Esenciales pero discriminados

Texto: Maribel Izcue, Nicolás Castellano, Agus Morales y Xavier Aldekoa.
Fotografía: Pablo Tosco y Anna Surinyach.
Publicado en Revista5w


“Silencio, ¡temporeros durmiendo en la calle!”.

Los balcones muestran esta pancarta en una calle del casco antiguo de Lleida el 23 de mayo. Debajo, en unos tablones de madera de un edificio que aloja un coworking ahora cerrado, se apilan maletas de colores, cables de móvil, cartones, mantas. Aquí duermen las personas que han venido a recoger la cereza, muchas en situación de irregularidad administrativa.

Es una de las imágenes que nos deja el estado de alarma en España: decenas de personas que llegaron a trabajar en el campo se hallaban, en plena pandemia, durmiendo en la calle. Muchos ni siquiera pueden trabajar: en las fincas se necesita que recojan la cereza, pero los que están en situación irregular se resignan a esperar alguna peonada que obviamente se pagará sin contrato.

LA LEY DE EXTRANJERÍA

En España “sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles”, repite Mikel Mazkiaran, de SOS Racismo Euskadi, un veterano en la lucha por los derechos de las personas migrantes. La pandemia ha sacado a relucir las vergüenzas del sistema migratorio español cuando se van a cumplir 35 años de la aprobación de la primera ley “sobre derechos y libertades de los extranjeros” que se puso en marcha en España. Desde entonces, las distintas normas en esta materia excluyen a miles de personas del acceso a derechos fundamentales.

Toda esta argamasa legal ha hecho cada vez más alto el muro de la burocracia, que se sigue cimentando en los tres mismos ejes: la obsesión por el control de fronteras, la concepción de la persona migrada casi exclusivamente como trabajador y la insistencia en crear un sistema sancionador, con la amenaza perpetua de expulsión.

Son dos décadas con pocas modificaciones a la última ley de extranjería, del año 2000, a pesar de coincidir con uno de los períodos con más migraciones en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial y con la mayor llegada a España de extranjeros. Durante este periodo se ha impuesto el criterio utilitarista, pero ni siquiera eso ha animado al Gobierno español actual a aprobar una regularización, tal y como reclaman más de mil entidades.

EN EL CAMPO

—Hay gente que siempre dice: “¡Viva España!”. Viva España hay que decirlo aquí, en el campo.

Mamadou es trabajador del campo y activista. Su voz se oye cada vez más fuerte: varios de sus vídeos contra el racismo y para reivindicar los derechos de los inmigrantes se han hecho virales. Ha sido mantero, ha trabajado en la fresa de Huelva, en los campos de Jaén. Ahora está en Lleida trabajando y luchando para que los compañeros que duermen en la calle consigan un techo.

Nos sentamos con él en unos escalones de una calle aledaña al edificio de las pancartas que piden silencio para que los temporeros puedan dormir. Lleva un gorro verdiblanco, una camisa rosa, unos vaqueros. Serigne dice que tenía miedo la primera vez que grabó un vídeo. La primera vez que habló sobre su situación, sobre la de los trabajadores del campo. Dice que ya no tiene miedo. Dice que no parará. Sabe que muchos de sus compañeros, sobre todo los que no tienen papeles, no alzan la voz porque se sienten vulnerables. Muchos le dieron las gracias por decir lo que ellos sentían. Y eso lo anima a seguir.

Serigne Mamadou no quiere callarse.

—Lo hago por la gente que no ha tenido voz, para que finalmente pueda hablar, pueda denunciar. La gente tiene miedo, ya sea por estar en el campo, por la violencia, por el abuso institucional… Ahora tenemos que apoyarles para que también denuncien lo que pasa.

El campo necesita más mano de obra que nunca. Con la pandemia se ha intentado atraer a trabajadores que se han quedado en el paro, pero el intento de que la población local recogiera la cereza, según nos confirman payeses de la zona, ha sido en vano.

—Ahora los agricultores están llamando a la gente para que trabaje y nadie está presente —dice Mamadou en alusión a un campo necesitado de mano de obra, más aún en medio de la pandemia—. Nosotros vamos a estar en primera fila para dar la cara y daros de comer.

Hoy es 22 de mayo: han pasado unos días desde que hiciera un directo de Instagram con el actor Paco León. Serigne Mamadou tuvo que abandonar la conversación cuando se emocionó mientras describía la situación de los inmigrantes. Está ahora centrado en esa batalla: busca aliados para que más gente entienda el racismo que sufren.

—Cuando llegamos a Lleida no había lugares de alquiler, nadie nos quería alquilar —explica—. Fuimos al Ayuntamiento a protestar, éramos pocas personas. Distancia social, mascarilla y todo. Nos llamó la policía, nos detuvieron y nos denunciaron.

Las reiteradas promesas de encontrar alojamiento para todos han sido incumplidas, se queja. Están intentando hallar una solución.

Serigne interrumpe la charla varias veces: debe atender el teléfono. La última llamada es de alguien especial: lo notamos porque nos hace señas. Es Keita Baldé, futbolista del A.S. Mónaco. Serigne le explica la situación. Keita le dice que del alojamiento no se deben preocupar, que él se va a encargar de ello. Quedan en que lo hablarán en un directo de Instagram que harán de aquí a dos días. Serigne sonríe. Está convencido de que Keita cumplirá su promesa.

Tenemos un corro a nuestro alrededor. Hay un joven que quiere hablar. Se llama Ousmane Diouf: nació en Senegal y llegó a España en 2018 en patera. Es trabajador del campo. Pero no tiene papeles.

—Ahora cumplo 24 años y tengo muchas ganas de trabajar, pero no tengo permiso de residencia… Mira, en esta calle hay muchos jóvenes que quieren trabajo.

Dice Ousmane que sus padres, que viven en Senegal, están preocupados por el impacto de la pandemia en España.

—Yo les digo: “¡Tú tranquilo! No tengo ningún problema. Estoy bien, luchando…”. A mí me gusta estar aquí, pero la única cosa que quiero decir es que hay que ayudar a la gente para que tenga papeles.

Una de las activistas más vocales, desde hace años, en la defensa de los derechos de los temporeros en Lleida es Nogay Ndiaye, de la Plataforma Fruita amb Justícia Social. Ndiaye avisa de que es un problema estructural, con o sin pandemia.

—Las entidades implicadas hemos estado haciendo reuniones [con el Ayuntamiento] desde septiembre-octubre del año pasado. Hicimos propuestas. Habían presupuestado incluso unos bungalós para hacer pequeños alojamientos de dos o tres personas por bungaló. Llegamos a febrero, última reunión, llega la pandemia… y todo desaparece.

Ndiaye se muestra muy crítica con el Ayuntamiento, tradicionalmente socialista pero en manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) desde el año pasado. ERC se había mostrado indignada por la situación de los temporeros, pero la solución no ha llegado, lamenta Ndiaye.

—Les ha venido perfecto esto de la pandemia para tener la excusa.

Son dinámicas enquistadas, según Ndiaye, cuyo marco general es la ley de extranjería, que tiene un impacto directo en el campo.

—Es un sistema racista que oprime a los débiles, y los más débiles son los inmigrantes. Dependen de la ley de extranjería —dice Ndiaye—. Muchas de las personas que están en el centro histórico de Lleida tienen papeles y duermen en la calle igualmente porque no se está cumpliendo el convenio, pero hay otras que están en ese periodo de tres años en el que tienen que sobrevivir [sin documentación] y no tienen ningún ingreso. Van haciendo las campañas. Hay momentos en que hay picos grandes y no tienen suficientes trabajadores, y cogen a 25 más. Estos 25 están indocumentados y los tienen una semana.

Poco después de estas conversaciones, el futbolista Keita Baldé cumplió su promesa: alquiló un edificio entero para alojar a 90 personas que estaban en la calle. Es un inmueble que se ha tenido que acondicionar: varios hoteles y otro tipo de alojamientos rechazaron acoger a los temporeros pese a que Baldé lo pagaba, según denunció Ndiaye.

