings intenten seguir una dieta más o menos adecuada, Diana Oliver añade un detalle importante: “Muchas escuelas infantiles obligan a llevar galletas para el almuerzo”. Sin ofrecer opciones a las familias, en muchos centros hasta los seis años de edad, cada viernes un niño de clase es el encargado de llevar el siguiente lunes el tentempié para todos sus compañeros. Las galletas vuelven a ganar la partida. No hay que pelarlas ni cortarlas, las comen sin insistir y, lo más importante de todo, pueden participar todas las familias. Un paquete de marca blanca de tamaño familiar es mucho más barato que tres kilos de manzanas, plátanos y naranjas. 

Una diferencia de 1,4 euros entre las cestas de la compra

Del estudio Dame veneno de Justicia Alimentaria se desprende que la diferencia de precio entre una cesta de la compra saludable y una insana se sitúa en 1,4 euros de más por persona y día si se opta por alimentos frescos. En el caso de una familia con cuatro miembros, el precio de la cesta se incrementaría 168 euros cada mes, una cantidad difícilmente asumible si no se tiene trabajo o si el sueldo es exiguo. Dicho de otro modo: el incremento necesario de gasto en alimentación saludable para hogares con ingresos netos mensuales inferiores a 499 euros debería ser del 51%, del 36% en hogares con entre 500 y 999 euros y del 7% para los que oscilan entre los 1.000 y 1.499 euros. 

Las rentas no dan de sí ni con los precios de 2015 utilizados para este estudio. De hecho, la OCU apuntaba el pasado octubre que los productos frescos son los que más se han encarecido durante la pandemia —hasta un 4%—, mientras que la alimentación envasada de marca blanca es la única que ha bajado: un 0,3%. 

“La clase marca qué comes y qué no comes”, resume Guzmán. “En Justicia Alimentaria cruzamos el mapa de Barcelona con los datos de diabetes 2 y clase ocupacional y casi coincidían calle por calle”, añade, “las clases populares no tienen sirvientes ni tiempo para cocinar y con los alimentos procesados se produce el efecto de darte un pequeño placer, un autoconsuelo rápido que es una trampa que le das a quien peor renta tiene. No es tu libertad, te apetece comer eso porque vives reventado, no tienes ayudas para la alimentación, ni tiempo para cocinar. Esa comida no es una elección, es una consecuencia”.

La ganadería industrial ha abaratado los componentes y ha fomentado una industrialización de la comida con poco aporte nutricional y un exceso del consumo de carne, que en España se sitúa ocho veces por encima de la recomendación de la OMS. “Si la industria no externalizara sus impactos en el medio ambiente y en la salud, si esas empresas tuvieran que asumir los costes, el chóped no sería asumible para nuestros bolsillos. Pero los costes los pagamos nosotros, con nuestra salud, ese es el drama”, concluye Javier Guzmán. 

La creación artificial de la escasez: el caso de las vacunas

Juan Torres López

Fuente: publico.es

El desaparecido economista y catedrático de la Universidad de Salamanca David Anisi escribió en 1995 un libro titulado Creadores de escasez. Del bienestar al miedo (Alianza Editorial). En el explicaba que, en contra de lo que se creía, la crisis que se produjo a partir de los años 70 no había sido lo que obligó a cuestionar el Estado de Bienestar, sino que fue al revés: la puesta en cuestión de este último originó la crisis.

Como explicaba Anisi, “había llegado el momento de disciplinar a los trabajadores. Y así se hizo.”

Para ello se recurrió a la forma siempre más efectiva, generando el desempleo. Quien carece de ingresos y medios de vida no tiene más remedio que aceptar lo que sea para salir adelante y se convierte así en un ser personal, mental y socialmente frágil, fácilmente manipulable y disciplinado.

Para provocar deliberadamente el desempleo que disciplinara a las clases trabajadoras se aplicaron políticas basadas en la creación artificial de escasez, aumentando los tipos de interés (lo que frenaba la inversión productiva pero al mismo enriquecía así a los poseedores del dinero), reduciendo salarios (lo que reducía el consumo pero aumentaba los beneficios de las grandes empresas que tienen mercados cautivos) y provocando déficits públicos y mucha deuda (ralentizando así la economía pero aumentando el negocio del capital financiero).

