Una pastelería en Tokio

Ana Sánchez

No es frecuente encontrar películas orientales en nuestras pantallas occidentales, por eso quizá nos choca la estética, la forma del relato, el carácter de los personajes… casi todo, en definitiva. Puede pasarnos algo así con “Una pastelería en Tokio”, de Naomi Kawase, una película japonesa de 2015 que nos habla de la soledad y de la necesidad del ser humano por ser escuchado y compartir.
Un relato sencillo en el que se entrecruzan las historias de tres personajes, de tres generaciones que representan una especie de cuadro de las tres edades, un entramado que conjuga pasado, presente y futuro.

A lo largo del metraje se va estableciendo una relación de amistad y respeto entre los tres personajes, tres personas dañadas que comparten, cada uno de una manera, el espacio de esta pastelería, tres seres frágiles y fuertes a la vez, personalidades solitarias que parecen no haber encontrado su lugar en el mundo; en este lugar común que les une van relatando su historia, porque todos tenemos una historia que contar y todos tenemos historias que escuchar. Precisamente, a través de este relato, la directora nos muestra que nunca es tarde, que la persona menos pensada nos puede aportar la fuerza necesaria para salir del abismo en el que en ocasiones creemos encontrarnos.
Se trata de una visión positiva y esperanzadora sobre la condición humana, demostrando cómo los cambios más sencillos pueden hacernos mejorar. La anciana protagonista, Tokue va constatando cómo nada es suficientemente pequeño, cómo todo tiene una importancia vital y decisiva.
Precisamente a través de su vida se une un cierto sentimiento de culpa colectiva, en el que se refleja cómo se ha comportado la sociedad a lo largo del tiempo con gente como ella; pero a esto hay que vincular también una dosis de remordimiento individual, reflejado en la vida del pastelero al que se une en el trabajo. Aquí, la anciana Tokue aporta un ingrediente fundamental: el del amor a la tarea bien hecha y la escucha real y profunda del otro, aunque nos hable sin palabras. Un corazón cerrado por viejas heridas del pasado y el medio a volver a ser herido es capaz de empezar a sanar gracias a alguien que muestra con su vida y con sus acciones que estamos aquí para ver y para escuchar, para hacernos prójimos del otro desde su debilidad y desde la nuestra.

La suaves y sutiles imágenes que van poblando todo el relato no nos alejan de la realidad de los personajes, los cerezos en flor acarician con ternura la discriminación de los hombres, el aroma de la cocina embriaga la soledad en compañía, la luz de las miradas ilumina el incierto futuro que se redescubre junto con los otros. En definitiva, un cuento melancólico lleno de encanto y dulzura, un relato de aprendizaje, un redescubrimiento del mundo, un renacer a la vida a través de tres generaciones que, a priori, nada tienen que ver entre ellas, más que el que se encontraban apartados de la sociedad y que juntos pueden volver a aventurar la vida desde una misericordia que se dibuja en los pequeños actos cotidianos de cercanía al otro.

1 de mayo, Día del trabajo

El 1 de Mayo en el siglo XXI

Por Javier Marijuán, abogado laboralista

Cuando era líder de la oposición Pedro Sánchez prometió que lo primero que haría nada más llegar al gobierno sería derogar la reforma laboral del Partido Popular. Al igual que ocurrió con las promesas sobre inmigración, en materia laboral, la llegada al gobierno de la coalición formada por PSOE y Unidas Podemos solo ha supuesto un continuo bombardeo de propaganda que no ha ayudado en nada a los trabajadores de este país. El discurso actual es el de la derogación parcial de los aspectos más lesivos de dicha reforma que no deja de ser un eufemismo que trata de encubrir la mentira de aquella promesa electoral. Nos ocultan que una reforma laboral no es una norma aislada que se pueda derogar sin más sino algo que abarca muchos aspectos con múltiples desarrollos en diferentes ámbitos de las relaciones laborales y de la Seguridad Social y se inserta en el sistema haciéndolo evolucionar de forma constante. Además, aquella reforma laboral del PP no hubiera sido posible sin las más de veinte reformas anteriores en idéntico sentido, muchas de ellas impulsadas por el PSOE.

Si una persona recibe una transfusión de sangre infectada que le hace enfermar más de lo que estaba no se puede decir diez años después que va a derogar esa transfusión. Aquella sangre se diluyó en el cuerpo enfermo y no se puede identificar su contenido. Ese cuerpo puede necesitar un trasplante u otro tipo de terapia, pero no se puede seguir engañando al enfermo.

La comedia se avivó cuando para conseguir una prórroga del estado de alarma, Unidas Podemos firmó con EH-Bildu un documento acordando la derogación “íntegra” de aquella reforma laboral. Pero cada vez que se pregunta a la ministra del ramo sobre aquello, responde con evasivas. Todos saben que es imposible. Yolanda Díaz se ha entregado sin límites a una estrategia de concertación en la que son imposibles los cambios prometidos por lo que ha impulsado únicamente reformas cosméticas.

La avalancha de cambios tecnológicos y el acelerón que ha provocado la Pandemia del COVID-19 nos debe hacer caer en la cuenta del nuevo escenario que se abre al mundo del trabajo al que ya no le valen las recetas socialdemócratas.

El avance del salvaje modelo asiático, la robotización, la externalización de los servicios, la tiranía del “just in time”, la devaluación salarial, los nuevos modelos de prestación laboral a través de plataformas digitales son fruto del creciente divorcio entre economía productiva y economía financiera. Los mecanismos financieros, comerciales y políticos determinan las condiciones de trabajo y las legislaciones laborales de los trabajadores del mundo. El que la mitad de los trabajadores del mundo, unos 1.500 millones de trabajadores, no perciban por su trabajo un salario superior a dos dólares al día, pone en tela de juicio la legitimidad de todas las instituciones económicas y políticas así como todo el pensamiento económico que las legitiman. El 16 % de la Humanidad en edad adulta se quiere ir de su país. Son 700 millones de personas, más que todo el continente americano. Los movimientos migratorios internacionales obedecen a la nueva división internacional del trabajo que da al capital la posibilidad de obtener una mano de obra dócil y más fácilmente sometible.

Si cada día mueren en el mundo cinco mil personas víctimas de accidentes de trabajo o alguna enfermedad profesional, tres veces más que el número de vidas humanas que se pierden por causa de las guerras, nos resulta difícil aceptar la senda evolutiva de reformas y contrarreformas parciales que no hacen sino afianzar el paradigma dominante.

El día del trabajo de 2021 (1 de mayo), en plena campaña electoral, los candidatos prefieren agitar las emociones antes que pararse a pensar cómo afrontar la robotización, la digitalización y el impacto que las tecnologías de la información y las nuevas formas de prestación laboral tienen en nuestra sociedad haciendo que sectores enteros caminen al paro en unos pocos años y su trabajo sea sustituido por  más trabajo precario y peor pagado. Y esto no se resuelve con los ERTEs que no son más que instrumentos paliativos temporales que mitigan el impacto temporal del movimiento de placas tectónicas que vivimos.

El teletrabajo del siglo XXI convive con los zero-hours-contracts (contratos de cero horas del reino Unido), modalidad típica del liberalismo industrial del siglo XIX. Esta es una forma privilegiada de los contratos que ocupa a un millón de británicos y que se utilizan para trabajar tanto en el Parlamento Británico como el Palacio de Buckingham, los hospitales y el sector del ocio. Son contratos sin salario garantizado ni carga de trabajo mínima, pero con obligación de estar disponible las 24 horas del día y, por tanto, no  permite compatibilizar con otro puesto de trabajo. Además, el sueldo de estos trabajadores también es menor al de la media: 236 libras (270 euros), lejos de los 557 de la media británica. Hasta se exige firmar cláusulas de exclusividad. Y podríamos seguir con los Mini Jobs alemanes y sucesivamente por todo el mapa europeo y mundial.

Recientemente ha saltado a la opinión pública una realidad que, si bien ya existía, nos estaba pasando desapercibida que es la tiranía de la nueva esclavitud del algoritmo y el crecimiento de los riesgos psicosociales en el trabajo. El capitalismo carece de sentido del límite y hoy vemos como la vida privada se ha visto afectada con intromisiones laborales que han hecho aumentar de forma desmedida el riesgo psicosocial de los trabajadores. Crece el trabajo disponible 24 horas al día y desaparecen las fronteras entre vida privada y de trabajo. Las TICs hacen involucionar el ejercicio del derecho a la privacidad potenciando la cultura de la disponibilidad total sin sentido del límite por la adaptación total del tiempo de vida de las personas al trabajo.

Hoy se firman contratos con cláusulas que permiten enviar mensajes o correos las 24 h. del día. Existen prácticas de localización y vigilancia del trabajador para evitar tiempos muertos o tiempos de microdescansos. Instalando acelerómetros en los teléfonos móviles GPS se permite captar sus movimientos o sus ausencias en una determinada frecuencia. Y si no hay movimientos en dos minutos se activa alarma acústica en una central de emergencias y se moviliza todo un entramado de intervención. El tecno-estrés está asegurado y se traduce en el vertiginoso aumento de enfermedades mentales y jubilaciones prematuras.

La inteligencia artificial el gran reto del futuro

La Inteligencia Artificial se ha convertido en el nuevo empresario. En la crisis financiera de 2008 descubrimos que colosales operaciones financieras eran actos cometidos sin atisbo de intervención humana más allá del diseño inicial. Millones de transacciones eran realizadas por supercomputadores en milisegundos, usando algoritmos jurídicamente inatacables. Lo mismo ocurre hoy con el trabajo. El problema que se plantea es: ¿cómo reaccionar a operaciones diseñadas en nanosegundos por el algoritmo si está diseñado para escapar al control de la reacción humana aunque en sus decisiones siempre haya un humano al timón?.

La colonización algorítmico-digital del trabajo es ya una realidad. Una sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 2018 legitima el algoritmo Still Competency Matrix para seleccionar personas afectadas por un despido colectivo pues se cree que los sistemas de decisión algorítmica valoran sin sesgos al margen de valoraciones y estereotipos discriminatorios.

En sentido contrario, una sentencia de un Tribunal de Bolonia de diciembre de 2020 estableció que un algoritmo management de gestión de personal puede reforzar la discriminación y la intromisión en la vida de los trabajadores. El sindicato denunciando logró demostrar que el algoritmo de Deliveroo tenía una lógica discriminatoria pues organizaba el trabajo de los riders en función de un ranking reputacional que obstaculizaba la participación sindical y penalizaba la conciliación de la vida familiar y laboral. Con una programación diseñada con dicha intención el algortimo Frank iba excluyendo de forma sigilosa a los trabajadores que no mostraban total disponibilidad mediante su sistema de reservas y asignación semanal de trabajo. Si un sistema informático es capaz de construir perfiles completos de los trabajadores en la empresa puede usar esa información en las múltiples decisiones discrecionales que puede llevar a cabo: ascensos, despidos, movilidad geográfica o funcional, ritmo de trabajo, asignación de tareas, formación, abono de primas e incentivos…. y arruinar impunemente una carrera profesional.

