Javier Marijuán
A finales de 2021 se publicó una reforma laboral que, a diferencia de las anteriores, iba a mejorar las condiciones laborales de millones de españoles. Tras décadas de un continuo apriete de tuercas a los trabajadores de este país por parte de gobiernos del PSOE y PP, se había generado una gran expectación en torno al cambio legislativo anunciado. Además, estaba al frente nada menos que Yolanda Díaz, la ministra a quien Pablo Iglesias había nombrado a dedo como su sucesora en el cartel electoral de un espacio de izquierdas que hasta iba a llevar su nombre. Confiaban en que la nueva ley impulsara su candidatura hasta lo más alto.
Observando el transcurso de las negociaciones entre patronal, sindicatos y gobierno, pronto se advirtió la enorme distancia entre lo que abordaban los negociadores y las trompetas de la propaganda. La Ministra de Trabajo iba tomando progresiva conciencia de ello y lo que iba a ser el lanzamiento de su “frente amplio de izquierdas” quedó aparcado pues no había nada que vender.
La lectura de la norma publicada en el BOE demostró que la tantas veces comprometida derogación de la reforma laboral del Partido Popular se quedó en muy poquita cosa. Enseguida la FAES anunció a bombo y platillo que su regulación había quedado prácticamente intacta y que el núcleo de su reforma había quedado institucionalizado. De las doce cuestiones de la normativa aprobada en 2012 solo se tocaron cuatro y con resultados ambiguos. En el propio preámbulo de la reforma laboral se reconoce que no es la norma laboral el único lugar desde el que abordar la lucha contra la precariedad y garantizar trabajo con derechos. Por ello, la loable intención de revivir un texto como es el Estatuto de los Trabajadores que entre 1984 y 2012 se había convertido en un pilar del modelo neoliberal de relaciones laborales, se abordó con una actitud muy conservadora abandonando todo al buenismo de los que se sentaban a la mesa de la concertación.
En efecto, el proyecto estelar de la legislatura ha transcurrido por cuatro carriles:
El primero es el del discurso propagandístico. El gobierno de coalición se comprometió a derogar la reforma laboral del Partido Popular de 2012. Incluso el entonces vicepresidente Pablo Iglesias firmó con Bildu un documento que actualizaba ese compromiso a cambio de un apoyo parlamentario puntual. La palabra derogación era una fácil consigna política que pronto comenzó a matizarse. Y empezaron a oírse las voces que interpretaban a la baja ese mantra con el que ganaron unas elecciones. Esa derogación no buscaba una vuelta a la situación normativa anterior pues aquello era imposible y tampoco era un escenario aplicable a la nueva situación laboral. Por ello, el relato pasó a ser de oposición a las líneas maestras que habían orientado la reforma del 2012. La nueva consigna fue la de la eliminación de las medidas “más lesivas”. Se escogieron de forma interesada determinado supuestos aspectos más lesivos con lo cual se fueron apartando temas tan espinosos como la reforma del despido que seguramente eran más perjudiciales. Cuando se vio que la reforma iba a ser descafeinada se anunció la necesidad de realizar un “Nuevo Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI” y que la reforma iba a tener un fuerte componente modernizador anticipando esa gran futura reforma.
La palabra derogación era una fácil consigna política que pronto comenzó a matizarse
Finalmente, la “derogación” se vistió de “cambio de orientación” en espera de tiempos mejores para hacer el gran texto legal del Siglo XXI y mientras tanto se van haciendo “modernizaciones con fuertes componentes derogatorios”.
El segundo carril es el de la negociación. En los despachos, la dinámica fue diferente a la de los mítines. Mientras se decía en la calle derogación, el gran problema a resolver era como ajustarse a los dictados de la obligada coordinación y control de la Comisión Europea que había fijado un listado de objetivos ligados a la entrega de fondos económicos provenientes de la Unión Europea. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España incorporó en su contenido un amplio repertorio de medidas que exigen la reforma de la legislación laboral vigente. En el fragor de la negociación vimos que el papel de los sindicatos y del gobierno se iba diluyendo como un azucarillo. La patronal no estaba sola en una negociación que, en definitiva, lo fue a seis bandas. Estaba la Comisión Europea vigilando y varios ministerios más en la cocina llegando a haber reuniones presididas por la titular del Ministerio de Economía.
