Esenciales pero discriminados

Texto: Maribel Izcue, Nicolás Castellano, Agus Morales y Xavier Aldekoa.
Fotografía: Pablo Tosco y Anna Surinyach.
Publicado en Revista5w


“Silencio, ¡temporeros durmiendo en la calle!”.

Los balcones muestran esta pancarta en una calle del casco antiguo de Lleida el 23 de mayo. Debajo, en unos tablones de madera de un edificio que aloja un coworking ahora cerrado, se apilan maletas de colores, cables de móvil, cartones, mantas. Aquí duermen las personas que han venido a recoger la cereza, muchas en situación de irregularidad administrativa.

Es una de las imágenes que nos deja el estado de alarma en España: decenas de personas que llegaron a trabajar en el campo se hallaban, en plena pandemia, durmiendo en la calle. Muchos ni siquiera pueden trabajar: en las fincas se necesita que recojan la cereza, pero los que están en situación irregular se resignan a esperar alguna peonada que obviamente se pagará sin contrato.

LA LEY DE EXTRANJERÍA

En España “sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles”, repite Mikel Mazkiaran, de SOS Racismo Euskadi, un veterano en la lucha por los derechos de las personas migrantes. La pandemia ha sacado a relucir las vergüenzas del sistema migratorio español cuando se van a cumplir 35 años de la aprobación de la primera ley “sobre derechos y libertades de los extranjeros” que se puso en marcha en España. Desde entonces, las distintas normas en esta materia excluyen a miles de personas del acceso a derechos fundamentales.

Toda esta argamasa legal ha hecho cada vez más alto el muro de la burocracia, que se sigue cimentando en los tres mismos ejes: la obsesión por el control de fronteras, la concepción de la persona migrada casi exclusivamente como trabajador y la insistencia en crear un sistema sancionador, con la amenaza perpetua de expulsión.

Son dos décadas con pocas modificaciones a la última ley de extranjería, del año 2000, a pesar de coincidir con uno de los períodos con más migraciones en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial y con la mayor llegada a España de extranjeros. Durante este periodo se ha impuesto el criterio utilitarista, pero ni siquiera eso ha animado al Gobierno español actual a aprobar una regularización, tal y como reclaman más de mil entidades.

EN EL CAMPO

—Hay gente que siempre dice: “¡Viva España!”. Viva España hay que decirlo aquí, en el campo.

Mamadou es trabajador del campo y activista. Su voz se oye cada vez más fuerte: varios de sus vídeos contra el racismo y para reivindicar los derechos de los inmigrantes se han hecho virales. Ha sido mantero, ha trabajado en la fresa de Huelva, en los campos de Jaén. Ahora está en Lleida trabajando y luchando para que los compañeros que duermen en la calle consigan un techo.

Nos sentamos con él en unos escalones de una calle aledaña al edificio de las pancartas que piden silencio para que los temporeros puedan dormir. Lleva un gorro verdiblanco, una camisa rosa, unos vaqueros. Serigne dice que tenía miedo la primera vez que grabó un vídeo. La primera vez que habló sobre su situación, sobre la de los trabajadores del campo. Dice que ya no tiene miedo. Dice que no parará. Sabe que muchos de sus compañeros, sobre todo los que no tienen papeles, no alzan la voz porque se sienten vulnerables. Muchos le dieron las gracias por decir lo que ellos sentían. Y eso lo anima a seguir.

Serigne Mamadou no quiere callarse.

—Lo hago por la gente que no ha tenido voz, para que finalmente pueda hablar, pueda denunciar. La gente tiene miedo, ya sea por estar en el campo, por la violencia, por el abuso institucional… Ahora tenemos que apoyarles para que también denuncien lo que pasa.

El campo necesita más mano de obra que nunca. Con la pandemia se ha intentado atraer a trabajadores que se han quedado en el paro, pero el intento de que la población local recogiera la cereza, según nos confirman payeses de la zona, ha sido en vano.

—Ahora los agricultores están llamando a la gente para que trabaje y nadie está presente —dice Mamadou en alusión a un campo necesitado de mano de obra, más aún en medio de la pandemia—. Nosotros vamos a estar en primera fila para dar la cara y daros de comer.

Hoy es 22 de mayo: han pasado unos días desde que hiciera un directo de Instagram con el actor Paco León. Serigne Mamadou tuvo que abandonar la conversación cuando se emocionó mientras describía la situación de los inmigrantes. Está ahora centrado en esa batalla: busca aliados para que más gente entienda el racismo que sufren.

—Cuando llegamos a Lleida no había lugares de alquiler, nadie nos quería alquilar —explica—. Fuimos al Ayuntamiento a protestar, éramos pocas personas. Distancia social, mascarilla y todo. Nos llamó la policía, nos detuvieron y nos denunciaron.

Las reiteradas promesas de encontrar alojamiento para todos han sido incumplidas, se queja. Están intentando hallar una solución.

Serigne interrumpe la charla varias veces: debe atender el teléfono. La última llamada es de alguien especial: lo notamos porque nos hace señas. Es Keita Baldé, futbolista del A.S. Mónaco. Serigne le explica la situación. Keita le dice que del alojamiento no se deben preocupar, que él se va a encargar de ello. Quedan en que lo hablarán en un directo de Instagram que harán de aquí a dos días. Serigne sonríe. Está convencido de que Keita cumplirá su promesa.

Tenemos un corro a nuestro alrededor. Hay un joven que quiere hablar. Se llama Ousmane Diouf: nació en Senegal y llegó a España en 2018 en patera. Es trabajador del campo. Pero no tiene papeles.

—Ahora cumplo 24 años y tengo muchas ganas de trabajar, pero no tengo permiso de residencia… Mira, en esta calle hay muchos jóvenes que quieren trabajo.

Dice Ousmane que sus padres, que viven en Senegal, están preocupados por el impacto de la pandemia en España.

—Yo les digo: “¡Tú tranquilo! No tengo ningún problema. Estoy bien, luchando…”. A mí me gusta estar aquí, pero la única cosa que quiero decir es que hay que ayudar a la gente para que tenga papeles.

Una de las activistas más vocales, desde hace años, en la defensa de los derechos de los temporeros en Lleida es Nogay Ndiaye, de la Plataforma Fruita amb Justícia Social. Ndiaye avisa de que es un problema estructural, con o sin pandemia.

—Las entidades implicadas hemos estado haciendo reuniones [con el Ayuntamiento] desde septiembre-octubre del año pasado. Hicimos propuestas. Habían presupuestado incluso unos bungalós para hacer pequeños alojamientos de dos o tres personas por bungaló. Llegamos a febrero, última reunión, llega la pandemia… y todo desaparece.

Ndiaye se muestra muy crítica con el Ayuntamiento, tradicionalmente socialista pero en manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) desde el año pasado. ERC se había mostrado indignada por la situación de los temporeros, pero la solución no ha llegado, lamenta Ndiaye.

—Les ha venido perfecto esto de la pandemia para tener la excusa.

Son dinámicas enquistadas, según Ndiaye, cuyo marco general es la ley de extranjería, que tiene un impacto directo en el campo.

—Es un sistema racista que oprime a los débiles, y los más débiles son los inmigrantes. Dependen de la ley de extranjería —dice Ndiaye—. Muchas de las personas que están en el centro histórico de Lleida tienen papeles y duermen en la calle igualmente porque no se está cumpliendo el convenio, pero hay otras que están en ese periodo de tres años en el que tienen que sobrevivir [sin documentación] y no tienen ningún ingreso. Van haciendo las campañas. Hay momentos en que hay picos grandes y no tienen suficientes trabajadores, y cogen a 25 más. Estos 25 están indocumentados y los tienen una semana.

Poco después de estas conversaciones, el futbolista Keita Baldé cumplió su promesa: alquiló un edificio entero para alojar a 90 personas que estaban en la calle. Es un inmueble que se ha tenido que acondicionar: varios hoteles y otro tipo de alojamientos rechazaron acoger a los temporeros pese a que Baldé lo pagaba, según denunció Ndiaye.

Un futbolista supliendo la labor de las administraciones.

HISTORIA DE LAS REGULARIZACIONES

En España las regularizaciones han sido aprobadas por Gobiernos de distinto signo ideológico: tanto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como del Partido Popular (PP). Incluso el dictador Francisco Franco hizo una. Las Cortes franquistas aprobaron el 14 de febrero de 1974 un decreto que permitió la regularización de 11.000 ciudadanos extranjeros, según el archivo personal sobre normativa de extranjería que atesora el abogado José Luis Rodríguez Candela. Hay que remontarse a 1852 para encontrar el primer real decreto de extranjería aprobado en España, según otro trabajo de documentación de Mazkiaran.

Rodríguez Candela, miembro de la Asociación de Abogados Extranjeristas, destaca las enormes diferencias de las seis regularizaciones que se han puesto en marcha en España desde que se creó la ley de extranjería en 1985, que han permitido que un total de 1.124.241 personas hayan accedido a un permiso de residencia desde 1986 a 2004.

La primera “regularización colectiva” de extranjeros en España surgió en 1986 con el reglamento que desarrollaba la primera ley, y permitió a 38.181 personas acceder a un permiso de residencia. El 7 junio de 1991 se produjo el único proceso que se llamó “regularización” como tal, y que incluyó a 109.137 personas. En 1996 llegó la de José María Aznar: 21.283 personas obtuvieron el permiso. El PP haría otras dos más: en 2000, coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva ley de extranjería (150.000 regularizados) y en 2001 vía reglamento (232.679 más).

La última, la llamada “normalización”, vino en 2005 de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo que 572.961 personas accedieran a la residencia. Con ese último real decreto de 2005 se introdujo la vía del arraigo como figura para obtener un permiso de residencia en España, en virtud del cual se deben demostrar tres años de residencia en el país, tener una oferta de trabajo y acreditar la ausencia de antecedentes penales. Esta sigue siendo casi la única salida a la irregularidad administrativa en España.

El Gobierno español actual, integrado por PSOE y Podemos, no ha hecho efectiva una regularización en medio de la pandemia. Para presionar al Ejecutivo, se ha puesto como ejemplos a Italia y Portugal, aunque sus medidas han sido limitadas: en Italia, la regularización solo incluye el sector agrario y mientras dure el estado de excepción; en Portugal, es específica para los que tenían ya en marcha algún proceso de tramitación previo a la pandemia.

La medida más importante que ha tomado España en la materia es la concesión de dos años de permiso de trabajo para los jóvenes extutelados de entre 18 y 21 años, que llegaron a España siendo menores, la mayoría en pateras, y que han estado trabajando en el campo durante este estado de alarma en la recolección, sobre todo de los frutos rojos en Huelva. Según fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, son menos de 300 los que se han acogido a esta medida. Un número bajo teniendo en cuenta que el Estado tiene registrados a 11.000 menores, a los cuales el Gobierno también permite trabajar una vez cumplidos los 16 años.