IBM recibe al día más de 8.000 currículos y cuenta con un sistema de inteligencia artificial que predice con un 95% de precisión los empleados que abandonarán la empresa. Los trabajadores del gigante Amazon trabajan al ritmo que les marca la inteligencia artificial y un estudio realizado sobre la plantilla demostró que la mayoría tenía lesiones debido a la velocidad del trabajo. El uso de la pistola de lectura de códigos proporciona una información que, debidamente procesada, ofrece datos sobre la productividad de cada operario y permite su despido fulminante si no cumple el objetivo asignado. Una fría comunicación telemática extingue la relación laboral sin intervención de un rostro humano visible que asuma la responsabilidad de tal decisión.

Ya hay empresas especialistas en crear sistemas de contratación de personal a través de la cámara del móvil o del ordenador que analiza los movimientos faciales y el lenguaje corporal para aceptar o rechazar al candidato. Los sistemas de control llegan a estimular el rendimiento de los trabajadores hasta límites insospechados. Por ejemplo, las aplicaciones de Uber lanzan atractivos mensajes acompañados por un icono de aumento de precio cuando detectan los descansos de los conductores.

La creciente implantación del teletrabajo está poniendo en peligro la privacidad del trabajador. El ordenador de trabajo se convierte en un libro abierto a disposición de la empresa y sus dispositivos de vigilancia electrónica. En nuestro país hay sectores enteros cuyo trabajo está permanentemente monitorizado y las consecuencias en la salud están todavía por calibrar pero los niveles de ansiedad necesitada de medicación aumenta de forma alarmante.

Lamentablemente, las iniciativas normativas y sindicales para hacer frente a este capitalismo matemático caminan con una velocidad de tortuga mientras la Inteligencia Artificial no tiene señales de limitación de velocidad. Por ello, mientras los durmientes se lo están pensando, otros están acelerando el paso. La gestión algorítmica está llegando a todas partes y si no ponemos límites de inmediato, se desarrollará la inteligencia artificial al límite de los derechos humanos.

La regulación del algoritmo va a encontrar fuertes resistencias pues forma parte de la organización digital del trabajo y formar parte del secreto industrial blindado por la propiedad intelectual. Si triunfa esta postura y se niega el derecho a un acceso transparente e inteligible al algoritmo, éste será un nuevo elemento de imposición de cadenas mediante decisiones automatizadas sin control.

1 de mayo, un grito por la Autogestión

En los años sesenta nació en España la Editorial ZYX. El primer libro llevaba la firma de Guillermo Rovirosa y se titulaba ¿De quién es la empresa?”. Hace más de cincuenta años, un ingeniero militante advertía de las falsas salidas a la cuestión social y apostaba por la única posible que no era otra que la construcción de una empresa a la medida del hombre y propiedad de sus trabajadores. Los cantos de sirena del empleo amparado por el Estado o los altos salarios temporales eran el señuelo del capitalismo para anestesiar el deseo de protagonizar la vida económica. Hoy el estado y los grandes capitanes de industria han bajado los salarios y destruyen empleo y ha desaparecido del imaginario colectivo el impulso autogestionario.

Nuestro momento histórico debe dar vigor a este impulso. No es el momento de reformas laborales que juegan al gato y al ratón en medio de un proceso generalizado de degradación del trabajo. La técnica es hija del trabajo y debe ser aliada del trabajo. Que la Inteligencia Artificial, que es fruto del esfuerzo y el conocimiento de trabajadores mayoritariamente pobres, sea usada contra el trabajo es uno de los grandes dramas de nuestro tiempo.

El trabajo no puede abdicar de buscar caminos económicos de paz fuera de las prácticas agresivas de una economía salvaje. El sindicato no debe conformarse con la defensa de leyes protectoras del trabajador en el seno de la empresa sino luchar por no dejarse robar la gestión de la riqueza creada exclusivamente por el trabajo.

Por eso, el 1 de Mayo de 2021, debe de ser un grito por la Autogestión y el protagonismo del trabajo por encima del capital.

"Tiempos modernos" de Charles Chaplin

Tiempos modernos

Dirigida por Charles Chaplin en 1939, cuando el cine hablado estaba ya prácticamente en su máximo esplendor. Sin embargo, con “Tiempos modernos” optó por hacer una película muda en la que se refleja con gran expresividad el auge de una industria en la que los trabajadores son considerados como auténticas máquinas, instrumentos de producción sin más valoración que el rendimiento en medio de un trabajo mecánico y repetitivo.

Toda la fábrica se sitúa bajo la atenta mirada del director, del dueño de la empresa, que observa lo que pasa en todos y cada uno de los rincones de su feudo particular, como el ojo del Gran Hermano en la novela 1984, presente siempre en todas partes, observándolo todo, controlándolo todo, dirigiéndolo todo.

Ésta es la última aparición del personaje de Charlot en la gran pantalla, un clásico de las comedias de las primeras épocas del cine, tierno y entrañable, un hombre sencillo, con un matiz ingenuo que le hace más cercano a los que nos vamos adentrando en la historia que se narra. En “Tiempos modernos” encarna a un empleado de una cadena de montaje en la época de la segunda revolución industrial, atrapado en el maquinismo y que enloquecerá por el ritmo febril de este tipo de producción, un trabajo rutinario que deshumaniza a la persona, convirtiéndola en un objeto más, en otra pieza del engranaje

Tras una imprescindible cura hospitalaria vuelve al frenético mundo de los años treinta, al barullo de una gran ciudad en la que se manifiestan ya con crudeza las consecuencias del hundimiento de la bolsa de Nueva York en el crack de 1929: empresas cerradas, millones de obreros en paro, la miseria de las familias y también, cómo no, las reivindicaciones de los trabajadores, de las que Charlot parece verse convertido en cabecilla al recoger por casualidad una bandera caída y ser seguido por toda una manifestación de obreros. Una parodia de la vida real, en la que muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos tomando las riendas, sin ser verdaderamente conscientes de ellos, asumiendo el protagonismo personal y colectivo que exige la condición humana.

En medio de esta situación conocerá a una joven con la que compartir la vida y las aspiraciones por un mundo y un futuro mejores. Desde su precaria condición verán abrirse nuevamente las puertas a la esperanza con los atisbos de recuperación económica y la posibilidad de acceder a un empleo, un bien anhelado y necesario, realmente imprescindible para todos, esperado por muchos y lamentablemente conseguido sólo por algunos, nuevamente una lucha por la supervivencia en la que muchos quedarán fuera del camino, pero los que consigan llegar, contarán con la posibilidad de un futuro cargado de esperanza: un final feliz como culmen de una historia cómica y dramática al mismo tiempo.

Del fordismo al postfordismo: La evolución del empleo desde la sociología

Fuente: Sociología Inquieta

El fordismo fue el principal sistema de producción y organización económica de la primera mitad del siglo XX. Esta lógica productiva hace referencia a la cadena de montaje implantada por Henry Ford, dueño de la famosa marca de automóviles norteamericana, siendo este el pionero en la implantación de la producción en cadena de bienes estandarizados a través de la fabricación de automóviles.
El modo de producción fordista se basa en la división y especialización de tareas, así como la organización técnico/científica del trabajo. A través del fordismo la fábrica se instaló como “lugar sagrado del empleo”.
Además, la mecanización, la estandarización, el aumento de la producción, la reducción de los costes productivos, el acceso a un salario estable y relativamente decente produjeron el aumento de los niveles de vida de las clases más bajas, introduciéndolas de lleno en el mercado, provocando el surgimiento de la sociedad de consumo.

La crisis del fordismo de 1973-2007

El periodo de declive del fordismo y el surgimiento del nuevo paradigma productivo/económico actual se deben entender desde que se inicia la crisis del petróleo en 1973, hasta el inicio de otra crisis, en este caso, la denominada crisis suprime, perteneciente al año 2007 y que desgraciadamente tanto hemos sufrido en todo el mundo.
De esta manera, los años anteriores a la crisis de 1973 fueron años convulsos, con un crecimiento del desempleo y de las desigualdades sociales. A raíz de los acontecimientos de la crisis del petróleo, se iniciaron una serie de medidas comprendidas dentro del periodo denominado “nueva economía”: una época de prosperidad económica de unas tres décadas. Sin embargo, esto no se tradujo en un aumento de los niveles de vida y fue consolidando las bases del capitalismo neoliberal, en el cual hoy en día nos encontramos y donde la desigualdad estructural es una característica más.

Transformaciones sociopolíticas

En esta época que transcurre de 1973 hasta 2007, podemos encontrar grandes cambios en las políticas económicas internacionales. Por un lado, el estado fue perdiendo la posición que ocupaba en la primera fase del fordismo, siendo la principal figura reguladora de la vida social.
Asimismo, a partir de 1980 el Estado de Bienestar en Europa cambió hacia otras lógicas, coincidiendo con la subida al poder en EUA e Inglaterra de los partidos liberal-conservadores liderados por Teatcher y Reagan.
Las nuevas doctrinas liberales se situaron como el brazo ejecutor que debía hacer frente a la crisis. De este modo, se impuso un programa político/económico que se basaba en la reducción de las funciones del estado como remedio de los males provocados por las recesiones.
Por otra parte, el mercado y la iniciativa privada se presentaban como elementos clave para tomar las riendas sociales y generar riqueza. Así pues, el estado pasaba a tener una función limitada, en la cual, debía alejarse lo máximo posible de la intervención económica y solamente proporcionar un marco adecuado en el que la iniciativa privada pudiera generar sus actividades de manera solvente.

De esta forma, las medidas adoptadas postcrisis (1973) se manifestaron en dos frentes. Por un lado, una ralentización del gasto público y privatización de sectores pertenecientes al Estado del Bienestar (sanidad, educación y servicios sociales).
Por otra parte, la figura del estado desaparecía como mediador en las relaciones laborales: Anteriormente, el estado se desarrolló como mediador del conflicto entre el capital y el trabajador. Sin embargo, a través de la implantación del neoliberalismo, esta mediación ha sido substituida por una posición de sumisión por parte del estado y de los trabajadores al poder económico.
Por tanto, la negociación Estado-Sindicato-Patronal fue perdiendo sentido, perjudicando derechos laborales como la huelga y otras acciones colectivas.
De esta manera, la lógica liberal fue argumentando (y aún lo hace hoy en día) estas acciones a través de la idea de que el mercado no necesita este tipo de regulaciones que perturban el funcionamiento económico/social y perjudican a todos.

Transformaciones económicas y productivas


El cambio de paradigma del fordismo al actual (postfordismo) se presenta en múltiples cambios, uno de los más significativos lo observamos en la descentralización productiva. En el fordismo, todo el proceso productivo (desde que entra la materia prima hasta que sale el producto acabado) se realizaba en su totalidad dentro de la fábrica, es decir, en el mismo lugar. No obstante, en la actualidad, con el postfordismo observamos como el proceso productivo se deslocaliza y las partes de un mismo producto se fabrican en diferentes lugares. Esta descentralización de la producción ha servido para que las grandes empresas se desprendan de las partes del proceso productivo menos rentables, encargándolas a empresas más pequeñas o subcontratadas.

Por otro lado, en el postfordismo nos encontramos con nuevas formas de organizar la producción, donde la gestión de los recursos humanos gira entorno al concepto de flexibilidad, de una manera similar a la que fluye el capital y el dinero por la economía globalizada.

