Fuente: Expansión
Autor: Jean-Baptiste Boubault
El Congreso de los Diputados aprobó por amplia mayoría el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario hace unas semanas y la derivó al Senado. La ley tenía un objetivo claro: lograr una reducción del 50 por ciento de los residuos alimentarios per cápita en el plano de la venta minorista y del consumo y una reducción del 20 por ciento de las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030.
Se trataba de una ley muy esperada por toda la Cadena Alimentaria desde que el Gobierno remitiera el proyecto a Cortes en junio de 2022. Por un lado, en la vertiente social. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se desperdicia alrededor del 4% del total de alimentos y bebidas comprados dentro y fuera de los hogares. Por otro lado, ayudaba en la vertiente económica. Desde Phenix tenemos calculado que las empresas de Gran Consumo, ya sean distribuidores o fabricantes, pueden ahorrarse hasta un 2% de sus costes cada año por este problema y pueden valorizar hasta el 100 por ciento de sus excedentes.
La convocatoria de elecciones anticipadas ha echado por tierra la entrada en vigor de la ley. Se ha desaprovechado una gran oportunidad para aprobar una de las pocas leyes que ha tenido cierto consenso político en España. Ya se retrasó el proceso a finales de 2022 por temas coyunturales (inflación, problemas en la cadena de suministro…) y cuando por fin el proceso se había reiniciado con determinación, ha llegado demasiado tarde.
Podemos ver esto como una ocasión pérdida o como una nueva oportunidad. El texto que se iba a aprobar, aunque era un paso adelante, no tenía la ambición requerida y podía haber ido más allá en la lucha contra el desperdicio alimentario. Quizá el próximo Gobierno proponga un proyecto de ley en esta línea, más alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además, la Comisión Europea está revisando la «Directiva Marco de Residuos» de 2018, en la que se prevé que se incluyan más objetivos para reducir el desperdicio de alimentos. Todavía no hay un texto articulado, pero se prevé que se haga público este año y todos los países de la UE deberán trasponer dicha Directiva.
En cualquier caso, en absoluto se ha perdido el tiempo. Todo este proceso legislativo ha provocado un movimiento y una concienciación muy profunda en distribuidores y fabricantes en torno a cómo evitar y gestionar sus excedentes. Lo estamos viendo cada día. La ventaja es que la mayoría de estas empresas no se habían parado a pensar en lo que les costaba realmente el desperdicio en su empresa (entre el 1% y 2% de su facturación anual). Gracias a esta Ley y a actores como Phenix, se han dado cuenta que, optimizando sus productos y gestionando correctamente su excedente, pueden conseguir disminuir sus costes y ayudar a personas en situación vulnerable.
Lo importante es saber si todos los agentes de la Cadena Alimentaria quieren dar este paso en ahorro de costes y concienciación social, más allá de aplicar la ley una vez entre en vigor. No basta con buenas intenciones. Deben contar con socios que tengan los recursos, la experiencia y la tecnología para medir y poner en marcha sus planes de prevención y acciones de reducción del desperdicio alimentario. Ahora es el momento.
Así pues, el hecho de que las elecciones hayan ‘parado’ esta ley… ¿Es una ocasión perdida o una nueva oportunidad para todos?