“Hemos perdido una oportunidad para los extranjeros y para el país, pero tal y como está de tensionado el Parlamento español, parece poco probable que prospere cualquier intento de plantear una regularización o una reforma ambiciosa de la ley de extranjería por el miedo a VOX”, sostiene una experta implicada en mecanismos oficiales de protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros, que pide el anonimato.

El contexto actual no es el de 2005, cuando la mayoría de las personas regularizadas eran trabajadoras del hogar, de la hostelería, la construcción, el sector servicios y unos pocos del campo. Hasta los profesionales extracomunitarios más demandados en la pandemia, los sanitarios, han seguido estrellándose contra el muro de la burocracia para conseguir ejercer por fin sus oficios en España. Médicas y enfermeros que tardan años normalmente en homologar sus títulos vieron cómo el Gobierno les abría una ventana rápida en la pandemia, pero menos de 350 pudieron culminar el proceso hasta que la administración española volvió a cerrarlo.

CUIDADORAS

El tono de llamada suena varias veces antes de que una voz femenina conteste al otro lado de la línea.

—¿Hola?

La respuesta se oye entrecortada: es un problema de cobertura, no de distancia. Estamos en la misma ciudad y nos separan solo unos pocos kilómetros, pero son infranqueables para ella. No es solo el estado de alarma, que a mediados de mayo aún restringe nuestros movimientos. Desde el 15 de marzo, Margarita no puede abandonar el apartamento en el que se encuentra para regresar a su casa, hacer ejercicio o ir al médico, a riesgo de perder su empleo.

Margarita no se llama Margarita, pero ese es el nombre que prefiere que le demos para evitar problemas en su trabajo, ese que le impide salir de casa. Ronda los 50 años y es auxiliar de enfermería; en su Colombia natal trabajaba en un centro sanitario.

—Y por un futuro mejor y esas cosas, una de pronto se viene acá.

Llegó a España hace más de dos años y estuvo cuidando a una anciana en su casa hasta que la trasladaron a una residencia; luego consiguió empleo asistiendo a una pareja nonagenaria de nueve de la noche a nueve de la mañana. Estaba contenta con su trabajo, dice, porque tenía el día para moverse, para “hacer otras cosas, otras exigencias; pero resulta que ahora no”.

Resulta que ahora no, porque llegó la pandemia y, con ella, la mayor sacudida social en años. En los momentos más críticos los focos se volvieron hacia los hospitales, hacia las residencias de ancianos, hacia el extraordinario esfuerzo del sector sanitario. Mientras tanto, en el interior de sus viviendas, muchos ancianos solos y dependientes eran cuidados por personas como Margarita: sin una situación administrativa regular, sin contrato, sin material de protección en condiciones, sin margen para reclamar mejoras si no quería perder el trabajo. Ella cobraba 750 euros al mes por cuidar al matrimonio todas las noches de la semana. Pero con la pandemia llegó el cambio.

—Como son personas mayores, su hijo me dijo: “Yo necesito una persona que se quede”. Y yo le dije, ¿que se quede cómo? “Que se quede. Si eres tú, no puedes entrar ni salir”. ¿Y qué voy a hacer en este caso? Pues quedarme.

Sus horas aumentaron, el sueldo no. Desde mediados de marzo tuvo que permanecer las 24 horas del día en la casa, volcada en los cuidados, y solo la última semana de mayo comenzó a salir unas horas los sábados y domingos.

Aquel fue el primer vuelco. El segundo, cuando el abuelo al que cuidaba enfermó mostrando todos los síntomas de la COVID-19. Llamaron a la ambulancia y fue trasladado al hospital, donde le hicieron la prueba: positivo. El anciano murió por coronavirus a mediados de abril.

—Júralo que yo tuve una depresión. Dios mío, qué hago. Ahora a esta casa no viene nadie.

Margarita pone énfasis en nadie, como si estirase la palabra hasta partirla en dos: na-die. En el apartamento conviven ahora la anciana, recién enviudada, y ella. Antes, dice, dos empleados del servicio de atención domiciliaria municipal acudían a prestar asistencia durante el día, pero cuando les informaron de que en esa casa había habido un fallecido por coronavirus, dejaron de hacerlo.

—Se espantaron. No volvieron. Para mí esto ha sido estresante, estaba súper estresada. Entiéndeme. Me duele todo, me duele la espalda, me duelen las piernas. Me siento… Me sentí tan mal que lo que hice fue arrodillarme y llorar.

Al conocer que el abuelo era positivo, Margarita contactó con el ambulatorio. Le dijeron que mientras ni ella ni la abuela mostraran síntomas, no les harían el test. Que se tomaran la temperatura varias veces al día y, en caso de que tuvieran fiebre, les avisaran. Al otro lado del teléfono la voz de esta auxiliar de enfermería no oculta su enfado por la incertidumbre, porque al haber estado en estrecho contacto con un positivo por coronavirus, tanto a la abuela como a ella deberían hacerles las pruebas, dice.

—Yo he escuchado que a futbolistas sí se lo han hecho… ¡Esto es un caso prioritario, creo yo!

Hasta ahora, ninguna de las dos ha tenido síntomas. Margarita ha recibido material de protección —mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico— de la asociación de mujeres migrantes a la que pertenece, y extrema las precauciones cuando tiene que salir a comprar “por ejemplo en la farmacia, o algunas cosas de la casa, los pañales [de la anciana], los medicamentos, la leche, cosas así”.

La abuela, con algunos síntomas de demencia, a menudo no termina de entender la situación, pero sí es consciente de que su marido ya no está. Y también de que ya no puede salir a la calle.

—Ahora dice que de la casa solo la van a sacar con los pies para delante; a mí me afecta.

En esta situación, ¿ha tenido posibilidad de renegociar sus condiciones laborales?

—Yo la otra vez le hablé de un contrato a la familia. Se quedaron mudos, o más bien se pusieron como molestos. Así que no les he vuelto a insistir. ¿Por qué? Porque me quedo sin trabajo. Y así estamos muchas compañeras, muchísimas.

Sin vacaciones —excepto una ocasión en la que los familiares se llevaron al matrimonio de veraneo un par de semanas, en las que suspendieron el sueldo de Margarita—, sin bajas, sin salario mínimo, sin horas extra, sin protección más allá de las redes de solidaridad tejidas entre las propias compañeras. Cuando Margarita planteó la posibilidad de que, aunque fuera sin contrato, le subieran el sueldo por estar como interna por el coronavirus, con una anciana dependiente a la que “hay que hacerle todo”, los familiares alegaron su propia falta de recursos.

Ella tiene claro que la causa de la desprotección en la que se encuentra radica en su situación administrativa irregular, pero responde rápido si alguien apunta a que no tiene documentos.

—Como soy una extranjera, supuestamente no tengo documentos. Yo documentos sí tengo; que no tenga una identidad española es diferente. “¡Pero no, eres indocumentada!”, dicen. Yo no soy ninguna indocumentada. Yo tengo mi pasaporte que reza mi nombre. Como que ni supiera de dónde soy y de dónde vengo. Con esa cuestión la gente quiere… Como una tiene necesidad, vamos a llamarla así, tienes tu familia allá y tienes que mantenerte aquí…

Su voz se queda colgada en el vacío. Tras un momento, continúa.

—Una viene con metas, con sueños. Somos personas profesionales que queremos salir adelante. Nos encontramos con esa frustración aquí.

Habla de compañeras a las que han despedido de la noche a la mañana, “así como bota uno la basura”, y que se han quedado en la calle por no poder pagar la habitación en la que vivían; o de los sueldos de entre 400 y 500 euros al mes que, antes de la pandemia, cobraban algunas por deslomarse en jornadas diarias de más de ocho horas. Ninguna de las compañeras que menciona llega, ni de lejos, al salario mínimo interprofesional, que establece, por 40 horas semanales, 950 euros brutos mensuales con 14 pagas y 30 días de vacaciones al año; o, en caso de un contrato por horas, un mínimo de 7 euros la hora. Todas las reclamaciones de Margarita se condensan en una sola: un decreto que regularice su situación.

—Lo que yo veo es que nunca nos han tomado en cuenta a nosotras, las mujeres trabajadoras del hogar, sabiendo que la sociedad española se beneficia de nosotras. Si vamos y hacemos un salto de casa por casa, se encuentran puras extranjeras trabajando y haciendo el cuidado del hogar.

En España hay unas 400.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social como empleadas del hogar. La última Encuesta de Población Activa indicaba por su parte unas 600.000 personas ocupadas en este sector. El cruce de ambas cifras apuntaría a que una de cada tres trabajaría en la economía sumergida. De las afiliadas, un 95% son mujeres y el 42% son extranjeras. Pese a cotizar en la Seguridad Social, lo hacen en un régimen especial que no contempla subsidio de paro. Un estudio de 2018 de Oxfam Intermón y la Universidad Carlos III de Madrid cifraba a su vez en más de 630.000 las personas que se dedican al trabajo del hogar en España y apuntaba a que la mayoría, un 57%, son mujeres migrantes.

—Las cuidadoras de domicilios privados se consideraron esenciales mediante el Real Decreto [el Real Decreto-Ley 10/2020 del 29 de marzo]. Esenciales, pero no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores considerados esenciales, ni para acogerse a un ERTE, ni para acogerse a prestación: muchas no están dadas de alta en la seguridad social.

Habla la hondureña Carmen Juares, una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, red integrada por unas 400 trabajadoras del hogar y de los cuidados en Cataluña. En medio de la crisis por el coronavirus, el grupo de WhatsApp que comparten estas trabajadoras echa humo con relatos de situaciones sangrantes. Las más habituales son aumentos de jornadas por el mismo salario, dice, y despidos de la noche a la mañana sin ningún tipo de indemnización. Solamente tres de las 400 mujeres de la asociación pudieron pasar el confinamiento en sus casas sin que los empleadores le retiraran el sueldo. Tres de 400, insiste Carmen con una mezcla de enfado y frustración.

Muchas otras, continúa, se han jugado su salud por falta de recursos y material de protección, como la trabajadora que de madrugada tuvo que acompañar a urgencias al abuelo que cuidaba. El hombre dio positivo por coronavirus, pero era el pico de la pandemia y, con los servicios sanitarios saturados, del hospital lo devolvieron a casa. La cuidadora lo comunicó a los familiares, pero estos le negaron de forma rotunda guantes y mascarillas alegando que se los tenía que comprar ella con su dinero, “ya que formaba parte del desarrollo de su trabajo”. Con un sueldo de 700 euros al mes como interna seis días a la semana y un hijo en su país de origen, no disponía de efectivo. “A los días nos llamó, que estaba con tos y fiebre alta”. Cuando explicó a los familiares que parecía haberse contagiado con el virus, “la respuesta fue que si quería seguir trabajando que lo hiciera, pero que cuando ya no pudiera lo comunicara y buscarían a otra persona”. Aquello era sinónimo de quedarse en la calle. “Lleva trabajando allí dos años y está en proceso de regularización. Es aquello que la ley de extranjería te obliga a aceptar”.