El capital humano de la empresa pasa a ser una pieza más de los costes de producción (anteriormente más rígida y menos maleable) pero actualmente volátil y flexible. Esto se traduce en plantillas de personal con contratos temporales y despidos baratos, además de una sindicalización débil que no supone un verdadero obstáculo sobre la gestión empresarial.

Mapa mundial sobre la deslocalización de la producción

La flexibilidad sobre los trabajadores: Consecuencias

La desregulación y la flexibilidad sobre los empleados ha sido una de las estrategias principales de las empresas postfordistas para reducir costes y aumentar los beneficios. De esta manera, la flexibilidad neoliberal se traduce en la capacidad del empresario para contratar y despedir.
Asimismo, podemos hablar de un nuevo modelo laboral caracterizado por lo descrito en el párrafo anterior. El fordismo presentaba un modelo de empleo de contratos fijos con sistemas de promoción, mayor peso de los sindicatos y jornadas laborales previsibles y reguladas.
Hoy en día, el modelo de empleo se presenta mucho más diversificado, junto a los empleos estables nos encontramos con una gran variedad de empleos temporales y precarios (contratos temporales, de prácticas, a tiempo parcial…) los cuales se han denominado con mucho acierto “contratos basura”. Todas estas nuevas formas de contratación han sido adoptadas por las empresas para enfrentarse a un mercado cada vez más competitivo, desleal y agresivo, paradójicamente un mercado que se ha vuelto de esta manera en gran parte por las medidas neoliberales, las cuales han propiciado que no exista control ni regulación frente a las lógicas del libre mercado.

En conclusión, el modelo actual convierte a los trabajadores en un flujo económico más que es sometido al mercado, un mercado volátil, mundial, impredecible y en constante competencia.

Así pues, los empresarios usan estas nuevas condiciones laborales como una herramienta de reajuste económico, provocando una precariedad laboral que ha llegado para quedarse dentro de nuestro sistema productivo. Además, afectando de lleno a los sectores y empleos más vulnerables (mal pagados o de poca cualificación), sosteniendo estas condiciones laborales a través de la amenaza constante del despido.
Por tanto, nos encontramos en un contexto donde los empresarios se alejan cada vez más del trato humano que debe recibir un trabajador, pisoteando sus derechos a través de una gestión económica del empleo basada en la precariedad y el abuso.

El empresario como arquetipo cultural de éxito

Los cambios productivos y económicos que dan forma al postfordismo también tienen su repercusión (como todos los fenómenos sociales) en la esfera cultural. A veces es la cultura la que influye en la forma de producir, otras, es la forma de producir la que influye a la cultura, y en múltiples ocasiones, es un proceso de interrelación, la verdad que ni los científicos sociales logramos salir del debate sobre que estructura (económica, política o cultural) domina sobre las demás.
Lo que sí es irrefutable son los cambios en los imaginarios colectivos sobre las figuras del trabajador y el empresario . De esta manera, el ámbito de lo empresarial se ha ido situando en una posición de prestigio en la nueva cultura neoliberal, que, año tras año se ha asentado como hegemónica.
Así pues, durante 1950-60 las figuras heroicas del trabajo procedían de la clase obrera, la cual, fue la gran protagonista de la reconstrucción europea después de la 2GM. No obstante, a partir del proceso de liberalización económica iniciado en los 70, los ideales culturales han ido cambiando, relegando al trabajador a una posición de subordinación frente al empresario. Los ejecutivos, directivos, grandes dirigentes empresariales y emprendedores pasan a ser el ejemplo máximo de éxito social y económico, y lo más importante, se les atribuye todo el mérito del crecimiento y la creación de riqueza. Junto al asentamiento de estos ejemplos culturales, encontramos la absorción por parte de la sociedad de valores como el individualismo y la competitividad llevadas al extremo.

De esta forma, a través de los medios de comunicación y las producciones culturales (radio, TV, internet, literatura…) se reproduce la ideología neoliberal. Múltiples relatos discursivos que nos cuentan una y otra vez el sueño americano, que nos indican que el éxito personal va ligado al individualismo más extremo, y que intentan esconder los logros colectivos, quedando relegado el papel de la comunidad a un plano marginal.

De esta manera, toda la vida social queda impregnada por las lógicas del mercado. Además, este discurso se reproduce hoy en día gracias al poder de influencia de las grandes corporaciones, dueñas de los medios de comunicación y de las principales instituciones científicas, dominando así campos de poder hegemónicos como el cultural o el científico.

En conclusión, este proceso que describe el surgimiento de una nueva hegemonía cultural neoliberal, va ligado al desprestigio de la clase obrera y su propio imaginario. Existe una gran pérdida de conciencia en cuanto a la historia real del trabajador, pero es más, actualmente se presenta al trabajador como un estorbo para el crecimiento económico.

El individualismo extremo de la lógica neoliberal, culpabiliza de manera sistemática a cada una de las personas que no logra encontrar trabajo o está en una mala posición en el mercado, esfuérzate y lo conseguirás, y si no lo consigues esfuérzate aún másese es el eslogan, evidentemente falso. Se ignoran dimensiones como el género, el origen geográfico, la etnia, la edad, la discapacidad o la clase social del hogar en el que naces, se tienen que ignorar, evidentemente si no se hiciera se derrumbaría su castillo de naipes basado en la meritocracia y el mito del emprendedor.

Brecha social y crisis a la vista

Fuente: laopiniondemurcia.com

Autor: José Molina

Nos convertiremos poco a poco en trabajadores uberizados, que viviremos en plataformas nebulosas que para colmo de los engaños se atribuyen ser ‘economía colaborativa’: una forma de silicolonizar el mundo para que nos dominen desde la nube sin darnos cuenta

Después de una década sufriendo las consecuencias de una crisis financiera que cocinaron los que gobiernan las superestructuras de la economía, nos llega esta pandemia, que ha caído como un obús entre la ciudadanía más pobre y con menos medios. Lo peor de las dos crisis es que se han politizado y están desestructurando aceleradamente la sociedad. La OMS advierte que hay muchas decisiones que se están asumiendo que escapan al ámbito sanitario y son más el resultado de las confrontaciones políticas y sociales de una sociedad que con la crisis del 2008 arruinó el Estado de Bienestar. Madrid y otras Comunidades son un claro ejemplo de esta situación del caos por los recortes.

El primer obús nos estalló en la cara, fue una situación imprevista, caímos en la trampa del virus y golpeó indiscriminadamente. Pero esta segunda oleada del covid-19 viene directamente a la parte más débil y con más brecha social de la sociedad, que es la más numerosa.
Gobiernos sin soluciones por su aferrado encadenamiento a un mundo neoliberal que se ha hipotecado con lo más reaccionario del mundo económico global. Llegar al millón de muertes es un gran drama que suma a la brecha social, la gran discriminación de desigualdades que se vive en el planeta. La clase privilegiada se ha protegido es sus espacios amplios y no viaja en colectivos. Cuenta con los medios de control médicos preventivos y su escudo social la protege con más eficacia.

En los barrios más populosos de las ciudades (Madrid es el ejemplo más simbólico) sobrevivir es el deseo de cada día, y el reto de acudir al trabajo y solucionar las urgencias de cada momento no se soluciona ni con un confinamiento desigual, ni con más policías. Se soluciona con más medios sanitarios, con más médicos dedicados a cubrir las necesidades y con estructuras sanitarias que mejoren lo que no hay en las viviendas de estos vecindarios explotados y carentes de lo más esencial desde que la crisis del 2008 les golpeó.

El virus nos llegó desde China mordiendo indiscriminadamente, pero el tiempo nos está demostrando que no todos se pueden defender con los mismos medios. Y es aquí donde aparece la desigualdad más feroz. Esa que tenemos mal asumida, porque nos dejamos convencer de que la crisis financiera de 2008 era producida por un monstruo amable, que nos robaba recursos, por un lado, pero por otro nos daba un trabajo precario para seguir viviendo. Y que consagró la idea de que había que aceptar la superación de las ideologías, y de las clases sociales como concepto. Ello nos llevó al actual fiasco: el recorte de la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales. El espectáculo de las residencias de ancianos es la imagen más patente de este resultado.

Tenemos sensación de abandono, y nos tememos que pueda ser peor. La reacción no ha sido eliminar del panorama a los que han sido culpables de este caos, sino mirar para otro lado o responsabilizar a otros. La fragilidad del ser humano se ha puesto al descubierto. La ausencia de instituciones y organizaciones de defensa de los derechos, que operó con eficacia para implantar el contrato social para el Estado del Bienestar ya no funciona. Y no es casual: Margaret Thatcher y Ronald Reagan se encargaron de robarnos nuestra alma rebelde e implantarnos un alma consumista. Consiguieron, como dice Simone, que el mundo girase a la derecha y aceptase que el monstruo del capitalismo tenía una cara amable.

Con el teletrabajo nos quieren vender una solución, pero se ha implantado a ciegas y puede ser una nueva trampa para decir adiós al concepto de trabajo. Tener un puesto en una estructura. Tener un trabajo, bueno o malo. Nos convertiremos poco a poco en trabajadores uberizados, que viviremos en plataformas nebulosas que para colmo de los engaños se atribuyen ser ‘economía colaborativa’: una forma de silicolonizar el mundo para que nos dominen desde la nube sin darnos cuenta.

Por eso es importante reaccionar. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, con su plan París a 15 Minutos, está abordando el problema con más sentido y compromiso. Su plan, elaborado por Carlos Moreno, profesor de la Sorbona, puede ser analizado y adaptado en el desarrollo de las ciudades. Ahora toca una tarea descomunal: buscar nuevos contenidos a la altura de los tiempos, capaces de aportar formas de innovación que llenen el vacío que estas crisis están produciendo. Porque la actual crisis, que se alimenta con los destrozos de la otra, puede provocar una nueva para la que no haya vacuna posible: porque nos quieren arruinar no ya la economía, sino la vida misma.

Un nuevo despotismo intenta poco a poco de forma virtual y algorítmica degradar a las mujeres y hombres de este planeta dominando con sutileza todos los elementos que lo componen. Estamos siendo atormentados con un rostro sonriente que los medios se encargan de difundir. Una conspiración perfecta.

Reciclado cooperativo: cuando trabajo y ambiente se vuelven sustentables

Redacción Canal Abierto


“Jóvenes en Progreso” es una cooperativa de reciclado ubicada en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Allí, cerca de 150 hombres y mujeres consiguen su sustento con la recolección, clasificación y procesamiento de todo tipo de material seco. “La economía popular es pensar y actuar de manera organizada, sin un patrón, resolviendo en asamblea en qué invertir y cómo hacerlo, pero con sueldos dignos y los derechos laborales que nos corresponden como trabajadores”, señala Paola Godoy, presidenta de la cooperativa.

“A lo largo de estos años fuimos diseñando y resolviendo juntos distintas estrategias para mejorar nuestro laburo, armando convenios con los grandes generadores (supermercados como Carrefour, por ejemplo) para que retiremos el cartón y el plástico -que ellos ya no necesitan-, y que después tratamos en el Eco Punto y vendemos”, cuenta una de las referentes. “También nos organizamos con otras cooperativas de la Federación (de Cartoneros, Carreros y Recicladores) para vender en cantidad y sacar un mejor precio que si negociáramos por separado”.