Y al final la realidad se impuso y se publicó un texto repleto de matizaciones, renuncias, transacciones, equilibrios y concesiones que hacen prácticamente irreconocible las promesas electorales del gobierno de coalición. En pocas ocasiones se ha visto una norma tan marcada por lo políticamente posible y tan difícil de justificar. En la reforma laboral no aparece ningún derecho que no haya tenido contrapartida aumentada a la patronal. No estamos ante un resultado equitativo: eliminar las figuras clásicas de la temporalidad lo ha sido a costa del no aumento de los costes ni causas del despido, no tocar la flexibilidad, la aparición de nuevos contratos temporales y creación de nuevas fuentes de socialización de las pérdidas.
la realidad se impuso y se publicó un texto repleto de matizaciones, renuncias, transacciones, equilibrios y concesiones que hacen prácticamente irreconocible las promesas electorales del gobierno de coalición.
Es cierto que cualquier cambio en la legislación laboral, tras los derivados de la crisis financiera, era fácil de vender. La reforma del año 2012 se efectuó sin acuerdo social y en un país sin soberanía y al borde del rescate. La recuperación económica que se inicia a partir del 2015 solo fue evidente para los beneficios de las entidades financieras y de las grandes empresas, mientras que el hundimiento de los salarios y la permanencia de una extensa bolsa de paro y precariedad generaba un importante conflicto social. Es claro que era difícil legislar a peor pero tampoco iba a resultar fácil cambiar el escenario por lo que la opción maquilladora fue la que finalmente se impuso.
Y, si bien es cierto que formalmente nos puede parecer que estamos ante una reforma laboral que pretende afrontar los problemas de las relaciones laborales sin recortar derechos como vino haciendo el PSOE desde los años 80, la realidad nos dice que casi todo se ha quedado en el tintero. Los objetivos marcados eran combatir la precariedad laboral, la devaluación salarial, potenciar la negociación colectiva y reducir los abusos de la subcontratación. Pues bien, podemos afirmar que ninguno de estos objetivos se ha conseguido. Ahí tenemos sin abordar temas tan decisivos como el barato despido sin causa, el acceso ilimitado a la subcontratación y la eliminación del papel de la autoridad laboral en las regulaciones de empleo.
Sobre la reforma de la temporalidad, que es lo más llamativo de la reforma, vemos como estamos ante concesiones que pronostican prácticas empresariales sombrías. En primer lugar, parte de la reforma no ha sido más que una adecuación de las normas a los dictámenes de los tribunales que habían derogado de facto determinados contratos de trabajo temporales como el de obra o servicio determinado. Pero es que la derogación de estos contratos temporales lo ha sido a cambio de la creación de otros que auguran una nueva temporalidad cronificada con otro nombre. Los contratos derogados, al igual que el Cid Campeador, pueden seguir ganando batallas después de muertos. En el horizonte podemos otear los nubarrones de la contratación “a llamada” a lomos de los nuevos contratos fijos discontinuos o los temporales por circunstancias de la producción. Si la práctica de contratación laboral camina por esta senda podríamos calificar esta reforma laboral como el mayor fiasco de la historia legislativa laboral de nuestra historia reciente. La contratación temporal no se acaba sustituyéndola por figuras extrañas que abren grietas a nuevos yacimientos de precariedad difíciles de atajar. Y también hay que señalar que el contrato indefinido va a crecer estadísticamente pero es un contrato enfermo pues con su extinción barata ha disminuido en esperanza de vida de forma alarmante.