Este caso ocurrió al inicio de la pandemia. Poco después, la asociación comenzó a recibir donaciones de material y pudo repartirlo entre las trabajadoras en situaciones de mayor riesgo. También han abierto una colecta solidaria para poder respaldar a aquellas a las que la emergencia del coronavirus ha dejado sin ingresos, en ocasiones sin techo, y a menudo con menores a los que mantener. La situación se repite en todo el país: las asociaciones creadas por las propias trabajadoras son, para muchas, el único colchón para hacer frente a la pobreza.

Carmen Juares insiste en que para resolver el problema estructural del sector hay que hacer una labor pedagógica y de sensibilización que desemboque en la regularización de las migrantes, en contratos, en un cambio de mentalidad de la sociedad.

—Se dice: “Le pago a la chica para que venga unas horitas…”. No, no. No es la chica, es una persona trabajadora con nombres y apellidos. Muchas tienen formación, son profesionales del cuidado. Pero se las ve como la chica y no como una relación laboral.

Incluso en sectores de la sociedad que se consideran feministas y progresistas, añade, está normalizado el hecho de emplear a una cuidadora en condiciones precarias.

—Hay mujeres que sí, han roto el techo de cristal, pero mientras otras estaban recogiendo los vidrios. Tenemos tan interiorizado el papel de las personas de origen migrante, que no nos preguntamos por sus necesidades.

VIDAS INVISIBLES

En las estadísticas oficiales constan 5.663.348 residentes extranjeros en España. La mayoría (unos 3,4 millones) son del régimen comunitario, sobre todo de Reino Unido, Italia y Rumanía, y 2,2 millones son extracomunitarios, con Marruecos, China y Ecuador a la cabeza. Pero es interesante fijarse en un dato: más de 1,8 millones se consolidaron como residentes de larga duración, es decir, el 85,5% de todos los residentes extracomunitarios regulares en España.

Solo en 2019, más de 400.000 personas consiguieron diversos tipos de permisos de residencia en España. De ellos, según consta en las estadísticas de la secretaría de Estado de Migraciones, 38.567 lo lograron por la vía del arraigo y 39.249 por las llamadas “razones humanitarias o excepcionales”.

¿Qué pasa con quienes están en situación de irregularidad administrativa? ¿Qué pasa con quienes no están en las estadísticas? Los colectivos que piden una regularización estiman que esta beneficiaría a 600.000 personas, pero las fuentes especializadas en migración consultadas para este reportaje aseguran que este dato es imposible de calcular.

En el conjunto de Europa las estimaciones de estos trabajadores invisibles ascienden a entre 8 y 10 millones. Pero son solo estimaciones. Los que malviven en las chabolas de Lepe, los que están a la intemperie en Lleida o las trabajadoras que han pasado la pandemia cuidando de los mayores en sus casas no aparecen en ninguna estadística. No forman parte de los 272 millones de personas que tienen la etiqueta de migrantes en el mundo, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), porque la ley las borra del mapa.

La pandemia ha logrado lo que las oenegés tanto habían reclamado durante años: el cierre de todos los Centros de Internamiento de España, los polémicos CIE, aunque Interior asegura que se trata de una medida temporal y que volverán a abrir sus puertas. Sin embargo,1.700 personas han estado encerradas, hacinadas y forzadas a incumplir todas las recomendaciones sobre el confinamiento en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde más de 200 niños y mujeres, muchas en situación vulnerable, han llegado a compartir un espacio ideado inicialmente para solo 600 plazas en medio de una pandemia global. La mayoría son solicitantes de asilo de Yemen, Siria, Túnez o Marruecos, a los que Interior vulnera su libre circulación por el territorio español una vez piden protección.

TIEMPOS DIFÍCILES

Malang Fatty lleva los auriculares puestos pero no escucha nada. Mira la pantalla del móvil y se whatsappea con un amigo, le pregunta qué tal, qué haces. Su rictus no cambia durante la conversación, así que es imposible adivinar el tono de las respuestas. Tampoco sería sencillo leer sus gestos. Malang lleva una gorra de camuflaje con unas letras naranjas de los Yankees de Nueva York y una mascarilla le cubre la mitad de la cara. Como está sentado en un muro bajo de ladrillos rojos, los pies le quedan colgando a unos centímetros del suelo. Los balancea y levanta la cabeza. Su vista se pierde al otro lado de la calle, donde hay una sucursal bancaria de letras azules y blancas y a su izquierda unas palomas picotean despreocupadas en el suelo. Encima de ellas hay una placa con el nombre de la plaza: Plaça Solidaritat.

Antes, explica Malang, pasaba bastante por esa plaza o iba a caminar por la playa, que queda cerca, pero ya no tanto.

—Tough times, man —dice en voz baja: tiempos difíciles—. Salgo muy poco a la calle, a comprar al supermercado o a hacer algún recado, pero poco más. Desde que empezó todo, prefiero no salir de casa, hay más policía y te pueden parar para pedirte los papeles y ponerte una multa.

Desde que empezó todo: desde que la pandemia vació las calles de medio mundo y a migrantes como Malang los dejó sin red. Su historia, más allá de los matices geográficos, es la de cientos de miles de migrantes subsaharianos en Europa. Llegó hace cinco años en patera a Italia desde su Gambia natal y, tras buscarse la vida como temporero en el sur de España, se fue a Barcelona, donde pensó que le cambiaría la suerte y podría conseguir papeles. No fue así. Ahora vive en Blanes, una localidad a 70 kilómetros de la capital catalana donde empieza la Costa Brava, y recoge chatarra o trastos viejos que repara para vender después. Recogía: desde que se decretó el estado de alarma, no ha podido salir de ronda por la noche a escarbar en los contenedores, al menos hasta la semana pasada. Si antes sus ingresos eran escasos, ahora son cero. Sobrevive porque vive en un piso compartido a cinco minutos de la Plaça Solidaritat con otras siete personas, dos de Costa de Marfil y el resto gambianos como él, y sus compañeros de piso son además su sostén.

—Entre alquiler, electricidad y comida, cada uno ponemos entre 120 y 150 euros al mes. Algunos trabajan y tienen papeles, pero yo no. Me cubren un poco.

En casa solo reciben un pequeño empujón externo. Cada miércoles, van a la sede de Cáritas para llenar un carrito de la compra de color pistacho con alimentos de primera necesidad. Les dura tres días.

Tough times. Tiempos difíciles.

Malang lleva mal la pobreza y la incertidumbre, pero peor el sentimiento de culpa. Él lo llama nostalgia, y debe de serlo también, pero cuando lo dice baja la mirada avergonzado y se delata.

—Antes mandaba dinero cuando podía. A veces 20 o 50 euros. Lo que podía. Ahora no puedo y sé que ellos lo notan.

La crisis económica generada por la pandemia y el confinamiento ha provocado la caída más abrupta de remesas de la historia reciente. Se prevé que este año los migrantes envíen a sus familias algo más de 390.000 millones de euros, un 19,7% menos que el año anterior. En África subsahariana el desplome estará por encima de la media (23,1%). Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo especializado de las Naciones Unidas, cada año 200 millones de migrantes envían una media de entre 200 y 300 dólares a sus familiares, especialmente en zonas rurales de países pobres. La cantidad supone, también de media, el 60% de los ingresos de esas familias. La interrupción de ese dinero salvavidas no solo significa la pérdida de un flujo económico vital, también es un obstáculo para el progreso. Aunque tres de cuatro dólares de las remesas se invierten en alimentos y otras necesidades básicas, el resto se invierte mayoritariamente en educación, así que un descenso en las remesas afecta directamente a esta última partida.

Las pocas veces que Malang no puede más y se atreve a salir de casa, baja a la playa a airearse un poco. El rumor de las olas, dice, le transporta a la playa de Tanji, donde iba con su madre o su hermano Abubakar a comprar pescado. En la arena, piensa en su madre, su padre enfermo y sus otros dos hermanos pequeños. Sobre todo en ellos dos.

—El camino a Europa es difícil. Se sufre mucho. Yo vine aquí para ayudar a mi familia y pagar la escuela de mis dos hermanos. Me siento responsable de eso y más en estos momentos.

En estos momentos. En estos tiempos difíciles.

A nivel sanitario, África no ha sufrido hasta ahora un impacto tan brutal de la pandemia como los países occidentales. Aunque ya ha superado los 207.000 infectados y las 5.500 muertes, la cifra supone menos del 3% de los positivos mundiales y el 1,3% de las muertes, pese a que el continente alberga al 17% de la población del planeta. A nivel económico es otra historia. Las rápidas y drásticas medidas de la mayoría de Gobiernos africanos, que ordenaron el cierre de fronteras y mercados, unidas a la caída del precio del petróleo y el estancamiento del comercio internacional, detendrán en seco el crecimiento de los últimos años. A causa del coronavirus, el Banco Mundial prevé la primera recesión en la región en los últimos 25 años. La crisis combinada en Europa y Estados Unidos, de donde provienen la mayoría de las remesas hacia países africanos, ahondará en la herida de millones de familias. Gambia recibirá una estocada descomunal. Aunque a nivel cuantitativo Nigeria, Ghana, Kenia y Senegal son los países que más dinero reciben de las remesas, el país más pequeño de África es el tercero más dependiente de los envíos de efectivo desde el extranjero, solo por detrás de Sudán del Sur y Lesoto. Un 15,5% del Producto Interior Bruto gambiano, el triple de los ingresos por turismo, proviene del envío de dinero más allá de sus fronteras.

Sentado en el sofá de su casa, Malang cambia de canal en la televisión hasta que da con un partido antiguo del F.C. Barcelona contra el Arsenal inglés. Lo deja. En la pantalla, Abidal lanza un patadón a Nasri y lo derriba; falta indiscutible, pero Malang mira la escena inmutable. Está solo en el comedor. El resto de compañeros de piso ha desaparecido en la cocina o en sus cuartos compartidos, desconfiados por la presencia de un periodista en la casa. Malang se ha quitado la mascarilla y la arruga en la mano izquierda, posada sobre el brazo del sofá. Está inquieto. Coge el teléfono y llama. Contesta su madre, Kumbafaya, desde Gambia. Al principio, Malang pregunta por la salud de su padre y por cómo el virus está afectando a la familia y al país. Ella le pregunta si está bien de salud y está contento. Casi al final, después de un breve silencio, Malang se arma de valor y lo dice:

—Mamá, no podré enviar dinero.

—Si tuvieras, sé que nos enviarías.

—Es debido a mi situación y al coronavirus, ¿sabes?

—Que Alá haga tu lucha fácil.

—Amén.