Un futbolista supliendo la labor de las administraciones.

HISTORIA DE LAS REGULARIZACIONES

En España las regularizaciones han sido aprobadas por Gobiernos de distinto signo ideológico: tanto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como del Partido Popular (PP). Incluso el dictador Francisco Franco hizo una. Las Cortes franquistas aprobaron el 14 de febrero de 1974 un decreto que permitió la regularización de 11.000 ciudadanos extranjeros, según el archivo personal sobre normativa de extranjería que atesora el abogado José Luis Rodríguez Candela. Hay que remontarse a 1852 para encontrar el primer real decreto de extranjería aprobado en España, según otro trabajo de documentación de Mazkiaran.

Rodríguez Candela, miembro de la Asociación de Abogados Extranjeristas, destaca las enormes diferencias de las seis regularizaciones que se han puesto en marcha en España desde que se creó la ley de extranjería en 1985, que han permitido que un total de 1.124.241 personas hayan accedido a un permiso de residencia desde 1986 a 2004.

La primera “regularización colectiva” de extranjeros en España surgió en 1986 con el reglamento que desarrollaba la primera ley, y permitió a 38.181 personas acceder a un permiso de residencia. El 7 junio de 1991 se produjo el único proceso que se llamó “regularización” como tal, y que incluyó a 109.137 personas. En 1996 llegó la de José María Aznar: 21.283 personas obtuvieron el permiso. El PP haría otras dos más: en 2000, coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva ley de extranjería (150.000 regularizados) y en 2001 vía reglamento (232.679 más).

La última, la llamada “normalización”, vino en 2005 de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo que 572.961 personas accedieran a la residencia. Con ese último real decreto de 2005 se introdujo la vía del arraigo como figura para obtener un permiso de residencia en España, en virtud del cual se deben demostrar tres años de residencia en el país, tener una oferta de trabajo y acreditar la ausencia de antecedentes penales. Esta sigue siendo casi la única salida a la irregularidad administrativa en España.

El Gobierno español actual, integrado por PSOE y Podemos, no ha hecho efectiva una regularización en medio de la pandemia. Para presionar al Ejecutivo, se ha puesto como ejemplos a Italia y Portugal, aunque sus medidas han sido limitadas: en Italia, la regularización solo incluye el sector agrario y mientras dure el estado de excepción; en Portugal, es específica para los que tenían ya en marcha algún proceso de tramitación previo a la pandemia.

La medida más importante que ha tomado España en la materia es la concesión de dos años de permiso de trabajo para los jóvenes extutelados de entre 18 y 21 años, que llegaron a España siendo menores, la mayoría en pateras, y que han estado trabajando en el campo durante este estado de alarma en la recolección, sobre todo de los frutos rojos en Huelva. Según fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, son menos de 300 los que se han acogido a esta medida. Un número bajo teniendo en cuenta que el Estado tiene registrados a 11.000 menores, a los cuales el Gobierno también permite trabajar una vez cumplidos los 16 años.

“Hemos perdido una oportunidad para los extranjeros y para el país, pero tal y como está de tensionado el Parlamento español, parece poco probable que prospere cualquier intento de plantear una regularización o una reforma ambiciosa de la ley de extranjería por el miedo a VOX”, sostiene una experta implicada en mecanismos oficiales de protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros, que pide el anonimato.

El contexto actual no es el de 2005, cuando la mayoría de las personas regularizadas eran trabajadoras del hogar, de la hostelería, la construcción, el sector servicios y unos pocos del campo. Hasta los profesionales extracomunitarios más demandados en la pandemia, los sanitarios, han seguido estrellándose contra el muro de la burocracia para conseguir ejercer por fin sus oficios en España. Médicas y enfermeros que tardan años normalmente en homologar sus títulos vieron cómo el Gobierno les abría una ventana rápida en la pandemia, pero menos de 350 pudieron culminar el proceso hasta que la administración española volvió a cerrarlo.

CUIDADORAS

El tono de llamada suena varias veces antes de que una voz femenina conteste al otro lado de la línea.

—¿Hola?

La respuesta se oye entrecortada: es un problema de cobertura, no de distancia. Estamos en la misma ciudad y nos separan solo unos pocos kilómetros, pero son infranqueables para ella. No es solo el estado de alarma, que a mediados de mayo aún restringe nuestros movimientos. Desde el 15 de marzo, Margarita no puede abandonar el apartamento en el que se encuentra para regresar a su casa, hacer ejercicio o ir al médico, a riesgo de perder su empleo.

Margarita no se llama Margarita, pero ese es el nombre que prefiere que le demos para evitar problemas en su trabajo, ese que le impide salir de casa. Ronda los 50 años y es auxiliar de enfermería; en su Colombia natal trabajaba en un centro sanitario.

—Y por un futuro mejor y esas cosas, una de pronto se viene acá.

Llegó a España hace más de dos años y estuvo cuidando a una anciana en su casa hasta que la trasladaron a una residencia; luego consiguió empleo asistiendo a una pareja nonagenaria de nueve de la noche a nueve de la mañana. Estaba contenta con su trabajo, dice, porque tenía el día para moverse, para “hacer otras cosas, otras exigencias; pero resulta que ahora no”.

Resulta que ahora no, porque llegó la pandemia y, con ella, la mayor sacudida social en años. En los momentos más críticos los focos se volvieron hacia los hospitales, hacia las residencias de ancianos, hacia el extraordinario esfuerzo del sector sanitario. Mientras tanto, en el interior de sus viviendas, muchos ancianos solos y dependientes eran cuidados por personas como Margarita: sin una situación administrativa regular, sin contrato, sin material de protección en condiciones, sin margen para reclamar mejoras si no quería perder el trabajo. Ella cobraba 750 euros al mes por cuidar al matrimonio todas las noches de la semana. Pero con la pandemia llegó el cambio.

—Como son personas mayores, su hijo me dijo: “Yo necesito una persona que se quede”. Y yo le dije, ¿que se quede cómo? “Que se quede. Si eres tú, no puedes entrar ni salir”. ¿Y qué voy a hacer en este caso? Pues quedarme.

Sus horas aumentaron, el sueldo no. Desde mediados de marzo tuvo que permanecer las 24 horas del día en la casa, volcada en los cuidados, y solo la última semana de mayo comenzó a salir unas horas los sábados y domingos.

Aquel fue el primer vuelco. El segundo, cuando el abuelo al que cuidaba enfermó mostrando todos los síntomas de la COVID-19. Llamaron a la ambulancia y fue trasladado al hospital, donde le hicieron la prueba: positivo. El anciano murió por coronavirus a mediados de abril.

—Júralo que yo tuve una depresión. Dios mío, qué hago. Ahora a esta casa no viene nadie.

Margarita pone énfasis en nadie, como si estirase la palabra hasta partirla en dos: na-die. En el apartamento conviven ahora la anciana, recién enviudada, y ella. Antes, dice, dos empleados del servicio de atención domiciliaria municipal acudían a prestar asistencia durante el día, pero cuando les informaron de que en esa casa había habido un fallecido por coronavirus, dejaron de hacerlo.

—Se espantaron. No volvieron. Para mí esto ha sido estresante, estaba súper estresada. Entiéndeme. Me duele todo, me duele la espalda, me duelen las piernas. Me siento… Me sentí tan mal que lo que hice fue arrodillarme y llorar.

Al conocer que el abuelo era positivo, Margarita contactó con el ambulatorio. Le dijeron que mientras ni ella ni la abuela mostraran síntomas, no les harían el test. Que se tomaran la temperatura varias veces al día y, en caso de que tuvieran fiebre, les avisaran. Al otro lado del teléfono la voz de esta auxiliar de enfermería no oculta su enfado por la incertidumbre, porque al haber estado en estrecho contacto con un positivo por coronavirus, tanto a la abuela como a ella deberían hacerles las pruebas, dice.

—Yo he escuchado que a futbolistas sí se lo han hecho… ¡Esto es un caso prioritario, creo yo!