El efecto de esas políticas es el mismo que tiene el ir pisando el freno constantemente en un vehículo: disminuye la velocidad de crucero, se gasta mucha más energía y se deteriora el conjunto de la maquinaria. En una economía, la consecuencia es que disminuye la tasa de crecimiento de la actividad económica y aumenta el desempleo. Dos efectos que se agravan cuando todo eso ocurre, como ocurrió en los años ochenta y noventa del siglo pasado, en medio de una revolución tecnológica. Cuando esta se produce, aumenta la productividad y si este aumento no va a acompañado de una reducción de la jornada y de políticas expansivas del gasto, el efecto del frenazo es mucho mayor.

Eso fue lo que vienen provocando las políticas neoliberales y por eso decimos que crean escasez artificialmente. Destrozan a toda la economía y disminuyen la provisión de bienes y servicios pero benefician mucho, como he dicho, a los propietarios del capital financiero (que se enriquecen más cuanto mayor es la deuda) y a las grandes empresas que dominan los mercados y tienen clientes cautivos o una masa de liquidez muy grande con la que se enriquecen en los mercados financieros.

Puede parecer que esta tesis que acabo de exponer es demasiado perversa como para ser verdad pero, si no la creen, lean lo que escribió en la página 183 de su libro El final de la edad dorada (Ed. Taurus 1996) quien había sido un poderoso ministro de Economía de Felipe González, Carlos Solchaga: “La reducción del desempleo, lejos de ser una estrategia de la que todos saldrían beneficiados, es una decisión que si se llevara a efecto podría acarrear perjuicios a muchos grupos de intereses y a algunos grupos de opinión pública”. No se puede reconocer más explícita y claramente.

Efectivamente, el capitalismo de nuestros días es un creador artificial de escasez y una manifestación sangrante de ello la estamos contemplando en estos momentos en el caso de las vacunas.

Cuando se extendió la pandemia, las autoridades mundiales reconocieron lo elemental y lógico: su remedio no podía ser otro que una vacunación masiva y muy rápida de la mayor parte de la población mundial.

La presidenta de la Comisión Europea reclamó que las vacunas se convirtieran en un bien público porque “la Unión Europea había invertido muchos miles de millones en desarrollar las primeras”. El Fondo Monetario Internacional pedía en su informe de enero pasado una “distribución universal de vacunas … a precios asequibles para todos”…

Sin embargo, no es eso lo que está ocurriendo, sino todo lo contrario: los gobiernos de los países ricos se niegan a que las vacunas se puedan producir y distribuir masivamente y a precios asequibles en todos los países del mundo, como sería imprescindible para acabar con la pandemia. Se sigue creando escasez aunque ahora no sea para disciplinar a las clases trabajadoras sino para salvaguardar el beneficio y el poder de las grandes empresas farmacéuticas, de cuya naturaleza y estrategia escribía hace unos días el profesor Vicenç Navarro en estas mismas páginas (aquí).

Para desarrollar vacunas de distribución universal, como pide el FMI, es preciso la colaboración de científicos y productores de todo el planeta pero eso solo es posible si se ponen a disposición de todos ellos el conocimiento y las técnicas que las hacen posible, algo que es imposible mientras no se suspendan las patentes y derechos de propiedad intelectual.

Es lo que están pidiendo desde hace meses la gran mayoría de países, líderes políticos, organizaciones de todo tipo, centros de investigación, personalidades, dirigentes de iglesias… Y es lo que desea la inmensa mayoría de la población allí donde se le ha preguntado (el 73% en el Reino Unido).

Pero, en contra de esa opinión mayoritaria, los gobiernos de los países ricos (Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Reino Unido, Brasil, Canadá, Noruega y algunos pocos más) se oponen constantemente a ello.