—Que los extranjeros sean amables contigo.

—Amén.

—Que no seas víctima de tu situación.

—Amén.

—Que los hombres blancos sean buenos contigo.

—Amén.

Los derechos de las empleadas de hogar en estado de alarma

El pasado 30 de marzo se celebró el día internacional de las trabajadoras empleadas del hogar. Unos pocos días más tarde, el 4 de Abril, la asociación Encuentro y Solidaridad organizó una charla on line titulada “Los Derechos de las Empleadas de Hogar en Estado de Alarma”, con la colaboración de Carolina Elías, presidenta de la asociación SEDOAC (Servicio Doméstico Activo). SEDOAC, desde hace más de 10 años, aglutina a mujeres de diferentes nacionalidades que cansadas de pertenecer a un sector invisible, vulnerable y precario deciden unir sus fuerzas y luchar por la igualdad plena de los derechos: laborales, políticos, sociales, económicos y civiles de todas las trabajadoras de hogar y de los cuidados en España.

Carolina habló de la situación en la que se encuentran estas trabajadoras domésticas en medio de estos días tan difíciles con la crisis del Covid-19.

En la misma semana en que se celebró la charla el Gobierno anunciaba un subsidio extraordinario para empleadas del hogar que cubriría el 70% de la base cotizable del salario. Carolina reivindicó que las medidas del gobierno son totalmente insuficientes: ¿qué ocurre con todas las trabajadoras que no tienen contrato? Se estima que 1 de cada 3 empleadas del hogar está empleada irregularmente, un dato que creemos dista mucho de la realidad, siendo un porcentaje superior. ¿Y qué ocurre con aquellas inmigrantes sin papeles? O ¿con aquellas que se encuentran en régimen de ’internas’?

Hay que exigir a este gobierno la derogación de la ley de extranjería, para así acabar con la condena de nuestras hermanas inmigrantes que las condena a trabajos de semiesclavitud. Además la medida no contempla algo generalizado y es que muchas de las trabajadoras, en el caso de estar dadas de alta en el sistema de Seguridad Social, no tienen contrato por escrito, las horas de trabajo y salario es solo por acuerdo verbal con el empleador. Y una de sus reivindicaciones también es el hecho de poder tener acceso a la prestación por desempleo, algo a lo que este sector no tiene derecho. Además se calcula que 200.000 trabajadoras lo hacen sin cobertura a la seguridad social, quedando así excluidas de esta medida.

Es necesaria una renta de cuarentena que ayude a las personas y familias que hoy se quedan sin posibilidad de ingresos. El gobierno sólo ha tomado medidas cosméticas para el conjunto de la clase trabajadora, siendo claramente los grandes capitalistas los grandes beneficiados de esta crisis. Una retórica de que “nadie se va aquedar atrás” que para las empleadas domésticas, como para millones de trabajadoras y trabajadores, es totalmente insuficiente.

Carolina animó a todas las mujeres a organizarse y a pelear por sus derechos porque “solo luchando juntas vamos a poder transformar nuestra realidad”.

Al finalizar la charla, las personas que participaban vía on line realizaron preguntas sobre circunstancias laborales concretas que estaban padeciendo, a las que Carolina contestó aclarando sus dudas. Carolina Elías es licenciada en derecho en San Salvador y desde Encuentro y Solidaridad de Navarra le agradecemos a ella y a su asociación, SEDOAC, su aportación en la visibilización y dignificación de las condiciones laborales de las trabajadoras de hogar y de los cuidados.

 

¿Quién se acuerda de los trabajadores españoles de la logística en la Holanda del Covid-19?

La crisis sanitaria está visibilizando de forma dramática las costuras de la actual división social y territorial del trabajo. En esta división funcional y especializada del trabajo que tiene Europa, Holanda alberga decenas de miles de trabajadores españoles en el sector de la logística, que han ido llegando al país en los últimos años, y que cuentan, según la investigación que hemos realizado, con unas condiciones laborales y de alojamiento deplorables que pueden estar empeorando severamente con la pandemia. Holanda, el mismo país que ahora lidera la negativa para apoyar económicamente a sus socios europeos más sacudidos por la pandemia del Covid-19, como España.

Almacen en Róterdam. REUTERS

Alertamos sobre la situación del colectivo de españoles en el sector de la logística holandese que no se siente reconocido en los aplausos ni en el esfuerzo colectivo contra la epidemia, por la sencilla razón de que ya no están en España. Tuvieron que salir, como muchos otros cientos de miles, cuando la otra crisis, y emigraron, a Holanda. Hoy trabajan en los grandes almacenes de logística, en torno al puerto de Rotterdam, el primero en volumen de carga y distribución, y se cuentan los que han pasado en los últimos años, sólo los españoles, por cincuenta mil. Son los trabajadores y trabajadoras que se activan cuando desde nuestras casas hacemos una compra por internet, en Amazon o cualquier otra plataforma de e-commerce. Hoy están trabajando más que nunca, y se encuentran, en pleno desarrollo de la epidemia, en una situación más que inquietante debido a sus condiciones de alojamiento y trabajo.

Emigrantes desde 2008

Hace tres años que nuestro colectivo de investigación está trabajando con algunos de ellos/as. Se trata de personas que fueron expulsadas cuando reventó el modelo productivo español, de 2008 en adelante, el de la burbuja y el endeudamiento privado. Los perfiles que hemos ido encontrando son muy heterogéneos, pero todos responden a un patrón común: en España ya no había perspectivas de futuro laboral y Holanda ofrecía oportunidades. Algunas agencias de reclutamiento (ETT) con matriz holandesa han sabido explotar estas circunstancias y se extendido su área de captación desde el este europeo a los países del sur, los más golpeados por la crisis. Su éxito radica en que proponen una línea de fuga, una salida digna llena de «facilidades» a todos estos perfiles que sólo tienen como condición saber un mínimo de inglés:»nosotros nos encargamos del alojamiento y del transporte, tú sólo te tienes que preocupar de trabajar».

Desde hace varios años, los grandes macroalmacenes de logística se han venido instalando en Holanda (y en otros puntos de Europa), en torno a los puertos, generando una enorme riqueza y demanda de empleo de toda condición. Podría haber hoy en los Países Bajos hasta 2 millones de trabajadores extranjeros, aunque los datos oficiales sólo contabilizan 500.000. Igual sucede con los trabajadores españoles. En los estudios estadísticos hemos contabilizado el paso de al menos 50.000 emigrados de España para el sector de la logística, que no son reconocidos en toda su dimensión por el país receptor en las estadísticas oficiales. Son trabajadores y trabajadoras que por su condición temporal, precaria y de irregularidad administrativa podríamos decir que casi no existen. Estos macroalmacenes operan como «pulmones» en los flujos globales continuos de mercancías entre la periferia del mundo y el centro de Europa como gran consumidor. Comprendemos así como se está transformando el modelo productivo europeo: estos macroalmacenes son capaces de distribuir, en tiempo real, en casa del consumidor/a virtual, millones de productos fabricados en los países llamados emergentes, por empresas y capitales que, desde los años 1980, han venido deslocalizando masivamente la producción industrial. Y una parte de la mano de obra, progresivamente liberada, ha sido empleada en estos grandes almacenes, primero en proveniencia de los países del Este (Polonia, Lituania, Bulgaria), y a partir de los años 2007, también del sur de Europa. Hoy la población española constituye el segundo o tercer contingente más importante en número.

Los diferentes macroalmacenes que reciben, gestionan y derivan la mercancía están así articulados, en tiempo real, a almacenes de mano de obra, lista para ser utilizada de manera óptima. Estas personas, son puestas en un tiempo de espera de una llamada que los activa, un día tras otro, de manera imprevista, para ir a trabajar. Si el teléfono suena, y los trabajadores no responden, reciben un warning, y al cabo de tres warning, pierden el empleo. Si se pierde el empleo, se pierde el alojamiento. El contrato «cero horas» es el dispositivo jurídico que permite contratar a alguien, una cantidad variable de horas, de manera a ajustar de modo óptimo la oferta de mano de obra a los requerimientos del proceso productivo.

Incremento de pedido online durante la pandemia

Así viven y trabajan las personas que se encuentran detrás del click con el que compramos on line una mercancía, también ahora que estamos confinados, más o menos cómodamente, en nuestros domicilios. Se está dando la paradoja de que nuestro confinamiento incrementa los pedidos de venta on-line y convierte en indispensables a unos colectivos absolutamente desprotegidos de la posibilidad del contagio.

Y es que efectivamente la crisis sanitaria global del Convid 19 se concreta en este escenario laboral, el de los trabajadores inmigrantes movilizados por la logística holandesa, cuya desprotección laboral deviene ahora en incertidumbre vital. De repente nuestros/as compatriotas que están trabajando allí en condiciones deplorables ven amenazados sus puestos de trabajo, es decir, aquello que únicamente les vincula con un país mantiene una legislación muy permisiva con las ETT y por tanto muy lesivas con su personal.

Pero sobre todo ven un riesgo potencial de contagio en sus lugares de residencia -en muchos casos viven en camping o albergues colectivos donde entra y sale mucha gente y en los que es imposible mantener distancias mínimas de seguridad- o en los medios de transporte empleados por las empresas para desplazarlos al lugar de trabajo, en los que tampoco se respetan normas básicas para prevenir el contagio. Temen enfermar, es más, tienen pánico de enfermar en un país extranjero, en el que a menudo desconocen cómo acceder a servicios mínimos y en el que perder el trabajo es prácticamente quedarse sin un recurso vital para su subsistencia. Si pierden su trabajo la ETT que los emplea también los dejará sin alojamiento y sin seguros sociales, en la calle.

Los testimonios recogidos estos días por parte de los trabajadores y trabajadoras del sector logístico nos indican que hay un claro incremento de la carga de trabajo sin una correspondiente atención a las medidas higienicosanitarias que obligaría la pandemia.

El sindicato neerlandés FNV ha confirmado que las ETTs, aunque en primera instancia se comprometieron con seguir las instrucciones de la autoridad competente en materia de salud, estás, en realidad no se cumplen, por lo que no acontece la mejora prometida.

Creemos que dadas las circunstancias las instituciones españolas deberían presionar a las holandesas para que protejan en términos de salud, empleo y condiciones de vida a la población extranjera que trabaja en torno al sector logístico que hoy están alojados en albergues o camping holandeses preguntándose qué va a ser de sus vidas.