Antes de la pandemia, “Jóvenes en Progreso” -cooperativa nucleada en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)- recuperaba aproximadamente 220 toneladas de papel, cartón, diario, botellas, aluminio, cobre y plástico, entre otros reciclabes. “En los últimos meses bajó la cantidad de materiales, sencillamente porque la gente consume y tira menos”, explica.

“Los compañeros y compañeras cartoneros traen todo en un mismo bolsón y nosotros separamos entre plástico, cartón, lata, viderio, papel. Después hay una separación más fina, por ejemplo, entre los distintos colores de plásticos. Entre otras cosas, acá reciclamos toneladas de nylon que sino irían a parar a los rellenos sanitarios, contaminando decenas de barrios del conurbano”, asegura Godoy, y plantea que el próximo objetivo es invertir en nueva maquinaria para fabricar bolsas con el material recuperado, y así evitar los intermediarios.

Además del fuerte hincapié en la gestión obrera en todas las instancias de trabajo, los voceros de la cooperativa se esfuerzan por destacar el sentido ambiental de su tarea: “de cada kilogramo que se tira, se calcula que sólo un 30 o 40% es propiamente basura. El resto es material recuperable que se puede reciclar con el trabajo de nuestro compañeros y el apoyo de los Estados”.

Esenciales pero discriminados

Texto: Maribel Izcue, Nicolás Castellano, Agus Morales y Xavier Aldekoa.
Fotografía: Pablo Tosco y Anna Surinyach.
Publicado en Revista5w


“Silencio, ¡temporeros durmiendo en la calle!”.

Los balcones muestran esta pancarta en una calle del casco antiguo de Lleida el 23 de mayo. Debajo, en unos tablones de madera de un edificio que aloja un coworking ahora cerrado, se apilan maletas de colores, cables de móvil, cartones, mantas. Aquí duermen las personas que han venido a recoger la cereza, muchas en situación de irregularidad administrativa.

Es una de las imágenes que nos deja el estado de alarma en España: decenas de personas que llegaron a trabajar en el campo se hallaban, en plena pandemia, durmiendo en la calle. Muchos ni siquiera pueden trabajar: en las fincas se necesita que recojan la cereza, pero los que están en situación irregular se resignan a esperar alguna peonada que obviamente se pagará sin contrato.

LA LEY DE EXTRANJERÍA

En España “sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles”, repite Mikel Mazkiaran, de SOS Racismo Euskadi, un veterano en la lucha por los derechos de las personas migrantes. La pandemia ha sacado a relucir las vergüenzas del sistema migratorio español cuando se van a cumplir 35 años de la aprobación de la primera ley “sobre derechos y libertades de los extranjeros” que se puso en marcha en España. Desde entonces, las distintas normas en esta materia excluyen a miles de personas del acceso a derechos fundamentales.

Toda esta argamasa legal ha hecho cada vez más alto el muro de la burocracia, que se sigue cimentando en los tres mismos ejes: la obsesión por el control de fronteras, la concepción de la persona migrada casi exclusivamente como trabajador y la insistencia en crear un sistema sancionador, con la amenaza perpetua de expulsión.

Son dos décadas con pocas modificaciones a la última ley de extranjería, del año 2000, a pesar de coincidir con uno de los períodos con más migraciones en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial y con la mayor llegada a España de extranjeros. Durante este periodo se ha impuesto el criterio utilitarista, pero ni siquiera eso ha animado al Gobierno español actual a aprobar una regularización, tal y como reclaman más de mil entidades.

EN EL CAMPO

—Hay gente que siempre dice: “¡Viva España!”. Viva España hay que decirlo aquí, en el campo.

Mamadou es trabajador del campo y activista. Su voz se oye cada vez más fuerte: varios de sus vídeos contra el racismo y para reivindicar los derechos de los inmigrantes se han hecho virales. Ha sido mantero, ha trabajado en la fresa de Huelva, en los campos de Jaén. Ahora está en Lleida trabajando y luchando para que los compañeros que duermen en la calle consigan un techo.

Nos sentamos con él en unos escalones de una calle aledaña al edificio de las pancartas que piden silencio para que los temporeros puedan dormir. Lleva un gorro verdiblanco, una camisa rosa, unos vaqueros. Serigne dice que tenía miedo la primera vez que grabó un vídeo. La primera vez que habló sobre su situación, sobre la de los trabajadores del campo. Dice que ya no tiene miedo. Dice que no parará. Sabe que muchos de sus compañeros, sobre todo los que no tienen papeles, no alzan la voz porque se sienten vulnerables. Muchos le dieron las gracias por decir lo que ellos sentían. Y eso lo anima a seguir.

Serigne Mamadou no quiere callarse.

—Lo hago por la gente que no ha tenido voz, para que finalmente pueda hablar, pueda denunciar. La gente tiene miedo, ya sea por estar en el campo, por la violencia, por el abuso institucional… Ahora tenemos que apoyarles para que también denuncien lo que pasa.

El campo necesita más mano de obra que nunca. Con la pandemia se ha intentado atraer a trabajadores que se han quedado en el paro, pero el intento de que la población local recogiera la cereza, según nos confirman payeses de la zona, ha sido en vano.

—Ahora los agricultores están llamando a la gente para que trabaje y nadie está presente —dice Mamadou en alusión a un campo necesitado de mano de obra, más aún en medio de la pandemia—. Nosotros vamos a estar en primera fila para dar la cara y daros de comer.

Hoy es 22 de mayo: han pasado unos días desde que hiciera un directo de Instagram con el actor Paco León. Serigne Mamadou tuvo que abandonar la conversación cuando se emocionó mientras describía la situación de los inmigrantes. Está ahora centrado en esa batalla: busca aliados para que más gente entienda el racismo que sufren.

—Cuando llegamos a Lleida no había lugares de alquiler, nadie nos quería alquilar —explica—. Fuimos al Ayuntamiento a protestar, éramos pocas personas. Distancia social, mascarilla y todo. Nos llamó la policía, nos detuvieron y nos denunciaron.

Las reiteradas promesas de encontrar alojamiento para todos han sido incumplidas, se queja. Están intentando hallar una solución.

Serigne interrumpe la charla varias veces: debe atender el teléfono. La última llamada es de alguien especial: lo notamos porque nos hace señas. Es Keita Baldé, futbolista del A.S. Mónaco. Serigne le explica la situación. Keita le dice que del alojamiento no se deben preocupar, que él se va a encargar de ello. Quedan en que lo hablarán en un directo de Instagram que harán de aquí a dos días. Serigne sonríe. Está convencido de que Keita cumplirá su promesa.

Tenemos un corro a nuestro alrededor. Hay un joven que quiere hablar. Se llama Ousmane Diouf: nació en Senegal y llegó a España en 2018 en patera. Es trabajador del campo. Pero no tiene papeles.

—Ahora cumplo 24 años y tengo muchas ganas de trabajar, pero no tengo permiso de residencia… Mira, en esta calle hay muchos jóvenes que quieren trabajo.

Dice Ousmane que sus padres, que viven en Senegal, están preocupados por el impacto de la pandemia en España.

—Yo les digo: “¡Tú tranquilo! No tengo ningún problema. Estoy bien, luchando…”. A mí me gusta estar aquí, pero la única cosa que quiero decir es que hay que ayudar a la gente para que tenga papeles.

Una de las activistas más vocales, desde hace años, en la defensa de los derechos de los temporeros en Lleida es Nogay Ndiaye, de la Plataforma Fruita amb Justícia Social. Ndiaye avisa de que es un problema estructural, con o sin pandemia.

—Las entidades implicadas hemos estado haciendo reuniones [con el Ayuntamiento] desde septiembre-octubre del año pasado. Hicimos propuestas. Habían presupuestado incluso unos bungalós para hacer pequeños alojamientos de dos o tres personas por bungaló. Llegamos a febrero, última reunión, llega la pandemia… y todo desaparece.

Ndiaye se muestra muy crítica con el Ayuntamiento, tradicionalmente socialista pero en manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) desde el año pasado. ERC se había mostrado indignada por la situación de los temporeros, pero la solución no ha llegado, lamenta Ndiaye.

—Les ha venido perfecto esto de la pandemia para tener la excusa.

Son dinámicas enquistadas, según Ndiaye, cuyo marco general es la ley de extranjería, que tiene un impacto directo en el campo.

—Es un sistema racista que oprime a los débiles, y los más débiles son los inmigrantes. Dependen de la ley de extranjería —dice Ndiaye—. Muchas de las personas que están en el centro histórico de Lleida tienen papeles y duermen en la calle igualmente porque no se está cumpliendo el convenio, pero hay otras que están en ese periodo de tres años en el que tienen que sobrevivir [sin documentación] y no tienen ningún ingreso. Van haciendo las campañas. Hay momentos en que hay picos grandes y no tienen suficientes trabajadores, y cogen a 25 más. Estos 25 están indocumentados y los tienen una semana.

Poco después de estas conversaciones, el futbolista Keita Baldé cumplió su promesa: alquiló un edificio entero para alojar a 90 personas que estaban en la calle. Es un inmueble que se ha tenido que acondicionar: varios hoteles y otro tipo de alojamientos rechazaron acoger a los temporeros pese a que Baldé lo pagaba, según denunció Ndiaye.

Un futbolista supliendo la labor de las administraciones.

HISTORIA DE LAS REGULARIZACIONES

En España las regularizaciones han sido aprobadas por Gobiernos de distinto signo ideológico: tanto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como del Partido Popular (PP). Incluso el dictador Francisco Franco hizo una. Las Cortes franquistas aprobaron el 14 de febrero de 1974 un decreto que permitió la regularización de 11.000 ciudadanos extranjeros, según el archivo personal sobre normativa de extranjería que atesora el abogado José Luis Rodríguez Candela. Hay que remontarse a 1852 para encontrar el primer real decreto de extranjería aprobado en España, según otro trabajo de documentación de Mazkiaran.

Rodríguez Candela, miembro de la Asociación de Abogados Extranjeristas, destaca las enormes diferencias de las seis regularizaciones que se han puesto en marcha en España desde que se creó la ley de extranjería en 1985, que han permitido que un total de 1.124.241 personas hayan accedido a un permiso de residencia desde 1986 a 2004.

La primera “regularización colectiva” de extranjeros en España surgió en 1986 con el reglamento que desarrollaba la primera ley, y permitió a 38.181 personas acceder a un permiso de residencia. El 7 junio de 1991 se produjo el único proceso que se llamó “regularización” como tal, y que incluyó a 109.137 personas. En 1996 llegó la de José María Aznar: 21.283 personas obtuvieron el permiso. El PP haría otras dos más: en 2000, coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva ley de extranjería (150.000 regularizados) y en 2001 vía reglamento (232.679 más).

La última, la llamada “normalización”, vino en 2005 de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo que 572.961 personas accedieran a la residencia. Con ese último real decreto de 2005 se introdujo la vía del arraigo como figura para obtener un permiso de residencia en España, en virtud del cual se deben demostrar tres años de residencia en el país, tener una oferta de trabajo y acreditar la ausencia de antecedentes penales. Esta sigue siendo casi la única salida a la irregularidad administrativa en España.