Hasta ahora, ninguna de las dos ha tenido síntomas. Margarita ha recibido material de protección —mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico— de la asociación de mujeres migrantes a la que pertenece, y extrema las precauciones cuando tiene que salir a comprar “por ejemplo en la farmacia, o algunas cosas de la casa, los pañales [de la anciana], los medicamentos, la leche, cosas así”.

La abuela, con algunos síntomas de demencia, a menudo no termina de entender la situación, pero sí es consciente de que su marido ya no está. Y también de que ya no puede salir a la calle.

—Ahora dice que de la casa solo la van a sacar con los pies para delante; a mí me afecta.

En esta situación, ¿ha tenido posibilidad de renegociar sus condiciones laborales?

—Yo la otra vez le hablé de un contrato a la familia. Se quedaron mudos, o más bien se pusieron como molestos. Así que no les he vuelto a insistir. ¿Por qué? Porque me quedo sin trabajo. Y así estamos muchas compañeras, muchísimas.

Sin vacaciones —excepto una ocasión en la que los familiares se llevaron al matrimonio de veraneo un par de semanas, en las que suspendieron el sueldo de Margarita—, sin bajas, sin salario mínimo, sin horas extra, sin protección más allá de las redes de solidaridad tejidas entre las propias compañeras. Cuando Margarita planteó la posibilidad de que, aunque fuera sin contrato, le subieran el sueldo por estar como interna por el coronavirus, con una anciana dependiente a la que “hay que hacerle todo”, los familiares alegaron su propia falta de recursos.

Ella tiene claro que la causa de la desprotección en la que se encuentra radica en su situación administrativa irregular, pero responde rápido si alguien apunta a que no tiene documentos.

—Como soy una extranjera, supuestamente no tengo documentos. Yo documentos sí tengo; que no tenga una identidad española es diferente. “¡Pero no, eres indocumentada!”, dicen. Yo no soy ninguna indocumentada. Yo tengo mi pasaporte que reza mi nombre. Como que ni supiera de dónde soy y de dónde vengo. Con esa cuestión la gente quiere… Como una tiene necesidad, vamos a llamarla así, tienes tu familia allá y tienes que mantenerte aquí…

Su voz se queda colgada en el vacío. Tras un momento, continúa.

—Una viene con metas, con sueños. Somos personas profesionales que queremos salir adelante. Nos encontramos con esa frustración aquí.

Habla de compañeras a las que han despedido de la noche a la mañana, “así como bota uno la basura”, y que se han quedado en la calle por no poder pagar la habitación en la que vivían; o de los sueldos de entre 400 y 500 euros al mes que, antes de la pandemia, cobraban algunas por deslomarse en jornadas diarias de más de ocho horas. Ninguna de las compañeras que menciona llega, ni de lejos, al salario mínimo interprofesional, que establece, por 40 horas semanales, 950 euros brutos mensuales con 14 pagas y 30 días de vacaciones al año; o, en caso de un contrato por horas, un mínimo de 7 euros la hora. Todas las reclamaciones de Margarita se condensan en una sola: un decreto que regularice su situación.

—Lo que yo veo es que nunca nos han tomado en cuenta a nosotras, las mujeres trabajadoras del hogar, sabiendo que la sociedad española se beneficia de nosotras. Si vamos y hacemos un salto de casa por casa, se encuentran puras extranjeras trabajando y haciendo el cuidado del hogar.

En España hay unas 400.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social como empleadas del hogar. La última Encuesta de Población Activa indicaba por su parte unas 600.000 personas ocupadas en este sector. El cruce de ambas cifras apuntaría a que una de cada tres trabajaría en la economía sumergida. De las afiliadas, un 95% son mujeres y el 42% son extranjeras. Pese a cotizar en la Seguridad Social, lo hacen en un régimen especial que no contempla subsidio de paro. Un estudio de 2018 de Oxfam Intermón y la Universidad Carlos III de Madrid cifraba a su vez en más de 630.000 las personas que se dedican al trabajo del hogar en España y apuntaba a que la mayoría, un 57%, son mujeres migrantes.

—Las cuidadoras de domicilios privados se consideraron esenciales mediante el Real Decreto [el Real Decreto-Ley 10/2020 del 29 de marzo]. Esenciales, pero no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores considerados esenciales, ni para acogerse a un ERTE, ni para acogerse a prestación: muchas no están dadas de alta en la seguridad social.

Habla la hondureña Carmen Juares, una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, red integrada por unas 400 trabajadoras del hogar y de los cuidados en Cataluña. En medio de la crisis por el coronavirus, el grupo de WhatsApp que comparten estas trabajadoras echa humo con relatos de situaciones sangrantes. Las más habituales son aumentos de jornadas por el mismo salario, dice, y despidos de la noche a la mañana sin ningún tipo de indemnización. Solamente tres de las 400 mujeres de la asociación pudieron pasar el confinamiento en sus casas sin que los empleadores le retiraran el sueldo. Tres de 400, insiste Carmen con una mezcla de enfado y frustración.

Muchas otras, continúa, se han jugado su salud por falta de recursos y material de protección, como la trabajadora que de madrugada tuvo que acompañar a urgencias al abuelo que cuidaba. El hombre dio positivo por coronavirus, pero era el pico de la pandemia y, con los servicios sanitarios saturados, del hospital lo devolvieron a casa. La cuidadora lo comunicó a los familiares, pero estos le negaron de forma rotunda guantes y mascarillas alegando que se los tenía que comprar ella con su dinero, “ya que formaba parte del desarrollo de su trabajo”. Con un sueldo de 700 euros al mes como interna seis días a la semana y un hijo en su país de origen, no disponía de efectivo. “A los días nos llamó, que estaba con tos y fiebre alta”. Cuando explicó a los familiares que parecía haberse contagiado con el virus, “la respuesta fue que si quería seguir trabajando que lo hiciera, pero que cuando ya no pudiera lo comunicara y buscarían a otra persona”. Aquello era sinónimo de quedarse en la calle. “Lleva trabajando allí dos años y está en proceso de regularización. Es aquello que la ley de extranjería te obliga a aceptar”.

Este caso ocurrió al inicio de la pandemia. Poco después, la asociación comenzó a recibir donaciones de material y pudo repartirlo entre las trabajadoras en situaciones de mayor riesgo. También han abierto una colecta solidaria para poder respaldar a aquellas a las que la emergencia del coronavirus ha dejado sin ingresos, en ocasiones sin techo, y a menudo con menores a los que mantener. La situación se repite en todo el país: las asociaciones creadas por las propias trabajadoras son, para muchas, el único colchón para hacer frente a la pobreza.

Carmen Juares insiste en que para resolver el problema estructural del sector hay que hacer una labor pedagógica y de sensibilización que desemboque en la regularización de las migrantes, en contratos, en un cambio de mentalidad de la sociedad.

—Se dice: “Le pago a la chica para que venga unas horitas…”. No, no. No es la chica, es una persona trabajadora con nombres y apellidos. Muchas tienen formación, son profesionales del cuidado. Pero se las ve como la chica y no como una relación laboral.

Incluso en sectores de la sociedad que se consideran feministas y progresistas, añade, está normalizado el hecho de emplear a una cuidadora en condiciones precarias.

—Hay mujeres que sí, han roto el techo de cristal, pero mientras otras estaban recogiendo los vidrios. Tenemos tan interiorizado el papel de las personas de origen migrante, que no nos preguntamos por sus necesidades.

VIDAS INVISIBLES

En las estadísticas oficiales constan 5.663.348 residentes extranjeros en España. La mayoría (unos 3,4 millones) son del régimen comunitario, sobre todo de Reino Unido, Italia y Rumanía, y 2,2 millones son extracomunitarios, con Marruecos, China y Ecuador a la cabeza. Pero es interesante fijarse en un dato: más de 1,8 millones se consolidaron como residentes de larga duración, es decir, el 85,5% de todos los residentes extracomunitarios regulares en España.

