Esenciales pero discriminados

Texto: Maribel Izcue, Nicolás Castellano, Agus Morales y Xavier Aldekoa.
Fotografía: Pablo Tosco y Anna Surinyach.
Publicado en Revista5w


“Silencio, ¡temporeros durmiendo en la calle!”.

Los balcones muestran esta pancarta en una calle del casco antiguo de Lleida el 23 de mayo. Debajo, en unos tablones de madera de un edificio que aloja un coworking ahora cerrado, se apilan maletas de colores, cables de móvil, cartones, mantas. Aquí duermen las personas que han venido a recoger la cereza, muchas en situación de irregularidad administrativa.

Es una de las imágenes que nos deja el estado de alarma en España: decenas de personas que llegaron a trabajar en el campo se hallaban, en plena pandemia, durmiendo en la calle. Muchos ni siquiera pueden trabajar: en las fincas se necesita que recojan la cereza, pero los que están en situación irregular se resignan a esperar alguna peonada que obviamente se pagará sin contrato.

LA LEY DE EXTRANJERÍA

En España “sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles”, repite Mikel Mazkiaran, de SOS Racismo Euskadi, un veterano en la lucha por los derechos de las personas migrantes. La pandemia ha sacado a relucir las vergüenzas del sistema migratorio español cuando se van a cumplir 35 años de la aprobación de la primera ley “sobre derechos y libertades de los extranjeros” que se puso en marcha en España. Desde entonces, las distintas normas en esta materia excluyen a miles de personas del acceso a derechos fundamentales.

Toda esta argamasa legal ha hecho cada vez más alto el muro de la burocracia, que se sigue cimentando en los tres mismos ejes: la obsesión por el control de fronteras, la concepción de la persona migrada casi exclusivamente como trabajador y la insistencia en crear un sistema sancionador, con la amenaza perpetua de expulsión.

Son dos décadas con pocas modificaciones a la última ley de extranjería, del año 2000, a pesar de coincidir con uno de los períodos con más migraciones en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial y con la mayor llegada a España de extranjeros. Durante este periodo se ha impuesto el criterio utilitarista, pero ni siquiera eso ha animado al Gobierno español actual a aprobar una regularización, tal y como reclaman más de mil entidades.

EN EL CAMPO

—Hay gente que siempre dice: “¡Viva España!”. Viva España hay que decirlo aquí, en el campo.

Mamadou es trabajador del campo y activista. Su voz se oye cada vez más fuerte: varios de sus vídeos contra el racismo y para reivindicar los derechos de los inmigrantes se han hecho virales. Ha sido mantero, ha trabajado en la fresa de Huelva, en los campos de Jaén. Ahora está en Lleida trabajando y luchando para que los compañeros que duermen en la calle consigan un techo.

Nos sentamos con él en unos escalones de una calle aledaña al edificio de las pancartas que piden silencio para que los temporeros puedan dormir. Lleva un gorro verdiblanco, una camisa rosa, unos vaqueros. Serigne dice que tenía miedo la primera vez que grabó un vídeo. La primera vez que habló sobre su situación, sobre la de los trabajadores del campo. Dice que ya no tiene miedo. Dice que no parará. Sabe que muchos de sus compañeros, sobre todo los que no tienen papeles, no alzan la voz porque se sienten vulnerables. Muchos le dieron las gracias por decir lo que ellos sentían. Y eso lo anima a seguir.

Serigne Mamadou no quiere callarse.

—Lo hago por la gente que no ha tenido voz, para que finalmente pueda hablar, pueda denunciar. La gente tiene miedo, ya sea por estar en el campo, por la violencia, por el abuso institucional… Ahora tenemos que apoyarles para que también denuncien lo que pasa.

El campo necesita más mano de obra que nunca. Con la pandemia se ha intentado atraer a trabajadores que se han quedado en el paro, pero el intento de que la población local recogiera la cereza, según nos confirman payeses de la zona, ha sido en vano.

—Ahora los agricultores están llamando a la gente para que trabaje y nadie está presente —dice Mamadou en alusión a un campo necesitado de mano de obra, más aún en medio de la pandemia—. Nosotros vamos a estar en primera fila para dar la cara y daros de comer.

Hoy es 22 de mayo: han pasado unos días desde que hiciera un directo de Instagram con el actor Paco León. Serigne Mamadou tuvo que abandonar la conversación cuando se emocionó mientras describía la situación de los inmigrantes. Está ahora centrado en esa batalla: busca aliados para que más gente entienda el racismo que sufren.

—Cuando llegamos a Lleida no había lugares de alquiler, nadie nos quería alquilar —explica—. Fuimos al Ayuntamiento a protestar, éramos pocas personas. Distancia social, mascarilla y todo. Nos llamó la policía, nos detuvieron y nos denunciaron.

Las reiteradas promesas de encontrar alojamiento para todos han sido incumplidas, se queja. Están intentando hallar una solución.

Serigne interrumpe la charla varias veces: debe atender el teléfono. La última llamada es de alguien especial: lo notamos porque nos hace señas. Es Keita Baldé, futbolista del A.S. Mónaco. Serigne le explica la situación. Keita le dice que del alojamiento no se deben preocupar, que él se va a encargar de ello. Quedan en que lo hablarán en un directo de Instagram que harán de aquí a dos días. Serigne sonríe. Está convencido de que Keita cumplirá su promesa.

Tenemos un corro a nuestro alrededor. Hay un joven que quiere hablar. Se llama Ousmane Diouf: nació en Senegal y llegó a España en 2018 en patera. Es trabajador del campo. Pero no tiene papeles.

—Ahora cumplo 24 años y tengo muchas ganas de trabajar, pero no tengo permiso de residencia… Mira, en esta calle hay muchos jóvenes que quieren trabajo.

Dice Ousmane que sus padres, que viven en Senegal, están preocupados por el impacto de la pandemia en España.

—Yo les digo: “¡Tú tranquilo! No tengo ningún problema. Estoy bien, luchando…”. A mí me gusta estar aquí, pero la única cosa que quiero decir es que hay que ayudar a la gente para que tenga papeles.

Una de las activistas más vocales, desde hace años, en la defensa de los derechos de los temporeros en Lleida es Nogay Ndiaye, de la Plataforma Fruita amb Justícia Social. Ndiaye avisa de que es un problema estructural, con o sin pandemia.

—Las entidades implicadas hemos estado haciendo reuniones [con el Ayuntamiento] desde septiembre-octubre del año pasado. Hicimos propuestas. Habían presupuestado incluso unos bungalós para hacer pequeños alojamientos de dos o tres personas por bungaló. Llegamos a febrero, última reunión, llega la pandemia… y todo desaparece.

Ndiaye se muestra muy crítica con el Ayuntamiento, tradicionalmente socialista pero en manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) desde el año pasado. ERC se había mostrado indignada por la situación de los temporeros, pero la solución no ha llegado, lamenta Ndiaye.

—Les ha venido perfecto esto de la pandemia para tener la excusa.

Son dinámicas enquistadas, según Ndiaye, cuyo marco general es la ley de extranjería, que tiene un impacto directo en el campo.

—Es un sistema racista que oprime a los débiles, y los más débiles son los inmigrantes. Dependen de la ley de extranjería —dice Ndiaye—. Muchas de las personas que están en el centro histórico de Lleida tienen papeles y duermen en la calle igualmente porque no se está cumpliendo el convenio, pero hay otras que están en ese periodo de tres años en el que tienen que sobrevivir [sin documentación] y no tienen ningún ingreso. Van haciendo las campañas. Hay momentos en que hay picos grandes y no tienen suficientes trabajadores, y cogen a 25 más. Estos 25 están indocumentados y los tienen una semana.

Poco después de estas conversaciones, el futbolista Keita Baldé cumplió su promesa: alquiló un edificio entero para alojar a 90 personas que estaban en la calle. Es un inmueble que se ha tenido que acondicionar: varios hoteles y otro tipo de alojamientos rechazaron acoger a los temporeros pese a que Baldé lo pagaba, según denunció Ndiaye.

Un futbolista supliendo la labor de las administraciones.

HISTORIA DE LAS REGULARIZACIONES

En España las regularizaciones han sido aprobadas por Gobiernos de distinto signo ideológico: tanto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como del Partido Popular (PP). Incluso el dictador Francisco Franco hizo una. Las Cortes franquistas aprobaron el 14 de febrero de 1974 un decreto que permitió la regularización de 11.000 ciudadanos extranjeros, según el archivo personal sobre normativa de extranjería que atesora el abogado José Luis Rodríguez Candela. Hay que remontarse a 1852 para encontrar el primer real decreto de extranjería aprobado en España, según otro trabajo de documentación de Mazkiaran.

Rodríguez Candela, miembro de la Asociación de Abogados Extranjeristas, destaca las enormes diferencias de las seis regularizaciones que se han puesto en marcha en España desde que se creó la ley de extranjería en 1985, que han permitido que un total de 1.124.241 personas hayan accedido a un permiso de residencia desde 1986 a 2004.

La primera “regularización colectiva” de extranjeros en España surgió en 1986 con el reglamento que desarrollaba la primera ley, y permitió a 38.181 personas acceder a un permiso de residencia. El 7 junio de 1991 se produjo el único proceso que se llamó “regularización” como tal, y que incluyó a 109.137 personas. En 1996 llegó la de José María Aznar: 21.283 personas obtuvieron el permiso. El PP haría otras dos más: en 2000, coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva ley de extranjería (150.000 regularizados) y en 2001 vía reglamento (232.679 más).

La última, la llamada “normalización”, vino en 2005 de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo que 572.961 personas accedieran a la residencia. Con ese último real decreto de 2005 se introdujo la vía del arraigo como figura para obtener un permiso de residencia en España, en virtud del cual se deben demostrar tres años de residencia en el país, tener una oferta de trabajo y acreditar la ausencia de antecedentes penales. Esta sigue siendo casi la única salida a la irregularidad administrativa en España.

El Gobierno español actual, integrado por PSOE y Podemos, no ha hecho efectiva una regularización en medio de la pandemia. Para presionar al Ejecutivo, se ha puesto como ejemplos a Italia y Portugal, aunque sus medidas han sido limitadas: en Italia, la regularización solo incluye el sector agrario y mientras dure el estado de excepción; en Portugal, es específica para los que tenían ya en marcha algún proceso de tramitación previo a la pandemia.

La medida más importante que ha tomado España en la materia es la concesión de dos años de permiso de trabajo para los jóvenes extutelados de entre 18 y 21 años, que llegaron a España siendo menores, la mayoría en pateras, y que han estado trabajando en el campo durante este estado de alarma en la recolección, sobre todo de los frutos rojos en Huelva. Según fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, son menos de 300 los que se han acogido a esta medida. Un número bajo teniendo en cuenta que el Estado tiene registrados a 11.000 menores, a los cuales el Gobierno también permite trabajar una vez cumplidos los 16 años.