El Gobierno español actual, integrado por PSOE y Podemos, no ha hecho efectiva una regularización en medio de la pandemia. Para presionar al Ejecutivo, se ha puesto como ejemplos a Italia y Portugal, aunque sus medidas han sido limitadas: en Italia, la regularización solo incluye el sector agrario y mientras dure el estado de excepción; en Portugal, es específica para los que tenían ya en marcha algún proceso de tramitación previo a la pandemia.

La medida más importante que ha tomado España en la materia es la concesión de dos años de permiso de trabajo para los jóvenes extutelados de entre 18 y 21 años, que llegaron a España siendo menores, la mayoría en pateras, y que han estado trabajando en el campo durante este estado de alarma en la recolección, sobre todo de los frutos rojos en Huelva. Según fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones, son menos de 300 los que se han acogido a esta medida. Un número bajo teniendo en cuenta que el Estado tiene registrados a 11.000 menores, a los cuales el Gobierno también permite trabajar una vez cumplidos los 16 años.

“Hemos perdido una oportunidad para los extranjeros y para el país, pero tal y como está de tensionado el Parlamento español, parece poco probable que prospere cualquier intento de plantear una regularización o una reforma ambiciosa de la ley de extranjería por el miedo a VOX”, sostiene una experta implicada en mecanismos oficiales de protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros, que pide el anonimato.

El contexto actual no es el de 2005, cuando la mayoría de las personas regularizadas eran trabajadoras del hogar, de la hostelería, la construcción, el sector servicios y unos pocos del campo. Hasta los profesionales extracomunitarios más demandados en la pandemia, los sanitarios, han seguido estrellándose contra el muro de la burocracia para conseguir ejercer por fin sus oficios en España. Médicas y enfermeros que tardan años normalmente en homologar sus títulos vieron cómo el Gobierno les abría una ventana rápida en la pandemia, pero menos de 350 pudieron culminar el proceso hasta que la administración española volvió a cerrarlo.

CUIDADORAS

El tono de llamada suena varias veces antes de que una voz femenina conteste al otro lado de la línea.

—¿Hola?

La respuesta se oye entrecortada: es un problema de cobertura, no de distancia. Estamos en la misma ciudad y nos separan solo unos pocos kilómetros, pero son infranqueables para ella. No es solo el estado de alarma, que a mediados de mayo aún restringe nuestros movimientos. Desde el 15 de marzo, Margarita no puede abandonar el apartamento en el que se encuentra para regresar a su casa, hacer ejercicio o ir al médico, a riesgo de perder su empleo.

Margarita no se llama Margarita, pero ese es el nombre que prefiere que le demos para evitar problemas en su trabajo, ese que le impide salir de casa. Ronda los 50 años y es auxiliar de enfermería; en su Colombia natal trabajaba en un centro sanitario.

—Y por un futuro mejor y esas cosas, una de pronto se viene acá.

Llegó a España hace más de dos años y estuvo cuidando a una anciana en su casa hasta que la trasladaron a una residencia; luego consiguió empleo asistiendo a una pareja nonagenaria de nueve de la noche a nueve de la mañana. Estaba contenta con su trabajo, dice, porque tenía el día para moverse, para “hacer otras cosas, otras exigencias; pero resulta que ahora no”.

Resulta que ahora no, porque llegó la pandemia y, con ella, la mayor sacudida social en años. En los momentos más críticos los focos se volvieron hacia los hospitales, hacia las residencias de ancianos, hacia el extraordinario esfuerzo del sector sanitario. Mientras tanto, en el interior de sus viviendas, muchos ancianos solos y dependientes eran cuidados por personas como Margarita: sin una situación administrativa regular, sin contrato, sin material de protección en condiciones, sin margen para reclamar mejoras si no quería perder el trabajo. Ella cobraba 750 euros al mes por cuidar al matrimonio todas las noches de la semana. Pero con la pandemia llegó el cambio.

—Como son personas mayores, su hijo me dijo: “Yo necesito una persona que se quede”. Y yo le dije, ¿que se quede cómo? “Que se quede. Si eres tú, no puedes entrar ni salir”. ¿Y qué voy a hacer en este caso? Pues quedarme.

Sus horas aumentaron, el sueldo no. Desde mediados de marzo tuvo que permanecer las 24 horas del día en la casa, volcada en los cuidados, y solo la última semana de mayo comenzó a salir unas horas los sábados y domingos.

Aquel fue el primer vuelco. El segundo, cuando el abuelo al que cuidaba enfermó mostrando todos los síntomas de la COVID-19. Llamaron a la ambulancia y fue trasladado al hospital, donde le hicieron la prueba: positivo. El anciano murió por coronavirus a mediados de abril.

—Júralo que yo tuve una depresión. Dios mío, qué hago. Ahora a esta casa no viene nadie.

Margarita pone énfasis en nadie, como si estirase la palabra hasta partirla en dos: na-die. En el apartamento conviven ahora la anciana, recién enviudada, y ella. Antes, dice, dos empleados del servicio de atención domiciliaria municipal acudían a prestar asistencia durante el día, pero cuando les informaron de que en esa casa había habido un fallecido por coronavirus, dejaron de hacerlo.

—Se espantaron. No volvieron. Para mí esto ha sido estresante, estaba súper estresada. Entiéndeme. Me duele todo, me duele la espalda, me duelen las piernas. Me siento… Me sentí tan mal que lo que hice fue arrodillarme y llorar.

Al conocer que el abuelo era positivo, Margarita contactó con el ambulatorio. Le dijeron que mientras ni ella ni la abuela mostraran síntomas, no les harían el test. Que se tomaran la temperatura varias veces al día y, en caso de que tuvieran fiebre, les avisaran. Al otro lado del teléfono la voz de esta auxiliar de enfermería no oculta su enfado por la incertidumbre, porque al haber estado en estrecho contacto con un positivo por coronavirus, tanto a la abuela como a ella deberían hacerles las pruebas, dice.

—Yo he escuchado que a futbolistas sí se lo han hecho… ¡Esto es un caso prioritario, creo yo!

Hasta ahora, ninguna de las dos ha tenido síntomas. Margarita ha recibido material de protección —mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico— de la asociación de mujeres migrantes a la que pertenece, y extrema las precauciones cuando tiene que salir a comprar “por ejemplo en la farmacia, o algunas cosas de la casa, los pañales [de la anciana], los medicamentos, la leche, cosas así”.

La abuela, con algunos síntomas de demencia, a menudo no termina de entender la situación, pero sí es consciente de que su marido ya no está. Y también de que ya no puede salir a la calle.

—Ahora dice que de la casa solo la van a sacar con los pies para delante; a mí me afecta.

En esta situación, ¿ha tenido posibilidad de renegociar sus condiciones laborales?

—Yo la otra vez le hablé de un contrato a la familia. Se quedaron mudos, o más bien se pusieron como molestos. Así que no les he vuelto a insistir. ¿Por qué? Porque me quedo sin trabajo. Y así estamos muchas compañeras, muchísimas.

Sin vacaciones —excepto una ocasión en la que los familiares se llevaron al matrimonio de veraneo un par de semanas, en las que suspendieron el sueldo de Margarita—, sin bajas, sin salario mínimo, sin horas extra, sin protección más allá de las redes de solidaridad tejidas entre las propias compañeras. Cuando Margarita planteó la posibilidad de que, aunque fuera sin contrato, le subieran el sueldo por estar como interna por el coronavirus, con una anciana dependiente a la que “hay que hacerle todo”, los familiares alegaron su propia falta de recursos.

Ella tiene claro que la causa de la desprotección en la que se encuentra radica en su situación administrativa irregular, pero responde rápido si alguien apunta a que no tiene documentos.

—Como soy una extranjera, supuestamente no tengo documentos. Yo documentos sí tengo; que no tenga una identidad española es diferente. “¡Pero no, eres indocumentada!”, dicen. Yo no soy ninguna indocumentada. Yo tengo mi pasaporte que reza mi nombre. Como que ni supiera de dónde soy y de dónde vengo. Con esa cuestión la gente quiere… Como una tiene necesidad, vamos a llamarla así, tienes tu familia allá y tienes que mantenerte aquí…

Su voz se queda colgada en el vacío. Tras un momento, continúa.

—Una viene con metas, con sueños. Somos personas profesionales que queremos salir adelante. Nos encontramos con esa frustración aquí.

Habla de compañeras a las que han despedido de la noche a la mañana, “así como bota uno la basura”, y que se han quedado en la calle por no poder pagar la habitación en la que vivían; o de los sueldos de entre 400 y 500 euros al mes que, antes de la pandemia, cobraban algunas por deslomarse en jornadas diarias de más de ocho horas. Ninguna de las compañeras que menciona llega, ni de lejos, al salario mínimo interprofesional, que establece, por 40 horas semanales, 950 euros brutos mensuales con 14 pagas y 30 días de vacaciones al año; o, en caso de un contrato por horas, un mínimo de 7 euros la hora. Todas las reclamaciones de Margarita se condensan en una sola: un decreto que regularice su situación.

—Lo que yo veo es que nunca nos han tomado en cuenta a nosotras, las mujeres trabajadoras del hogar, sabiendo que la sociedad española se beneficia de nosotras. Si vamos y hacemos un salto de casa por casa, se encuentran puras extranjeras trabajando y haciendo el cuidado del hogar.

En España hay unas 400.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social como empleadas del hogar. La última Encuesta de Población Activa indicaba por su parte unas 600.000 personas ocupadas en este sector. El cruce de ambas cifras apuntaría a que una de cada tres trabajaría en la economía sumergida. De las afiliadas, un 95% son mujeres y el 42% son extranjeras. Pese a cotizar en la Seguridad Social, lo hacen en un régimen especial que no contempla subsidio de paro. Un estudio de 2018 de Oxfam Intermón y la Universidad Carlos III de Madrid cifraba a su vez en más de 630.000 las personas que se dedican al trabajo del hogar en España y apuntaba a que la mayoría, un 57%, son mujeres migrantes.

—Las cuidadoras de domicilios privados se consideraron esenciales mediante el Real Decreto [el Real Decreto-Ley 10/2020 del 29 de marzo]. Esenciales, pero no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores considerados esenciales, ni para acogerse a un ERTE, ni para acogerse a prestación: muchas no están dadas de alta en la seguridad social.

Habla la hondureña Carmen Juares, una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, red integrada por unas 400 trabajadoras del hogar y de los cuidados en Cataluña. En medio de la crisis por el coronavirus, el grupo de WhatsApp que comparten estas trabajadoras echa humo con relatos de situaciones sangrantes. Las más habituales son aumentos de jornadas por el mismo salario, dice, y despidos de la noche a la mañana sin ningún tipo de indemnización. Solamente tres de las 400 mujeres de la asociación pudieron pasar el confinamiento en sus casas sin que los empleadores le retiraran el sueldo. Tres de 400, insiste Carmen con una mezcla de enfado y frustración.