Equipo de investigación sobre trabajo desplazado compuesto por diferentes docentes y profesionales de la investigación social (en colectivo enHolanda)
Andrés Pedreño (Universidad de Murcia)
Pablo López (UCM)
José Calderón (Universidad de Lille)
Antonio Ramírez (Universidad de Murcia)
Sander Junte, Javier González, Monsterrat Matamala y Fernando Sabín (Andaira Investigación Social)
Fuente: Público

“Ahora más que nunca, con las personas olvidadas” #CírculosDeSilencioEnCasa

La situación de “Estado de alarma” decretada por el gobierno español ante la epidemia del coronavirus ha supuesto el masivo confinamiento de la población en los hogares, resumido en el hashtag #QuédateEnCasa. También ha conllevado una gravísima crisis económica, con la apertura de ERTEs en innumerables empresas y la pérdida de empleo para muchos cientos de miles de personas. Mientras, los contagios aumentan y las víctimas del virus no dejan de multiplicarse. Con ellas, crece el dolor y la preocupación de las familias.

En estas circunstancias, no podemos dejar de alzar la voz por las personas migrantes, que encarnan, muy a pesar suyo, a las víctimas de siempre, también de ahora. Ellas han encontrado sus posibilidades de sobrevivir en trabajos muchas veces precarios que exigen deambular por las calles -manteros-; ellas han asumido muchos de los trabajos de cuidados en los hogares españoles; ellas afrontan también en un elevado porcentaje tareas agrícolas en condiciones a menudo muy difíciles; ellas -en especial las mujeres- son víctimas de la trata y se ven abocadas a la prostitución; ellas, por último, se encuentran a menudo recluidas en los CIEs por no cometer más delito que haber huido de las guerras, el hambre, la pobreza…

Son también no pocas personas migrantes, junto a otras muchas empobrecidas y marginadas, las primeras que no pueden cumplir el requerimiento del gobierno de recluirse en sus hogares porque viven en la calle o en campamentos improvisados junto a las grandes explotaciones agrícolas donde trabajan o en prostíbulos o en cárceles o en los CIEs, o en pisos diminutos que comparten porque no pueden permitirse nada mejor, igual que muchas otras personas víctimas de la pobreza y la exclusión… En definitiva, hablamos de una parte de la población, de vecinos y vecinas que no pueden cumplir el requerimiento del gobierno porque no tienen casa, porque no tienen algo a lo que puedan llamar hogar.

Estos días hemos recibido con esperanza la noticia de que están “desalojando” algunos CIEs (en Aluche, Barcelona, Valencia…) para evitar el contagio de sus internos. Pero no somos ingenuos: la medida se debe a las reclamaciones de las organizaciones de derechos humanos, a las protestas de los internos y a la preocupación porque haya allí un contagio masivo que ponga -más aún- en evidencia las condiciones de hacinamiento en las que (mal)viven los internos, y sobre todo se debe a la imposibilidad de expulsarlos por el cierre de fronteras. En todo caso, El Defensor del Pueblo ha solicitado al Gobierno, sumándose a la reclamación de numerosas organizaciones y colectivos, la liberación de todas los inmigrantes de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de España. Enseguida surge la pregunta de si las personas allí recluidas recibirán opciones para acogerse en condiciones dignas bajo un techo. De momento, el gobierno libera a las que tienen residencia estable; para las que carecen de ella, dice estar buscando alternativas humanitarias… que esperemos lleguen lo antes posible.

Recientemente, Leilani Farha, relatora especial de Naciones Unidas, era muy clara al referirse a la situación de muchas familias y personas sin una vivienda digna: “Insto a los estados a que tomen medidas extraordinarias para garantizar el derecho a la vivienda para que todos puedan protegerse contra la pandemia”. Y añadía con rotundidad: “La vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa contra el coronavirus. El tener un hogar, ahora más que nunca, es una situación de vida o muerte”. No se puede hablar más claro.

Por todo ello, nos sumamos a muchas personas, organizaciones y colectivos de derechos humanos y exigimos:

  • Frenar las repatriaciones y cualquier otra medida de orden judicial o administrativo que ponga en riesgo a personas que ante todo deben tener garantizadas las necesarias medidas de protección sanitaria. Recordemos además que el mantenimiento de estas políticas solo contribuye a coartar la consulta de las personas migrantes sin papeles en los centros de salud cercanos.
  • Cerrar los CIEs y ofrecer alternativas habitacionales dignas a las personas que no tengan una vivienda estable; además, deberán garantizarse condiciones de seguridad sanitaria adecuadas en todos los albergues y alojamientos para personas sin residencia fija que estén allí de forma temporal, mientras no se les ofrece una alternativa más idónea.
  • Combatir y denunciar las afirmaciones de carácter xenófobo que busquen estigmatizar a las personas migrantes, especialmente cuando proceden de organizaciones y medios con evidente poder mediático.
  • Compromisos explícitos por parte de los poderes políticos y mediáticos para promover una información argumentada en positivo sobre las aportaciones que hace la población migrante y refugiada a nuestra sociedad, al tejido económico mediante el consumo y el pago de impuestos, a la potenciación de los cuidados, a los trabajos en la agricultura y la construcción, a la recuperación y regeneración del tejido social, cada vez más envejecido…

En estos días, como si despertáramos a una nueva realidad, somos más conscientes que nunca de lo que es importante en la vida: la libertad de movimientos, de desplazarte a donde te plazca (los vuelos procedentes de España han sido restringidos en muchos países); el placer de gozar de un paseo, sin rumbo fijo, solo porque sí; la alegría de encontrarse con las personas amigas, con las vecinas, con la gente de nuestro entorno; la maravilla de la caricia, del beso, del abrazo; el valor de los trabajos de cuidados y de quienes producen nuestros alimentos, en manos muchos de ellos de las personas migrantes y precarizadas…

Surge una esperanza… Esta crisis ha puesto de manifiesto nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Acaso ahora, que han caído nuestras seguridades, acaso ahora, que el estado de bienestar se tambalea, podamos liberarnos de los miedos que llevaron a cerrar todas las fronteras a las personas migrantes y refugiadas. Tal vez podamos, ahora, por fin, abrir los ojos y los brazos a quienes vienen del sur buscando un mundo mejor y pueden ayudarnos a construirlo.

Podríamos terminar este manifiesto exigiendo un cambio en las políticas migratorias en nombre de las víctimas, porque hemos asumido tácitamente ese juego del lenguaje que nos lleva a distinguir entre nosotras y ellas, las otras, los de fuera. Pero no queremos caer en ese juego. Así que lo vamos a hacer en nuestro propio nombre, en nombre de buena parte de la sociedad española y europea, que quiere otro mundo posible, necesario y cada vez más urgente. En nombre de muchas personas, organizaciones y colectivos; en nombre de una dignidad manchada y escarnecida; en nombre de una vergüenza infinita; en nombre, también, porque son fruto nuestro, de nuestras víctimas, que pueblan los fondos del mar Mediterráneo.

Un poeta escribió una vez: “Vendrá un día más puro que los otros […]. Un fulgor nuevo envolverá las cosas”. Vendrá un día más puro que los otros, un día en el que la solidaridad sea el pan tierno de cada día, un día en el que ya no haya CIEs, refugiadas, sin papeles, extranjeras, sin hogar, maltratadas, explotadas, ninguneadas, olvidadas, nadies…

Ese día puede ser HOY.

#CírculosDeSilencioEnCasa

«Aprendemos juntos» a lavar la imagen de la banca

Actualmente la banca utiliza diferentes medios para su lavado de imagen. Especialmente nos llama la atención una serie de vídeos que han lanzado bajo el título “aprendemos juntos” que ha sacado BBVA. Nos gustaría hacer un análisis de uno de ellos, en el que BBVA y el El País denuncian a través del testimonio de un inmigrante, el sufrimiento que padecen los emigrantes que tratan de llegar hasta Europa.

El vídeo conecta con el público, identificándose emocionalmente con un drama que sufren millones de personas, haciendo ver que los inmigrantes se juegan la vida al tratar de llegar a Europa, pero no profundiza en las causas que lo producen, que son el hambre, las guerras y la esclavitud. Mientras los gobiernos no hagan una legislación de acogida en lugar de persecución, seguirán existiendo miles de muertos en el mar, en los desiertos….

Además se publicita una ideología individualista donde hace ver que cada uno debe resolver sus problemas sin responsabilizar a los gobiernos y multinacionales. Es un intento de lavar su imagen socialmente a través de proyectos de microcrédios que atacan gravemente a la caridad, en especial la caridad política, un buenismo que limpia su imagen y sus conciencias.

En definitiva ambas instituciones pretenden buscar un cambio de imagen donde se les vea como ONG, pero las inversiones las van a seguir haciendo en empresas que generan esclavos en serie, aunque luego se justificarán con que hacen inversiones en banca ética. Tienen todos los productos para ofrecer según tu ideología o necesidad. Pero nunca harán una denuncia clara de las causas y consecuencias de la inmigración.

En algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma social y miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una mentalidad xenófoba, ante la que hay que reaccionar con decisión.

Las naciones más prósperas tienen la obligación de acoger, en cuanto sea posible al extranjero que busca seguridad y medios de vida que no pueden encontrar en su país de origen. Los poderes públicos deben velar para que se respete el derecho natural.

A los responsables de las empresas, les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y social de sus operaciones, están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias.

Por ello, nos parece que este tipo de vídeos donde se utiliza la imagen de los inmigrantes sin entrar a hacer un análisis profundo de la inmigración, y donde sí ofrecen sus productos para lavar  su imagen y conciencia, no deben ser compartidos y sí denunciados.

Javier Arranz

El trabajo sin el que todo el sistema económico colapsaría

Oxfam Intermón publica un informe que advierte sobre el impacto negativo que va a tener sobre las mujeres y niñas el envejecimiento demográfico, los recortes en los servicios públicos y la crisis climática.

Si nadie hiciese el trabajo que garantiza la vida, todo el sistema económico mundial colapsaría. Y, sin embargo, el 75% de esas labores lo hacen las mujeres y niñas sin recibir ninguna remuneración a cambio. Y un 16%, a cambio de salarios indignos: las trabajadoras domésticas son el colectivo laboral más pobre del mundo.

La filosofía consiste en repreguntarnos qué son realmente aquellas cuestiones que damos por sentado. Por eso, Tiempo para el cuidado, el último informe de Oxfam Intermón, dedicado al trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, tiene mucho de filosófico: cuestiona y desmonta la forma en la que se ha concebido hasta ahora el sistema económico dominante, que ha desembocado en la sociedad más desigual de la historia de la humanidad: nunca la diferencia entre una minoría ínfima de milmillonarios ha sido tan grande con la de la inmensa mayoría de la población mundial.

Pero también hay mucho de aproximación filosófica en el informe de esta ONG porque más allá de realizar un diagnóstico de la situación actual, propone un modelo radicalmente distinto que configuraría otra forma de convivencia: una en la que los cuidados de los niños, niñas y ancianos, de las personas enfermas o con alguna discapacidad, en la que cocinar, lavar, buscar leña y agua –las labores que permiten que no muramos, que sobrevivamos– estén en el centro de las políticas públicas, sean remuneradas dignamente, garantizando así que todas las personas vean respetado su derecho a ser cuidados; y aquellas que cuidan a gozar de derechos políticos, sociales y económicos iguales que el resto de los trabajos.