“Hemos perdido una oportunidad para los extranjeros y para el país, pero tal y como está de tensionado el Parlamento español, parece poco probable que prospere cualquier intento de plantear una regularización o una reforma ambiciosa de la ley de extranjería por el miedo a VOX”, sostiene una experta implicada en mecanismos oficiales de protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros, que pide el anonimato.

El contexto actual no es el de 2005, cuando la mayoría de las personas regularizadas eran trabajadoras del hogar, de la hostelería, la construcción, el sector servicios y unos pocos del campo. Hasta los profesionales extracomunitarios más demandados en la pandemia, los sanitarios, han seguido estrellándose contra el muro de la burocracia para conseguir ejercer por fin sus oficios en España. Médicas y enfermeros que tardan años normalmente en homologar sus títulos vieron cómo el Gobierno les abría una ventana rápida en la pandemia, pero menos de 350 pudieron culminar el proceso hasta que la administración española volvió a cerrarlo.

CUIDADORAS

El tono de llamada suena varias veces antes de que una voz femenina conteste al otro lado de la línea.

—¿Hola?

La respuesta se oye entrecortada: es un problema de cobertura, no de distancia. Estamos en la misma ciudad y nos separan solo unos pocos kilómetros, pero son infranqueables para ella. No es solo el estado de alarma, que a mediados de mayo aún restringe nuestros movimientos. Desde el 15 de marzo, Margarita no puede abandonar el apartamento en el que se encuentra para regresar a su casa, hacer ejercicio o ir al médico, a riesgo de perder su empleo.

Margarita no se llama Margarita, pero ese es el nombre que prefiere que le demos para evitar problemas en su trabajo, ese que le impide salir de casa. Ronda los 50 años y es auxiliar de enfermería; en su Colombia natal trabajaba en un centro sanitario.

—Y por un futuro mejor y esas cosas, una de pronto se viene acá.

Llegó a España hace más de dos años y estuvo cuidando a una anciana en su casa hasta que la trasladaron a una residencia; luego consiguió empleo asistiendo a una pareja nonagenaria de nueve de la noche a nueve de la mañana. Estaba contenta con su trabajo, dice, porque tenía el día para moverse, para “hacer otras cosas, otras exigencias; pero resulta que ahora no”.

Resulta que ahora no, porque llegó la pandemia y, con ella, la mayor sacudida social en años. En los momentos más críticos los focos se volvieron hacia los hospitales, hacia las residencias de ancianos, hacia el extraordinario esfuerzo del sector sanitario. Mientras tanto, en el interior de sus viviendas, muchos ancianos solos y dependientes eran cuidados por personas como Margarita: sin una situación administrativa regular, sin contrato, sin material de protección en condiciones, sin margen para reclamar mejoras si no quería perder el trabajo. Ella cobraba 750 euros al mes por cuidar al matrimonio todas las noches de la semana. Pero con la pandemia llegó el cambio.

—Como son personas mayores, su hijo me dijo: “Yo necesito una persona que se quede”. Y yo le dije, ¿que se quede cómo? “Que se quede. Si eres tú, no puedes entrar ni salir”. ¿Y qué voy a hacer en este caso? Pues quedarme.

Sus horas aumentaron, el sueldo no. Desde mediados de marzo tuvo que permanecer las 24 horas del día en la casa, volcada en los cuidados, y solo la última semana de mayo comenzó a salir unas horas los sábados y domingos.

Aquel fue el primer vuelco. El segundo, cuando el abuelo al que cuidaba enfermó mostrando todos los síntomas de la COVID-19. Llamaron a la ambulancia y fue trasladado al hospital, donde le hicieron la prueba: positivo. El anciano murió por coronavirus a mediados de abril.

—Júralo que yo tuve una depresión. Dios mío, qué hago. Ahora a esta casa no viene nadie.

Margarita pone énfasis en nadie, como si estirase la palabra hasta partirla en dos: na-die. En el apartamento conviven ahora la anciana, recién enviudada, y ella. Antes, dice, dos empleados del servicio de atención domiciliaria municipal acudían a prestar asistencia durante el día, pero cuando les informaron de que en esa casa había habido un fallecido por coronavirus, dejaron de hacerlo.

—Se espantaron. No volvieron. Para mí esto ha sido estresante, estaba súper estresada. Entiéndeme. Me duele todo, me duele la espalda, me duelen las piernas. Me siento… Me sentí tan mal que lo que hice fue arrodillarme y llorar.

Al conocer que el abuelo era positivo, Margarita contactó con el ambulatorio. Le dijeron que mientras ni ella ni la abuela mostraran síntomas, no les harían el test. Que se tomaran la temperatura varias veces al día y, en caso de que tuvieran fiebre, les avisaran. Al otro lado del teléfono la voz de esta auxiliar de enfermería no oculta su enfado por la incertidumbre, porque al haber estado en estrecho contacto con un positivo por coronavirus, tanto a la abuela como a ella deberían hacerles las pruebas, dice.

—Yo he escuchado que a futbolistas sí se lo han hecho… ¡Esto es un caso prioritario, creo yo!

Hasta ahora, ninguna de las dos ha tenido síntomas. Margarita ha recibido material de protección —mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico— de la asociación de mujeres migrantes a la que pertenece, y extrema las precauciones cuando tiene que salir a comprar “por ejemplo en la farmacia, o algunas cosas de la casa, los pañales [de la anciana], los medicamentos, la leche, cosas así”.

La abuela, con algunos síntomas de demencia, a menudo no termina de entender la situación, pero sí es consciente de que su marido ya no está. Y también de que ya no puede salir a la calle.

—Ahora dice que de la casa solo la van a sacar con los pies para delante; a mí me afecta.

En esta situación, ¿ha tenido posibilidad de renegociar sus condiciones laborales?

—Yo la otra vez le hablé de un contrato a la familia. Se quedaron mudos, o más bien se pusieron como molestos. Así que no les he vuelto a insistir. ¿Por qué? Porque me quedo sin trabajo. Y así estamos muchas compañeras, muchísimas.

Sin vacaciones —excepto una ocasión en la que los familiares se llevaron al matrimonio de veraneo un par de semanas, en las que suspendieron el sueldo de Margarita—, sin bajas, sin salario mínimo, sin horas extra, sin protección más allá de las redes de solidaridad tejidas entre las propias compañeras. Cuando Margarita planteó la posibilidad de que, aunque fuera sin contrato, le subieran el sueldo por estar como interna por el coronavirus, con una anciana dependiente a la que “hay que hacerle todo”, los familiares alegaron su propia falta de recursos.

Ella tiene claro que la causa de la desprotección en la que se encuentra radica en su situación administrativa irregular, pero responde rápido si alguien apunta a que no tiene documentos.

—Como soy una extranjera, supuestamente no tengo documentos. Yo documentos sí tengo; que no tenga una identidad española es diferente. “¡Pero no, eres indocumentada!”, dicen. Yo no soy ninguna indocumentada. Yo tengo mi pasaporte que reza mi nombre. Como que ni supiera de dónde soy y de dónde vengo. Con esa cuestión la gente quiere… Como una tiene necesidad, vamos a llamarla así, tienes tu familia allá y tienes que mantenerte aquí…

Su voz se queda colgada en el vacío. Tras un momento, continúa.

—Una viene con metas, con sueños. Somos personas profesionales que queremos salir adelante. Nos encontramos con esa frustración aquí.

Habla de compañeras a las que han despedido de la noche a la mañana, “así como bota uno la basura”, y que se han quedado en la calle por no poder pagar la habitación en la que vivían; o de los sueldos de entre 400 y 500 euros al mes que, antes de la pandemia, cobraban algunas por deslomarse en jornadas diarias de más de ocho horas. Ninguna de las compañeras que menciona llega, ni de lejos, al salario mínimo interprofesional, que establece, por 40 horas semanales, 950 euros brutos mensuales con 14 pagas y 30 días de vacaciones al año; o, en caso de un contrato por horas, un mínimo de 7 euros la hora. Todas las reclamaciones de Margarita se condensan en una sola: un decreto que regularice su situación.

—Lo que yo veo es que nunca nos han tomado en cuenta a nosotras, las mujeres trabajadoras del hogar, sabiendo que la sociedad española se beneficia de nosotras. Si vamos y hacemos un salto de casa por casa, se encuentran puras extranjeras trabajando y haciendo el cuidado del hogar.

En España hay unas 400.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social como empleadas del hogar. La última Encuesta de Población Activa indicaba por su parte unas 600.000 personas ocupadas en este sector. El cruce de ambas cifras apuntaría a que una de cada tres trabajaría en la economía sumergida. De las afiliadas, un 95% son mujeres y el 42% son extranjeras. Pese a cotizar en la Seguridad Social, lo hacen en un régimen especial que no contempla subsidio de paro. Un estudio de 2018 de Oxfam Intermón y la Universidad Carlos III de Madrid cifraba a su vez en más de 630.000 las personas que se dedican al trabajo del hogar en España y apuntaba a que la mayoría, un 57%, son mujeres migrantes.

—Las cuidadoras de domicilios privados se consideraron esenciales mediante el Real Decreto [el Real Decreto-Ley 10/2020 del 29 de marzo]. Esenciales, pero no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores considerados esenciales, ni para acogerse a un ERTE, ni para acogerse a prestación: muchas no están dadas de alta en la seguridad social.

Habla la hondureña Carmen Juares, una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, red integrada por unas 400 trabajadoras del hogar y de los cuidados en Cataluña. En medio de la crisis por el coronavirus, el grupo de WhatsApp que comparten estas trabajadoras echa humo con relatos de situaciones sangrantes. Las más habituales son aumentos de jornadas por el mismo salario, dice, y despidos de la noche a la mañana sin ningún tipo de indemnización. Solamente tres de las 400 mujeres de la asociación pudieron pasar el confinamiento en sus casas sin que los empleadores le retiraran el sueldo. Tres de 400, insiste Carmen con una mezcla de enfado y frustración.

Muchas otras, continúa, se han jugado su salud por falta de recursos y material de protección, como la trabajadora que de madrugada tuvo que acompañar a urgencias al abuelo que cuidaba. El hombre dio positivo por coronavirus, pero era el pico de la pandemia y, con los servicios sanitarios saturados, del hospital lo devolvieron a casa. La cuidadora lo comunicó a los familiares, pero estos le negaron de forma rotunda guantes y mascarillas alegando que se los tenía que comprar ella con su dinero, “ya que formaba parte del desarrollo de su trabajo”. Con un sueldo de 700 euros al mes como interna seis días a la semana y un hijo en su país de origen, no disponía de efectivo. “A los días nos llamó, que estaba con tos y fiebre alta”. Cuando explicó a los familiares que parecía haberse contagiado con el virus, “la respuesta fue que si quería seguir trabajando que lo hiciera, pero que cuando ya no pudiera lo comunicara y buscarían a otra persona”. Aquello era sinónimo de quedarse en la calle. “Lleva trabajando allí dos años y está en proceso de regularización. Es aquello que la ley de extranjería te obliga a aceptar”.

