Fuente: eleconomista.es
Autor: Francisco de la Torre Díaz
La principal consecuencia a medio plazo del acuerdo ERC-PSC, para investir a Illa como presidente de la Generalitat, si se cumple lo pactado, sería la voladura del sistema de financiación autonómico. Los dos ejes fundamentales del núcleo fundamental del acuerdo PSC-ERC son que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) cobre la totalidad de los impuestos generados en Cataluña, y que la Generalitat, que se quedaría con la recaudación de estos tributos, pacte un cupo. Este cupo debería incluir, no sólo el coste de los servicios prestados por la Administración General del Estado, como en el País Vasco y Navarra, sino también una cuota de solidaridad, negociada entre el Estado y la Generalitat.
Creo que para implantar un modelo así sería imprescindible modificar la Constitución. Los regímenes forales tienen un fundamento constitucional en la Disposición Adicional, que reconoce los derechos históricos de estos territorios. Esto no existe ni para Cataluña, ni para las demás Comunidades Autónomas. Pero, lo que sí existe son principios de solidaridad inter-territorial y entre todos los españoles, interdicción de privilegios, coordinación, y potestad tributaria originaria del Estado sobre los tributos, que deberán formar un sistema.
La realidad es que el sistema foral es privilegiado y no es solidario, y en eso sí tiene razón ERC. No sólo es una cuestión de que el País Vasco y Navarra no participen en los grandes fondos del sistema de financiación, y tampoco aporten una cuota «de solidaridad», sino que en la práctica reciben financiación de los habitantes del resto de CCAA, que, salvo Madrid, son más pobres. Un par de ejemplos es que el ajuste del IVA que perciben todos los años el País Vasco y Navarra de la Agencia Tributaria es superior al cupo vasco y a la aportación navarra. Otro ejemplo más es que los gastos impropios de la Seguridad Social, que en el último presupuesto ascendieron a la friolera de 38.000 millones de euros se financian con impuestos, pero sólo de los contribuyentes a la Administración General del Estado, no de los territorios forales. Pero, los pensionistas vascos (que tienen la pensión media más elevada de España) y navarros cobran sus pensiones de la Seguridad Social, que en parte se financian con impuestos… de los demás contribuyentes. Un análisis de estos privilegios, con cifras, lo pueden encontrar en mi libro «Y esto, ¿quién lo paga?» (Debate 2023).
Obviamente, era una cuestión de tiempo que Cataluña, otra autonomía rica y con fuerte presencia de partidos nacionalistas, quisiese imitar este modelo. Recordemos que Àrtur Mas, en 2014, proponía un pacto fiscal «que diese los mismos resultados económicos que el concierto económico vasco». Fue la negativa de Rajoy a acceder a esta exigencia lo que inició la fase final del procés per la Independència. Pero, independientemente de cuestiones constitucionales, la extensión a Cataluña de un régimen de concierto (o que diese resultados similares), que tiene una economía unas tres veces más grandes que el País Vasco y Navarra conjuntamente, haría inviable el sistema de financiación por la sencillísima razón de que no habría recursos suficientes. Más allá de las brutales ineficiencias, y del aumento del fraude, que serían el resultado inevitable de fragmentar la Agencia Tributaria del Estado, cada euro de financiación adicional para Cataluña sería un euro menos para los habitantes de las demás Comunidades Autónomas y la financiación de sus políticas públicas. Éste es un juego, casi de suma cero, donde gana uno, quizás menos de lo que cree, y en el que perderían todos los demás.
El actual sistema de financiación autonómico no es perfecto. Es poco transparente, complejo y tiene inequidades. Algunas Comunidades tienen una mayor financiación que otras. Además, está caducado y debería modernizarse. Pero, este sistema es el que ha permitido que las CCAA puedan financiar sus políticas públicas, y ha garantizado la suficiencia financiera en los servicios de sanidad, educación y servicios sociales entre otros. Se lo traduzco, son los impuestos que pagamos todos, canalizados por este sistema imperfecto los que permiten que se abran todas las mañanas, colegios, universidades, hospitales y centros de Salud. Creo que el sistema de financiación, como el sistema fiscal, tiene pendientes reformas, pero si las Comunidades más ricas se salen del sistema, entonces no estamos ante una reforma sino ante su voladura.
Quizás esto se vea más claro con un ejemplo, si el 10% de los contribuyentes más ricos dejasen de pagar el IRPF, porque ya contribuyen mucho con el resto del sistema fiscal, entonces se perdería el 55,6% de nuestro principal impuesto, más de 60.000 millones de euros. Esto no sería una reforma para limitar la excesiva progresividad del IRPF, sería simplemente la voladura del sistema fiscal. Por supuesto, un empeoramiento sustancial de la financiación de los servicios públicos afectará más pronto que tarde a la calidad de los servicios públicos, especialmente en un entorno fiscal cada vez más complicado, tanto por la obligación de las reglas fiscales de ir reduciendo nuestro crónico déficit público, como por el coste del envejecimiento. El envejecimiento impactará en las pensiones, que también hay que financiarlas últimamente con impuestos, pero también a la dependencia y sanidad, competencias autonómicas que verán sustancialmente incrementados sus costes en las próximas décadas. No es precisamente el momento más adecuado para limitar la solidaridad, también la territorial, cuando será más necesaria cada vez.
Para que este acuerdo ERC- PSC empiece a desplegar sus efectos se requieren dos condiciones. En primer lugar, que lo aprueben los militantes de ERC. En el momento de escribir estas líneas, no sé cuál es el resultado. Pero, no deja de sorprender que la mutación del sistema de Estado en España la vayan a decidir unos miles de militantes independentistas, ratificando o no un acuerdo de investidura de un candidato a la presidencia de la Generalitat. La segunda condición es que se modifiquen las leyes (estatales) que regulan la financiación autonómica, que es orgánica, y la cesión de tributos a las CCAA, entre otras. No está claro, nada claro, que haya mayoría para modificarlas, excluyendo a Cataluña del Sistema de Financiación. Incluso aunque así fuese, un cambio de mayorías en el Congreso podría perfectamente dejar todo esto en agua de borrajas. Ante esto, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha señalado que ha pactado un plan B. No sé si este plan consiste en aprobar leyes en el Parlament donde habría mayoría careciendo de competencias, lo que nos retrotraería a los días más negros del Procés…
No creo que un sistema de concierto para Cataluña sea una buena idea, ni que sea conforme con la Constitución. Tampoco creo que haya una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para modificar las leyes para que empezase a funcionar. Pero, sobre todo, creo que los costes económicos y sociales en muchos territorios serían muy superiores a lo que se cree. Por supuesto, tampoco creo que haya una mayoría de los españoles favorable a esta idea. Pero, aunque finalmente este planteamiento quede en nada, muchos, especialmente en Cataluña primero, y luego en otras autonomías ricas como Madrid o Baleares, pensarán que sí es una buena idea, y perfectamente posible, limitar sustancialmente la solidaridad. Ese coste social, en el mejor de los casos, sería lo que nos dejaría este acuerdo, y creo que es el inicio de un camino, ineficiente e insolidario, hacia ninguna parte, que no se debería haber emprendido, y que deberíamos abandonar tan pronto como podamos.