Una propuesta de una lógica aplastante y que, sin embargo, subvertiría un sistema económico sexista basado en la explotación del trabajo de las mujeres y niñas y que, como estamos viendo con las numerosas protestas que se suceden por todo el globo, se ha demostrado fallido e insostenible. Un sistema diseñado dirigido mayoritariamente por hombres que explicaría igualmente que sean estos, en términos globales, los que gozan de un 50% más de riqueza que las mujeres. 

Solo en España, la ONG estima que en 2018 se destinaron más de 130 millones de horas diarias al trabajo de cuidados no remunerado, una cifra que equivaldría a 16 millones de personas trabajando una jornada laboral diaria sin percibir ninguna remuneración y el 14,9% del PIB, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La crisis global de la desigualdad

“La desigualdad está fuera de control”. Así comienza el informe Tiempo para el cuidado, de Oxfam Intermón. A partir de aquí, una sucesión de datos aplastantes. En 2019, los 2.153 milmillonarios que hay contabilizados a nivel mundial poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. Los 22 hombres más ricos del mundo gozan de más dinero que todas las mujeres de África. El 1% más rico de la población ostenta más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. Y, atención: la entidad calcula que el trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo las mujeres de más de 15 años en todo el mundo superaría los 10,8 billones de dólares anuales, el triple que el tamaño de la industria tecnológica mundial.

Pero hay una receta para acabar con tanta desigualdad: “sólo con una subida de un 0,5% en el tipo de impuesto que grava el patrimonio del 1% más rico del mundo, se podría recaudar fondos para crear más de 117 millones de puestos de trabajo en sectores como la educación, la salud y la asistencia a las personas mayores, acabando así con los déficits de cuidados en estos ámbitos”, expone la ONG en su informe.

En este sentido, el reconocido economista Thomas Piketty propone en su último libro un impuesto del 90% sobre el patrimonio de los milmillonarios que haga circular la propiedad para volver a los niveles de concentración de la riqueza de los años 70. Así, los más ricos seguirían teniendo más de 100 millones de dólares, lo que les permitiría seguir gozando de un estatus privilegiado. Con lo recaudado, como contaron en el último dossier de la revista de La Marea, plantea una herencia de 125.000 euros a todas las personas cuando cumplan 25 años para que puedan desarrollar su proyecto vital y profesional.

El equipo de Piketty, como subraya Oxfam Intermón, ha demostrado la aceleración de la concentración de la riqueza desde 1980, periodo en el que el 1% de la población más rica del mundo ha recibido 27 centavos por cada dólar de crecimiento de los ingresos a nivel mundial, mientras el 50% más pobre, solo 12 centavos. Más datos: solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza y, según estudios recogidos por el informe, las grandes fortunas eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales. Una dinámica que hace inviable la reducción de la pobreza, que se ha estancado desde 2013 a la mitad tras dos décadas de importantes avances. La mitad de las personas que habitan el planeta trata de sobrevivir con 5,5 dólares al día o menos.

El trabajo doméstico en España 

El informe estima que hay unos 67 millones de trabajadores del hogar en el mundo, el 80% mujeres, y que de estos sólo uno de cada diez está protegido por legislaciones laborales asimilables al resto de empleos. Tampoco en España donde una reforma de 2011 les reconoció algunos derechos, pero las mantuvo en un régimen especial por el que no tienen derecho a la prestación por desempleo, vacaciones ni a un finiquito, entre otros derechos básicos.

En el acuerdo suscrito por el PSOE y Unidas Podemos para la conformación del gobierno de coalición se recoge “la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura. Firmaremos y ratificaremos el Convenio número 189, de 2011, de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos”.

En este sentido, Lara Contreras, economista y responsable de relaciones institucionales de Oxfam Intermón, da la bienvenida al anuncio en declaraciones para lamarea.com, pero teme que no suponga la igualación total de derechos. “Esta equiparación podría suponer un incremento del gasto en cuidados, que deben asumir las empresas y el Estado, responsable de garantizar el derecho de ser cuidado de cualquier persona y que las que cuidan lo hagan con los mismos derechos que el resto”. En este sentido, reivindica la recuperación de la Ley de Dependencia, pero completa, no solo subiendo los mínimos a recibir por las personas dependientes. «Debe destinarse la financiación suficiente para que todas las personas reciban la atención que necesitan».

Y de nuevo, el quid de la cuestión está en la reforma del sistema fiscal: “Esperamos que se cumpla el compromiso de que las grandes empresas paguen el 15% del tipo efectivo, que se grave más el capital y la riqueza y que la lucha contra la evasión fiscal sea una de las primeras medidas adoptadas”, resume Contreras. Según su ONG, con un incremento de solo el 0,5% del impuesto sobre el patrimonio del 1% más rico se podrían crear 117 millones de puestos de trabajo de cuidados en sectores como la educación, la salud y la asistencia a personas mayores.

En el mes de enero, Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico -una asociación madrileña de trabajadoras del hogar migrantes- ha relanzado su recogida de firmas en change.org para que el gobierno de Sánchez suscriba el convenio 189 de la OIT, y acabe con el limbo en el que se encuentra más de 1,5 millones de mujeres que trabajan en el sector de cuidados en España sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.

“Hemos enviado cartas al Gobierno, pero no se trata solo de aprobar el convenio, sino de que se aprueben medidas que acaben con la precariedad en el sector”, subraya Pimentel. “El encarecimiento de la vivienda está provocando que muchas mujeres vuelvan a trabajar como internas porque no se pueden permitir un alquiler o una habitación en un piso compartido, que no hay suficientes además. También debe derogarse la Ley de Extranjería, que condena a las mujeres que son expulsadas de sus países a ser invisibles durante tres años”. Pimentel enumera algunas de las últimas ofertas de trabajo de las que han tenido constancia: “En Barcelona pedían una chica que no tenga hijos y que libraría dos veces al mes por 300 euros mensuales. A otra le ofrecían trabajar los fines de semana cuidando a una señora enferma por 200 euros…”.

Pimentel coincide con Contreras en la corresponsabilidad del Estado: “Hay familias que no se pueden permitir pagar un salario digno con la Seguridad Social porque ellas mismas son precarias, por eso tiene que apoyar el Estado. El mismo Estado que tiene que proteger a esas mujeres que ahora tienen más de 50 años, que no encuentran trabajo, que no han cotizado por ellas y que se encuentran en una situación muy dura después de una vida de trabajo”.

La crisis global de los cuidados 

Oxfam advierte de la crisis de los cuidados que va a provocar el envejecimiento demográfico, los recortes en los servicios públicos y sistemas de protección social y la crisis climática. Se estima que en 2025 se calcula que 2.400 millones de personas vivirán en zonas sin suficiente agua, por lo que mujeres y niñas tendrán que recorrer mayores distancias para recogerla. Recuerda también que el calentamiento global reducirá la producción de alimentos y aumentará la afectación de enfermedades, lo que aumentará el tiempo exigido a mujeres y niñas para hacer frente a esta situación.

Para construir una sociedad más justa e igualitaria, Oxfam recuerda la propuesta de las 4R que economistas feministas, trabajadoras de cuidados y la sociedad civil llevan años proponiendo: reconocer los cuidados como un trabajo que aporta un valor real, reducir el número dedicadas a estas labores de manera no remunerado, redistribuir estas tareas de manera equitativa en las familias y trasladar su responsabilidad al Estado y al sector privado, y que las proveedoras de cuidados más excluidas tengan representación en el diseño y ejecución de las políticas que afectan a sus vidas.

Pero sobre todo, la investigación de Oxfam insta a los gobiernos a invertir en sistemas nacionales de atención y cuidados que “permitan abordar la desproporcionada responsabilidad de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres y niñas”, acabar con la riqueza extrema para erradicar la pobreza extrema, legislar para proteger a las personas que se ocupan del trabajo de cuidados y garantizar salarios dignos a sus trabajadoras y que tengan influencia en la toma de decisiones, combatir las normas sociales y las creencias sexistas, así como promover políticas y prácticas empresariales que pongan en valor el trabajo de cuidados.

Reivindicaciones que ya están liderando las trabajadoras etíopes en Líbano a través de Engna Legna Besdet, haciéndose oír en Sudáfrica a través de la campaña Domestic Workers Rising y convirtiéndose en políticas públicas en Uruguay o Nueva Zelanda.

El gobierno de coalición “no tiene un programa feminista”

“El pacto de gobierno tiene apartados que hablan de derechos de las mujeres que están bien, como en el ámbito de la lucha contra la precariedad laboral, que impactará especialmente entre las mujeres, las más precarizadas. Pero no es un programa feminista porque no pone en el centro de la economía y las políticas, que es lo que define ser feminista, los cuidados y la lucha contra la desigualdad y la pobreza ”, sostiene Lara Contreras.

 

Fuente: lamarea.com

El Belén migrante, un belén encarnado

Lo nuclear del mensaje de Navidad que acabamos de celebrar es la ENCARNACIÓN; celebrar el misterio de todo un Dios que se hace hombre. Y hombre pobre. Es una encarnación histórica, pero también presente, pues el mensaje de Jesús se hace nuevo cada día. Por eso en el “Belén Migrante” de este año hemos representado ese misterio de un Dios que se hace carne, también en 2020.

Un Dios que predilectamente se dirige a los pobres. Y quién más pobre en nuestra ciudad que inmigrantes y refugiados, que unen a la gran carencia material el desarraigo. Representados en nuestro belén como modernos pastores a los que los ángeles anuncian una Buena Nueva, estaban inmigrantes que vienen en pateras y refugiados que duermen al raso o en tiendas de campaña. Representados como modernos Herodes, ajenos a los problemas de los pequeños, reflejamos las políticas de las grandes instituciones (como la UE) que promueven leyes contra los inmigrantes. Como las políticas europeas del “Frontex”, que obligan a rutas cada vez más peligrosas y fuerzan la muerte de miles de hermanos en el Mediterráneo. O la existencia de Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs), lugares donde se priva de libertad a personas sin haber cometido delito alguno. Representados como el anhelo de muchos hombres y mujeres de toda raza y condición, que quieren adorar a Jesús, estaban los sabios de Oriente y todos sus problemas cotidianos para llegar a Belén. Y en el centro, la Sagrada Familia, custodiando ese misterio de un Dios, que hoy como ayer, se sigue haciendo CARNE.

Para este Belén hemos contado con la colaboración de una iniciativa familiar que pretende contar historias para aprender y jugar usando las figuritas de Playmobil: podéis ver sobre esta iniciativa y sobre el belén migrante y su montaje en: Menudas historias de gente menuda.