Este caso ocurrió al inicio de la pandemia. Poco después, la asociación comenzó a recibir donaciones de material y pudo repartirlo entre las trabajadoras en situaciones de mayor riesgo. También han abierto una colecta solidaria para poder respaldar a aquellas a las que la emergencia del coronavirus ha dejado sin ingresos, en ocasiones sin techo, y a menudo con menores a los que mantener. La situación se repite en todo el país: las asociaciones creadas por las propias trabajadoras son, para muchas, el único colchón para hacer frente a la pobreza.

Carmen Juares insiste en que para resolver el problema estructural del sector hay que hacer una labor pedagógica y de sensibilización que desemboque en la regularización de las migrantes, en contratos, en un cambio de mentalidad de la sociedad.

—Se dice: “Le pago a la chica para que venga unas horitas…”. No, no. No es la chica, es una persona trabajadora con nombres y apellidos. Muchas tienen formación, son profesionales del cuidado. Pero se las ve como la chica y no como una relación laboral.

Incluso en sectores de la sociedad que se consideran feministas y progresistas, añade, está normalizado el hecho de emplear a una cuidadora en condiciones precarias.

—Hay mujeres que sí, han roto el techo de cristal, pero mientras otras estaban recogiendo los vidrios. Tenemos tan interiorizado el papel de las personas de origen migrante, que no nos preguntamos por sus necesidades.

VIDAS INVISIBLES

En las estadísticas oficiales constan 5.663.348 residentes extranjeros en España. La mayoría (unos 3,4 millones) son del régimen comunitario, sobre todo de Reino Unido, Italia y Rumanía, y 2,2 millones son extracomunitarios, con Marruecos, China y Ecuador a la cabeza. Pero es interesante fijarse en un dato: más de 1,8 millones se consolidaron como residentes de larga duración, es decir, el 85,5% de todos los residentes extracomunitarios regulares en España.

Solo en 2019, más de 400.000 personas consiguieron diversos tipos de permisos de residencia en España. De ellos, según consta en las estadísticas de la secretaría de Estado de Migraciones, 38.567 lo lograron por la vía del arraigo y 39.249 por las llamadas “razones humanitarias o excepcionales”.

¿Qué pasa con quienes están en situación de irregularidad administrativa? ¿Qué pasa con quienes no están en las estadísticas? Los colectivos que piden una regularización estiman que esta beneficiaría a 600.000 personas, pero las fuentes especializadas en migración consultadas para este reportaje aseguran que este dato es imposible de calcular.

En el conjunto de Europa las estimaciones de estos trabajadores invisibles ascienden a entre 8 y 10 millones. Pero son solo estimaciones. Los que malviven en las chabolas de Lepe, los que están a la intemperie en Lleida o las trabajadoras que han pasado la pandemia cuidando de los mayores en sus casas no aparecen en ninguna estadística. No forman parte de los 272 millones de personas que tienen la etiqueta de migrantes en el mundo, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), porque la ley las borra del mapa.

La pandemia ha logrado lo que las oenegés tanto habían reclamado durante años: el cierre de todos los Centros de Internamiento de España, los polémicos CIE, aunque Interior asegura que se trata de una medida temporal y que volverán a abrir sus puertas. Sin embargo,1.700 personas han estado encerradas, hacinadas y forzadas a incumplir todas las recomendaciones sobre el confinamiento en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde más de 200 niños y mujeres, muchas en situación vulnerable, han llegado a compartir un espacio ideado inicialmente para solo 600 plazas en medio de una pandemia global. La mayoría son solicitantes de asilo de Yemen, Siria, Túnez o Marruecos, a los que Interior vulnera su libre circulación por el territorio español una vez piden protección.

TIEMPOS DIFÍCILES

Malang Fatty lleva los auriculares puestos pero no escucha nada. Mira la pantalla del móvil y se whatsappea con un amigo, le pregunta qué tal, qué haces. Su rictus no cambia durante la conversación, así que es imposible adivinar el tono de las respuestas. Tampoco sería sencillo leer sus gestos. Malang lleva una gorra de camuflaje con unas letras naranjas de los Yankees de Nueva York y una mascarilla le cubre la mitad de la cara. Como está sentado en un muro bajo de ladrillos rojos, los pies le quedan colgando a unos centímetros del suelo. Los balancea y levanta la cabeza. Su vista se pierde al otro lado de la calle, donde hay una sucursal bancaria de letras azules y blancas y a su izquierda unas palomas picotean despreocupadas en el suelo. Encima de ellas hay una placa con el nombre de la plaza: Plaça Solidaritat.

Antes, explica Malang, pasaba bastante por esa plaza o iba a caminar por la playa, que queda cerca, pero ya no tanto.

—Tough times, man —dice en voz baja: tiempos difíciles—. Salgo muy poco a la calle, a comprar al supermercado o a hacer algún recado, pero poco más. Desde que empezó todo, prefiero no salir de casa, hay más policía y te pueden parar para pedirte los papeles y ponerte una multa.

Desde que empezó todo: desde que la pandemia vació las calles de medio mundo y a migrantes como Malang los dejó sin red. Su historia, más allá de los matices geográficos, es la de cientos de miles de migrantes subsaharianos en Europa. Llegó hace cinco años en patera a Italia desde su Gambia natal y, tras buscarse la vida como temporero en el sur de España, se fue a Barcelona, donde pensó que le cambiaría la suerte y podría conseguir papeles. No fue así. Ahora vive en Blanes, una localidad a 70 kilómetros de la capital catalana donde empieza la Costa Brava, y recoge chatarra o trastos viejos que repara para vender después. Recogía: desde que se decretó el estado de alarma, no ha podido salir de ronda por la noche a escarbar en los contenedores, al menos hasta la semana pasada. Si antes sus ingresos eran escasos, ahora son cero. Sobrevive porque vive en un piso compartido a cinco minutos de la Plaça Solidaritat con otras siete personas, dos de Costa de Marfil y el resto gambianos como él, y sus compañeros de piso son además su sostén.

—Entre alquiler, electricidad y comida, cada uno ponemos entre 120 y 150 euros al mes. Algunos trabajan y tienen papeles, pero yo no. Me cubren un poco.

En casa solo reciben un pequeño empujón externo. Cada miércoles, van a la sede de Cáritas para llenar un carrito de la compra de color pistacho con alimentos de primera necesidad. Les dura tres días.

Tough times. Tiempos difíciles.

Malang lleva mal la pobreza y la incertidumbre, pero peor el sentimiento de culpa. Él lo llama nostalgia, y debe de serlo también, pero cuando lo dice baja la mirada avergonzado y se delata.

—Antes mandaba dinero cuando podía. A veces 20 o 50 euros. Lo que podía. Ahora no puedo y sé que ellos lo notan.

La crisis económica generada por la pandemia y el confinamiento ha provocado la caída más abrupta de remesas de la historia reciente. Se prevé que este año los migrantes envíen a sus familias algo más de 390.000 millones de euros, un 19,7% menos que el año anterior. En África subsahariana el desplome estará por encima de la media (23,1%). Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo especializado de las Naciones Unidas, cada año 200 millones de migrantes envían una media de entre 200 y 300 dólares a sus familiares, especialmente en zonas rurales de países pobres. La cantidad supone, también de media, el 60% de los ingresos de esas familias. La interrupción de ese dinero salvavidas no solo significa la pérdida de un flujo económico vital, también es un obstáculo para el progreso. Aunque tres de cuatro dólares de las remesas se invierten en alimentos y otras necesidades básicas, el resto se invierte mayoritariamente en educación, así que un descenso en las remesas afecta directamente a esta última partida.

Las pocas veces que Malang no puede más y se atreve a salir de casa, baja a la playa a airearse un poco. El rumor de las olas, dice, le transporta a la playa de Tanji, donde iba con su madre o su hermano Abubakar a comprar pescado. En la arena, piensa en su madre, su padre enfermo y sus otros dos hermanos pequeños. Sobre todo en ellos dos.

—El camino a Europa es difícil. Se sufre mucho. Yo vine aquí para ayudar a mi familia y pagar la escuela de mis dos hermanos. Me siento responsable de eso y más en estos momentos.

En estos momentos. En estos tiempos difíciles.

A nivel sanitario, África no ha sufrido hasta ahora un impacto tan brutal de la pandemia como los países occidentales. Aunque ya ha superado los 207.000 infectados y las 5.500 muertes, la cifra supone menos del 3% de los positivos mundiales y el 1,3% de las muertes, pese a que el continente alberga al 17% de la población del planeta. A nivel económico es otra historia. Las rápidas y drásticas medidas de la mayoría de Gobiernos africanos, que ordenaron el cierre de fronteras y mercados, unidas a la caída del precio del petróleo y el estancamiento del comercio internacional, detendrán en seco el crecimiento de los últimos años. A causa del coronavirus, el Banco Mundial prevé la primera recesión en la región en los últimos 25 años. La crisis combinada en Europa y Estados Unidos, de donde provienen la mayoría de las remesas hacia países africanos, ahondará en la herida de millones de familias. Gambia recibirá una estocada descomunal. Aunque a nivel cuantitativo Nigeria, Ghana, Kenia y Senegal son los países que más dinero reciben de las remesas, el país más pequeño de África es el tercero más dependiente de los envíos de efectivo desde el extranjero, solo por detrás de Sudán del Sur y Lesoto. Un 15,5% del Producto Interior Bruto gambiano, el triple de los ingresos por turismo, proviene del envío de dinero más allá de sus fronteras.

Sentado en el sofá de su casa, Malang cambia de canal en la televisión hasta que da con un partido antiguo del F.C. Barcelona contra el Arsenal inglés. Lo deja. En la pantalla, Abidal lanza un patadón a Nasri y lo derriba; falta indiscutible, pero Malang mira la escena inmutable. Está solo en el comedor. El resto de compañeros de piso ha desaparecido en la cocina o en sus cuartos compartidos, desconfiados por la presencia de un periodista en la casa. Malang se ha quitado la mascarilla y la arruga en la mano izquierda, posada sobre el brazo del sofá. Está inquieto. Coge el teléfono y llama. Contesta su madre, Kumbafaya, desde Gambia. Al principio, Malang pregunta por la salud de su padre y por cómo el virus está afectando a la familia y al país. Ella le pregunta si está bien de salud y está contento. Casi al final, después de un breve silencio, Malang se arma de valor y lo dice:

—Mamá, no podré enviar dinero.