Solo en 2019, más de 400.000 personas consiguieron diversos tipos de permisos de residencia en España. De ellos, según consta en las estadísticas de la secretaría de Estado de Migraciones, 38.567 lo lograron por la vía del arraigo y 39.249 por las llamadas “razones humanitarias o excepcionales”.

¿Qué pasa con quienes están en situación de irregularidad administrativa? ¿Qué pasa con quienes no están en las estadísticas? Los colectivos que piden una regularización estiman que esta beneficiaría a 600.000 personas, pero las fuentes especializadas en migración consultadas para este reportaje aseguran que este dato es imposible de calcular.

En el conjunto de Europa las estimaciones de estos trabajadores invisibles ascienden a entre 8 y 10 millones. Pero son solo estimaciones. Los que malviven en las chabolas de Lepe, los que están a la intemperie en Lleida o las trabajadoras que han pasado la pandemia cuidando de los mayores en sus casas no aparecen en ninguna estadística. No forman parte de los 272 millones de personas que tienen la etiqueta de migrantes en el mundo, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), porque la ley las borra del mapa.

La pandemia ha logrado lo que las oenegés tanto habían reclamado durante años: el cierre de todos los Centros de Internamiento de España, los polémicos CIE, aunque Interior asegura que se trata de una medida temporal y que volverán a abrir sus puertas. Sin embargo,1.700 personas han estado encerradas, hacinadas y forzadas a incumplir todas las recomendaciones sobre el confinamiento en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde más de 200 niños y mujeres, muchas en situación vulnerable, han llegado a compartir un espacio ideado inicialmente para solo 600 plazas en medio de una pandemia global. La mayoría son solicitantes de asilo de Yemen, Siria, Túnez o Marruecos, a los que Interior vulnera su libre circulación por el territorio español una vez piden protección.

TIEMPOS DIFÍCILES

Malang Fatty lleva los auriculares puestos pero no escucha nada. Mira la pantalla del móvil y se whatsappea con un amigo, le pregunta qué tal, qué haces. Su rictus no cambia durante la conversación, así que es imposible adivinar el tono de las respuestas. Tampoco sería sencillo leer sus gestos. Malang lleva una gorra de camuflaje con unas letras naranjas de los Yankees de Nueva York y una mascarilla le cubre la mitad de la cara. Como está sentado en un muro bajo de ladrillos rojos, los pies le quedan colgando a unos centímetros del suelo. Los balancea y levanta la cabeza. Su vista se pierde al otro lado de la calle, donde hay una sucursal bancaria de letras azules y blancas y a su izquierda unas palomas picotean despreocupadas en el suelo. Encima de ellas hay una placa con el nombre de la plaza: Plaça Solidaritat.

Antes, explica Malang, pasaba bastante por esa plaza o iba a caminar por la playa, que queda cerca, pero ya no tanto.

—Tough times, man —dice en voz baja: tiempos difíciles—. Salgo muy poco a la calle, a comprar al supermercado o a hacer algún recado, pero poco más. Desde que empezó todo, prefiero no salir de casa, hay más policía y te pueden parar para pedirte los papeles y ponerte una multa.

Desde que empezó todo: desde que la pandemia vació las calles de medio mundo y a migrantes como Malang los dejó sin red. Su historia, más allá de los matices geográficos, es la de cientos de miles de migrantes subsaharianos en Europa. Llegó hace cinco años en patera a Italia desde su Gambia natal y, tras buscarse la vida como temporero en el sur de España, se fue a Barcelona, donde pensó que le cambiaría la suerte y podría conseguir papeles. No fue así. Ahora vive en Blanes, una localidad a 70 kilómetros de la capital catalana donde empieza la Costa Brava, y recoge chatarra o trastos viejos que repara para vender después. Recogía: desde que se decretó el estado de alarma, no ha podido salir de ronda por la noche a escarbar en los contenedores, al menos hasta la semana pasada. Si antes sus ingresos eran escasos, ahora son cero. Sobrevive porque vive en un piso compartido a cinco minutos de la Plaça Solidaritat con otras siete personas, dos de Costa de Marfil y el resto gambianos como él, y sus compañeros de piso son además su sostén.

—Entre alquiler, electricidad y comida, cada uno ponemos entre 120 y 150 euros al mes. Algunos trabajan y tienen papeles, pero yo no. Me cubren un poco.

En casa solo reciben un pequeño empujón externo. Cada miércoles, van a la sede de Cáritas para llenar un carrito de la compra de color pistacho con alimentos de primera necesidad. Les dura tres días.

Tough times. Tiempos difíciles.

Malang lleva mal la pobreza y la incertidumbre, pero peor el sentimiento de culpa. Él lo llama nostalgia, y debe de serlo también, pero cuando lo dice baja la mirada avergonzado y se delata.

—Antes mandaba dinero cuando podía. A veces 20 o 50 euros. Lo que podía. Ahora no puedo y sé que ellos lo notan.

La crisis económica generada por la pandemia y el confinamiento ha provocado la caída más abrupta de remesas de la historia reciente. Se prevé que este año los migrantes envíen a sus familias algo más de 390.000 millones de euros, un 19,7% menos que el año anterior. En África subsahariana el desplome estará por encima de la media (23,1%). Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo especializado de las Naciones Unidas, cada año 200 millones de migrantes envían una media de entre 200 y 300 dólares a sus familiares, especialmente en zonas rurales de países pobres. La cantidad supone, también de media, el 60% de los ingresos de esas familias. La interrupción de ese dinero salvavidas no solo significa la pérdida de un flujo económico vital, también es un obstáculo para el progreso. Aunque tres de cuatro dólares de las remesas se invierten en alimentos y otras necesidades básicas, el resto se invierte mayoritariamente en educación, así que un descenso en las remesas afecta directamente a esta última partida.

Las pocas veces que Malang no puede más y se atreve a salir de casa, baja a la playa a airearse un poco. El rumor de las olas, dice, le transporta a la playa de Tanji, donde iba con su madre o su hermano Abubakar a comprar pescado. En la arena, piensa en su madre, su padre enfermo y sus otros dos hermanos pequeños. Sobre todo en ellos dos.

—El camino a Europa es difícil. Se sufre mucho. Yo vine aquí para ayudar a mi familia y pagar la escuela de mis dos hermanos. Me siento responsable de eso y más en estos momentos.

En estos momentos. En estos tiempos difíciles.

A nivel sanitario, África no ha sufrido hasta ahora un impacto tan brutal de la pandemia como los países occidentales. Aunque ya ha superado los 207.000 infectados y las 5.500 muertes, la cifra supone menos del 3% de los positivos mundiales y el 1,3% de las muertes, pese a que el continente alberga al 17% de la población del planeta. A nivel económico es otra historia. Las rápidas y drásticas medidas de la mayoría de Gobiernos africanos, que ordenaron el cierre de fronteras y mercados, unidas a la caída del precio del petróleo y el estancamiento del comercio internacional, detendrán en seco el crecimiento de los últimos años. A causa del coronavirus, el Banco Mundial prevé la primera recesión en la región en los últimos 25 años. La crisis combinada en Europa y Estados Unidos, de donde provienen la mayoría de las remesas hacia países africanos, ahondará en la herida de millones de familias. Gambia recibirá una estocada descomunal. Aunque a nivel cuantitativo Nigeria, Ghana, Kenia y Senegal son los países que más dinero reciben de las remesas, el país más pequeño de África es el tercero más dependiente de los envíos de efectivo desde el extranjero, solo por detrás de Sudán del Sur y Lesoto. Un 15,5% del Producto Interior Bruto gambiano, el triple de los ingresos por turismo, proviene del envío de dinero más allá de sus fronteras.