Rodrigo Lastra

El Señor nos pedirá cuentas en el momento del juicio

“Es necesario denunciar y enjuiciar a los traficantes que explotan y maltratan a los migrantes, sin temor a revelar connivencia y complicidad con las instituciones” pero también se deben dejar de lado “los intereses económicos” para enfocarse en la persona.

Al final de las audiencias de la mañana del pasado 19 de diciembre, el Santo Padre Francisco se encontró con los refugiados llegados recientemente de Lesbos gracias a  los pasillos humanitarios e hizo colocar una cruz en la entrada al Palacio Apostólico desde el Patio del Belvedere en memoria de los migrantes y refugiados.

Publicamos a continuación el discurso que el Papa dirigió a los presentes durante el encuentro:


Discurso del Santo Padre

Este es el segundo chaleco salvavidas que recibo como regalo. El primero me lo dio hace unos años un grupo de socorristas. Pertenecía una niña que se ahogó en el Mediterráneo. Se lo di a los dos Subsecretarios de la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral. Les dije: «¡Esta es vuestra misión!». Con esto quería subrayar el compromiso ineludible de la Iglesia de salvar la vida de los migrantes, para que después puedan ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados.

Este segundo chaleco, entregado por otro grupo de socorristas hace apenas unos días, pertenecía a un migrante que desapareció en el mar el pasado mes de julio. Nadie sabe quién era ni de dónde venía. Sólo se sabe que su chaleco se encontró a la deriva en el Mediterráneo central el 3 de julio de 2019, en determinadas coordenadas geográficas. Nos enfrentamos a otra muerte causada por la injusticia. Sí, porque es la injusticia la que obliga a muchos migrantes a abandonar sus tierras. Es la injusticia la que les obliga a cruzar los desiertos y a sufrir abusos y torturas en los campos de detención. Es la injusticia la los rechaza y los hace morir en el mar.

El chaleco «viste» una cruz de resina de colores, que quiere expresar la experiencia espiritual que capté en  las palabras de los socorristas. En Jesucristo la cruz es fuente de la salvación, «necedad para los que se pierden -dice san Pablo- más para los que se salvan, -para nosotros- es fuerza de Dios» (1 Cor 1, 18). En la tradición cristiana la cruz es un símbolo de sufrimiento y sacrificio y, al mismo tiempo, de redención y salvación.

Esta cruz es transparente: representa un desafío para  mirar con más atención y buscar siempre la verdad. La cruz es luminiscente: quiere alentar nuestra fe en la resurrección, el triunfo de Cristo sobre la muerte. También el emigrante desconocido, que murió con la esperanza de una nueva vida, comparte esta victoria. Los socorristas me contaron cómo están aprendiendo humanidad de las personas que logran salvar. Me revelaron cómo en cada misión redescubren la belleza de ser una gran familia humana, unida en la fraternidad universal.

He decidido mostrar aquí este chaleco salvavidas, «crucificado» en esta cruz, para recordarnos que debemos tener los ojos abiertos, tener el corazón abierto, para recordar a todos el compromiso imperativo de salvar toda vida humana, un deber moral que une a los creyentes y a los no creyentes.

¿Cómo podemos dejar de escuchar el grito desesperado de tantos hermanos y hermanas que prefieren enfrentarse a un mar tormentoso antes que morir lentamente en los campos de detención libios,  lugares de tortura y esclavitud innoble? ¿Cómo podemos permanecer indiferentes ante los abusos y la violencia de los que son víctimas inocentes, dejándoles a merced de traficantes sin escrúpulos? ¿Cómo podemos «dar un rodeo», como el sacerdote y el levita de la parábola del Buen Samaritano (cf. Lc 10,31-32), haciéndonos responsables de sus muertes? ¡Nuestra desidia es pecado!

Doy gracias al Señor por todos aquellos que han decidido no permanecer indiferentes y se prodigan para socorrer al desventurado, sin hacerse demasiadas preguntas sobre cómo o por qué se toparon con  ese pobre medio muerto en su camino. No se resuelve el problema bloqueando los barcos. Debemos comprometernos seriamente a vaciar los campos de detención en Libia, evaluando y aplicando todas las soluciones posibles. Debemos denunciar y perseguir a los traficantes que explotan y maltratan a los migrantes, sin temor a revelar connivencias y complicidades con las instituciones. Los intereses económicos deben dejarse de lado para que la persona, cada persona, cuya vida y dignidad son preciosas a los ojos de Dios, esté en el centro. Debemos socorrer y salvar, porque todos somos responsables de la vida de nuestro prójimo, y el Señor nos pedirá que demos cuenta de ello en el día del juicio. Gracias.

Ahora, mirando este chaleco y mirando la cruz, que cada uno rece en silencio.

El Señor os bendiga a todos.

Los sintecho que encontraron uno en el monasterio de Montesclaros

Han caído las conocidas como ‘BBC’ católicas: bodas, bautizos y comuniones. El dato más revelador de estos últimos 12 años es el de los enlaces, que ha descendido más de la mitad: de los 113.000 de 2007 a los 46.556 registrados en 2017, según la memoria de la Iglesia católica presentada en junio. Esta ‘crisis de fe’ se transluce también en el número de sacerdotes —casi 1.400 religiosos menos en el mismo periodo— y de seminaristas, cuya cifra ha bajado hasta los 1.200. Por ello, gestionar los 801 monasterios que la institución religiosa tiene contabilizados por toda España puede convertirse en una tarea difícil.

El de Montesclaros, en Valdeprado del Río (Cantabria), podría servir de termómetro de esta situación. Quedan cinco frailes dominicos de avanzada edad para hacerse cargo de toda la gestión del monasterio. Y esta orden, que llegó a tener 10.000 miembros por todo el mundo y hoy no alcanza los 500, ha encontrado una oportunidad en esta crisis generacional: ha desarrollado dos proyectos de reinserción para que una decena de personas sin hogar gestione su patrimonio.

En 1686, Carlos II pidió a esta orden que se hiciera cargo del santuario para evangelizar los once ayuntamientos de la zona de Campoo. En 1900 esta población superaba los 2.600 habitantes. El No-Do da muestra de las concurridas procesiones y de cómo las túnicas blancas y las capas negras volaban por los pasillos de la hospedería del monasterio. Eran los novicios queriendo llegar a las ‘termópilas’. Este pasillo colgante es una suerte de cordón umbilical de piedra que unía —y une hoy— el monasterio con la hospedería. Revestida de madera, la pasarela fue construida en 1884 para que estos ‘aprendices’ sortearan la nieve que bloqueaba la puerta de la hospedería y pudieran llegar a los maitines. Hoy, ni la nieve llega a tapar la puerta ni un solo religioso recorre ya los pasillos.

La comunidad ha decaído. La eclesiástica y la civil, ya que según los últimos datos oficiales, esta población del sur de Cantabria contaba el año pasado con 316 habitantes. Y lo mismo ha ocurrido con la orden. Tan solo quedan cinco frailes, mayores de 70 años, a los que les resulta imposible gestionar el monasterio, el albergue y la hospedería, que ofrece tres comidas al día a los más de 500 huéspedes que recibe al año.

Según el último informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España, aproximadamente el 20% de los bienes culturalmente protegidos de Cantabria pertenece a la Iglesia católica. Uno de ellos es Montesclaros. Y la edad y la falta de savia nueva en el santuario pusieron en riesgo la hospedería. “Si dejábamos morir estas propiedades, se iban a convertir en negocios hoteleros”, confiesa un miembro de la orden mientras recorre con la vista la fachada de cuatro alturas de la hospedería.

Restauración por partida doble

Casi una decena de personas sin hogar, con su mano de obra, ha evitado que esto ocurra. El ‘rescate’ del patrimonio de los dominicos ha llegado a través de un proyecto social y ecológico de la Fundación San Martín de Porres, la obra social de la orden dominica que, con base en Madrid, apuesta por la reinserción del colectivo de personas pobres o sin hogar.

En total, ocho hombres han recuperado sus antiguos oficios o se han reciclado y aprendido otros nuevos relacionados con el turismo, la agricultura o la hostelería para lograr una reinserción laboral y social completa. Es el caso de José Pedro, que ha vuelto a los fogones tras 43 años de oficio, o el de Luismi, un cerrajero que a sus 54 años ahora es especialista en restaurar madera.

Antonio Rodríguez, director de la fundación, ha sido una pieza clave tras visitar los proyectos de Pedro Meca. Conocido como ‘el capellán de los vagabundos de París’, este religioso apostaba no solo por dar de comer a los pobres sino por ayudar a que se realizaran. Quería romper el aislamiento de los desfavorecidos. Así fundó en París La Moquette, un espacio que ofrecía un clima de acogida y escucha, y donde organizaba encuentros culturales, charlas y conferencias.

Tomando como punto de partida esta filosofía, Rodríguez ha extrapolado el modelo a España y ha puesto en marcha en Cantabria dos proyectos pioneros que aúnan la realización de colectivos desfavorecidos y la recuperación patrimonial; lo que en marketing se conoce como un win-win. Por un lado, la hospedería de Montesclaros lleva cinco años gestionada por personas en exclusión. Y, por otro, otra cuadrilla de ‘sinhogar’ ha empleado otros dos en restaurar el Palacio de Bárcenas, que se convertirá en un hotel rural y un huerto ecológico.

Montesclaros no pilla precisamente de paso. Tras dejar la autovía Cantabria-Meseta a la altura de Mataporquera, hay que atravesar un paso a nivel del tren de vía estrecha y coger carreteras, cada vez más secundarias, hasta llegar al monasterio, que cuenta con una iglesia rupestre y unas increíbles vistas al valle. Hasta este lugar —donde el implacable silencio solo es interrumpido por los cencerros de las vacas al pacer— se han desplazado desde Madrid tres personas sin hogar para gestionar este verano la hospedería, que en julio ha estado al 100% de su ocupación.

Uno de ellos es José Pedro Mateo, un extremeño de 64 años que, tras 43 años como cocinero en los mejores restaurantes de Madrid, vuelve a estar al mando de los fogones con sueldo y contrato. “Quizá haya tenido suerte por haber nacido el día de la Lotería”, bromea.

Quienes conviven con personas sin hogar dicen que la pregunta que más les cuesta responder es también la más instintiva: cómo se quedaron en la calle. Y es cierto. José Pedro esquiva la respuesta con un “cosas de la vida”.
Más tarde, mientras corta cebolla y cuece gallina para sus croquetas, por fin se abre y se sincera. Cuenta que no fue de un día para otro, sino que su vida se fue desfigurando poco a poco. “Primero me divorcié. Después me quedé sin trabajo. Y más tarde ni siquiera podía asumir la habitación en la que estaba. Vivía al día”.