—Si tuvieras, sé que nos enviarías.

—Es debido a mi situación y al coronavirus, ¿sabes?

—Que Alá haga tu lucha fácil.

—Amén.

—Que los extranjeros sean amables contigo.

—Amén.

—Que no seas víctima de tu situación.

—Amén.

—Que los hombres blancos sean buenos contigo.

—Amén.

1º de mayo, renta básica y Doctrina Social de la Iglesia, por Luis Argüello

La pandemia COVID-19, con sus consecuencias sanitarias y el confinamiento exigido para evitar su expansión, ha suscitado un reconocimiento unánime del valor del trabajo. Así, se aplaude la entrega del personal sanitario, de quienes trabajan en tiendas, supermercados y farmacias; también Fuerzas Armadas y Policía; personal de limpieza y trabajadores del campo, transportistas, trabajadores de mercados centrales; profesores, periodistas, profesionales de medios de comunicación social; quiosqueros; sacerdotes, trabajadores de servicios sociales y residencias de ancianos; también el teletrabajo y el reparto de lo adquirido online, las reflexiones sobre la situación y las producciones artísticas. Así como la actividad de voluntarios, vecinos, trabajo doméstico, etc. Un extraordinario elogio de la actividad humana en favor del bien común. Un aplauso al trabajo como expresión de la dignidad humana, de la capacidad de servicio, de generación de riqueza —bienes y servicios— y de relación con otros, entretejiendo la vida social.

Resuena la afirmación de la Doctrina Social de la Iglesia: «El trabajo pertenece a la condición originaria del hombre y precede a su caída; no es, por ello, ni un castigo ni una maldición» (CDS 256). Pero también, en estas semanas de vértigo y quietud, millones de personas pierden el trabajo o ven amenazado su empleo, en una situación en la que ya muchos estaban en paro o habían recuperado un trabajo en condiciones precarias después de la crisis.

Ya en 2019 había quien escribía esta reflexión en una intervención pública: «Parecía que la crisis económica estaba superada y se anuncia otra. En realidad, quizá sea la misma: un escenario mundial de lucha —con las viejas reglas de poder y división internacional de funciones, recursos y personas— en el enorme desafío de la cuarta revolución industrial. Si la economía es global, no somos ajenos al hambre de tantos. Experimentamos una gran inquietud por el futuro del trabajo y del Estado del Bienestar. Alguno anuncia que la travesía de la crisis nos conduce a «una nueva normalidad» —este concepto, surgido en el año 2010, lo expuso institucionalmente el entonces presidente del Deutsche Bank, el suizo Josef Ackermann, el 5 de septiembre del 2011. Trabaja, desde entonces, sobre este oxímoron el Foro de Davos que, desde 2016, estudia cómo encauzar la irremediable crisis del Estado del Bienestar con millones de descartados por la revolución tecnológica. El profesor Niño-Becerra, en El crash. Tercera fase, dice: «La nueva normalidad será vivir en una sociedad sesgada, con desempleo estructural, un subempleo elevadísimo y una desigualdad enorme. Solo se compensará con el trinomio social: la renta básica, ocio gratuito y marihuana». Puede parecer una boutade, pero da pistas.

El confinamiento provocado por la COVID-19 paraliza la vida social y económica y acelera muchos procesos ya en marcha: teletrabajo, control de la población, renta básica, transición hacia el modelo económico, social y cultural propiciado por la revolución tecnológica, con un protagonismo grande de la biopolítica: ecología, hombre exponencial e inteligencia artificial, salud y trashumanismo. La pandemia intensificará las inversiones en salud, referencia central del progreso y sustitutivo de la salvación.

El debate sobre la renta a ofrecer para paliar la crisis del Estado del Bienestar y las consecuencias de la 4ª revolución industrial es sin duda importante. La tremenda crisis económica global provocada por la pandemia lo ha transformado en urgente, con el riesgo de sentar unas bases sobre su desarrollo que, movidas por lo urgente, eviten a la sociedad el necesario debate sobre el sentido del trabajo como fuente de riqueza y expresión del protagonismo personal y social en la convivencia y el camino histórico.

La fase actual del capitalismo financiero y tecnológico, liderado por las grandes corporaciones de la información, une su condición tecnocrática en el control de la economía, a una propuesta compasiva y moralista en la cultura y las formas de vida que tiene como finalidad última el poder; éste anula la libre conciencia con el señuelo de ofrecer más y más libertades que no cuestionen el marco de su paradigma tecnocrático y cultural. Desde ese marco es fácil condicionar la política global y nacional. Es un ámbito donde caben propuestas de capitalismo ortodoxo, populismos, ONGs y todos los altavoces de lo políticamente correcto. Hay liberales y socialdemócratas, China y Estados Unidos, espiritualistas y secularistas. Resulta cada vez más difícil utilizar los esquemas decimonónicos de izquierdas y derechas. La realidad del sufrimiento es tozuda y grita, y juzga esta situación histórica como a todas. Surge una tentación: anular el sufrimiento, anulando a los que sufren.

La llamada renta básica ha sido propuesta en los últimos años por economistas de casi todo el espectro ideológico, ya como Renta de Garantía de Ingresos (RGI), llamada por otros Ingreso Mínimo Vital, o como Renta Básica Universal (RBU). Para unos es una forma de sustituir el Estado del Bienestar en el nuevo tiempo, para otros un desarrollo más pleno del Estado social de derecho. Ambas tienen sus complicaciones técnicas y de financiación. Son asuntos en los que no entro, pues no son de mi competencia y pertenecen al ámbito de la genuina libertad en la acción política. Pero sí quiero realizar algunas consideraciones.

La primera es poner siempre delante a los empobrecidos a consecuencia de situaciones personales, familiares o de la injusta situación económica. Su sola existencia reclama cercanía y propuestas. Ahí se sitúa el IMV, que quizá sea siempre necesario, pues pobres siempre caminan a nuestro lado.

El trabajo expresa el ser de la persona en el hacer y ese mismo hacer tiene consecuencias en el ser y su desarrollo. Incorpora al sujeto trabajador a la construcción del común, promociona —empodera, dice la neolengua políticamente correcta— personal y socialmente. Entra en relación con el capital en un coloquio imprescindible para ofrecer en el devenir histórico los bienes y servicios que cada generación precisa. Pero el trabajo tiene una prioridad sobre el capital que no ha de olvidarse al organizar sus relaciones. La retribución del trabajo es el salario, la del capital la renta. Si las llamadas rentas básicas, ya RGI o RBU, no promocionan el trabajo, el riesgo de que el capital que las genera, estatal o privado, explote a muchos y arranque el protagonismo histórico a la mayoría es muy grande. Generar dependencias es un instrumento habitual de dominadores. Todo bien y servicio es hijo del trabajo, no de la renta. Por eso dice el Papa Francisco: «Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos. Quiero que pensemos en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo y el acceso universal a esas tres T que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo». «El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre, un bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana» (CDS 287).

Por ello, la clave está en generar, con un respeto grande a la realidad, una economía que promocione, para lo cual, quizá sea necesario —en tiempo de pandemia sin duda— un ingreso vital abierto a la promoción y al trabajo digno. Pero no se puede hablar de rentas mínimas sin plantearnos la justificación de las rentas máximas.

En el Día del Trabajo 2020 es conveniente proponer un nuevo pacto social que convoque al mercado, al Estado y a la gratuidad de la sociedad civil; pero no basta, conviene repensar el valor del trabajo, el sentido del progreso, el papel de la familia y los estilos de vida en un programa de gobierno para el bien común. Pero no será posible liberarse de las ataduras del gnosticismo tecnocrático y del pelagianismo moralista, falsamente compasivo, sin una fuerte espiritualidad.

Que san José Obrero interceda por nosotros para impulsar el plan para resucitar como propone el Papa Francisco: Este es el tiempo favorable del Señor, que nos pide «no conformarnos ni contentarnos y menos justificarnos con lógicas sustitutivas o paliativas que impiden asumir el impacto y las graves consecuencias de lo que estamos viviendo».

Por Luis Argüello, Secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Valladolid

Fuente: Revista Ecclesia

Los ‘héroes’ que hoy salvan el país pagarán mañana los platos rotos de la crisis

El estado de alarma está poniendo nuestra estructura laboral frente al espejo: las escalas más bajas, algunas de las cuales apenas alcanzan el salario mínimo interprofesional (SMI) en condiciones de precariedad máxima, son las que mantienen con pulso a la sociedad y permiten a las escalas intermedias y altas resistir el confinamiento en sus casas. Los primeros, ya sean cajeros, transportistas, mensajeros o temporeros agrícolas, se exponen diariamente al contagio del Covid-19 porque no tienen posibilidad de teletrabajar. Los segundos, desde personal de oficina a altos ejecutivos, se quedan en casa porque pueden teletrabajar, reducir horario y, en el peor de los casos, acogerse a un ERTE. Ha tenido que llegar una pandemia para poner del revés la economía. La buena noticia es que por primera vez en décadas los empleos productivos son valorados y aplaudidos por la sociedad. La mala es que no durará mucho.

“La coyuntura es perfecta para que estos empleos productivos, que son esenciales en un momento de crisis, puedan ser puestos en valor con una mejor retribución. Sin embargo, es difícil que esto se plasme en una mejor regulación laboral”, considera Raúl Ramos, doctor en Economía y profesor de la Universidad de Barcelona. “Quizá sí mejore el prestigio social de algunos empleos: por ejemplo, el personal de limpieza, tan importante en los hospitales estas semanas, o por supuesto el de cajera de supermercado. En una cadena de valor, todos los engranajes son relevantes, y habrá que estar pendientes de que las diferencias salariales no sean excesivas. Pero no es un debate nuevo: es justo el centro de la discusión sobre las condiciones laborales de plataformas como Glovo o Deliveroo”.

El problema es que justo ahora, con una gran recesión asomando y el Fondo Monetario Internacional (FMI) avisando a España de una hecatombe laboral, no es el mejor momento para ponerse las pilas y resolver en unos meses negros lo que no se ha resuelto en varios años de relativa bonanza.

“Tras la última crisis, todo eran palabras altisonantes: refundar el capitalismo, atajar la precariedad, reducir la desigualdad. Usamos otra vez las mismas expresiones, pero soy escéptico sobre la voluntad del país en avanzar en esa línea”, afirma el economista holandés Marcel Jansen, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. “Es cierto que se ha reaccionado de forma mucho más rápida y ambiciosa en comparación a 2008, pero cuando has permitido que una cuarta parte de tus trabajadores tenga contratos temporales, no hay política que evite la destrucción masiva de empleo. Los distintos gobiernos se han resistido a tratar seriamente el problema de la dualidad [empleo indefinido frente a temporal], por eso ahora sobran todos estos lamentos sobre los problemas que se avecinan”.

