Los últimos acontecimientos no son halagüeños para la izquierda en España, empecinada en una aritmética endiablada, a cambio de renunciar a sus principios ideológicos y morales básicos. Como viene siendo costumbre en nuestro país, la izquierda institucional busca alianzas en organizaciones nacionalistas para formar gobierno presuntamente progresista. En esta ocasión, al bloque plurinacional se añade Junts, partido político de la derecha identitaria catalana, instalado en tesis supremacistas y posicionamientos neoliberales de segregación fiscal y económica. En el horizonte asoma la amnistía, pero el problema es de mayor calado y se resume en estos puntos:
Primero. La amnistía sobre los hechos del golpe nacionalista acontecido en el año 2017 violenta el contenido mínimo del Estado de Derecho generando una situación de impunidad para unos pocos y, por lo tanto, de desigualdad en la aplicación de la ley. Implica conceder privilegios a quienes llevan décadas ocupando el poder político y económico en Cataluña, creando una división entre una casta política, que además ya ha sido indultada previamente, y el común de los mortales sobre quienes recae el peso de la ley. No existe atenuante por ser fuerza nacionalista a la que algunos entiendan imprescindible para obtener poder. La amnistía no sólo es ilegal e inconstitucional: es esencialmente injusta. Cualquier demócrata debe ser capaz de repudiarla abiertamente y nosotros lo hacemos.
Segundo. Los socios del gobierno continúan hablando de autodeterminación invocando una falsa equivalencia entre pueblos en situación de opresión colonial y regiones ricas de un Estado social y democrático de derecho que reclaman un privilegio de secesión. Una comunidad política no es, como sostienen los nacionalistas, una vindicación de corte emocional ni una identidad uniforme enclaustrada en unas fronteras. Es una unidad de decisión conjunta y de redistribución. Nuestra comunidad política, España, es culturalmente plural, como resulta obvio. Ahora bien, reconocer esta diversidad no legitima las reclamaciones culturales o etnolingüísticas de los nacionalistas cuyo único objetivo es romper esa unidad de decisión y redistribución y extranjerizar a millones de personas levantando una frontera identitaria. Valorar la diversidad lingüística no es incompatible con reconocer la importancia de tener una lengua común como un instrumento de comunicación que nos iguala en tanto que ciudadanos, garantizándonos igualdad de oportunidades respecto al idioma y ofreciéndonos posibilidades laborales equivalentes, hoy conculcadas, en todo el territorio nacional.
Tercero. El compromiso principal de la izquierda no es con los territorios sino con los sujetos y, en especial, con los trabajadores. Debe mantener un afán transformador de las actuales estructuras políticas, sociales y económicas y ha de ser capaz de analizar críticamente la situación de la clase trabajadora. Las trasformaciones tecnológicas y el progreso científico son grandes noticias para la humanidad, pero revelan las contradicciones de un sistema productivo que ha fomentado una precariedad laboral extrema que no garantiza una vida digna. Los escasos avances en movilidad social e igualdad de oportunidades palidecen frente a la influencia del entorno y la clase social, la tiranía del origen, que sigue determinando en gran medida la posición social y económica en España, por lo que no debemos olvidar la realidad de tantos trabajadores precarios, desempleados crónicos y personas pobres, cuya ciudadanía no trasciende de un plano meramente formal. Es preciso recordar, además, que la principal causa de la posición social y económica en España es hereditaria, muy lejos de las apelaciones meritocráticas de nuestro debate público.
Cuarto. La situación social y económica depauperada de muchos españoles, los problemas salariales o los recortes en el Estado social tienen una relación directa con las amenazas sobre la igualdad entre españoles de concretarse el gobierno confederal. La reclamación de un pacto fiscal para Cataluña, al modo de los ya lesivos concierto económico vasco y convenio navarro, o la condonación de 450.000 millones de un supuesto déficit fiscal, la última ocurrencia del nacionalismo, dinamita cualquier compromiso redistributivo. Nadie de izquierdas aceptaría que un potentado de Pedralbes, de Neguri o de la Moraleja se negara a pagar impuestos con el argumento de “yo me quedo con lo mío”. ¿Por qué entonces debemos conceder semejante insolidaridad a nivel territorial? La agenda identitaria y su correlato de políticas contrarias a la igualdad son un planteamiento insolidario e indefendible en términos estrictamente democráticos.
Quinto. Llevamos décadas de dinámicas confederales letales para la integridad de nuestra ciudadanía y para enfrentar los retos de justicia social y transformación productiva pendiente. Un Estado centrifugado como el nuestro, en el que se han generado dinámicas de dumping fiscal y laboral inaceptables, así como disfuncional en cuestiones básicas como la existencia de diferentes calendarios vacunales, planes de estudios o coberturas sanitarias, es un Estado debilitado en el que la desigualdad social y económica aumenta por las dinámicas de competición que genera la descentralización.
Sexto. La derecha, en sus múltiples facciones, esta incapacitada para frenar este proceso de deterioro social. Por un lado, la derecha más reaccionaria reivindica una idea de España vacía de contenido social y repleta de demandas identitarias, especialmente lesivas para un proyecto de lo común, filtrando los derechos de ciudadanía con criterios religiosos, culturales y étnicos para formular demandas y aspiraciones insensibles a las desigualdades materiales. Por otro lado, la derecha foral está anclada en conceptos como nacionalidades o derechos históricos que son inevitablemente excluyentes, demostrando que su discurso presuntamente igualitario está totalmente vacío de contenido. Y, por último, la derecha liberal abraza dinámicas neoliberales en materia educativa – privilegio de la educación concertada, bonificaciones fiscales, cheque escolar –, en materia de vivienda – liberalización del suelo –, o en materia fiscal – descentralización de varios impuestos y eliminación de tantos otros con gran impacto redistributivo como el de Sucesiones y Donaciones o Patrimonio, agravando así la brecha regresiva entre rentas de capital y del trabajo (IRPF). Si criticamos, como es muy necesario, la competencia fiscal a la baja del PP en Madrid, ¿cómo no darnos cuenta de que los socios confederales de nuestra izquierda oficial comparten fundamentos en cuanto a la defensa de una secesión de los ricos?
Séptimo. Por todo ello, consideramos que hace falta una izquierda que albergue una salida a la parálisis política en la que nos encontramos y que proteja a quienes no tienen otro patrimonio y poder, respecto a la arbitrariedad de los poderes públicos y económicos, que el cumplimiento de la ley y el Estado de derecho. Una izquierda que haga frente a los argumentarios neoliberal y nacionalista que desembocan indefectiblemente en ciudadanos de primera y de segunda. Una izquierda que se oponga a la amnistía y a la secesión, que no son otra cosa que privilegios para unos pocos a costa de todos, así como a la concesión de nuevos privilegios con cargo a la igualdad de todos. Una izquierda que vuelva a articular un proyecto dirigido a las mayorías sociales, que defienda lo común frente a lo particular, que apueste por la igualdad frente a la exaltación diferencial o identitaria y frente a la vergonzante desigualdad económica.
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*Guillermo del Valle es portavoz de El Jacobino.
Martín Alonso Zarza es Doctor Ciencias Políticas.
Juan Francisco Martín Seco, es exsecretario de Estado de Hacienda.
Félix Ovejero es profesor de la Universidad de Barcelona.
Jahel Queralt es profesora de la Universidad Pompeu Fabra.
Laura R. Montecino es profesora enseñanza secundaria.
Paula Fraga es divulgadora feminista.
Jon Viar es cineasta.
Ángel Pérez es ex diputado de IU.
José Domingo es letrado de la Administración de la Seguridad Social.
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