Ahora, José Pedro hace tándem con Julio Jara en la cocina. Este experto en arte y exclusión trabaja en la fundación y pasa la temporada de verano en Montesclaros. “Yo le propongo el menú pero él tiene la última palabra. Es su cocina. Tiene que empoderarse y llevar el barco. Sin responsabilidad no hay reinserción”, apunta.
Hoy, la hospedería ya no es un lugar de descanso, meditación y ejercicios espirituales. O sí, pero de otra manera. Porque en las celdas donde antes había seminaristas ahora duermen aficionados al taichí, el yoga o la poesía. Y Jesús Hernández es el responsable de su bienestar. Se encarga de la recepción, de acondicionar las habitaciones y de atender el comedor.

En uno de los largos pasillos de la hospedería, confiesa que no sabe cómo puede ahora contar su historia con una sonrisa. Porque, en solo tres meses, el destino de este venezolano de 27 años ha dado un giro de 360 grados. Llevaba tres años trabajando como profesor en Ecuador, donde logró asentarse con una “vida cómoda”. Pero cuando sus compañeras descubrieron su condición de homosexual, empezaron a tener un trato distante hacia él. “Todo empeoró cuando tuve que dar clase a la nieta de una de las socias del colegio. Comencé a tener problemas también con los papás de los alumnos”.

La proposición de trabajar en España que le hizo un amigo le pareció la mejor opción para salir de aquella situación opresiva. Pero lo peor estaba por llegar. Porque el trabajo que le prometieron en la recepción de un hotel se convirtió, a su llegada, en una propuesta para prostituirse por ciudades europeas. Ahora recuerda la frase del que creía su amigo: “O lo tomas o lo dejas. Y si lo dejas, yo no te puedo ayudar más”. Y así es cómo, de un día para otro, se quedó sin trabajo y sin un lugar donde dormir en una ciudad en la que no conocía a nadie.

Tiene grabado a fuego el 24 de mayo de 2019. Es la fecha en que llegó a Madrid. Tardó 20 días en conocer la Fundación San Martín de Porres, donde llegó recomendado por una asociación LGTBI. “Paradójicamente, nos hemos hecho expertos en acoger a personas homosexuales y ‘trans’”, explica Julio.

La tercera pata de esta ‘familia’ es Juan Carlos Fernández, un cubano de 53 años que aterrizó en España hace doce. Descendiente de familia gallega, se le presentó la oportunidad de obtener la nacionalidad y no se lo pensó. Pero sus planes no le salieron como esperaba —parco en palabras, no profundiza más sobre ello— y terminó siendo acogido en San Martín de Porres. Así, llegó a Montesclaros, donde fue el encargado de dar la voz de alarma de la situación de los frailes. “Estaban muy mayores. Tenían problemas de memoria por los achaques de la edad”, comenta ahora, sentado en un banco de madera.

De palacio a hotel rural

Lo que en un principio se planteó como una ayuda se convirtió en un relevo. Y Juan Carlos dejó Madrid hace cinco años para trasladarse al monasterio y hacerse cargo, durante todo el año, de la hospedería. Aunque pueda sorprender, este vecino de Cienfuegos no echa de menos la capital. “Esto es formidable. Me recuerda a mi tierra por la familiaridad que hay entre los vecinos”. Se ha hecho fuerte en el bar del albergue, que ha convertido en un referente para los vecinos del pueblo. Incluso ha llegado a montar un karaoke. Además, se ha hecho experto en tallar piedra y también trabaja en la restauración del Palacio de las Bárcenas.

Esta edificación del siglo XIX fue donada —junto a las tres hectáreas que la rodean— por el marqués de Bárcenas a la orden dominica. Está ubicada junto a la zona termal de las Caldas de Besaya y hoy, para acceder a ella, hay que traspasar un portalón de piedra situado bajo las vías del tren. Luismi Molina da cuenta del estado “lamentable” en que se encontraba la casa. “Llevo siete meses limpiando vigas”. Este madrileño de 54 años era cerrajero y chatarrero y ha pisado Cantabria por primera vez para reciclarse y aprender a tratar la madera. Forma parte de la cuadrilla de cinco personas sin hogar que ha viajado, también desde Madrid, para aprender oficios de albañilería, acompañados por tres expertos en piedra y madera. Gracias a su trabajo, este palacio abrirá sus puertas la próxima navidad convertido en un hotel rural de 23 habitaciones.

“Es un proyecto muy emocionante que ha dado la posibilidad de legalizar a tres personas”, explica orgulloso Antonio, quien hace un parón en la obra para hablar. El palacio se transformará así en una empresa de inserción laboral que formará y empleará a cinco personas en temporada alta y a otras dos el resto del año. Además, fomentará la economía circular, ya que han convertido los terrenos en un huerto ecológico, que ya cuenta con certificado. De aquí provienen la cebolla y la gallina de las famosas croquetas de José Pedro. “Agricultura, terapia y formación son la clave de este proyecto”, indica Antonio. Y funciona. La reinserción de esta particular familia está a un paso de completarse. Madrid y dormir al raso ya solo son pasado.

Fuente: El Salto

Migraciones: ¡Un robo a los pobres!

«¿Quién pide perdón hoy por asentar un mundo institucional tan injusto con los empobrecidos?»
«La emigración sólo tiene solución revolucionaria, lo demás son cataplasmas, incluyendo políticas de puertas abiertas»

Me quedó fijado en la memoria el informe del BBVA del año 2000 que decía que España precisaba anualmente un flujo de 300.000 inmigrantes para poder conservar su Estado de Bienestar (El País, 30-VI-2000). Esto significa que mantener nuestro Estado de Bienestar produce malestar en otros.

A mediados de julio, varios medios informaban que Trump anunciaba redadas para deportar 2000 “sin papeles”. En esa situación hay 11 millones en USA, por tanto, el porcentaje es irrelevante en lo cuantitativo, pues afecta a menos del 0,02 % de ellos, pero es muy relevante en lo cualitativo por las consecuencias de opresión y explotación para los inmigrantes: someterse a peores condiciones de vida y trabajo, utilizar menos los bienes sociales y sanitarios a los que tienen derecho, etc.

En el libro de Stephen Smith “La huida hacia Europa” (edit. Arpa 2019), premio “Libro Geopolítica del Ministerio de Asuntos Exteriores Francés 2018”, se cita la proyección de la ONU del 2000 de que en el 2050 habrá 80 millones de inmigrantes de 1ª y 2ª generación en la UE, el 26 % de su población.

El informe “Health at a Glance 2015” afirma que 19.400 de los médicos que trabajaban en España en el 2014 procedían del extranjero, el 9,4%, que en el Reino Unido es el 28,7% y en Estados Unidos el 25%.

Los porcentajes se incrementan. La revista “Redacción Médica” relata que el Ministerio de Educación Español convalidó 5.822 títulos de Medicina de 2015 hasta julio 2017 procedentes de 43 países (1.383 en 2015, 2.816 en 2016, y 1.623 hasta julio de 2017). Son: 1.148 Venezolanos,783 Colombianos688 Cubanos, etc. Lógico,por ejemplo, que haya dos grupos de facebook de Médicos Cubanos en España con casi mil miembros cada uno.

El coste de un curso en una universidad de USA, según el libro citado de Smith, es de más de 50.000 €. La formación de un médico especialista lleva unos 11 años, por lo que la formación de los 6 años de facultad de los 5.822 médicos costaría casi dos mil millones de €, pagados por los países empobrecidos, que lógicamente son una deuda contraída con ellos. Este é el coste de la formación universitaria de los que vinieron en esas fechas sin contar la especialidad, ni la primaria, la secundaria y otros gastos. Ni otros años y otros inmigrantes.

El País” informaba a principios de año (24-I-19) que a la sanidad pública le faltan 4.000 especialistas médicos. El déficit aumentará hasta triplicarse en 2025 según un estudio del Ministerio.  Contaba el secretario de la Organización Médica Colegial que «en los próximos cinco años se jubilarán 45.000» (El Confidencial 11-III-18).

Por otra parte, Alfonso Gago, catedrático en la Universidad de Málaga, en el VI Encuentro del Voluntariado de las Cáritas Galegas de junio 2013 tuvo una reflexión titulada: La aportación de los pobres al progreso científico y social de la humanidaden la que citó estos datos de un estudio que había realizado con sus alumnos:

  • Casi el 60% de los profesores universitarios de grado medio de los EE UU (el equivalente aquí a las escuelas de ingeniería técnica, aparejadores y diplomados diversos) habían nacido en los países del tercer mundo. Eran inmigrantes.
  • El inmigrante filipino Leon O. Chua, que Gago había estudiado mucho en su tesis doctoral, era uno de los investigadores electrónicos de más prestigio en el mundo, asesor directo del gobierno de USA y asesor obligado de todos los proyectos tecnológicos do ejército americano.
  • En la encuesta que hicieron sobre investigadores punteros de tecnología y ciencia en microelectrónica, robótica, telecomunicación, informática,… en las revistas científicas donde se publican los últimos avances sobre esos temas encontraron que: más del 65% había realizado en el 3º mundo hasta los estudios secundarios, y casi el 60% los universitarios (financiados, por tanto, por los impuestos de los pobres del 3º mundo). Apenas el 10% había hecho su tesis doctoral en el 3º mundo, y apenas pasaba del 3% los que trabajaban actualmente en las universidades de los empobrecidos. La encuesta confirmaba que la fuga y robo de cerebros era más intensa de lo imaginado. Todo eso para desarrollar una  Ciencia y Tecnología utilizada en los últimos 50 años para producir un abismo entre las economías de los países enriquecidos (que no ricos) y las de los empobrecidos (que no pobres).

Llegados aquí ¿qué podemos decir de las actitudes que sostienen que los inmigrantes vienen a quitar los puestos de trabajo a los de aquí y son una amenaza para la identidad cultural europea, española, catalana, gallega…? ¿Cómo valorar la postura de los del “Welcome” en la que los partidarios se sienten satisfechos de ser buenas personas? Ambas posturas no son igualmente criticables y la xenofobia puede llevar al delito.

Este artículo quiere ir al fondo desde la justicia y, como ya muestra el título, la postura positiva de acogida, si no tiene en cuenta este expolio a los empobrecidos para repararlo, tiene graves fallos contra la justicia. ¡Qué cada uno le ponga el nombre que considere adecuado!

¿Quién pide perdón hoy por asentar un mundo institucional tan injusto con los empobrecidos? El expolio, robo institucionalizado, no se blanquea con una pancarta de bienvenida sea de grupos sociales o religiosos.

Ya la “Laborem Exercens” sostenía que el migrante “ante todo, constituye generalmente una pérdida para el país del que se emigra» (nº 23).

¿Cómo solucionar este tema? La Revista Acontecimiento sostiene: «Problema humano -personal y político-, la emigración sólo tiene solución revolucionaria, lo demás son cataplasmas, incluyendo políticas de puertas abiertas» (nº 49, p. 32). La revolución, para que sea solución, sólo puede realizarse desde la NO-VIOLENCIA ACTIVA.

Antón Negro

Fuente: Religión Digital