Cuando has permitido una cuarta parte de contratos temporales, no hay política que evite la destrucción masiva de empleo

Mientras aplaudimos al personal sanitario cada tarde desde la ventana, las enfermeras encadenan hasta 361 contratos anuales. Hemos convertido el contrato fijo en un supermercado en una suerte de nueva clase media y ahora estamos en camino de normalizar la entrega a domicilio para Amazon y Glovo, que anteayer nos parecían el colmo de la precariedad y el abuso laboral.

“El diseño institucional de España ofrece mucha protección a personas que realmente no la necesitan tanto porque tienen alta empleabilidad y son capaces de generar por sí mismas estabilidad. La protección a personas con contrato indefinido y antigüedad sigue siendo muy buena. En cambio, los contratos temporales y los indefinidos recientes, que son la mayoría tras la destrucción de la anterior crisis, están muy expuestos”, advierte Jansen. “Y esto volverá a pasar ahora: los contratos con antigüedad seguirán muy protegidos, pero la gran mayoría de contratos nuevos será carne de despido. Será fácil pagarles entre 20 y 33 días de indemnización por esos pocos años”.

Así, los ‘héroes’ de hoy, los que salen cada día a la calle o a la carretera a sostener el país sin la protección adecuada contra la enfermedad, volverán a ser los que paguen mañana los platos rotos de la crisis. El desempleo masivo, que el FMI ubica en tasas del 20%, hará que haya mucha más gente dispuesta a trabajar en estos empleos productivos esenciales pero básicos, provocando más inseguridad laboral y peores suelos debido al aumento de candidatos.

Como señala José Carlos Díez, profesor de la Universidad de Alcalá, “las personas que hoy trabajan en un cine o en un teatro y que cobran en el entorno de 1.300 o 1.400 euros pueden perder el trabajo y verse obligadas a bajar un peldaño como reponedor en un supermercado o repartidor de paquetería. Y eso generará presión hacia abajo. Los salarios se estancarán o caerán todavía más”.

O como lo explica Ramos: “En la última década, la dispersión salarial ha aumentado bastante, distanciando la parte alta de la baja. Y esto es probable que se vuelva a reproducir. Largas colas de paro otra vez y muchos trabajadores que no podrán regresar a sus empleos previos al estado de alarma. ¿Cuánto durará? Sabemos que el ritmo de vuelta y desescalada tardará meses, será lento”.

Valor versus precio

“Lo que estamos viviendo nos pone ante la paradoja entre valor y precio. Un trabajo esencial puede tener un alto valor a un precio muy bajo, y al contrario. Un ejecutivo cobra un salario muy alto porque se adjudican los sueldos entre ellos en los consejos de dirección. Pero si quitaras un ejecutivo y pusieras un ‘bot’, en algunos casos ni se notaría”, explica Díez. “La sociedad sí valora estos empleos importantes pero mal remunerados. El mercado, por desgracia, no. El primer paso para proteger estos sectores es frenar la destrucción de empleo cuanto antes, y una vez conseguido eso, hay que buscar una mejor regulación del mercado laboral”.

Si no se introduce una renta básica, miles de personas quedarán al margen de la recuperación, como las limpiadoras del hogar

Los expertos coinciden en que el primer paracaídas que hay que desplegar es el de la renta mínima garantizada. “Si no se introduce una renta básica, miles de personas quedarán al margen de la recuperación: por ejemplo, las limpiadoras del hogar, que tras la subida del SMI han empeorado su acceso a la Seguridad Social», apunta Jansen. «Luego están los miles de trabajadores temporales que han tenido la mala suerte de no trabajar cuando se declaró el estado de alarma. Ahora hay un 25-26% de empleo temporal frente al 33% anterior a la crisis de 2008. Son menos puestos, pero son ocupados por muchas más personas que van rotando en contratos troceados. Si los que justo ahora no tenían contrato no reciben una renta mínima, corren el riesgo de caer. Son personas muy vulnerables. La gran dualidad de España hace que el impacto de la crisis pos Covid-19 sea mucho mayor aquí que en los países del entorno. Son los mismos problemas de 2008-2009, pero con efecto mucho más rápido”.

Y en el centro del debate, cómo no, la reforma laboral de 2012 impulsada por el Partido Popular. En esto no hay tanta coincidencia. “Esa reforma favorece la negociación salarial a nivel de empresa en lugar de a nivel de sector en la provincia. Eso provoca que cada vez más trabajadores no estén cubiertos por el convenio colectivo y se haya generado más desprotección y devaluación salarial. Los más afectados son los trabajadores con menos cualificación formal, que al depender del convenio de empresa, pierden poder de negociación”, opina Ramos.

Jansen, por su parte, considera que se sobrevaloran los males de esa reforma. “Es injusto culpar de todo a la reforma laboral. Es cierto que se han producido abusos ligados al convenio, en especial en las empresas multiservicio o en el personal de limpieza de hoteles, pero, en general, los convenios de empresa no se pagan peor. También había más porcentaje de empleo temporal en 2008, antes de la reforma, que ahora. Y por último, en la reforma laboral se incidió mucho en los ERTE, hubo cambios que ahora nos han permitido, con solo sacar un real decreto, crear la figura de ‘ERTE por fuerza mayor por Covid-19’ y eliminar el requisito de haber cotizado un número de días para poderte acoger. Esto ha facilitado un mecanismo para que las empresas bajen sus costes, a la vez que mantienen la relación laboral intacta con el empleado”.

El sector turístico y hostelero sufrirá lo mismo que la construcción en 2008. Sectores hipertrofiados en el estallido de ambas crisis

Ante el trompazo de un sector turístico y hostelero hipertrofiado, que sufrirá lo que sufrió la construcción en 2008, los economistas consultados abogan por un rediseño del tejido laboral. “El mercado laboral español, por su propia estructura de empleo con poco valor añadido, contribuye a la desigualdad y a que sufra más que el resto de países ante cualquier sacudida”, afirma Jansen. Díez, por su parte, abre una puerta a la implantación de perfiles tecnológicos en nuestro país. “Tenemos una oportunidad para atraer el talento de los nómadas digitales, un perfil que explotará por la disminución de los viajes y la obligación del teletrabajo. Podemos atraerlos a España con incentivos, que se instalen, por ejemplo, en las islas o en el litoral mediterráneo, que son lugares muy atractivos y donde más van a sufrir la crisis. Pero, para eso, se requiere diseñar estrategias”.

Pero ante la probable inacción política para solucionar los problemas de fondo, la pelota estará en el tejado del ciudadano. Así lo ve Ramos: “Esta crisis sanitaria va a tener un coste muy alto, y es justo que se reparta el precio entre trabajadores, empresas y Estado. En este contexto, aquellas empresas que a pesar de la caída en su facturación mantienen los empleos y hasta pagan primas, como es el caso de algunos supermercados, pueden gozar del favor del consumidor. Y al contrario. Los consumidores pueden ejercer su poder individual. Más allá de eso, la perspectiva de una regulación es complicada, más cuando en estos momentos todos los esfuerzos del Gobierno están en el tema sanitario”.

Los consumidores pueden ejercer su poder individual. Más allá de eso, la perspectiva de una regulación es complicada

“Si no se mejoran los mecanismos para acceder a ayudas y se agiliza que las empresas puedan acogerse a ERTE por fuerza mayor, la crisis puede ser muy duradera», concluye Jansen. «España puede aguantar unos meses sin problema con el escudo europeo, pero ojo, porque esto nos estalla con una tasa de paro que casi duplica la de 2008, con más precariedad y con un endeudamiento público que casi triplica el de aquel año. No hay margen de gasto, la sociedad española deberá aprender a generar nuevos márgenes para actuar, y quitarles así la razón a los países del norte de Europa, que critican la falta de interés de España en aprovechar los tipos de interés para desapalancar y reducir el endeudamiento paulatinamente en estos últimos años”.

David Brunat

Fuente: El confidencial

El trabajo sin el que todo el sistema económico colapsaría

Oxfam Intermón publica un informe que advierte sobre el impacto negativo que va a tener sobre las mujeres y niñas el envejecimiento demográfico, los recortes en los servicios públicos y la crisis climática.

Si nadie hiciese el trabajo que garantiza la vida, todo el sistema económico mundial colapsaría. Y, sin embargo, el 75% de esas labores lo hacen las mujeres y niñas sin recibir ninguna remuneración a cambio. Y un 16%, a cambio de salarios indignos: las trabajadoras domésticas son el colectivo laboral más pobre del mundo.

La filosofía consiste en repreguntarnos qué son realmente aquellas cuestiones que damos por sentado. Por eso, Tiempo para el cuidado, el último informe de Oxfam Intermón, dedicado al trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, tiene mucho de filosófico: cuestiona y desmonta la forma en la que se ha concebido hasta ahora el sistema económico dominante, que ha desembocado en la sociedad más desigual de la historia de la humanidad: nunca la diferencia entre una minoría ínfima de milmillonarios ha sido tan grande con la de la inmensa mayoría de la población mundial.

Pero también hay mucho de aproximación filosófica en el informe de esta ONG porque más allá de realizar un diagnóstico de la situación actual, propone un modelo radicalmente distinto que configuraría otra forma de convivencia: una en la que los cuidados de los niños, niñas y ancianos, de las personas enfermas o con alguna discapacidad, en la que cocinar, lavar, buscar leña y agua –las labores que permiten que no muramos, que sobrevivamos– estén en el centro de las políticas públicas, sean remuneradas dignamente, garantizando así que todas las personas vean respetado su derecho a ser cuidados; y aquellas que cuidan a gozar de derechos políticos, sociales y económicos iguales que el resto de los trabajos.

Una propuesta de una lógica aplastante y que, sin embargo, subvertiría un sistema económico sexista basado en la explotación del trabajo de las mujeres y niñas y que, como estamos viendo con las numerosas protestas que se suceden por todo el globo, se ha demostrado fallido e insostenible. Un sistema diseñado dirigido mayoritariamente por hombres que explicaría igualmente que sean estos, en términos globales, los que gozan de un 50% más de riqueza que las mujeres. 

Solo en España, la ONG estima que en 2018 se destinaron más de 130 millones de horas diarias al trabajo de cuidados no remunerado, una cifra que equivaldría a 16 millones de personas trabajando una jornada laboral diaria sin percibir ninguna remuneración y el 14,9% del PIB, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La crisis global de la desigualdad

“La desigualdad está fuera de control”. Así comienza el informe Tiempo para el cuidado, de Oxfam Intermón. A partir de aquí, una sucesión de datos aplastantes. En 2019, los 2.153 milmillonarios que hay contabilizados a nivel mundial poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. Los 22 hombres más ricos del mundo gozan de más dinero que todas las mujeres de África. El 1% más rico de la población ostenta más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. Y, atención: la entidad calcula que el trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo las mujeres de más de 15 años en todo el mundo superaría los 10,8 billones de dólares anuales, el triple que el tamaño de la industria tecnológica mundial.