Sentado en el sofá de su casa, Malang cambia de canal en la televisión hasta que da con un partido antiguo del F.C. Barcelona contra el Arsenal inglés. Lo deja. En la pantalla, Abidal lanza un patadón a Nasri y lo derriba; falta indiscutible, pero Malang mira la escena inmutable. Está solo en el comedor. El resto de compañeros de piso ha desaparecido en la cocina o en sus cuartos compartidos, desconfiados por la presencia de un periodista en la casa. Malang se ha quitado la mascarilla y la arruga en la mano izquierda, posada sobre el brazo del sofá. Está inquieto. Coge el teléfono y llama. Contesta su madre, Kumbafaya, desde Gambia. Al principio, Malang pregunta por la salud de su padre y por cómo el virus está afectando a la familia y al país. Ella le pregunta si está bien de salud y está contento. Casi al final, después de un breve silencio, Malang se arma de valor y lo dice:

—Mamá, no podré enviar dinero.

—Si tuvieras, sé que nos enviarías.

—Es debido a mi situación y al coronavirus, ¿sabes?

—Que Alá haga tu lucha fácil.

—Amén.

—Que los extranjeros sean amables contigo.

—Amén.

—Que no seas víctima de tu situación.

—Amén.

—Que los hombres blancos sean buenos contigo.

—Amén.

«Se están alquilando sofás en A Coruña para dormir»

Ana Carro
Fuente: La Opinión


Pablo Sánchez, trabajador social de la Cocina Económica de A Coruña, se encuentra cada día con una realidad en la que hay colas para pedir comida y en la que mucha gente no tiene donde dormir. Asegura que los precios para alquilar un piso en la ciudad «son abusivos» y, en muchos casos, estos espacios «no reúnen las condiciones mínimas de higiene». Sánchez lamenta que las personas en situación de pobreza o de exclusión social «tengan que destinar más de la mitad de las ayudas al alquiler».

Como trabajador social, ¿ha sido consciente del incremento del precio de la vivienda en la ciudad?
Sí. Es una realidad. En los últimos años ha habido un incremento notable del precio de los alquileres, tanto de viviendas como de habitaciones.

¿A qué cree que se debe?
Está muy asociado al incremento de la población que experimenta la ciudad año tras año. No es una gran subida, pero sí una tendencia. A Coruña tiene un problema de vivienda evidente porque el parque de viviendas no aumenta en la misma proporción que la población, que lo hace de una manera mayor.

¿Las personas en riesgo de exclusión son las más perjudicadas por esta situación?
Sí. Los colectivos en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza tienen pocas posibilidades económicas. Las prestaciones sociales públicas rondan los 400 euros. La Risga, por ejemplo, es de 403 euros y el subsidio de desempleo de 430 euros. Con esa media de ingresos, lo que queda es acceder a un piso compartido o a viviendas en régimen de alquiler en muy mal estado.

¿Los precios son abusivos?
Por supuesto. Conozco decenas de casos de personas que están pagando 300 o 400 por viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de higiene y habitabilidad. Ocurre lo mismo con las habitaciones. Se alquilan por 200 euros y la cama tiene un colchón en el que es prácticamente imposible dormir. Es la ley de la oferta y la demanda.

¿Qué provoca esta situación en el sector inmobiliario?
Que haya un submercado de alquiler. Sin contratos y sin condiciones. Todo es de palabra. O lo tomas o lo dejas. Pensando en esos perfiles de personas más excluidas que no pueden acceder a la vivienda normalizada por cuestiones económicas, lo que les queda es aceptar un mercado marginal. Que implica más marginalidad y refuerza sus problemáticas. Más de la mitad de la ayuda económica que reciben la tienen que destinar al alquiler.

¿Es una tendencia en toda España?
Claro. Madrid y Barcelona son referencias siempre. Hay que estar muy atentos a lo que pasa a todos los niveles en estas dos ciudades porque eso se reproduce siempre en el resto de España. Hace diez años nos sorprendíamos al escuchar que se alquilaban bañeras para dormir en Madrid. Pues ya se están empezando a alquilar sofás en A Coruña para dormir.

Los ‘héroes’ que hoy salvan el país pagarán mañana los platos rotos de la crisis

El estado de alarma está poniendo nuestra estructura laboral frente al espejo: las escalas más bajas, algunas de las cuales apenas alcanzan el salario mínimo interprofesional (SMI) en condiciones de precariedad máxima, son las que mantienen con pulso a la sociedad y permiten a las escalas intermedias y altas resistir el confinamiento en sus casas. Los primeros, ya sean cajeros, transportistas, mensajeros o temporeros agrícolas, se exponen diariamente al contagio del Covid-19 porque no tienen posibilidad de teletrabajar. Los segundos, desde personal de oficina a altos ejecutivos, se quedan en casa porque pueden teletrabajar, reducir horario y, en el peor de los casos, acogerse a un ERTE. Ha tenido que llegar una pandemia para poner del revés la economía. La buena noticia es que por primera vez en décadas los empleos productivos son valorados y aplaudidos por la sociedad. La mala es que no durará mucho.

“La coyuntura es perfecta para que estos empleos productivos, que son esenciales en un momento de crisis, puedan ser puestos en valor con una mejor retribución. Sin embargo, es difícil que esto se plasme en una mejor regulación laboral”, considera Raúl Ramos, doctor en Economía y profesor de la Universidad de Barcelona. “Quizá sí mejore el prestigio social de algunos empleos: por ejemplo, el personal de limpieza, tan importante en los hospitales estas semanas, o por supuesto el de cajera de supermercado. En una cadena de valor, todos los engranajes son relevantes, y habrá que estar pendientes de que las diferencias salariales no sean excesivas. Pero no es un debate nuevo: es justo el centro de la discusión sobre las condiciones laborales de plataformas como Glovo o Deliveroo”.

El problema es que justo ahora, con una gran recesión asomando y el Fondo Monetario Internacional (FMI) avisando a España de una hecatombe laboral, no es el mejor momento para ponerse las pilas y resolver en unos meses negros lo que no se ha resuelto en varios años de relativa bonanza.

“Tras la última crisis, todo eran palabras altisonantes: refundar el capitalismo, atajar la precariedad, reducir la desigualdad. Usamos otra vez las mismas expresiones, pero soy escéptico sobre la voluntad del país en avanzar en esa línea”, afirma el economista holandés Marcel Jansen, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. “Es cierto que se ha reaccionado de forma mucho más rápida y ambiciosa en comparación a 2008, pero cuando has permitido que una cuarta parte de tus trabajadores tenga contratos temporales, no hay política que evite la destrucción masiva de empleo. Los distintos gobiernos se han resistido a tratar seriamente el problema de la dualidad [empleo indefinido frente a temporal], por eso ahora sobran todos estos lamentos sobre los problemas que se avecinan”.

Cuando has permitido una cuarta parte de contratos temporales, no hay política que evite la destrucción masiva de empleo

Mientras aplaudimos al personal sanitario cada tarde desde la ventana, las enfermeras encadenan hasta 361 contratos anuales. Hemos convertido el contrato fijo en un supermercado en una suerte de nueva clase media y ahora estamos en camino de normalizar la entrega a domicilio para Amazon y Glovo, que anteayer nos parecían el colmo de la precariedad y el abuso laboral.

“El diseño institucional de España ofrece mucha protección a personas que realmente no la necesitan tanto porque tienen alta empleabilidad y son capaces de generar por sí mismas estabilidad. La protección a personas con contrato indefinido y antigüedad sigue siendo muy buena. En cambio, los contratos temporales y los indefinidos recientes, que son la mayoría tras la destrucción de la anterior crisis, están muy expuestos”, advierte Jansen. “Y esto volverá a pasar ahora: los contratos con antigüedad seguirán muy protegidos, pero la gran mayoría de contratos nuevos será carne de despido. Será fácil pagarles entre 20 y 33 días de indemnización por esos pocos años”.

Así, los ‘héroes’ de hoy, los que salen cada día a la calle o a la carretera a sostener el país sin la protección adecuada contra la enfermedad, volverán a ser los que paguen mañana los platos rotos de la crisis. El desempleo masivo, que el FMI ubica en tasas del 20%, hará que haya mucha más gente dispuesta a trabajar en estos empleos productivos esenciales pero básicos, provocando más inseguridad laboral y peores suelos debido al aumento de candidatos.