Muchas otras, continúa, se han jugado su salud por falta de recursos y material de protección, como la trabajadora que de madrugada tuvo que acompañar a urgencias al abuelo que cuidaba. El hombre dio positivo por coronavirus, pero era el pico de la pandemia y, con los servicios sanitarios saturados, del hospital lo devolvieron a casa. La cuidadora lo comunicó a los familiares, pero estos le negaron de forma rotunda guantes y mascarillas alegando que se los tenía que comprar ella con su dinero, “ya que formaba parte del desarrollo de su trabajo”. Con un sueldo de 700 euros al mes como interna seis días a la semana y un hijo en su país de origen, no disponía de efectivo. “A los días nos llamó, que estaba con tos y fiebre alta”. Cuando explicó a los familiares que parecía haberse contagiado con el virus, “la respuesta fue que si quería seguir trabajando que lo hiciera, pero que cuando ya no pudiera lo comunicara y buscarían a otra persona”. Aquello era sinónimo de quedarse en la calle. “Lleva trabajando allí dos años y está en proceso de regularización. Es aquello que la ley de extranjería te obliga a aceptar”.

Este caso ocurrió al inicio de la pandemia. Poco después, la asociación comenzó a recibir donaciones de material y pudo repartirlo entre las trabajadoras en situaciones de mayor riesgo. También han abierto una colecta solidaria para poder respaldar a aquellas a las que la emergencia del coronavirus ha dejado sin ingresos, en ocasiones sin techo, y a menudo con menores a los que mantener. La situación se repite en todo el país: las asociaciones creadas por las propias trabajadoras son, para muchas, el único colchón para hacer frente a la pobreza.

Carmen Juares insiste en que para resolver el problema estructural del sector hay que hacer una labor pedagógica y de sensibilización que desemboque en la regularización de las migrantes, en contratos, en un cambio de mentalidad de la sociedad.

—Se dice: “Le pago a la chica para que venga unas horitas…”. No, no. No es la chica, es una persona trabajadora con nombres y apellidos. Muchas tienen formación, son profesionales del cuidado. Pero se las ve como la chica y no como una relación laboral.

Incluso en sectores de la sociedad que se consideran feministas y progresistas, añade, está normalizado el hecho de emplear a una cuidadora en condiciones precarias.

—Hay mujeres que sí, han roto el techo de cristal, pero mientras otras estaban recogiendo los vidrios. Tenemos tan interiorizado el papel de las personas de origen migrante, que no nos preguntamos por sus necesidades.

VIDAS INVISIBLES

En las estadísticas oficiales constan 5.663.348 residentes extranjeros en España. La mayoría (unos 3,4 millones) son del régimen comunitario, sobre todo de Reino Unido, Italia y Rumanía, y 2,2 millones son extracomunitarios, con Marruecos, China y Ecuador a la cabeza. Pero es interesante fijarse en un dato: más de 1,8 millones se consolidaron como residentes de larga duración, es decir, el 85,5% de todos los residentes extracomunitarios regulares en España.

Solo en 2019, más de 400.000 personas consiguieron diversos tipos de permisos de residencia en España. De ellos, según consta en las estadísticas de la secretaría de Estado de Migraciones, 38.567 lo lograron por la vía del arraigo y 39.249 por las llamadas “razones humanitarias o excepcionales”.

¿Qué pasa con quienes están en situación de irregularidad administrativa? ¿Qué pasa con quienes no están en las estadísticas? Los colectivos que piden una regularización estiman que esta beneficiaría a 600.000 personas, pero las fuentes especializadas en migración consultadas para este reportaje aseguran que este dato es imposible de calcular.

En el conjunto de Europa las estimaciones de estos trabajadores invisibles ascienden a entre 8 y 10 millones. Pero son solo estimaciones. Los que malviven en las chabolas de Lepe, los que están a la intemperie en Lleida o las trabajadoras que han pasado la pandemia cuidando de los mayores en sus casas no aparecen en ninguna estadística. No forman parte de los 272 millones de personas que tienen la etiqueta de migrantes en el mundo, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), porque la ley las borra del mapa.

La pandemia ha logrado lo que las oenegés tanto habían reclamado durante años: el cierre de todos los Centros de Internamiento de España, los polémicos CIE, aunque Interior asegura que se trata de una medida temporal y que volverán a abrir sus puertas. Sin embargo,1.700 personas han estado encerradas, hacinadas y forzadas a incumplir todas las recomendaciones sobre el confinamiento en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde más de 200 niños y mujeres, muchas en situación vulnerable, han llegado a compartir un espacio ideado inicialmente para solo 600 plazas en medio de una pandemia global. La mayoría son solicitantes de asilo de Yemen, Siria, Túnez o Marruecos, a los que Interior vulnera su libre circulación por el territorio español una vez piden protección.

TIEMPOS DIFÍCILES

Malang Fatty lleva los auriculares puestos pero no escucha nada. Mira la pantalla del móvil y se whatsappea con un amigo, le pregunta qué tal, qué haces. Su rictus no cambia durante la conversación, así que es imposible adivinar el tono de las respuestas. Tampoco sería sencillo leer sus gestos. Malang lleva una gorra de camuflaje con unas letras naranjas de los Yankees de Nueva York y una mascarilla le cubre la mitad de la cara. Como está sentado en un muro bajo de ladrillos rojos, los pies le quedan colgando a unos centímetros del suelo. Los balancea y levanta la cabeza. Su vista se pierde al otro lado de la calle, donde hay una sucursal bancaria de letras azules y blancas y a su izquierda unas palomas picotean despreocupadas en el suelo. Encima de ellas hay una placa con el nombre de la plaza: Plaça Solidaritat.

Antes, explica Malang, pasaba bastante por esa plaza o iba a caminar por la playa, que queda cerca, pero ya no tanto.

—Tough times, man —dice en voz baja: tiempos difíciles—. Salgo muy poco a la calle, a comprar al supermercado o a hacer algún recado, pero poco más. Desde que empezó todo, prefiero no salir de casa, hay más policía y te pueden parar para pedirte los papeles y ponerte una multa.

Desde que empezó todo: desde que la pandemia vació las calles de medio mundo y a migrantes como Malang los dejó sin red. Su historia, más allá de los matices geográficos, es la de cientos de miles de migrantes subsaharianos en Europa. Llegó hace cinco años en patera a Italia desde su Gambia natal y, tras buscarse la vida como temporero en el sur de España, se fue a Barcelona, donde pensó que le cambiaría la suerte y podría conseguir papeles. No fue así. Ahora vive en Blanes, una localidad a 70 kilómetros de la capital catalana donde empieza la Costa Brava, y recoge chatarra o trastos viejos que repara para vender después. Recogía: desde que se decretó el estado de alarma, no ha podido salir de ronda por la noche a escarbar en los contenedores, al menos hasta la semana pasada. Si antes sus ingresos eran escasos, ahora son cero. Sobrevive porque vive en un piso compartido a cinco minutos de la Plaça Solidaritat con otras siete personas, dos de Costa de Marfil y el resto gambianos como él, y sus compañeros de piso son además su sostén.

—Entre alquiler, electricidad y comida, cada uno ponemos entre 120 y 150 euros al mes. Algunos trabajan y tienen papeles, pero yo no. Me cubren un poco.

En casa solo reciben un pequeño empujón externo. Cada miércoles, van a la sede de Cáritas para llenar un carrito de la compra de color pistacho con alimentos de primera necesidad. Les dura tres días.

Tough times. Tiempos difíciles.

Malang lleva mal la pobreza y la incertidumbre, pero peor el sentimiento de culpa. Él lo llama nostalgia, y debe de serlo también, pero cuando lo dice baja la mirada avergonzado y se delata.

—Antes mandaba dinero cuando podía. A veces 20 o 50 euros. Lo que podía. Ahora no puedo y sé que ellos lo notan.

La crisis económica generada por la pandemia y el confinamiento ha provocado la caída más abrupta de remesas de la historia reciente. Se prevé que este año los migrantes envíen a sus familias algo más de 390.000 millones de euros, un 19,7% menos que el año anterior. En África subsahariana el desplome estará por encima de la media (23,1%). Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo especializado de las Naciones Unidas, cada año 200 millones de migrantes envían una media de entre 200 y 300 dólares a sus familiares, especialmente en zonas rurales de países pobres. La cantidad supone, también de media, el 60% de los ingresos de esas familias. La interrupción de ese dinero salvavidas no solo significa la pérdida de un flujo económico vital, también es un obstáculo para el progreso. Aunque tres de cuatro dólares de las remesas se invierten en alimentos y otras necesidades básicas, el resto se invierte mayoritariamente en educación, así que un descenso en las remesas afecta directamente a esta última partida.

Las pocas veces que Malang no puede más y se atreve a salir de casa, baja a la playa a airearse un poco. El rumor de las olas, dice, le transporta a la playa de Tanji, donde iba con su madre o su hermano Abubakar a comprar pescado. En la arena, piensa en su madre, su padre enfermo y sus otros dos hermanos pequeños. Sobre todo en ellos dos.

—El camino a Europa es difícil. Se sufre mucho. Yo vine aquí para ayudar a mi familia y pagar la escuela de mis dos hermanos. Me siento responsable de eso y más en estos momentos.

En estos momentos. En estos tiempos difíciles.

A nivel sanitario, África no ha sufrido hasta ahora un impacto tan brutal de la pandemia como los países occidentales. Aunque ya ha superado los 207.000 infectados y las 5.500 muertes, la cifra supone menos del 3% de los positivos mundiales y el 1,3% de las muertes, pese a que el continente alberga al 17% de la población del planeta. A nivel económico es otra historia. Las rápidas y drásticas medidas de la mayoría de Gobiernos africanos, que ordenaron el cierre de fronteras y mercados, unidas a la caída del precio del petróleo y el estancamiento del comercio internacional, detendrán en seco el crecimiento de los últimos años. A causa del coronavirus, el Banco Mundial prevé la primera recesión en la región en los últimos 25 años. La crisis combinada en Europa y Estados Unidos, de donde provienen la mayoría de las remesas hacia países africanos, ahondará en la herida de millones de familias. Gambia recibirá una estocada descomunal. Aunque a nivel cuantitativo Nigeria, Ghana, Kenia y Senegal son los países que más dinero reciben de las remesas, el país más pequeño de África es el tercero más dependiente de los envíos de efectivo desde el extranjero, solo por detrás de Sudán del Sur y Lesoto. Un 15,5% del Producto Interior Bruto gambiano, el triple de los ingresos por turismo, proviene del envío de dinero más allá de sus fronteras.

Sentado en el sofá de su casa, Malang cambia de canal en la televisión hasta que da con un partido antiguo del F.C. Barcelona contra el Arsenal inglés. Lo deja. En la pantalla, Abidal lanza un patadón a Nasri y lo derriba; falta indiscutible, pero Malang mira la escena inmutable. Está solo en el comedor. El resto de compañeros de piso ha desaparecido en la cocina o en sus cuartos compartidos, desconfiados por la presencia de un periodista en la casa. Malang se ha quitado la mascarilla y la arruga en la mano izquierda, posada sobre el brazo del sofá. Está inquieto. Coge el teléfono y llama. Contesta su madre, Kumbafaya, desde Gambia. Al principio, Malang pregunta por la salud de su padre y por cómo el virus está afectando a la familia y al país. Ella le pregunta si está bien de salud y está contento. Casi al final, después de un breve silencio, Malang se arma de valor y lo dice:

—Mamá, no podré enviar dinero.

—Si tuvieras, sé que nos enviarías.

—Es debido a mi situación y al coronavirus, ¿sabes?

—Que Alá haga tu lucha fácil.

—Amén.