Pero hay una receta para acabar con tanta desigualdad: “sólo con una subida de un 0,5% en el tipo de impuesto que grava el patrimonio del 1% más rico del mundo, se podría recaudar fondos para crear más de 117 millones de puestos de trabajo en sectores como la educación, la salud y la asistencia a las personas mayores, acabando así con los déficits de cuidados en estos ámbitos”, expone la ONG en su informe.

En este sentido, el reconocido economista Thomas Piketty propone en su último libro un impuesto del 90% sobre el patrimonio de los milmillonarios que haga circular la propiedad para volver a los niveles de concentración de la riqueza de los años 70. Así, los más ricos seguirían teniendo más de 100 millones de dólares, lo que les permitiría seguir gozando de un estatus privilegiado. Con lo recaudado, como contaron en el último dossier de la revista de La Marea, plantea una herencia de 125.000 euros a todas las personas cuando cumplan 25 años para que puedan desarrollar su proyecto vital y profesional.

El equipo de Piketty, como subraya Oxfam Intermón, ha demostrado la aceleración de la concentración de la riqueza desde 1980, periodo en el que el 1% de la población más rica del mundo ha recibido 27 centavos por cada dólar de crecimiento de los ingresos a nivel mundial, mientras el 50% más pobre, solo 12 centavos. Más datos: solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza y, según estudios recogidos por el informe, las grandes fortunas eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales. Una dinámica que hace inviable la reducción de la pobreza, que se ha estancado desde 2013 a la mitad tras dos décadas de importantes avances. La mitad de las personas que habitan el planeta trata de sobrevivir con 5,5 dólares al día o menos.

El trabajo doméstico en España 

El informe estima que hay unos 67 millones de trabajadores del hogar en el mundo, el 80% mujeres, y que de estos sólo uno de cada diez está protegido por legislaciones laborales asimilables al resto de empleos. Tampoco en España donde una reforma de 2011 les reconoció algunos derechos, pero las mantuvo en un régimen especial por el que no tienen derecho a la prestación por desempleo, vacaciones ni a un finiquito, entre otros derechos básicos.

En el acuerdo suscrito por el PSOE y Unidas Podemos para la conformación del gobierno de coalición se recoge “la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura. Firmaremos y ratificaremos el Convenio número 189, de 2011, de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos”.

En este sentido, Lara Contreras, economista y responsable de relaciones institucionales de Oxfam Intermón, da la bienvenida al anuncio en declaraciones para lamarea.com, pero teme que no suponga la igualación total de derechos. “Esta equiparación podría suponer un incremento del gasto en cuidados, que deben asumir las empresas y el Estado, responsable de garantizar el derecho de ser cuidado de cualquier persona y que las que cuidan lo hagan con los mismos derechos que el resto”. En este sentido, reivindica la recuperación de la Ley de Dependencia, pero completa, no solo subiendo los mínimos a recibir por las personas dependientes. «Debe destinarse la financiación suficiente para que todas las personas reciban la atención que necesitan».

Y de nuevo, el quid de la cuestión está en la reforma del sistema fiscal: “Esperamos que se cumpla el compromiso de que las grandes empresas paguen el 15% del tipo efectivo, que se grave más el capital y la riqueza y que la lucha contra la evasión fiscal sea una de las primeras medidas adoptadas”, resume Contreras. Según su ONG, con un incremento de solo el 0,5% del impuesto sobre el patrimonio del 1% más rico se podrían crear 117 millones de puestos de trabajo de cuidados en sectores como la educación, la salud y la asistencia a personas mayores.

En el mes de enero, Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico -una asociación madrileña de trabajadoras del hogar migrantes- ha relanzado su recogida de firmas en change.org para que el gobierno de Sánchez suscriba el convenio 189 de la OIT, y acabe con el limbo en el que se encuentra más de 1,5 millones de mujeres que trabajan en el sector de cuidados en España sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.

“Hemos enviado cartas al Gobierno, pero no se trata solo de aprobar el convenio, sino de que se aprueben medidas que acaben con la precariedad en el sector”, subraya Pimentel. “El encarecimiento de la vivienda está provocando que muchas mujeres vuelvan a trabajar como internas porque no se pueden permitir un alquiler o una habitación en un piso compartido, que no hay suficientes además. También debe derogarse la Ley de Extranjería, que condena a las mujeres que son expulsadas de sus países a ser invisibles durante tres años”. Pimentel enumera algunas de las últimas ofertas de trabajo de las que han tenido constancia: “En Barcelona pedían una chica que no tenga hijos y que libraría dos veces al mes por 300 euros mensuales. A otra le ofrecían trabajar los fines de semana cuidando a una señora enferma por 200 euros…”.

Pimentel coincide con Contreras en la corresponsabilidad del Estado: “Hay familias que no se pueden permitir pagar un salario digno con la Seguridad Social porque ellas mismas son precarias, por eso tiene que apoyar el Estado. El mismo Estado que tiene que proteger a esas mujeres que ahora tienen más de 50 años, que no encuentran trabajo, que no han cotizado por ellas y que se encuentran en una situación muy dura después de una vida de trabajo”.

La crisis global de los cuidados 

Oxfam advierte de la crisis de los cuidados que va a provocar el envejecimiento demográfico, los recortes en los servicios públicos y sistemas de protección social y la crisis climática. Se estima que en 2025 se calcula que 2.400 millones de personas vivirán en zonas sin suficiente agua, por lo que mujeres y niñas tendrán que recorrer mayores distancias para recogerla. Recuerda también que el calentamiento global reducirá la producción de alimentos y aumentará la afectación de enfermedades, lo que aumentará el tiempo exigido a mujeres y niñas para hacer frente a esta situación.

Para construir una sociedad más justa e igualitaria, Oxfam recuerda la propuesta de las 4R que economistas feministas, trabajadoras de cuidados y la sociedad civil llevan años proponiendo: reconocer los cuidados como un trabajo que aporta un valor real, reducir el número dedicadas a estas labores de manera no remunerado, redistribuir estas tareas de manera equitativa en las familias y trasladar su responsabilidad al Estado y al sector privado, y que las proveedoras de cuidados más excluidas tengan representación en el diseño y ejecución de las políticas que afectan a sus vidas.

Pero sobre todo, la investigación de Oxfam insta a los gobiernos a invertir en sistemas nacionales de atención y cuidados que “permitan abordar la desproporcionada responsabilidad de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres y niñas”, acabar con la riqueza extrema para erradicar la pobreza extrema, legislar para proteger a las personas que se ocupan del trabajo de cuidados y garantizar salarios dignos a sus trabajadoras y que tengan influencia en la toma de decisiones, combatir las normas sociales y las creencias sexistas, así como promover políticas y prácticas empresariales que pongan en valor el trabajo de cuidados.

Reivindicaciones que ya están liderando las trabajadoras etíopes en Líbano a través de Engna Legna Besdet, haciéndose oír en Sudáfrica a través de la campaña Domestic Workers Rising y convirtiéndose en políticas públicas en Uruguay o Nueva Zelanda.

El gobierno de coalición “no tiene un programa feminista”

“El pacto de gobierno tiene apartados que hablan de derechos de las mujeres que están bien, como en el ámbito de la lucha contra la precariedad laboral, que impactará especialmente entre las mujeres, las más precarizadas. Pero no es un programa feminista porque no pone en el centro de la economía y las políticas, que es lo que define ser feminista, los cuidados y la lucha contra la desigualdad y la pobreza ”, sostiene Lara Contreras.

 

Fuente: lamarea.com

Desposesión de derechos constitucionales

En los últimos años hemos debatido intensamente -hasta el hartazgo- sobre la ruptura del pacto constitucional que regula la distribución territorial del poder político. Y casi nada de la ruptura del pacto social que contiene la Constitución de 1978. Esta prioridad en la agenda política no es un fenómeno exclusivamente español, sino global. Cuando el conflicto social, antaño llamado lucha de clases, pierde centralidad política su espacio lo ocupa el agravio comparativo, que es hoy el «gran motor de la historia».

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que avala el despido objetivo por ausencias al trabajo, aún justificadas, nos brinda la oportunidad de someter al debate político el intenso proceso de desposesión de derechos constitucionales en el orden social sufrido en los últimos años.
El pacto constitucional del 78 fue el resultado de muchos equilibrios, también de impotencias recíprocas entre las dos fuerzas en pugna, inmovilismo y ruptura. Como todas las constituciones es un texto abierto y por escribir, que la política, con las correlaciones de fuerza de cada momento, va redactando.

Con la mirada de hoy, el contenido social del pacto constitucional es quizás el más rupturista de todos, en aspectos como el papel de los sindicatos (artículo 7 CE), la amplitud de los derechos fundamentales, de otros derechos sociales y también por los mandatos que la Constitución remite a los poderes públicos.

Pero su contenido sufrió desde los primeros años -coincidiendo con una grave crisis económica mundial- las consecuencias de un desarrollo legal cicatero. Y en décadas posteriores un proceso de desposesión de derechos constitucionales, que alcanza su máxima expresión en la última doctrina del Constitucional.

Este proceso se manifestó en primer lugar como resistencia del poder político a desarrollar algunos de los derechos reconocidos en la Constitución y por un olvido mayúsculo de los mandatos que los poderes públicos reciben en el ámbito social de la Carta Magna.

Comenzando por la huelga, derecho fundamental de especial trascendencia, por el que las personas trabajadoras persiguen reequilibrar los profundos desequilibrios de poder entre capital y trabajo, especialmente en tiempos de globalización, y convertir la igualdad formal en igualdad real.

La huelga continúa aún hoy regulada por una norma pre-democrática de 1977, afortunadamente reinterpretada en sentido amplio por el Constitucional, por cierto, el mismo Tribunal aunque con una composición distinta, que hoy restringe sistemáticamente los derechos constitucionales.

La oposición a este desarrollo legislativo del derecho de huelga tiene en Felipe González su máxima expresión. En abril del 1993, ejerciendo de su personaje preferido, el de Mandarín político, impidió in extremis la aprobación de una Ley reguladora de la huelga, que nos hubiera dotado de seguridad jurídica y protegido del uso abusivo de los servicios mínimos que utiliza el poder político como si de un piquete anti-huelga se tratara. El entonces presidente del Gobierno forzó la convocatoria de elecciones anticipadas el mismo día que el Congreso de Diputados iba a aprobar en segunda lectura un Proyecto de Ley de Huelga, que había pasado ya por el Congreso y el Senado, a partir de un pacto del Grupo Parlamentario Socialista, dirigido por Alfonso Guerra, con CCOO y UGT. La disolución anticipada de las Cortes ese día y no 24 horas después tuvo como objetivo evitar la aprobación de una Ley que regulaba ampliamente el derecho de huelga.