Como señala José Carlos Díez, profesor de la Universidad de Alcalá, “las personas que hoy trabajan en un cine o en un teatro y que cobran en el entorno de 1.300 o 1.400 euros pueden perder el trabajo y verse obligadas a bajar un peldaño como reponedor en un supermercado o repartidor de paquetería. Y eso generará presión hacia abajo. Los salarios se estancarán o caerán todavía más”.

O como lo explica Ramos: “En la última década, la dispersión salarial ha aumentado bastante, distanciando la parte alta de la baja. Y esto es probable que se vuelva a reproducir. Largas colas de paro otra vez y muchos trabajadores que no podrán regresar a sus empleos previos al estado de alarma. ¿Cuánto durará? Sabemos que el ritmo de vuelta y desescalada tardará meses, será lento”.

Valor versus precio

“Lo que estamos viviendo nos pone ante la paradoja entre valor y precio. Un trabajo esencial puede tener un alto valor a un precio muy bajo, y al contrario. Un ejecutivo cobra un salario muy alto porque se adjudican los sueldos entre ellos en los consejos de dirección. Pero si quitaras un ejecutivo y pusieras un ‘bot’, en algunos casos ni se notaría”, explica Díez. “La sociedad sí valora estos empleos importantes pero mal remunerados. El mercado, por desgracia, no. El primer paso para proteger estos sectores es frenar la destrucción de empleo cuanto antes, y una vez conseguido eso, hay que buscar una mejor regulación del mercado laboral”.

Si no se introduce una renta básica, miles de personas quedarán al margen de la recuperación, como las limpiadoras del hogar

Los expertos coinciden en que el primer paracaídas que hay que desplegar es el de la renta mínima garantizada. “Si no se introduce una renta básica, miles de personas quedarán al margen de la recuperación: por ejemplo, las limpiadoras del hogar, que tras la subida del SMI han empeorado su acceso a la Seguridad Social», apunta Jansen. «Luego están los miles de trabajadores temporales que han tenido la mala suerte de no trabajar cuando se declaró el estado de alarma. Ahora hay un 25-26% de empleo temporal frente al 33% anterior a la crisis de 2008. Son menos puestos, pero son ocupados por muchas más personas que van rotando en contratos troceados. Si los que justo ahora no tenían contrato no reciben una renta mínima, corren el riesgo de caer. Son personas muy vulnerables. La gran dualidad de España hace que el impacto de la crisis pos Covid-19 sea mucho mayor aquí que en los países del entorno. Son los mismos problemas de 2008-2009, pero con efecto mucho más rápido”.

Y en el centro del debate, cómo no, la reforma laboral de 2012 impulsada por el Partido Popular. En esto no hay tanta coincidencia. “Esa reforma favorece la negociación salarial a nivel de empresa en lugar de a nivel de sector en la provincia. Eso provoca que cada vez más trabajadores no estén cubiertos por el convenio colectivo y se haya generado más desprotección y devaluación salarial. Los más afectados son los trabajadores con menos cualificación formal, que al depender del convenio de empresa, pierden poder de negociación”, opina Ramos.

Jansen, por su parte, considera que se sobrevaloran los males de esa reforma. “Es injusto culpar de todo a la reforma laboral. Es cierto que se han producido abusos ligados al convenio, en especial en las empresas multiservicio o en el personal de limpieza de hoteles, pero, en general, los convenios de empresa no se pagan peor. También había más porcentaje de empleo temporal en 2008, antes de la reforma, que ahora. Y por último, en la reforma laboral se incidió mucho en los ERTE, hubo cambios que ahora nos han permitido, con solo sacar un real decreto, crear la figura de ‘ERTE por fuerza mayor por Covid-19’ y eliminar el requisito de haber cotizado un número de días para poderte acoger. Esto ha facilitado un mecanismo para que las empresas bajen sus costes, a la vez que mantienen la relación laboral intacta con el empleado”.

El sector turístico y hostelero sufrirá lo mismo que la construcción en 2008. Sectores hipertrofiados en el estallido de ambas crisis

Ante el trompazo de un sector turístico y hostelero hipertrofiado, que sufrirá lo que sufrió la construcción en 2008, los economistas consultados abogan por un rediseño del tejido laboral. “El mercado laboral español, por su propia estructura de empleo con poco valor añadido, contribuye a la desigualdad y a que sufra más que el resto de países ante cualquier sacudida”, afirma Jansen. Díez, por su parte, abre una puerta a la implantación de perfiles tecnológicos en nuestro país. “Tenemos una oportunidad para atraer el talento de los nómadas digitales, un perfil que explotará por la disminución de los viajes y la obligación del teletrabajo. Podemos atraerlos a España con incentivos, que se instalen, por ejemplo, en las islas o en el litoral mediterráneo, que son lugares muy atractivos y donde más van a sufrir la crisis. Pero, para eso, se requiere diseñar estrategias”.

Pero ante la probable inacción política para solucionar los problemas de fondo, la pelota estará en el tejado del ciudadano. Así lo ve Ramos: “Esta crisis sanitaria va a tener un coste muy alto, y es justo que se reparta el precio entre trabajadores, empresas y Estado. En este contexto, aquellas empresas que a pesar de la caída en su facturación mantienen los empleos y hasta pagan primas, como es el caso de algunos supermercados, pueden gozar del favor del consumidor. Y al contrario. Los consumidores pueden ejercer su poder individual. Más allá de eso, la perspectiva de una regulación es complicada, más cuando en estos momentos todos los esfuerzos del Gobierno están en el tema sanitario”.

Los consumidores pueden ejercer su poder individual. Más allá de eso, la perspectiva de una regulación es complicada

“Si no se mejoran los mecanismos para acceder a ayudas y se agiliza que las empresas puedan acogerse a ERTE por fuerza mayor, la crisis puede ser muy duradera», concluye Jansen. «España puede aguantar unos meses sin problema con el escudo europeo, pero ojo, porque esto nos estalla con una tasa de paro que casi duplica la de 2008, con más precariedad y con un endeudamiento público que casi triplica el de aquel año. No hay margen de gasto, la sociedad española deberá aprender a generar nuevos márgenes para actuar, y quitarles así la razón a los países del norte de Europa, que critican la falta de interés de España en aprovechar los tipos de interés para desapalancar y reducir el endeudamiento paulatinamente en estos últimos años”.

David Brunat

Fuente: El confidencial

Salud mental no es tranquilización, es adaptación activa. Biopolítica del Covid 19

La gran crisis de la pandemia del Covid 19 está situando más que nunca los planteamientos de la biopolítica en el centro del debate social. Y la salud mental es un aspecto relevante de este debate

Así, es frecuente encontrar informaciones sobre la salud mental en la situación de la pandemia, con doctos y bienintencionados consejos sobre cómo tranquilizarnos, cómo entretenernos, qué hacer para no estar incómodos y para que el confinamiento pase agradablemente manteniendo el optimismo. Estos consejos son muy de agradecer, pero no hay que olvidar que mientras tanto, mientras nos distraemos, muchos de los pilares en los que se sustenta nuestra sociedad están comenzando a moverse. Y lo hacen además en una dirección inquietante

A nadie se le escapa que esta crisis está comportando un grave riesgo de pérdida en derechos sociales, laborales, de privacidad…..ante lo cual, si nos quedamos en la tranquilización sin más, esta estrategia es pan para hoy y hambre para mañana ( literalmente), es una respuesta como mínimo, parcial. ¿No es más adaptativo inquietarse y plantar cara, resolver los problemas, aunque no sea agradable? ¿No es más adaptativo ante esta situación estar alerta, aunque resulte incómodo?