Lo mismo podemos decir de la reforma de los convenios colectivos pues ya se ha constatado que la muy limitada primacía del convenio sectorial sobre el de empresa es insuficiente para hacer frente a la degradación de las condiciones laborales en el seno de las contratas. En este tema, además, se ha dado más campo de actuación a las Empresas de Trabajo Temporal y estamos asistiendo a la firma de convenios de sector que hielan la sangre. Es claro que el mundo del dinero se anticipó a la reforma y ya hemos visto firmar convenios colectivos de sector especialmente hechos para sectores subcontratados con tablas salariales de chiste en los que el salario de un director/ gerente es menor que el de un peón de cualquier convenio provincial de construcción.
El artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores sobre subcontratación ha quedado intacto y si de verdad se quería combatir el gran yacimiento de degradación de las condiciones laborales necesitaba su revisión a fondo. Sigue siendo un fácil recurso para la empresa el acceder a mano de obra artificialmente abaratada lesionando el principio de igualdad de a igual trabajo igual salario. La prometida equiparación salarial ha quedado plasmada de forma muy débil en el texto y legal y su escasa claridad ya está provocando la diferencia de interpretaciones que deberán ser solventadas, una vez más, por los tribunales de justicia.
Uno de los horizontes del trabajo lo constituye la constante transformación de la economía que transita a un modelo monopolizado por los gigantes de la tecnología unido a la denominada transición ecológica que es más bien un “capitalismo verde”. Estos dos fenómenos los hemos vivido con fuerza en estos últimos tiempos con el enorme esfuerzo por la digitalización del trabajo y la generalización de nuevas regulaciones “verdes” que han convertido a muchas formas de prestación del trabajo en obsoletas. Estamos viviendo una nueva reconversión industrial y la reforma laboral ha vuelto a aportar su granito de arena con los famosos ERTES. Aquello que no era sino una excepción de situaciones transitorias y que se generalizó durante la pandemia del COVID 19 ha adquirido un nuevo perfil. Se está llegando a vender los ERTES como un derecho más la realidad es otra. La realidad de las crisis de empleo se impone y se impone el modelo de la socialización de gastos y las pérdidas en sectores de la economía que van a estar protagonizados por los grandes fondos de inversión, la Banca y los gigantes tecnológicos y de la energía.
Los ERTES van a tener un decisivo efecto propagandístico pues la norma impone la práctica de no llamar parados a los que realmente lo son al igual que ya es posible llamar indefinidos a trabajadores precarios. Esto es lo que Yolanda Díaz trataba de explicar en la hilarante comparecencia de abril de 2020 exponiendo el llamado escudo social de la pandemia, cuando intentaba convencernos de la diferencia existente entre un parado y un trabajador en ERTE.
En definitiva, poco se ha resuelto en la reforma laboral. Otros temas tan importantes como los despidos colectivos o la incidencia de las nuevas tecnologías también han quedado aparcados. Y los que nos dedicamos al derecho vemos como cada vez son más las cuestiones laborales que son reguladas por leyes obsoletas, prácticamente derogadas, y que ya dependen de normas europeas o interpretaciones judiciales. Ya no se trata de pedir al gobierno de coalición que sea valiente sino simplemente que se preocupe por dotar de un mínimo de seguridad jurídica al mundo del trabajo.
El cierre de la operación lo constituyó el bochornoso espectáculo de la votación en el Parlamento. Llama la atención como un gobierno que habla de profundizar la mediocre democracia que dicen tenemos, impidiera el debate sobre el texto legal que iba a ser la estrella de la legislatura. El Parlamento es depositario de la voluntad popular donde descansa la legitimidad del sistema democrático por lo que no parece respetuosa con el principio democrático la imposición de no debatir sobre el texto ni aceptar modificaciones al mismo como se hizo.