Son muchos otros los derechos sociales, protegidos constitucionalmente, que no se pueden ejercer en la práctica por falta de desarrollo legal. Entre ellos el derecho a la vivienda, en el que las pocas políticas practicadas han estado más al servicio de apoyar al sector de la construcción en épocas de crisis, por la vía de incentivar la demanda de propiedad, que de garantizar un derecho social de ciudadanía. El margen constitucional, a pesar de la gran potencia reguladora de facto del mercado inmobiliario, es mucho mas amplio de lo que se reconoce por el poder político. Incluso cuando topa con el derecho a la propiedad, que no olvidemos es un derecho que la propia Constitución condiciona a su función social (art. 33 CE).

Esta desposesión de derechos constitucionales no es solo responsabilidad de los gobiernos centrales. En el ámbito autonómico tenemos ejemplos múltiples, especialmente con gobiernos de la derecha, sea española o catalana, en relación a restricciones en el derecho a la salud. O en el impuesto de donaciones y sucesiones que algunas CCAA, gobernadas por el PP y Ciudadanos, han hecho desaparecer. Obviando que la Constitución condiciona la herencia a los límites de su función social, porque para las derechas propiedad privada y herencia son los únicos derechos ilimitados.

Quizás el mandato constitucional que mejor expresa la gran potencialidad no explotada de nuestro Constitución sea el art. 129. 2 que mandata a los poderes públicos a establecer los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción (no se alarmen, han leído bien).

La segunda vía de desposesión de derechos constitucionales ha venido de la mano de la acción legislativa restrictiva de estos derechos. El caso más evidente es el del derecho al trabajo del artículo 35 de la CE, completamente desfigurado a través de las muchas contra-reformas laborales, comenzando por la de 1984.

La generalización de la contratación temporal sin causa, la ampliación de las causas de rescisión de contratos, la progresiva desaparición del despido nulo con readmisión obligatoria y de los salarios de tramitación han vaciado de contenido el derecho constitucional al trabajo. De la misma manera que han hecho con el derecho de negociación colectiva -contenido esencial del de libertad sindical- al legalizar que el empresario pueda unilateralmente ignorar la fuerza vinculante de los convenios.

Aunque la vía de desposesión de derechos constitucionales más profunda y de mas gravedad es la subversión del orden constitucional provocada por la reciente doctrina del Tribunal Supremo y especialmente del Tribunal Constitucional. Se ha producido una derogación de facto del texto constitucional, al margen de los procedimientos establecidos, en contra de la voluntad del constituyente e ignorando la sobada soberanía nacional.

Ejemplos de esta subversión del orden constitucional los tenemos en las sentencias del Constitucional sobre la Reforma Laboral del 2012. En ellas el Tribunal, olvidándose de toda su doctrina anterior y sin mediar justificación alguna, establece un nuevo orden de valores, principios y derechos constitucionales. Se inventa literalmente otra constitución.

Lo explica magistralmente Fernando Valdés da Re en sus votos particulares a las sentencias dictadas. En ellos se advierte que el Constitucional otorga al legislador ordinario, unas Cortes Generales con mayoría absoluta del PP y apoyo de CIU, funciones cuasi constitucionales para modificar aspectos claves de la Constitución. Y denuncia que el Tribunal incorpora un curioso criterio de análisis de la constitucionalidad de las leyes, la situación económica adversa del momento. Que dicho a lo bruto, pero con rigor, significa que los derechos constitucionales quedan en suspenso, incluso en su contenido esencial, cuando hay crisis económicas. En la practica esas sentencias vacían de contenido esencial derechos constitucionales como el derecho al trabajo (art 35 CE) y negociación colectiva (art 37 CE) entregando su contenido pleno al legislador de cada momento, que puede por esa vía reformar la Constitución, sin seguir el procedimiento previsto para ello. Y eso es lo que ha sucedido.

Esta subversión del orden constitucional se ha puesto de nuevo en evidencia con la sentencia dictada estos días en relación al despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, incluso las justificadas. En ella el Constitucional dice literalmente que el derecho al trabajo, incluso cuando esta relacionado con el derecho a la salud, puede ser limitado por el derecho a la libertad de empresa y al objetivo nacional de la productividad.

Otra vez a lo bruto, pero con rigor, si el Constitucional argumenta que la defensa de la productividad legitima el despido de una persona por ausencias al trabajo aún justificadas, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, además de erosionar el derecho a la salud, al que los trabajadores deben renunciar si quieren conservar su empleo, es vaciar de contenido el derecho al trabajo. Un derecho (art 35 CE) que incluye el no ser despedido sin mediar «justa causa». Primar la lucha contra el absentismo laboral -causa alegada por el legislador y el Constitucional- por encima de estados de enfermedad justificados y ajenos a la voluntad del trabajador supone una verdadera subversión del orden de valores constitucionales.

Llegados a este punto, deberíamos hacernos la pregunta de cómo ha sido posible este proceso de subversión del orden constitucional y desposesión de derechos constitucionales en el ámbito social. Sin duda ha incidido el desequilibrio de poderes entre una economía global y una política estatal. También la hegemonía ideológica del neo-liberalismo global que se expresa en algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (casos Vicking, Laval y Rüfert) en la que la libertad de mercado y de empresa priman sobre los derechos colectivos de huelga y negociación colectiva.

Pero hay razones específicas de la política española, entre ellas el desconcierto de unas izquierdas que se mueven entre la subalternidad ideológica del socialismo español – muy evidente en la resistencia del PSOE a derogar la reforma laboral del 2012- y el infantilismo político de las izquierdas alternativas. Me refiero al error mayúsculo de no detectar la potencialidad constitucional en materia social y no defenderla con uñas y dientes.

Aún hoy, algunos esperamos de Pablo Iglesias una explicación política del abrupto tránsito táctico de presentar la Constitución como expresión máxima del maléfico «Régimen del 78» a considerarla la Biblia que contiene todas las verdades reveladas.

Ha llegado el momento de decir que en vez de un Proceso Constituyente, impensable con la correlación de fuerzas actual, lo que deberían hacer las izquierdas diversas es impulsar un Proceso Reconstituyente por el que recuperar los derechos constitucionales de los que hemos sido desposeídos. Seria una buena estrategia para ocupar el inmenso vacío político dejado entre una izquierda ideológicamente subalterna y otra afectada del síndrome adolescente del adanismo. Y para que no haya confusión alguna, eso no va de siglas -con las que hay hoy nos sobra- sino de políticas, que son las que faltan.

Joan Coscubiela
Fuente: Eldiario.es

Frente a la indecente precariedad, trabajo decente como Dios quiere

Frente a la indecente precariedad, trabajo decente como Dios quiere

Jornada Mundial por el Trabajo Decente. 7 de octubre 2019 • Manifiesto (descarga pdf)

Por quinto año consecutivo, las organizaciones que integramos la iniciativa «Iglesia por el Trabajo Decente» (ITD) celebramos, el 7 de octubre, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente para hacer visible la indecente precariedad que sufre el mundo del trabajo. Junto a todos los agentes que participan en la organización política, económica y social del trabajo, urgimos a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad accesible para todas las personas.

En junio se celebró el centenario de la Organización Internacional del Trabajo en el marco de su 108ª Conferencia, donde se constató la necesidad de orientar todos los esfuerzos a asegurar una transición justa a un futuro del trabajo que contribuya al desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental. La apuesta común fue la de aprovechar todo el potencial del progreso tecnológico y el crecimiento de la productividad para lograr trabajo decente y desarrollo sostenible, con objeto de asegurar la dignidad, la realización personal y una distribución equitativa de los beneficios para todos.

Las preguntas que lanzamos en este 7 de octubre son estas: ¿En qué se ha transformado hoy la dignidad del trabajo? ¿Qué precariedad laboral es la que sufrimos las hijas e hijos de Dios? Cuando hablamos de precariedad laboral lo hacemos de vidas truncadas, vulnerables y violentadas; de personas explotadas y abusadas por contratos temporales y eventuales, con sueldos que no concuerdan con las horas realizadas, sin seguridad en el puesto de trabajo y sujetos a una flexibilidad que acaba quebrando la dimensión personal de las personas trabajadoras al imposibilitar una verdadera conciliación entre trabajo, familia, descanso, participación social y ocio. Seguimos constatando cómo el trabajo está lejos de ser un derecho que garantice la dignidad de la persona, mientras sigue aumentado el número de trabajadores y trabajadoras pobres.

El testimonio de Alberto, un joven trabajador que reside en Madrid, pone voz a esta realidad. «Actualmente trabajo 16 horas semanales y cobro 560 euros. La respuesta de mi jefe las veces que le he comentado el tema del salario, de la categoría siempre han sido: “Ahora no es el momento”, “la cosa está muy mal”, “ya ves cómo está la situación, no hace falta que te cuente”, “ahora no hay dinero” […] Encima hay otras personas que insinúan que quizás es que no te esfuerzas lo suficiente, que no has trabajado todo lo que deberías, que tu trabajo no lo es todo para ti y eso lo nota el jefe, que tu currículum no es lo suficientemente amplio, vamos, QUE LA CULPA ES TUYA».

Como organizaciones y movimientos de Iglesia encarnados en la realidad del trabajo, queremos ser buena noticia en nuestras casas y barrios, lugares de trabajo y centros de estudios. Y volveros a recordar que “la política económica debe estar siempre al servicio del trabajo digno”. En palabras del papa Francisco “cuando la sociedad está organizada de tal modo, que no todos tienen la posibilidad de trabajar, de estar unidos por la dignidad del trabajo, esa sociedad no va bien: ¡no es justa! Va contra el mismo Dios, que ha querido que nuestra dignidad comience desde aquí. La dignidad no nos la da el poder, el dinero, la cultura, ¡no! ¡La dignidad nos la da el trabajo!”. Y un trabajo que sea realmente digno, porque hoy “tantos sistemas sociales, políticos y económicos han hecho una elección que significa explotar a la persona”.

Sensibles a esta realidad, conscientes de la importancia de establecer puentes y mirando al mundo desde las periferias en las que estamos presentes, en esta Jornada Mundial reivindicamos que:

  • Todos los poderes públicos se comprometan de forma activa en la construcción de un sistema económico, social y laboral justo, fraterno y sostenible que sitúe a la persona en el centro.
  • El trabajo sea garante de dignidad y justicia, así como del desarrollo integral de la persona, de sus capacidades, dones y vocación, empezando por las personas más descartadas y excluidas.
  • El trabajo sea fuente de reconocimiento social y personal, a través de la dignificación de los cuidados, con nuevos planteamientos de políticas sociales, de género y educativas en igualdad entre mujeres y hombres, sin olvidar el derecho a una conciliación real de la vida familiar y laboral.
  • El trabajo es para la vida, por lo que es imprescindible que se realice en un entorno de seguridad y salud, con condiciones que garanticen la integridad física y psíquica de la persona.

