Corina Fuks
El Primero de Mayo suele venir acompañado de apelaciones a la dignidad del trabajo, pero hay una parte menos visible que rara vez entra en ese relato. En España, una parte del empleo sigue sosteniéndose sobre condiciones frágiles, especialmente en el caso de personas migrantes. No es una suma de abusos aislados sino una lógica más profunda: determinados sectores funcionan gracias a una mano de obra disponible, flexible y con poco margen de negociación.
En ese contexto, medidas como la regularización pueden mejorar situaciones concretas, pero no cambian por sí solas el mecanismo de fondo. Cuando la competitividad de un modelo depende de mantener los costes laborales al mínimo y de contar con una reserva constante de trabajadores temporales, la presión no desaparece: se reorganiza sin que el problema llegue a resolverse.
Esa dinámica tiene un efecto que va más allá de quienes están en una situación más vulnerable. Al introducir de forma estructural mano de obra en condiciones más precarias, el conjunto del mercado laboral se ve arrastrado hacia abajo. El listón general se redefine, tanto en lo que se refiere a salarios como a condiciones laborales y «flexibilidad», o mejor dicho, precariedad, y lo que antes parecía inaceptable pasa a normalizarse, y eso termina afectando al conjunto de la población trabajadora.
Pero para entender por qué ese modelo se sostiene, conviene mirar hacia el origen. En la mayoría de los casos, quienes llegan no lo hacen porque quieran irse de sus países, sino porque quedarse deja de ser viable. En Senegal, por ejemplo, la presión de flotas extranjeras en sus aguas ha reducido drásticamente la pesca artesanal, dejando sin ingresos a miles de familias. En Malí, la inestabilidad prolongada, en un escenario atravesado por intereses internacionales, ha deteriorado las condiciones de vida hasta hacerlas insostenibles para una gran parte de la población. En Siria, la guerra ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares. Son contextos que comparten un mismo resultado: cuando fallan las condiciones básicas para vivir dignamente, migrar deja de ser una elección, se convierte en una vía de supervivencia.
De ahí que tenga sentido hablar no solo del derecho a migrar, sino también del derecho a no tener que hacerlo: el derecho a poder desarrollar la propia vida en el lugar de origen sin verse empujado fuera de tu propio país y alejada de tus afectos por dinámicas económicas o conflictos que, en muchísimos casos, tienen un componente externo. En paralelo, existe el derecho de los países a no estar sometidos a injerencias que condicionen su desarrollo, para poder afrontar sus propios retos desde dentro.
Visto en conjunto, lo que ocurre aquí y lo que ocurre allí forma parte de un mismo circuito. Por un lado, territorios donde se erosionan las condiciones de vida. Por otro, economías que integran esa vulnerabilidad como un recurso más a explotar. Mientras ese vínculo siga funcionando, las soluciones no son reales sino que alimentan al mismo sistema que produce el problema.
El Primero de Mayo quizá aún tenga sentido si nos planteamos ir más allá del balance inmediato y de los discursos vacíos, y nos preguntamos qué tipo de trabajo se está creando y a costa de qué y de quién.