Este planteamiento de ante todo no incomodarnos, estar tranquilos, si no se contextualiza, liga mucho con el modelo social de consumo y de felicidad low cost imperante en el que la salud mental entendida como evitar cualquier preocupación, se ha convertido en un producto más de la cesta de la compra. Salud mental no es estar tranquilo y relajado mientras el mundo se mueve a tus pies. Salud mental es adaptación activa. Y la preocupación, el malestar, incluso los síntomas como nos muestra la psy evolucionista son a veces más sanos y adaptativos que la pachorra y el adormecimiento. El estrés del confinamiento puede ser tan solo el prólogo del estrés social que se avecina

Como señaló Noemí Klein las situaciones de catástrofe se asocian a grandes cambios sociales en los que se laminan derechos y libertades. Por lo tanto más allá del estrés de las incomodidades del confinamiento (que por cierto, padecen sobre todo los ciudadanos más precarizados, entre ellos los inmigrantes) el estrés más relevante es del cambio social disruptivo que se puede estar gestando mientras estamos en Babia. Podemos despertarnos muy tranquilos y relajados pero encontramos en un mundo de pesadilla. Solo por poner un ejemplo ¿cómo va a afectar esta situación a que los jóvenes de hoy puedan tener hijos?

Claro que el que se nos hable también ininterrumpidamente de los peligros que corremos (en gran parte desde fake news y desinformación), favorece que el miedo, la emoción más primitiva y desestructurante tienda a bloquear nuestra capacidad de análisis y se busque la tranquilización a cualquier precio. Tras el terrorismo es obvio que el miedo a las pandemias va a ser un eje esencial de la biopolítica, un tema hegemónico. Y con el riesgo de una intensa hipocondrización de la sociedad, expresada a nivel del área de la salud mental como psiquiatrización del estrés y de los problemas sociales

Desde la perspectiva de la biopolítica, término aportado por Rudolf Kjellén y desarrollado por Michael Foucault , el cuerpo (y la mente) constituyen una materia prima a explotar por el sistema social pero la respuesta del sujeto ha de ser emancipadora, frente a los dispositivos de poder que buscan la normalización. Hemos de tener una idea proactiva de la salud mental, no plantearla de modo pasivo, casi masoquista, adaptándonos a los que nos venga encima. No podemos instalarnos en aquel viejo dicho: «que Dios nuestro señor no nos envíe todos los males que somos capaces de aguantar».

De todos modos, esta situación de crisis también puede ser un estímulo para reaccionar como sociedad y para generar un amplio debate en el que la biopolítica de la salud mental ha de constituir un tema relevante. Como escribió Hölderlin: » Allá donde acecha el peligro crece también lo que nos salva».

Joseba Achotegui

Fuente: Público

La pobreza y la exclusión social son los mayores factores de riesgo de la Covid-19

La pobreza es un factor de riesgo determinante en la propagación y mortalidad del coronavirus. Las clases socioeconómicas más desfavorecidas se encuentran más expuestas incluso en España, que cuenta con un fuerte sistema sanitario público. La cuestión es estructural. Las consecuencias más graves del covid-19 se desarrollaron en los pacientes con patologías previas, que se desarrollan con mayor frecuencia en los pacientes de bajos recursos. Un tercio de aquellos que tienen los ingresos más bajos presentan dos o más afecciones crónicas, mientras que esa cantidad de afecciones sólo se observa en la cuarta parte de los que tienen las rentas más altas, según el informe 'Salud de un vistazo 2019' de la OECD.

«Las enfermedades crónicas son más frecuentes en hogares de renta baja que alta, y en este caso de coronavirus incide en una mayor mortalidad», afirma Liliana Marcos, investigadora de Políticas Públicas y Desigualdad de Oxfam Intermón. Entre estas enfermedades que se prolongan más de seis meses destacan la diabetes y las coronarias. En cuanto a la evidencia científica, un estudio realizado por el Hospital de La Paz y la Universidad Autónoma de Madrid concluye que la mortalidad por causas cardiovasculares tiene correlación con la riqueza. A menos renta de una región, más casos letales por episodios cardíacos y menor disminución de su letalidad con el paso del tiempo, en comparación con otras de mayores recursos.

 

RENTAS ALTAS:

  1. Menos enfermedades crónicas:
    Una cuarta parte padece dos o más patologías.
  2. Empleos con teletrabajo:
    Mejores trabajos con modificación de horarios.
  3. Movilidad en coche particular:
    El contagio es nulo en los desplazamientos.
  4. Viviendas con más metros cuadrados:
    Se puede practicar la distancia social.
  5. Un hogar por núcleo familiar:
    Los padres viven sólo con sus hijos menores y los abuelos tienen su propio domicilio.
  6. Pueden almacenar más cantidades de alimentos:
    Más capacidad de refrigeración.
  7. Segundas residencias en lugares con menos contagio:
    Antes o durante el confinamiento se han ido de las ciudades más afectadas.

RENTAS BAJAS:

  1. Sufren más enfermedades crónicas:
    Un tercio padece dos o más patologías.
  2. Empleos de cara al público o presenciales:
    Trabajos precarios como la construcción o domésticos.
  3. Usuarios de transporte público:
    Recorren grandes distancias en bus, metro o tren.
  4. Menos espacio en casa para mantener las distancias:
    Hay hacinamiento.
  5. Viven con los abuelos:
    Las familias comparten vivienda tres generaciones.
  6. Van con frecuencia al supermercado:
    No tienen mucha capacidad de refrigerar ni disponen de dinero.
  7. Barrios con mayor densidad de población:
    Las zonas populares tienen más domicilios y menos parques.

En España, así como la percepción de salud disminuye con los años, también cae en picado según la situación laboral, señala la más reciente Encuesta Nacional de Salud, con casi diez puntos de diferencia con respecto a los desempleados. «A medida que se desciende en la clase social, disminuye la valoración positiva del estado de salud» hasta un 20%, señala el INE.

«La renta 'per capita' es la variable que más influye en los factores determinantes de la salud», asegura Julio Villalobos, investigador de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) y director de su máster de Gestión de Salud. «En España hay un nicho de pobreza importante y se está poniendo de manifiesto con la crisis del coronavirus. La salud es más que curar enfermedades, porque es bienestar físico, psíquico y social, y el 80% depende de los estilos de vida y los factores socioeconómicos». Con la crisis sanitaria todavía lejos de remitir, no se han publicado conclusiones específicas sobre la relación entre la pobreza y la pandemia. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha vinculado la situación socioeconómica con el origen de la población, hispana o afroamericana, para avanzar el impacto diferente en las clases sociales.

Fractura social

En España las cifras de contagio o mortalidad por comunidades autónomas o por distritos son inexactas para determinar correlaciones directas entre el 'rich-poor gap', como se denomina al factor económico sanitario, y la Covid-19. Los datos podrían estar distorsionados por la existencia de un foco de infección, como las residencias de mayores, en una zona; o por haber en una misma demarcación rentas altas y bajas. Por ejemplo, las regiones con mayores recursos han sido las más atacadas: Barcelona, Bilbao y Madrid, pero allí también existe una mayor desigualdad entre sus pobladores. En el último caso, yendo por barrios, la incidencia en Vallecas es similar a la de Chamberí por cada 100.000 habitantes e inferior a la de Retiro. Frente a la anomalía de Leganés con más de 700 contagiados por cada 100.000, el resto de la periferia, como Getafe, tiene entre 101-200 casos por cada 100.000 personas.

Los factores determinantes de la salud también mejoran entre los de clases sociales más altas, según los datos oficiales: mejoran «en los grupos de posición socioeconómica más favorecida», indica la Encuesta Nacional de Salud. «Mejora el tabaquismo, se reduce el consumo de alcohol, aumenta la actividad física, la lactancia natural y el consumo de fruta». Lo que se suele reducir a «tabaco, dieta y ejercicio» influye en la aparición o tratamiento de las enfermedades crónicas. «A los estilos de vida se les atribuye el 30% de la salud», sostiene Villalobos.

Cuando la crisis sanitaria se convierta en una crisis económica, algo que ya se da por hecho con una caída pronunciada del PIB español, la incidencia del coronavirus seguirá mordiéndose la cola, con un efecto de retroalimentación que generará más población vulnerable, por patologías previas o por imposibilidad de cumplir con el aislamiento preventivo. «Cuando desaparezca la epidemia va a haber un segundo momento con consecuencias sociales», aseguraFrancisco Lorenzo, director de Acción Social de Cáritas. «La desigualdad puede aumentar».