Como Iglesia viva insertada en el mundo donde bulle la vida, las entidades que formamos la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente acompañamos esta dura realidad social y sus efectos deshumanizadores. Estamos llamados por ello a estar alerta para denunciar, desde la ternura, la compasión y el estilo de vida de Jesús de Nazaret, la denigración que está sufriendo la persona y el trabajo.

En esta Jornada que coincide con el inicio del Sínodo especial para la Amazonía, compartimos con todos los convocados a esa esperanzadora cita tanto los retos que nos lanza el cuidado de la Casa Común como las inquietudes ante el deterioro medioambiental y las violaciones de derechos humanos que conlleva para las comunidades más vulnerables. La defensa de la Creación nos involucra directamente como ITD en la defensa de unas condiciones laborales dignas para quienes se ven sometidos, bajo escandalosas condiciones de explotación, a prácticas productivas insostenibles con la dignidad humana y el equilibrio medioambiental.

Unimos nuestras fuerzas y compromisos como gesto profético, e invitamos a toda la Iglesia, a las comunidades, movimientos sociales y personas de buena voluntad a celebrar y reivindicar juntos esta jornada.

Iglesia y sindicatos deben entenderse…, a pesar de la ideología de género

¿Qué tienen en común la Iglesia y los sindicatos? El obispo responsable de la Pastoral Obrera en la Conferencia Episcopal, Antonio Algora, no tiene miedo a reconocer, de entrada, que ambos comparten hoy «bastante debilidad en cuanto a los afiliados». Las razones, a su juicio, tienen mucho que ver en uno y otro caso: haber dado la espalda a quienes más sufren.

El obispo emérito de Ciudad Real participó este miércoles en un encuentro entre sindicalistas y responsables eclesiales organizado en el Salón de Actos de Alfa y Omega con motivo de la presentación del libro “No os dejéis robar la dignidad”, de Abraham Canales, responsable de Comunicaciones de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), un compendio de textos del Papa Francisco, que llegó a la silla de Pedro en 2013, en plena crisis mundial, y ha puesto la doctrina social en el centro de su magisterio, invitando además a los católicos a unir fuerzas sin reparos con otros actores sociales en la lucha por los derechos de los empobrecidos.

Le acompañaron, por un lado, el vicario de Pastoral Social e Innovación del Arzobispado de Madrid, José Luis Segovia, que sustituyó al cardenal Osoro, baja a última hora. Por el lado sindical, participaron el secretario general de USO, Joaquín Pérez, y el secretario de Participación Institucional de Comisiones Obreras, Paco Carbonero. Moderó el coloquio la responsable de Difusión de la HOAC, Teresa García.

El punto de partida fue la creciente precarización del trabajo. Y el diagnóstico común de que esa «dignidad no se ha diluido por sí misma». «Ha sido un robo». «Hay ladrones, vaya», apuntó el responsable de la archidiócesis madrileña.

Como la lluvia fina

Las críticas no se dirigieron solo contra un sistema económico injusto. Ambas partes hicieron una autocrítica sin concesiones de su propia responsabilidad en esta deriva.

Algora, «como viejo roquero de esto», recordó los intentos de algunos desde 2014 para que en la diócesis hubiera una escuela de formación en doctrina social y política, al modo de la Escuela Itinerante puesta en marcha en 2016 en Madrid, por la que han pasado ya unas 1.500 personas. También se intentó, sin éxito, incorporar algunos capítulos dedicados a la doctrina social en las catequesis de las parroquias, pero «fracasamos rotundamente». «No tenemos mucha defensa en la Iglesia», reconoció. «Tenemos más caras que espaldas». Hoy, sin embargo, «la lluvia fina del Papa Francisco en estos años está calando», con sus reiterados mensajes sobre estas cuestiones. Aunque solo sea porque «no tienen otro remedio» que citar al Pontífice, «son distintas las hojas diocesanas y y las cartas dominicales de los obispos». Y así, «como la lluvia fina», lentamente «va calado la experiencia de un sistema que no satisface y produce mucha frustración».

Polémica con una «muy católica autoridad» sobre la vivienda

El vicario de Madrid apuntó a la «ignorancia» como causante de que se haya extendido una mentalidad económica entre los católicos muy lejana a la que defiende la doctrina social. Y aludió a una reciente controversia epistolar a cuenta del derecho a la vivienda con una «muy católica autoridad», que ostenta «una altísima representación» en una administración pública, la cual, con tono desacostumbradamente agresivo, contestó a la carta de Segovia que «la vivienda es una mercancía», no un derecho. De donde se deduce igualmente que, para esta persona, «el trabajo es una mercancía» como otra cualquiera, un «objeto de explotación».

«Su presupuesto antropológico es terrible», añadió el vicario: «los seres humanos son individuos aislados (no personas) racionales (no hay sentimiento) y egoístas por naturaleza», lo cual niega «la historia de los derechos humanos, que no es la del egoísmo racional, sino la de las grandes causas, la de la sangre, sudor y lágrima de tnatas personas que nos han permitido vivir mejor». Y esta visión neoliberal –prosiguió– «está en casi todos los libros de macro y micro economía que se estudian, también en las escuelas de negocio de la Iglesia».

El deber de la ejemplaridad

La desmovilización de la clase trabajadora contra estas políticas se debe a la posición de debilidad que provoca la precarización y la inseguridad laboral, apuntaron los líderes sindicales. Pero también –añadió Joaquín Pérez, de USO– ha habido hasta fechas recientes «liderazgos muy caciquiles» en los sindicatos. Y «nos ha faltado coraje, nos ha faltado ese espíritu de imprudencia, ese partirnos la cara por los que peor lo están pasando», añadió, tras aplaudir el gesto del limosnero del Papa, el cardenal Krajewski, que hace unos días devolvió por su cuenta y riesgo la luz a unas 450 personas –la mayoría sin techo o migrantes– de un edificio ocupado de Roma.

«Lo peor que le puede pasar al mundo del trabajo es perder el valor de la solidaridad», lamentó Paco Carbonero. El individualismo del sálvese quien pueda. Y en ello ha influido «el discurso de devaluación que ha habido de la política y en todo lo institucional, que lleva aparejada la falta de esperanza de la gente de que estar organizado sirve para resolver los problemas».

El sindicalismo, en particular, ha sufrido a juicio de Carbonero una severa campaña de descrédito. Pero eso también es debido a que «nosotros no estamos siendo capaces de generar la subjetividad en el mundo del trabajo para que la gente piense que estar organizado es un valor tremendo para su futuro», añadió. O a la mala imagen por actitudes de «corporativismo», que, más que la defensa de los trabajadores, se preocupan por el interés de la institución, por «nuestras siglas». «Esto son debilidades del movimiento sindical», reconoció

A todo ello sumó José Luis Segovia el problema de la «falta de ejemplaridad», imprescindible para vencer los reticencias de los jóvenes a participar ya sea en un sindicato, en un partido político o en la propia Iglesia, dijo, tras mencionar que precisamente acababa de participar en una jornada sobre abusos sexuales cometidos por clérigos.

Entendimiento, a pesar del aborto

Y sin embargo, hay un elemento que debería empujar a todos a la acción común: «Si hay una causa capaz de integrarnos hoy a todos es la lucha por la dignificación y contra la precarización del trabajo», dijo. «No hay que hacer esfuerzo alguno», puesto que es un problema «cada vez más transversal», con unas clases medias «crecientemente precarizadas».

Todos coincidieron en que católicos y sindicales deben dejar a un lado prejuicios y sectarismos para dar esta lucha, junto a otros actores de la sociedad civil.

Carbonero destacó además «la fuerza tremenda» que tiene para las los sindicatos que el Papa haga ese tipo de diagnósticos sobre la economía y «el reparto de la riqueza equitativo» desde «la plaza de San Pedro». Algo que entroncó con la historia de las relaciones entre Iglesia y sindicatos clandestinos en España durante el franquismo, tiempo en el que aseguró haber «aprendido mucho» de «maestros de la HOAC» que convirtieron su «compromiso de fe» en «un acto de militancia por la justicia y la igualdad», algo que tuvo «muchísima importancia» pero «no se reconoce públicamente».

Antonio Algora, probablemente el obispo español que más ha hecho por tender esos puentes, recordó como a finales de los 60 Pablo VI terminó con esas reticencias a colaborar con los sindicatos marxistas «por el bien común». Hoy, sin embargo, la ideología vuelve a interponerse en la relación. «Nos acosan otros prejuicios», dijo. El obispo aludió a la deriva ideológica de la izquierda que, secundada por los sindicatos, ha dejado de lado las cuestiones sociales para agitar nuevas banderas.

«Nuestro lugar de encuentro es el trabajo» y es necesario «priorizar ese foco», subrayó. Por el contrario, corrientes como «la ideología de género» o «el aborto» solo «nos van a seguir enfrentando».

«Entonces, ¿no nos entendemos?», se preguntó. «Sí, en el trabajo. Y lo demás vamos a ver cómo lo resolvemos, en la media en que crezca entre nosotros la conciencia de la dignidad de la persona».

Ricardo Benjumea

Fuente: Alfa y Omega

El Parlamento ve con «satisfacción» la elaboración de un tratado de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos

El parlamento foral de Navarra ha aprobado esta declaración institucional tras haber recibido la visita de Ehsan Ullah Khan, militante de los derechos humanos y contra la esclavitud infantil, en la comisión de solidaridad y convivencia. Dicha visita fue organizada por Encuentro y Solidaridad.

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una declaración institucional por la que la Cámara acoge con «satisfacción» el trabajo iniciado para la elaboración de un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Ha sido presentada por UPN, Geroa Bai, EH Bildu, PSN y PPN.

Según recoge la declaración, se considera que el tratado «aumentará la responsabilidad social de las empresas, incluido el sector de la confección».

Además, el Parlamento de Navarra se adhiere a la petición del Parlamento Europeo que solicita a la Comisión Europea que «presente una legislación vinculante sobre obligaciones de diligencia debida para las cadenas de suministro del sector de la confección».

La Cámara foral subraya que «esta propuesta legislativa debe estar en consonancia con las nuevas directrices de la OCDE sobre diligencia debida en el sector de la confección y el calzado, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales que importen a la Unión Europea, la resolución de la OIT sobre el trabajo decente en las cadenas de suministro y las normas acordadas a escala internacional en materia de derechos humanos, sociales y medioambientales».