Fuente: ethic.es
Autora: Esmeralda R. Vaquero
Catedrática de Derecho del Trabajo por la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM), Mª Luz Rodríguez (Valladolid, 1964) ha centrado su carrera en el estudio y análisis del ámbito laboral, tanto en la docencia como en la política. Fue Consejera de Trabajo y Empleo de Castilla la Mancha entre 2007 y 2010 y Secretaria de Estado de Empleo entre 2010 y 2011. En 2014 llegó a la Secretaría de Empleo del PSOE para, dos años más tarde, ser elegida diputada socialista por Guadalajara. Sin embargo, no tardó en apartarse de la política para regresar a casa, es decir, al terreno universitario. Tras desempeñar un cargo de especialista senior en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ahora sigue colaborando como consultora en relación a la economía de plataformas. En esta entrevista, la experta explora el paisaje laboral de España y los principales retos que todavía tiene por resolver.
La tecnología está completamente asentada en la sociedad, en cualquier ámbito. ¿De qué manera está cambiando el escenario laboral a raíz de la expansión de las plataformas digitales?
Esto forma parte de algo más amplio: el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. Las plataformas digitales han irrumpido en nuestra vida como empresas que generan actividad para una parte importante de la población y, ahora, el gran debate es si las personas que vemos que trabajan en las diversas plataformas que vemos a diario (y también las que no, porque mucha gente trabaja en plataformas online) son trabajadoras o autónomas. Estas organizaciones cuestionan el estatuto jurídico que se aplica al trabajo, porque ellas consideran que el que rige es el del autónomo y quienes trabajan consideran que es el de la persona asalariada. Y esta diferencia importante, porque los derechos varían. El tema aparentemente está resuelto, porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que concluyó que son trabajadores y no autónomos, y una ley que dice lo mismo.
¿Y a escala global?
Habría que valorar. El problema no es trabajar para una plataforma, sino los derechos laborales y de protección social que se reconocen. Hay muchos países, más allá de España, donde ya existe una normativa; por ejemplo, Francia, Chile o India. Lo que queda por resolver es si es necesario ir más allá y fijar una norma internacional. La OIT, de hecho, es tripartida y sus decisiones son acordadas entre Gobierno, sindicatos y organizaciones de empleadores. Pero aún no se ha decidido nada.
Centrándonos ahora en España, el trabajo autónomo es uno de los ejes sobre los que el actual Gobierno ha querido actuar. El próximo año entrará en vigor el nuevo sistema de cotización por tramos. ¿Es suficiente este avance?
Hay que destacar que la reforma ha sido fruto del acuerdo (no todas lo han sido) y cuenta con el acuerdo de las principales organizaciones del colectivo autónomo y de las organizaciones sindicales. Es decir, los propios autónomos han dado su visto bueno. La reforma viene a saldar un tema que siempre ha estado pendiente, y es la cotización por los ingresos reales obtenidos, pues antes estaban cotizando por ingresos que no obtenían. Y siempre habían reivindicado cotizar dependiendo de los ingresos. Hasta esta reforma el 90% de este colectivo estaba cotizando por la base mínima, que supone tener las prestaciones mínimas. Y ahora se da respuesta a reivindicaciones que vienen del mundo del trabajo, un principio que se aplica a todos los trabajadores. Este es un gran avance, porque viene a dar respuesta a una reivindicación sentida, y creo que está muy equilibrada. Es cierto que no es lo mismo alguien que gana 1.000€ al mes que alguien que gana 10.000€. Si se viera alguna disfunción, siempre podría revisarse.
Usted ha vivido buena parte de su vida en un entorno descentralizado como Guadalajara. ¿Qué medidas cree que son necesarias a nivel laboral para que tanto ciudades como pueblos sobrevivan y potencien su tejido empresarial?
Volviendo al desarrollo tecnológico del que hablábamos antes, esa idea del pasado donde grandes industrias se establecían en una localidad ya apenas existe, porque la empresa se ha convertido en algo más volátil. Podemos hablar de un capitalismo atomizado: la tecnología puede estar al servicio desarrollo económico, porque a través de las plataformas y el teletrabajo también se puede conseguir desarrollo económico, pero se necesita una estructura; si los territorios no tienen internet, no podrán utilizar esas herramientas tecnológicas. No obstante, también son necesarios buenos servicios públicos, fundamentalmente educación y salud para garantizar el bienestar. Si esto se cumpliera, la tecnología podría ayudar. Ya hay estrategias en torno a ello por parte de ciudades medias. Es un movimiento que se debe explorar, pero con inteligencia.
«La empresa se ha convertido en algo cada vez más volátil: podemos hablar de un capitalismo atomizado»
Ahora que la protección del medio ambiente se sitúa como una prioridad, ¿son combinables la creación de empleo con la tecnología y la defensa de los recursos naturales?
El desarrollo tecnología y la protección medioambiental no van de la mano, porque el desarrollo tecnológico produce basura y un gasto de energía extremo –de hecho, en muchas ocasiones este desarrollo es contrario a las políticas contra el cambio climático–. Pero hay es una nueva corriente de personas que creemos que el trabajo se tiene que volver más humano, que nos planteamos qué tiempo debemos dedicar al empleo o qué salario es necesario. Y no podemos dejar fuera el lugar el dónde, en qué entorno desarrollar la actividad. Hasta ahora pensábamos que el desarrollo pasaba por grandes urbes, pero hay que empezar a situar lo humano en el centro y, aquí, el espacio rural cobra importancia. Empieza a haber un debate sobre dónde se trabaja, sobre la importancia de entornos amigables para el desarrollo del trabajo y de la vida.
Más de 30.000 personas renunciaron a su puesto de trabajo durante los primeros seis meses de este 2022, y un informe de Hays alerta de que la mitad de la población española está desmotivada en su trabajo (pero no lo deja). ¿Es pertinente hablar de una «gran renuncia interior», como lo han denominado?
En España no hay síntomas de esa gran renuncia a la americana, aunque cuando algo pasa en Estados Unidos es lógico que después llegue a Europa. Pero sí que hay reflexión sobre el trabajo. Cuando la gente tiene un empleo precario, escasamente pagado, escasamente valorado, lleva a que se cuestione para qué trabaja. Es lógico preguntarse qué valor tiene el trabajo en una sociedad para que no pase lo que en otros lugares como precisamente Estados Unidos, donde esta recesión no solo se dio entre trabajadores de Silicon Valley, sino que bajó a otras esferas de mayor precariedad y menos reconocimiento.
¿Qué puntos importantes cree que deberían abordarse en torno a esta situación?
Precisamente este debate sobre el salario y el tiempo de trabajo (como la jornada de cuatro días a la semana) tiene que empezar a darse para poder reflexionar. Hace tan solo unos días las trabajadoras del hogar lograban el derecho a la prestación por desempleo que tanto han reclamado desde hace años. ¿Cómo se puede explicar que hasta ahora este colectivo no haya disfrutado de los mismos derechos laborales que el resto? Siempre ha habido un miedo a que establecer los mismos derechos para estas personas por si suponía el encarecimiento de ese puesto y desincentivaba la contratación. Y es que aquí hablamos no de empresas que pagan, sino de familias que pagan y asumen los costes económicos, por lo que el temor residía en un mayor coste imposible de afrontar. Pero por fin se ha salvado ese temor y se ha logrado con el estímulo de una bonificación del 80% de la cotización del paro para que las familias no sufran.
