Los protocolos y guías de actuación para detectar, prevenir y sancionar la trata de seres humanos son herramientas creadas con el fin primero de mejorar la asistencia a las personas que se sospecha son víctimas de trata, no para castigarlas. La Fiscalía Provincial de Canarias les ha retirado los niños a varias mujeres inmigrantes llegadas en las últimas semanas a las islas. En algunos casos la separación se prolonga ya cerca de dos meses.
Esta medida, tan similar a la que ha utilizado Trump en E.E.U.U., y que provocó espanto entre todos los españoles, no es nueva en nuestro país, España ha sido condenada en 4 ocasiones por estas prácticas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La separación se mantiene a la espera de la realización de pruebas de ADN que deben demostrar el vínculo familiar cuando no hay documentación que lo acredite.
Toda medida preventiva del delito de trata es bienvenida. Sin embargo, en muchos de los casos, haya trata o no, estamos hablando de niños y niñas que pueden haber sido producto de una violación, desafortunadamente una forma de violencia que habitualmente sufren las mujeres durante el tránsito por los distintos países que atraviesan antes de llegar a España. Es decir, cuando todos los recursos del país al que llegan las mujeres migrantes deberían estar centrados en escuchar su relato, el cual debería ser recogido por las asociaciones humanitarias que intervienen para prestarles el debido apoyo psicológico y entorno de seguridad que necesitan, y cuando se deberían tener en cuenta las recomendaciones de estas organizaciones especializadas, lo que hace la fiscalía es violar una vez más los derechos de estas mujeres y del menor.
El amparo de las leyes
Hay innumerables convenios y acuerdos internacionales que así lo indican, pero sin meternos en un tema jurídico y citando solamente el art. 9 de la Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada por España y vigente en nuestro país «los Estados parte velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando (…) tal separación es necesaria en el interés superior de niño» y ‘éstos’ (traducción del inglés de ‘their’) se refiere tanto a los niños como a los padres y/o madres.
En cuanto a las excepciones se refiere principalmente a abandono o malos tratos. Se justificará esta medida solamente ante supuestos de gravedad contrastada, en los que no quepa solución alternativa. ¿Realmente no hay forma de proteger los intereses de estos niñas y niñas, respetando los derechos de las mujeres que dicen ser sus madres, y ofrecerles un lugar seguro donde puedan estar juntos hasta que se tengan los resultados de los ADN? ¿O será que son negras y pobres y la Fiscalía de Canarias decide hacer y seguir protocolos de actuación exclusivos para las migradas negras y pobres que llegan a este país porque no merecen ni siquiera ser escuchadas?
La Fiscalía se justifica
La fiscalía de Las Palmas justifica la separación de estos niños de sus madres debido a la constatación de desapariciones de menores junto a las que decían ser sus madres, que se producían antes de recibir el resultado de las pruebas de ADN, que, según la fiscalía, demostraban después que no existía vínculo biológico entre ellos. Esto lo único que prueba es la negligencia de los organismos oficiales y la falta de medios empleados para evitar que esto ocurra, ya que todos los agentes intervinientes en casos de trata saben que la mujer y niños sospechosos de ser víctimas pueden desaparecer. Es decir, no se les han perdido solamente los niños, han perdido de vista también a la mujer tratada.
La solución de la fiscalía, en vez de asumir sus fallos y ponerles remedio donde se originan, pasa por tomar medidas inhumanas que tienen un efecto devastador y traumático para estas mujeres y niños ya previamente traumatizados por el proceso migratorio y la violencia que es siempre parte de él. En definitiva, lo que estas mujeres están diciendo y el llanto de los niños demuestran que, sean o no sus hijos, ellas son la persona con la que han desarrollado un vínculo afectivo durante al menos parte del trayecto a España en condiciones de extrema violencia y vulnerabilidad. No parece ni humano, ni sensato, ni jurídicamente necesario seguir un protocolo de actuación tortuoso y traumático para las personas que se supone dicen querer proteger.
Corina Fuks
FOTO: JOHN MOORE – AFP
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El intento de subsanar las deficiencias del sistema de identificación, no debe añadir más dolor a madres con sus hijas o hijos en las estaciones y rutas migratorias. La atención integral en la acogida evitaría está situación.
ACOGER, PROTEGER, PROMOVER E INTEGRAR deberían ser las respuestas necesarias para las poblaciones migrantes en todo el mundo. Recursos hay pero falta voluntad política.