A finales de julio de 2026, Ceuta volvió a ser escenario de la utilización de la vida y la muerte de migrantes como herramienta de presión política entre países. Más de 50.000 personas cruzaron desde Marruecos nadando o bordeando los espigones del Tarajal en cuestión de horas. Al menos 67 perdieron la vida en la travesía. Las imágenes de cuerpos tendidos en la playa, de menores hacinados en centros saturados al 2.400% de su capacidad y de soldados desplegando alambre de espino en la frontera recorrieron el mundo. Y, como siempre, los responsables políticos —en Rabat y en Madrid— recurrieron al mismo guion: convertir a los migrantes en moneda de cambio diplomático, en munición electoral.
El gobierno marroquí ha negado haber facilitado deliberadamente los cruces. Sin embargo, resulta difícil creer que tantos miles de personas puedan concentrarse, cruzar kilómetros de costa y acceder al mar bajo la mirada pasiva de las fuerzas de seguridad marroquíes; precisamente hay precedentes de la estrategia migratoria de Rabat a base de la «relajación» del control fronterizo como carta de negociación con Europa. En mayo de 2021, usó el mismo mecanismo cuando España acogió a Brahim Ghali, del Frente Polisario, para tratarse de COVID-19.
El patrón es reconocible y cínico: convierten el sufrimiento humano en instrumento de advertencia, como chantaje silencioso hacia Bruselas y Madrid. Marruecos sabe que Europa teme la migración más que cualquier otra cosa, y lo explota con calculada frialdad.
Por su parte, el gobierno español ha respondido con una retórica igualmente utilitaria. Pedro Sánchez calificó la entrada masiva de «ataque» y de «violación de la integridad territorial», un lenguaje que no describe a personas que huyen de la pobreza, sino a un ejército invasor. Desplegó al Ejército de Tierra, instaló barreras marítimas provisionales y aceleró devoluciones, todo mientras evitaba cuestionar públicamente a Marruecos para no deteriorar una relación bilateral que Madrid necesita por razones geopolíticas.
El Gobierno habló de la explotación de las mafias, y la responsabilidad de los traficantes, eludiendo el debate sobre las vías legales de entrada que no quiere que existan.
La derecha política española y europea completó el círculo. Vox habló de «invasión»; el Partido Popular culpó al Ejecutivo; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su ministro Antonio Tajani instrumentalizaron la crisis para criticar las políticas migratorias de España. Nadie habló de las personas.
Nadie mencionó que detrás de cada cuerpo que cruza el estrecho hay una historia de desesperación, una decisión tomada entre la miseria y el riesgo de morir.
Lo ocurrido en Ceuta es la consecuencia directa de dos gobiernos, dos continentes, que utilizan a seres humanos como fichas de ajedrez diplomático y como retórica electoral. Marruecos extorsiona con la amenaza de abrir la frontera; España militariza y calla; Europa mira hacia otro lado. Y entre todos, los migrantes —hombres, mujeres, niños— siguen siendo los únicos que pagan con su vida el precio de una indignidad compartida.