Con tal de salvaguardar los intereses comerciales de las grandes empresas farmacéuticas que producen las vacunas (como igual podría decirse de otros bienes, dispositivos o instrumentos de diagnóstico que están siendo imprescindibles en la pandemia), se está dando lugar a una carencia generalizada de vacunas, sencillamente, porque no se está aprovechando toda la capacidad potencial de fabricación de vacunas. Los datos son inapelables:

  • Solo se está utilizando un 43% de la capacidad que hay en el mundo para producir las vacunas ya aprobadas (aquí).
  • Las tres fabricantes más grandes de vacunas solo están produciendo para el 1,5% de la población mundial, un volumen muy por debajo de su capacidad potencial al no tener acceso a las licencias (aquí).
  • A pesar de la escasez, cuando algunos fabricantes se ofrecen a producirlas no reciben respuesta de las empresas que, con el beneplácito de los gobiernos, dominan el mercado. Eso ha pasado con la danesa Bavarian Nordic que podría fabricar casi 250 millones de vacunas (aquí).
  • Algo parecido ocurre en países como India: una de sus fabricantes está produciendo millones de vacunas pero hay al menos otras veinte fábricas, y otras muchas en todo el mundo, que podrían estar produciéndolas si tuvieran acceso a las licencias (aquí).

La consecuencia de todo esto es doblemente absurda y me atrevería a decir que criminal.

En primer lugar, miles de millones de personas de los países más pobres se quedan al margen de la vacunación que les puede evitar la enfermedad. Los países ricos (16% de la población mundial) acumulan las vacunas (60%) mientras que los más pobres están desabastecidos. El Reino Unido había distribuido más de 31 dosis por cada 100 personas y Estados Unidos más de 22 a finales de febrero, Asia en su conjunto un poco más de dos y África menos 0,55 de media en los países donde habían llegado (aquí). A la tercera parte de la humanidad no le ha llegado ni una dosis y, según The Economist, más de 85 países no vacunarán lo suficiente hasta 2023 (aquí), mientras que los gobiernos de los países ricos han comprado tres veces más unidades de las que necesita su población (cinco en Canadá).

Esto no es solamente un genocidio sino que se trata, para colmo, de una completa estupidez. La acumulación de vacunas en los países ricos no va a terminar con la pandemia porque esta es global y las mutaciones pueden venir de cualquier país donde la vacuna no haya llegado. Y es también una política estúpida porque, como expliqué en un artículo anterior, financiar la vacunación en todos los países del mundo supone 338 veces menos dinero que el que costará el daño de no hacerlo (aquí). Una prueba más de que las decisiones económicas que se toman no persiguen la eficiencia ni el ahorro sino el enriquecimiento de unos pocos.

La política de los países ricos es igualmente absurda porque, a la postre, va a crear racionamiento también en su interior, como está ocurriendo en la Unión Europea. Y es también una estupidez responder a la escasez que ellos mismos han provocado restringiendo las exportaciones porque así ni mejorará el aprovisionamiento interior ni el global, se provocarán respuestas del mismo tipo que perturbarán las cadenas de aprovisionamiento.

La pandemia no se está combatiendo como los propios líderes mundiales decían que había que combatirla porque no son capaces o no desean poner límite a la avaricia de unos pocos. Se está provocando una crisis económica gigantesca y la pérdida de millones de empresas y empleos por salvaguardar los privilegios de los grandes monopolios. Van a morir innecesariamente millones de personas porque se da prioridad a los intereses comerciales.

Terminaré citando a un autor maldito porque creo que llevaba toda la razón. Me refiero a Federico Engels quien decía en su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra que cuando las personas mueren como “víctimas de nuestro desorden social y de las clases que tienen interés en ese desorden” se comete un “asesinato social”.

Eso es lo que ahora está sucediendo con las vacunas y por eso resulta cada vez más necesario que se definan y persigan los crímenes económicos contra la humanidad.

La nueva ética laica del neoliberalismo: el emprendimiento

Autor: Enrique Javier Díez Gutiérrez

Si buscas emprendimiento en Dialnet, una de las grandes bases de datos de ciencias sociales de España, aparecen más de 11.000 documentos sobre el tema: Emprendimiento y sostenibilidad, Emprendimiento y democracia, Emprendimiento y fiscalidad, Emprendimiento y discapacidad o La empresa y el emprendimiento, son algunos de los primeros títulos de artículos publicados en revistas “científicas”.

Si buscas emprendimiento en un buscador de internet, los resultados se multiplican exponencialmente. En Google aparece 61.400.000 resultados con este término. Su definición en Wikipedia es “el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio, que generalmente comienza como una pequeña empresa o una emergente, ofreciendo a la venta un producto, servicio o proceso“.