Hay que recordar a nuestros gobernantes que si no respetan a las instituciones difícilmente serán merecedores de respeto por parte de la ciudadanía. La votación final de la reforma laboral dio la sensación de un mercadillo de feria. El sainete final fue la guinda del pastel. Por un lado, el gobierno, trataba de aprobar uno de los proyectos estelares de la legislatura. Si fracasaba la votación, el gobierno entero peligraba. La oposición de la derecha escenificaba un “no” con la esperanza de que el resultado fuera “sí”. Los nacionalistas, a lo suyo. Y la maniobra final de hacer fracasar la aprobación mediante tránsfugas en el último momento, se cayó porque un diputado del PP se equivocó al votar de forma reiterada. El diputado era, nada menos, que la mano derecha del secretario general del Partido Popular.
Hay que recordar a nuestros gobernantes que si no respetan a las instituciones difícilmente serán merecedores de respeto por parte de la ciudadanía
En definitiva, el ridículo que se escenificó con la aprobación de la reforma laboral guarda estrecha relación con el mediocre texto legal aprobado.
¿Y los resultados?.
En el primer trimestre de vigencia de la norma hemos visto resultados poco esperanzadores. El Primero de Mayo de 2022 ha venido precedido de unos datos terribles sobre el aumento del desempleo que ha subido en más de 70.000 personas en los tres primeros meses del año. La tasa de paro se sitúa en el 13,65% por encima de la cifra de cierre de 2021 y 1,050 millones de hogares tienen a todos sus miembros activos en paro.
La generación de los nacidos entre 1981 y 1996 ha visto como sus ingresos se han resentido de forma notable. Tras la crisis del Covid19 los ingresos de los más jóvenes han caído hasta un 20%. El salario de los jóvenes entre 18 y 35 años es inferior al de 1980. Nuestros jóvenes con masters se alejan de tener posibilidades de emancipación. Sus bajos salarios no pueden afrontar la subida de precios ni los alquileres.
El salario de los jóvenes entre 18 y 35 años es inferior al de 1980
Por ello, muchos jóvenes caen en la tentación de la reacción antisistema entendida no como lucha asociada sino como frustración, ira, tristeza y resentimiento. Otros optan por la fuga a la felicidad como meta individual. En Estados Unidos, se ha dado el fenómeno de la Gran Dimisión con el masivo abandono del trabajo de cientos de miles de jóvenes agotados por sus condiciones míseras.
En todos los casos se advierte que el trabajo deja de ser un pilar sólido al que agarrarse. En un mundo institucional que les da la espalda, prefieren abandonarse en los video juegos y socializarse en las comunidades virtuales de youtubers. Otros expresan rebeldía votando a partidos populistas que les seducen con proclamas políticas basadas en trampas emocionales.
Con las leyes vigentes nos atrevemos a afirmar que España no cumple con los estándares marcados por organismos internacionales de un trabajo digno. La OIT da cuatro criterios para identificar el trabajo precario: salarios bajos, escasa protección frente al despido, falta de acceso a protección social con empleo estándar a tiempo completo y la posibilidad de ejercer derechos en el trabajo y ninguna estadística real nos ha demostrado que en nuestro país se haya invertido ninguna de las tendencias apuntadas.
La izquierda burguesa ha cortado lazos con el mundo del trabajo. Su impotencia a la hora de parar la ofensiva del capital ha derivado sus luchas a otros frentes, especialmente el cultural. La radicalidad con la que abordan cuestiones como el nacionalismo o el género contrasta con la tibieza con la que afrontan las cuestiones de la justicia.
El Primero de Mayo, las luchas obreras y la militancia sindical siguen siendo una potente fuente de inspiración con la que abordar los avatares del mundo del trabajo que tiene que mirar al futuro sin caer en las trampas de la propaganda de quienes han dejado de considerar al trabajo el verdadero creador de riqueza y protagonista de la sociedad.
El Primero de Mayo, las luchas obreras y la militancia sindical siguen siendo una potente fuente de inspiración con la que abordar los avatares del mundo del trabajo que tiene que mirar al futuro sin caer en las trampas de la propaganda de quienes han dejado de considerar al trabajo el verdadero creador de riqueza y protagonista de la sociedad.