—Que los extranjeros sean amables contigo.

—Amén.

—Que no seas víctima de tu situación.

—Amén.

—Que los hombres blancos sean buenos contigo.

—Amén.

Teletrabajar no es conciliar, es sumar dos trabajos

Irene Fernández Novo
Pubicado en Nius diario


Esta socióloga e investigadora advierte sobre los riesgos del teletrabajo improvisado: “sumar dos trabajos puede ser un parche, un apaño para ir tirando, pero no es una solución a medio plazo”

Destaca también el enorme peso que ha recaído en los hogares con el confinamiento y el papel clave del trabajo “no pagado” para salir adelante en esta crisis

“Se ha destrozado el equilibrio tradicional, el Estado no ha podido seguir ejerciendo las funciones educativas que ejercía, ni del cuidado de la salud, porque se ha visto desbordado. Y ese esfuerzo han tenido que absorberlo, casi íntegro, los hogares. Las empresas también ofrecían muchos servicios que también han absorbido los hogares. Los hogares son inmensos recursos de los que estamos abusando, no puede ser”.

Ángeles Durán, socióloga y veterana investigadora del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, alerta sobre la complicada situación que ha generado el confinamiento en los hogares españoles. “Ha sido un cataclismo y no hay todavía una solución bien pensada”.

Durán hacía estas consideraciones al analizar, junto a otros expertos del CSIC, el impacto social de la pandemia de COVID-19 en España. Repartir los costes sociales de la pandemia, reconoce la socióloga, no es fácil, “es un puzle, y un reto” que todavía sigue ahí. “Hay mucho cansancio y agotamiento, el tema de los niños no se ha resuelto, todavía no sabemos el panorama de cara a los próximos meses, queda mucho por hacer…”.

El teletrabajo no se puede improvisar

En ese puzle, el trabajo ha sido y sigue siendo una pieza clave, a la que todavía le faltan muchos engranajes, en opinión de esta experta. Sobre todo si hablamos del teletrabajo, que avisa: “no se puede improvisar, esto de ahora es un parche”. Y que tiene ventajas, sí, pero también inconvenientes. Durán subraya estos últimos.

“El teletrabajo tiene una ventaja enorme: el ahorro en los tiempos de transporte. Pero tiene muchos inconvenientes. El primero, que traslada todos los costes del espacio de trabajo al hogar. Si quieres que tu casa tenga una habitación extra dedicada al teletrabajo (para poder hacerlo en condiciones) eso supone mucho dinero. Se traslada ese coste de la empresa al trabajador”. Esto es algo, precisamente, que ya está estudiando el ministerio de Trabajo.

Y está también el tema de los horarios. “Puede ser una ventaja poder hacer un trabajo a las 4 de la madrugada o a cualquier hora, pero eso genera más estrés, que cuando parcelas no tienes. Tiene ventajas pero son muchos los inconvenientes”.

El teletrabajo, una práctica que apenas existía en España antes del coronavirus, ahora parece que ha llegado para quedarse. Si hace un año sólo trabajaba desde casa el 4% de los asalariados, el confinamiento ha elevado ese porcentaje al 32%. Y de cara al futuro se plantea, incluso, como una “ventaja” para poder conciliar. “No lo es, es sumar dos trabajos. Sobre todo, en el caso de las mujeres. No pierden uno, sino que suman otro. Puede suponer un estrés extraordinario”, advierte Durán.

Y propone buscar soluciones. “Habrá que ofrecer servicios alternativos al trabajo dentro de casa. Sumar dos trabajos puede ser un parche, un apaño para ir tirando, pero no es una solución a medio plazo”. Porque además, subraya, el trabajo fuera de casa aporta muchas otras cosas. “El trabajo no solo es el trabajo, es también el ambiente, los compañeros, los estímulos, las reuniones… en general, el centro de trabajo te da muchas cosas buenas, que las pierdes si estás encerrado en casa”.

El trabajo no visible ha paliado la crisis

Durán habla del trabajo pagado y del no pagado, que en su opinión es igual de importante. Y lo explica. “En general, el 60% de nuestro tiempo lo dedicamos a dormir, lavarnos y comer. Del 40% restante, la mitad es trabajo no pagado que se hace dentro de los hogares. En esta pandemia, se le ha pedido a ese trabajo que sea extraordinariamente flexible y que responda inmediatamente al fracaso en la producción de servicios por parte del Estado y las empresas como consecuencia del confinamiento”. Y vaya si ha respondido. “El trabajo no pagado ha conseguido disminuir el impacto negativo de la crisis. Y eso ha repercutido sobre todo en las mujeres. No sólo, pero mucho más en ellas”, asegura.

Por eso, Durán pide que las políticas públicas tengan mucho más en cuenta este tipo de trabajo. Algo que plantea la propia ONU desde 1995. “Que no se entiende la economía de un país si solo estamos atentos a sus componentes monetarizados. Pensamos que el trabajo en los hogares, como el voluntariado, es algo gratuito e inagotable. Pero son recursos limitados y cuestan mucho esfuerzo a quien los aporta a los demás, a la sociedad. Hay que incorporarlos en cualquier política pública o decisión colectiva”.

Porque esta pandemia, dice, lo ha demostrado. “Medirlo todo en dinero no tiene ningún sentido. Cuando pensemos en los puntos fuertes de nuestra sociedad, hay que hacer un hueco a la población no asalariada y a la que presta servicios no remunerados desde sus hogares. Esta crisis la está sacando a flote, en gran parte, el trabajo no visible”.

1º de mayo, renta básica y Doctrina Social de la Iglesia, por Luis Argüello

La pandemia COVID-19, con sus consecuencias sanitarias y el confinamiento exigido para evitar su expansión, ha suscitado un reconocimiento unánime del valor del trabajo. Así, se aplaude la entrega del personal sanitario, de quienes trabajan en tiendas, supermercados y farmacias; también Fuerzas Armadas y Policía; personal de limpieza y trabajadores del campo, transportistas, trabajadores de mercados centrales; profesores, periodistas, profesionales de medios de comunicación social; quiosqueros; sacerdotes, trabajadores de servicios sociales y residencias de ancianos; también el teletrabajo y el reparto de lo adquirido online, las reflexiones sobre la situación y las producciones artísticas. Así como la actividad de voluntarios, vecinos, trabajo doméstico, etc. Un extraordinario elogio de la actividad humana en favor del bien común. Un aplauso al trabajo como expresión de la dignidad humana, de la capacidad de servicio, de generación de riqueza —bienes y servicios— y de relación con otros, entretejiendo la vida social.

Resuena la afirmación de la Doctrina Social de la Iglesia: «El trabajo pertenece a la condición originaria del hombre y precede a su caída; no es, por ello, ni un castigo ni una maldición» (CDS 256). Pero también, en estas semanas de vértigo y quietud, millones de personas pierden el trabajo o ven amenazado su empleo, en una situación en la que ya muchos estaban en paro o habían recuperado un trabajo en condiciones precarias después de la crisis.

Ya en 2019 había quien escribía esta reflexión en una intervención pública: «Parecía que la crisis económica estaba superada y se anuncia otra. En realidad, quizá sea la misma: un escenario mundial de lucha —con las viejas reglas de poder y división internacional de funciones, recursos y personas— en el enorme desafío de la cuarta revolución industrial. Si la economía es global, no somos ajenos al hambre de tantos. Experimentamos una gran inquietud por el futuro del trabajo y del Estado del Bienestar. Alguno anuncia que la travesía de la crisis nos conduce a «una nueva normalidad» —este concepto, surgido en el año 2010, lo expuso institucionalmente el entonces presidente del Deutsche Bank, el suizo Josef Ackermann, el 5 de septiembre del 2011. Trabaja, desde entonces, sobre este oxímoron el Foro de Davos que, desde 2016, estudia cómo encauzar la irremediable crisis del Estado del Bienestar con millones de descartados por la revolución tecnológica. El profesor Niño-Becerra, en El crash. Tercera fase, dice: «La nueva normalidad será vivir en una sociedad sesgada, con desempleo estructural, un subempleo elevadísimo y una desigualdad enorme. Solo se compensará con el trinomio social: la renta básica, ocio gratuito y marihuana». Puede parecer una boutade, pero da pistas.

El confinamiento provocado por la COVID-19 paraliza la vida social y económica y acelera muchos procesos ya en marcha: teletrabajo, control de la población, renta básica, transición hacia el modelo económico, social y cultural propiciado por la revolución tecnológica, con un protagonismo grande de la biopolítica: ecología, hombre exponencial e inteligencia artificial, salud y trashumanismo. La pandemia intensificará las inversiones en salud, referencia central del progreso y sustitutivo de la salvación.

El debate sobre la renta a ofrecer para paliar la crisis del Estado del Bienestar y las consecuencias de la 4ª revolución industrial es sin duda importante. La tremenda crisis económica global provocada por la pandemia lo ha transformado en urgente, con el riesgo de sentar unas bases sobre su desarrollo que, movidas por lo urgente, eviten a la sociedad el necesario debate sobre el sentido del trabajo como fuente de riqueza y expresión del protagonismo personal y social en la convivencia y el camino histórico.

La fase actual del capitalismo financiero y tecnológico, liderado por las grandes corporaciones de la información, une su condición tecnocrática en el control de la economía, a una propuesta compasiva y moralista en la cultura y las formas de vida que tiene como finalidad última el poder; éste anula la libre conciencia con el señuelo de ofrecer más y más libertades que no cuestionen el marco de su paradigma tecnocrático y cultural. Desde ese marco es fácil condicionar la política global y nacional. Es un ámbito donde caben propuestas de capitalismo ortodoxo, populismos, ONGs y todos los altavoces de lo políticamente correcto. Hay liberales y socialdemócratas, China y Estados Unidos, espiritualistas y secularistas. Resulta cada vez más difícil utilizar los esquemas decimonónicos de izquierdas y derechas. La realidad del sufrimiento es tozuda y grita, y juzga esta situación histórica como a todas. Surge una tentación: anular el sufrimiento, anulando a los que sufren.

La llamada renta básica ha sido propuesta en los últimos años por economistas de casi todo el espectro ideológico, ya como Renta de Garantía de Ingresos (RGI), llamada por otros Ingreso Mínimo Vital, o como Renta Básica Universal (RBU). Para unos es una forma de sustituir el Estado del Bienestar en el nuevo tiempo, para otros un desarrollo más pleno del Estado social de derecho. Ambas tienen sus complicaciones técnicas y de financiación. Son asuntos en los que no entro, pues no son de mi competencia y pertenecen al ámbito de la genuina libertad en la acción política. Pero sí quiero realizar algunas consideraciones.

La primera es poner siempre delante a los empobrecidos a consecuencia de situaciones personales, familiares o de la injusta situación económica. Su sola existencia reclama cercanía y propuestas. Ahí se sitúa el IMV, que quizá sea siempre necesario, pues pobres siempre caminan a nuestro lado.