Incluso se ha creado en España la figura de la Oficina del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, que depende directamente del presidente del Gobierno. Su responsable, para la revista Forbes, es uno de los veintiún “change makers” que lideran las iniciativas para cambiar la sociedad española en 2021. Este change maker, afirma en su Twitter, con 1.585 seguidores, que quiere “construir la Nación Emprendedora”. Eso sí, todo ello acompañado por muchos eslóganes, sobre todo si son en inglés que vende más. Sandbox financiero, sectores tractores, ecosistema emprendedor, rompehielos de un nuevo modelo de país, disruptores, escalabilidad…, junto con los ya clásicos: coworking, hub, business angels, etc.

¿En qué se concreta realmente todo esto? Hasta ahora parece que en entrevistas en radios y artículos de opinión en periódicos. Diversas reuniones de promoción. El anuncio de “Misiones País para la Innovación”, cuyo ‘primer instrumento’, “Misiones Ciencia e Innovación”, destina 95 millones de euros a proyectos de I+D+I de las grandes empresas. Y la declaración de “convertir a la administración pública en un Sector Público Emprendedor”. Poco más.

Me recuerda exactamente lo que pretendía el anterior gobierno en el campo de la educación y que el nuevo gobierno mantiene también en la nueva ley de educación: el emprendimiento. Este “espíritu empresarial o emprendedor” se ha introducido así en los contenidos escolares desde infantil a universidad. La Recomendación Europea 2006/962/CE insta a los Gobiernos de la Unión Europea a que introduzcan la enseñanza y el aprendizaje de competencias clave en sus estrategias de aprendizaje, siendo el “espíritu empresarial” una de las ocho claves.

Todas las administraciones públicas impulsan su promoción a través de un discurso que reviste esta categoría de “emprendedor” dentro de un hálito mágico, que supone una representación ideológica del mismo, provisto de cualidades personales y sociales extraordinarias, presentados estereotípicamente como generadores de desarrollo y bienestar, creativos líderes innovadores y visionarios, personas “hechas a sí mismas”, que transforman y construyen nuevas realidades y cimientan el cambio social que requieren las sociedades actuales.

La mitología de los emprendedores es la reedición del mito del “sueño norteamericano”, pero un sueño convertido en pesadilla de autoexplotación. Descontada la razonable potenciación de la capacidad de iniciativa, el sustrato de este enfoque es una mitificación idealista que utiliza tal eufemismo de emprendedores para que los trabajadores y las trabajadoras pasen a ser autónomos o “pequeños empresarios” sometidos a las reglas del juego de las grandes empresas, en lo que es un claro abuso de la retórica en alza del individualismo empresarial espontáneo, tan útil a la flexibilidad laboral a ultranza que acompaña a un mercado de trabajo aceleradamente desregulado.

En el actual escenario laboral de neoliberalismo salvaje, se avanza hacia la progresiva uberización del modelo emprendedor, siguiendo el ejemplo de plataformas, falazmente llamadas colaborativas, como Uber o Deliveroo, en donde el capitalista ya no precisa ni arriesgar su capital, y en el que los trabajadores y las trabajadoras se aprestan a generar beneficios para estas plataformas, sin salario ni descansos regulados, sin protección ante la enfermedad, asumiendo todo el riesgo, pero felices y contentos de no ser ya “clase trabajadora”, sino avispados emprendedores. Se produce así una transferencia total del riesgo a la clase trabajadora.

El objetivo no es otro que descargar en la persona todo el riesgo y la responsabilidad de su futuro laboral, a la capacidad de empleabilidad de cada uno. Ante el derrumbe del modelo de empleo estable y la precariedad organizada como sistema, se desplaza el riesgo y la responsabilidad a cada individuo, que debe hacer de su capacidad de empleabilidad una premisa frente a un mercado de trabajo inestable e inseguro por sistema. Por lo tanto, ya no puede haber protesta. Se deslegitima así el conflicto social, ya que no hay responsable ajeno ni otras causas que la propia incapacidad. Se convierte a las víctimas en culpables, responsables de su propia situación.