¿Puede ocurrir una fractura social? «España no es un país que se fracture fácilmente en términos violentos, porque la familia ha jugado un papel crucial de pegamento social», dice Lorenzo. «Pero hay que entender que los servicios públicos son los auténticos garantes de los derechos. No sólo la sanidad, también la educación o la vivienda». La pobreza severa afecta a 4,2 millones de personas en España, calcula Oxfam, y la brecha económica podría repercutir en los servicios sanitarios, como ocurrió en 2008, y desproteger a la población en situación de exclusión social.

A menor ingreso familiar,más riesgo de contagio

Los ingresos familiares determinan las posibilidades de seguir las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias, como la distancia social o el confinamiento. «No hablamos de un único rostro», expone Francisco Lorenzo, director de Acción Social de Cáritas. «Por pobreza hay personas que viven en hogares hacinados, pequeños y con situaciones de insalubridad o poca higiene. Con problemas de relación entre ellos, de alcoholismo o de violencia. personas que están en una olla a presión».

En el microcosmos demográfico la rapidez de contagio se puede inferir por «lógica», pues «la pobreza hace imposible seguir las medidas de prevención en familias de menor renta», advierte Liliana Marcos, investigadora de Políticas Públicas de Intermón Oxfam, ONG que estima que la tasa de hacinamiento es más del doble en el 10% más pobre de la población con respecto al promedio. «En los hogares de renta baja se vive con los abuelos, están más expuestos y no pueden mantener de aislamiento social». A la población más vulnerable, no obstante, «es imposible identificarla con los datos disponibles porque no están desagregados».

A partir de los aspectos sociales la brecha sanitaria se amplía en diferentes aspectos, refieren los expertos consultados. Con una renta 'per capita' por encima de la media pueden disponer de coche particular y no viajar en transporte público; hay mayor espacio en casa para separar a las personas con síntomas y más áreas para hacer ejercicio físico; disponen de mejores y más grandes frigoríficos o pueden comprar equipamiento adicional para almacenar más víveres y salir menos al supermercado. También, como se vio durante el confinamiento blando inicial, poseen una segunda residencia en lugares con menos contagios, a donde han ido a vivir durante el estado de alarma.

El aspecto más importante de todos, sin embargo, está en que «a mayor renta, mejor educación y, a mayor educación, mejores empleos y viviendas», dice Julio Villalobos, investigador de Gestión de Salud de la UOC. Con un peor nivel de cualificación los empleos suelen estar expuestos al público o ser obligatoriamente presenciales, como los servicios domésticos o la construcción, sin que exista la posibilidad de ocuparlos por vías digitales.

«En España dos de las principales fuentes de crecimiento económico tienen que ver con los sectores de servicio y construcción, y han generado mucho empleo precario, que evidentemente no puede teletrabajar. O lo pierdes o te expones», indica Francisco Lorenzo, director de Acción Social de Cáritas. «A ellos se les hará más difícil la reincorporación después de la epidemia». Además la apertura del confinamiento expone especialmente a estos tipos de empleo ejercidos por los estratos inferiores de la escala social, «donde no es habitual mantener el sueldo sin hacer la tarea».

En un país que cuenta con un sistema sanitario público de alta calidad y con notables elementos de salubridad (agua, aire, medio ambiente), al final de la línea de la pobreza se encuentran los colectivos absolutamente expuestos. No son pocos. El INE ha reportado que los que acuden a los centros de atención a personas sin hogar rondan las 20.000 cada año en los últimos periodos. «En 2018 se alojaron 18.001 personas de media diaria, mientras que se dieron unas 48.000 comidas, ambos baremos en ascenso con respecto al bienio anterior.

«Los que están fuera de los sistemas de protección general son las personas sin hogar, con enfermedades de salud mental o adicciones», dice Lorenzo, «que carecen de una vivienda en condiciones, con una alimentación inadecuada o con niveles de estrés muy altos por la inseguridad de la precariedad económica».

Doménico Chiappe

Fuente: Hoy.es;

Carta de Francisco a los movimientos populares

A los hermanos y hermanas de los movimientos y organizaciones populares

Queridos amigos:

Con frecuencia recuerdo nuestros encuentros: dos en el Vaticano y uno en Santa Cruz de la Sierra y les confieso que esta «memoria» me hace bien, me acerca a ustedes, me hace repensar en tantos diálogos durante esos encuentros y en tantas ilusiones que nacieron y crecieron allí y muchos de ellas se hicieron realidad. Ahora, en medio de esta pandemia, los vuelvo a recordar de modo especial y quiero estarles cerca.

En estos días de tanta angustia y dificultad, muchos se han referido a la pandemia que sufrimos con metáforas bélicas. Si la lucha contra el COVID es una guerra, ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo. Ustedes son para mí, como les dije en nuestros encuentros, verdaderos poetas sociales, que desde las periferias olvidadas crean soluciones dignas para los problemas más acuciantes de los excluidos.

Sé que muchas veces no se los reconoce como es debido porque para este sistema son verdaderamente invisibles. A las periferias no llegan las soluciones del mercado y escasea la presencia protectora del Estado. Tampoco ustedes tienen los recursos para realizar su función. Se los mira con desconfianza por superar la mera filantropía a través la organización comunitaria o reclamar por sus derechos en vez de quedarse resignados esperando a ver si cae alguna migaja de los que detentan el poder económico. Muchas veces mastican bronca e impotencia al ver las desigualdades que persisten incluso en momentos donde se acaban todas las excusas para sostener privilegios. Sin embargo, no se encierran en la queja: se arremangan y siguen trabajando por sus familias, por sus barrios, por el bien común. Esta actitud de Ustedes me ayuda, cuestiona y enseña mucho.

Pienso en las personas, sobre todo mujeres, que multiplican el pan en los comedores comunitarios cocinando con dos cebollas y un paquete de arroz un delicioso guiso para cientos de niños, pienso en los enfermos, pienso en los ancianos. Nunca aparecen en los grandes medios. Tampoco los campesinos y agricultores familiares que siguen labrando para producir alimentos sanos sin destruir la naturaleza, sin acapararlos ni especular con la necesidad del pueblo. Quiero que sepan que nuestro Padre Celestial los mira, los valora, los reconoce y fortalece en su opción.

Qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña vivienda precaria o que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas privadas de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación por adicciones. Ustedes están ahí, poniendo el cuerpo junto a ellos, para hacer las cosas menos difíciles, menos dolorosas. Los felicito y agradezco de corazón. Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos (sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos) no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir.

Sé que ustedes han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos placeres superficiales que anestesian tantas conciencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus perjuicios. Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los constructores, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento… y las cuarentenas se les hacen insoportables. Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos.

También quisiera invitarlos a pensar en «el después» porque esta tormenta va a terminar y sus graves consecuencias ya se sienten. Ustedes no son unos improvisados, tiene la cultura, la metodología pero principalmente la sabiduría que se amasa con la levadura de sentir el dolor del otro como propio. Quiero que pensemos en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo de los Pueblos en toda su diversidad y el acceso universal a esas tres T que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo. Espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización, tan competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos, necesita bajar un cambio, repensarse, regenerarse. Ustedes son constructores indispensables de ese cambio impostergable; es más, ustedes poseen una voz autorizada para testimoniar que esto es posible. Ustedes saben de crisis y privaciones… que con pudor, dignidad, compromiso, esfuerzo y solidaridad logran transformar en promesa de vida para sus familias y comunidades.

Sigan con su lucha y cuídense como hermanos. Rezo por ustedes, rezo con ustedes y quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los bendiga, los colme de su amor y los defienda en el camino dándoles esa fuerza que nos mantiene en pie y no defrauda: la esperanza. Por favor, recen por mí que también lo necesito.

Fraternalmente,

Ciudad del Vaticano, 12 de abril de 2020, Domingo de Pascua