El trabajo expresa el ser de la persona en el hacer y ese mismo hacer tiene consecuencias en el ser y su desarrollo. Incorpora al sujeto trabajador a la construcción del común, promociona —empodera, dice la neolengua políticamente correcta— personal y socialmente. Entra en relación con el capital en un coloquio imprescindible para ofrecer en el devenir histórico los bienes y servicios que cada generación precisa. Pero el trabajo tiene una prioridad sobre el capital que no ha de olvidarse al organizar sus relaciones. La retribución del trabajo es el salario, la del capital la renta. Si las llamadas rentas básicas, ya RGI o RBU, no promocionan el trabajo, el riesgo de que el capital que las genera, estatal o privado, explote a muchos y arranque el protagonismo histórico a la mayoría es muy grande. Generar dependencias es un instrumento habitual de dominadores. Todo bien y servicio es hijo del trabajo, no de la renta. Por eso dice el Papa Francisco: «Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos. Quiero que pensemos en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo y el acceso universal a esas tres T que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo». «El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre, un bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana» (CDS 287).

Por ello, la clave está en generar, con un respeto grande a la realidad, una economía que promocione, para lo cual, quizá sea necesario —en tiempo de pandemia sin duda— un ingreso vital abierto a la promoción y al trabajo digno. Pero no se puede hablar de rentas mínimas sin plantearnos la justificación de las rentas máximas.

En el Día del Trabajo 2020 es conveniente proponer un nuevo pacto social que convoque al mercado, al Estado y a la gratuidad de la sociedad civil; pero no basta, conviene repensar el valor del trabajo, el sentido del progreso, el papel de la familia y los estilos de vida en un programa de gobierno para el bien común. Pero no será posible liberarse de las ataduras del gnosticismo tecnocrático y del pelagianismo moralista, falsamente compasivo, sin una fuerte espiritualidad.

Que san José Obrero interceda por nosotros para impulsar el plan para resucitar como propone el Papa Francisco: Este es el tiempo favorable del Señor, que nos pide «no conformarnos ni contentarnos y menos justificarnos con lógicas sustitutivas o paliativas que impiden asumir el impacto y las graves consecuencias de lo que estamos viviendo».

Por Luis Argüello, Secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Valladolid

Fuente: Revista Ecclesia

La quinta revolución industrial, la que nos trajo el COVID-19

Bérgamo, Italia. La ciudad es el epicentro de la crisis del COVID-19 en Italia. Annamaria Furlan, sindicalista hace más de 40 años, jamás se imaginó diciendo: “No he pedido nunca el cierre de ninguna fábrica, pero es que ahora está en riesgo la vida de las personas”. En su misma ciudad a no pocos metros de ella, el poco empático Vincenzo Boccia, presidente de la patronal Confindustria argumentaba: “No entiendo los motivos por los que los sindicatos querrían hacer huelga. El decreto ya es muy restrictivo: ¿qué más se tendría que hacer?”.

¿Cómo va a entender el Capital el sufrimiento de aquellos para los cuáles el Trabajo es su mayor baluarte?

Chicago, EEUU, ciudad industrial por excelencia y entre las más contaminadas del país. Las personas afroamericanas fallecidas por coronavirus suponen el 70% del total, aunque esta comunidad ronda el 30% de la población. John Anderson, trabajador de industria química y habitante de Englewood, vecindario en el que los afroamericanos son mayoría, se pregunta por qué. Un estudio de Harvard revela que la gente de los condados de Estados Unidos que ha estado expuesta a un mayor nivel de contaminación durante los últimos 15-17 años tiene un índice de mortalidad por Covid-19 sustancialmente mayor. Anderson confirma: “los afroamericanos tenemos más enfermedades crónicas, menos cobertura sanitaria y buena parte de los trabajadores ‘de primera línea’, que no podemos confinarnos, debemos acudir a trabajar en medio de la pandemia”.

¿Cómo va a entender la rica sociedad europea de 30.000€ per cápita el sufrimiento de los trabajadores explotados para los cuáles el trabajo es su único salvoconducto?

Hoy, 1 de mayo de 2020, en plena crisis del coronavirus, debemos valorar su impacto en el Mundo del Trabajo aunque lo que vamos a encontrarnos no nos guste. La OIT ha publicado recientemente unas estimaciones entre las que destacan:

  • Las medidas de paralización total o parcial de actividad ya afectan a casi 2.700 millones de trabajadores, es decir, a alrededor del 81% de la fuerza de trabajo mundial.
  • En especial las empresas más pequeñas, se enfrentan a pérdidas catastróficas que amenazan su funcionamiento y solvencia, y millones de trabajadores están expuestos a la pérdida de ingresos y al despido.
  • En muchos países ya ha comenzado una contracción del empleo a gran escala sin precedentes. Se calcula que en el segundo trimestre de 2020 habrá una reducción del empleo de alrededor del 6,7%, el equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo.
  • Los 2.000 millones de trabajadores de la economía informal que carecen de protección legal son los más afectados. Por ejemplo, en la India, donde casi el 90 por ciento de la población trabaja en la economía informal, alrededor de 400 millones de esos trabajadores corren riesgo de ver agravada su situación de pobreza durante la crisis. Las actuales medidas de confinamiento en la India, han perjudicado apreciablemente a estos trabajadores, que se han visto obligados a regresar a las zonas rurales de las que proceden.
  • En las zonas urbanas, muchos trabajadores del sector informal trabajan en sectores de la economía muy expuestos a la infección por el virus. Otros se ven sin ingresos por las medidas de confinamiento, como los recicladores de desechos, los vendedores ambulantes, los camareros, los obreros de la construcción, los trabajadores del transporte y las trabajadoras y trabajadores domésticos.
  • Casi el 40 por ciento de los trabajadores del mundo trabajan en los sectores más afectados por la caída de producción como son el comercio al por menor, los servicios de alojamiento y de servicio de comidas y las industrias manufactureras.
  • En los países más empobrecidos, con un acceso limitado a los servicios de salud y a la protección social, los trabajadores corren un alto riesgo de caer en la pobreza y de tener mayores dificultades para recuperar sus medios de vida durante el periodo de recuperación.

La OIT no hace otra recomendación que la de adoptar medidas de alivio inmediato a los trabajadores y a las empresas para volver a la normalidad. Y no se atreve a reconocer que la “normalidad” era el problema. La normalidad de un mundo en el que el mantra “VUCA” (las siglas en inglés de Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad) y la tecnología liquidaban de un plumazo a 2/3 partes de los trabajadores actuales, preconizando las bondades de la digitalización.

Decía Kant que “la inteligencia de los individuos se mide por la capacidad de incertidumbre que son capaces de soportar”. Pero esta afirmación del filósofo, no puede servir de excusa para hacer experimentos sociales. Nos dicen que tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre y tienen razón. Pero eso vale para todos, no sólo para que vivan angustiados los de siempre, los explotados. Hemos tratado de jugar a ser dioses, empoderados con la tecnología y nos hemos olvidado de que a la incertidumbre que asfixia, que mata, se la combate con AMOR. Con AMOR en la POLÍTICA, en la ECONOMÍA, en la vida SINDICAL.

Madrid, España. Hemos podido paladear un poco de ese mundo VUCA que estaba por venir durante estos días de confinamiento. Los 2200 trabajadores de la sede central de Vodafone, se van a teletrabajar desde sus casas, incluso antes de que el Gobierno decrete el estado de alarma. Y la actividad económica de la operadora de telecomunicaciones, no se resiente… ¿Habrán entendido nuestros sindicatos del Siglo XX, que a las empresas del siglo XXI hay que enfrentarlas con herramientas del este siglo? ¿Que las luchas de los trabajadores en este mundo digital no pueden ser exclusivamente la huelga de antaño, sino que requieren el conocimiento y las redes de los trabajadores a nivel mundial?

¿Cómo van a entender los sindicalistas de oficina el sufrimiento de los trabajadores explotados de India que vomitan líneas de código para las multinacionales de las telecomunicación, para los cuáles los 2 € al día suponen comer toda la familia esa jornada?

No tememos a la robotización. Como Guillermo Rovirosa, somos unos enamorados de la tecnología, pero a condición de que esté al servicio del hombre, empezando por los más empobrecidos, no al revés. Lo estamos viendo con fuerza estos días. Cuando el ser humano no dispone de lo fundamental: Tierra (para poder alimentarse), Techo (incluso para poder “confinarse”) y Trabajo (para no depender de nadie, ni de nada), pasa a ser parte de los descartados. Como aquellos a los que el Ébola, el Sarampión, el Covid-19, o el virus de la explotación condena a muerte.

Luchar por la dignidad del trabajo para todos, es esencial. Los países del Norte están aprobando los mayores planes de rescate económico de la historia con seguros de desempleo para grandes capas de su población. Pero en el mundo hay muchos más millones de personas a los que no va a llegar ninguna ayuda y el parón económico les impactará de lleno. Se espera una oleada de gente sin hogar, más bancarrotas y más morbilidad y mortalidad, aparte de las cifras relacionadas con la pandemia.

Robert Skidelsky, profesor emérito de economía política en la Universidad de Warwick e integrante de la Academia Británica de historia y economía, dijo “Si una máquina puede reducir a la mitad la necesidad de mano de obra humana, ¿por qué en lugar de prescindir de la mitad de los trabajadores, no los empleamos a todos durante la mitad de tiempo?… Esto sería posible si el rédito de la automatización, en vez de quedar exclusivamente en manos de los ricos y poderosos, se distribuyera equitativamente”. ¿Habrá sociedades y empresas audaces que se atrevan a llevar a cabo esta revolución del pensamiento social? Tenemos la oportunidad de construir, con trabajo, una sociedad y un mundo nuevos, en los que unos tengan que decrecer, para que otros salgan de la miseria. Podemos construir una sociedad en la que la justicia, no sea sólo un eslogan. Estaríamos ciegos si no reconociéramos que hay miles de hechos que demuestran que soplan vientos de esperanza. ¡Quién sabe si este COVID-19 no nos traerá de la mano la 5ª revolución industrial, la de la Solidaridad!

Sin embargo, en las anteriores crisis se siguió una estrategia que acabó enriqueciendo aún más a los financieros, a costa de un crecimiento más lento y una desigualdad más marcada. En los primeros días de esta crisis vimos como los gobiernos estaban más atentos a las bolsas de valores y al sector financiero que a sus trabajadores, que son quienes no se enriquecen con las finanzas y las bolsas. El debate de la renta básica cobra fuerza, pues el sistema pretende aliviar la situación de sus trabajadores sin cambiar los pilares del sistema.

Lo realmente preocupante es que, cuando se logre controlar la pandemia, nos vamos a encontrar con un escenario de reconstrucción en el que las diferencias entre ricos y pobres van a ser superiores las de la crisis del 29 o la Segunda Guerra Mundial.

Un mundo dominado por grandes corporaciones en el que los Estados no han sido capaces de establecer estructuras fiscales justas es un mal punto de partida. Además otro virus está infectando el mundo de forma creciente que son los nacional-populismos que fomentan la división y va a dificultar la búsqueda de soluciones justas y solidarias a la crisis.

Los costes de la Primera Guerra Mundial los pagó Alemania y provocaron la Segunda Guerra Mundial. La factura de ésta última la pagaron los países del hemisferio Sur y disparó la riqueza de los países del Norte. Estamos en un momento decisivo de la historia: o activamos una respuesta solidaria o los más pobres volverán a ser los paganos de esta crisis. ¡Celebremos como se merece este 1º de mayo! ¡Arriba los pobres del mundo!

Javier Marijúan y Marta Sanz