De esta forma ya no se trata de cambiar el modelo laboral de precariedad y temporalidad instaurado por las reformas laborales de los gobiernos conservadores y neoliberales al servicio del sector empresarial y las corporaciones multinacionales, sino que cada uno ha de convertirse en “inversor y accionista” de su propia fuerza de trabajo y como tal debe actuar, haciendo de su vida un proceso de reconversión continuo que busca el máximo interés individual, en un marco de relaciones interesadas y competitivas entre individuos.

Esta subjetividad neoliberal está marcada por un discurso que alega que la búsqueda del interés propio es la mejor forma mediante la que un individuo puede servir a la sociedad, donde el egoísmo es visto casi como un “deber social” y las relaciones de competencia y mercado se naturalizan. La finalidad del ser humano se convierte en la voluntad de realizarse uno mismo frente a los demás.

La noción de emprendimiento entronca directamente con la visión que el pensamiento neoliberal tiene acerca del ser humano como homo economicus: individualista, competitivo y que busca la consecución de sus propios objetivos a través de las opciones que le ofrece el mercado. En un entorno de coworking, rodeados de frases positivas y glamurosas de la “ciencia de la felicidad” y el pensamiento positivo al estilo Paulo Coelho —quien le teme al fracaso, le teme al éxito—. Complemento necesario para gestionar la experiencia opresiva de la explotación y sentirse incluso un colaborador libre y proactivo en la propia explotación, mediante técnicas de management emocional, aprendiendo a cambiar antes las percepciones que las condiciones de explotación.

Son las nuevas técnicas de fabricación de “la empresa de sí”. La empresa se convierte así, no sólo en un modelo general a imitar, sino que define una nueva ética, cierto ethos, que es preciso encarnar mediante un trabajo de vigilancia que se ejerce sobre uno mismo y que los procedimientos de evaluación constante se encargan de reforzar y verificar.

De esta forma, cada persona se ha visto compelida a concebirse a sí misma y a comportarse, en todas las dimensiones de su existencia, como portador de un ‘talento-capital’ individual que debe saber revalorizar constantemente. El primer mandamiento de la ética del emprendedor es “ayúdate a ti mismo”. Y sus tablas de la ley se rigen por la competencia como el modo de conducta universal de toda persona, que debe buscar superar a los demás en el descubrimiento de nuevas oportunidades de ganancia y adelantarse a ellos.

La gran innovación de la tecnología neoliberal consiste, precisamente, en vincular directamente la manera en que una persona “es gobernada” con la manera en que “se gobierna” a sí misma. En el contexto de lo que el filósofo Byung Chul Han denomina el “capitalismo de la emoción”, la biopolítica foucaultiana, el control panóptico exterior, es continuada por la psicopolítica neoliberal haniana, que busca seducir en vez de someter y en la que el control pasa al interior y se gestiona desde la emoción. Esta es, en lo esencial, la función de los dispositivos de aprendizaje, sumisión y disciplina, tanto económicos, como culturales y sociales, que orientan a las personas a “gobernarse” bajo la presión de la competición, de acuerdo con los principios del cálculo del máximo interés individual.

Enseñando igualmente a no identificarse con lo público; a desinteresarse y a asumir que el bien común quedó obsoleto, que cada persona solo depende de su destreza individual para vivir y que vivir significa fundamentalmente conseguir más dinero. ¿Qué sociedad pensamos construir si lo que enseñamos y promueven todas nuestras administraciones es esta nueva “ética laica del emprendimiento neoliberal”?

Frente a esta moral corrosiva, que expande esta “ética laica del emprendimiento neoliberal”, inmersa en los valores del capitalismo, extractivista y depredador, ecocida e insolidario, reivindicamos una ética laica del bien común y la justicia social, asentada en los derechos humanos, democrática, inclusiva, ecofeminista, postcapitalista y antineoliberal. Es en estos principios en los que debe basarse la educación de las nuevas generaciones y la urgente reconstrucción de un modelo social postcapitalista, postcolonial y antipatriarcal, como demanda Boaventura de Sousa Santos. Sin concesiones ni medias tintas. Es la única forma de revertir el auge del fascismo que resurge como una pandemia mundial y de heredar un planeta todavía vivible a las futuras generaciones.