¿Están en peligro la organización social y los derechos civiles?

Fuente: ctxt.es

CTXT contexto y acción

Nuria Alabao / Pastora Filigrana

En defensa de la organización social y las protestas

Si actos como el aniversario de un medio de comunicación son legales por constituir “actividad institucional” no restringida por el estado de alarma, es lógico considerar que las reuniones de movimientos sociales, AMPAS, sindicatos… lo sean también.

Durante esta pandemia estamos siendo testigos de un estrechamiento del espacio público. Lo colectivo está perdiendo tensión y fuerza, mientras la inseguridad y el miedo se viven cada vez más en soledad. Los movimientos sociales y los sindicatos de base llevan tiempo debatiendo internamente qué hacer con las restricciones impuestas para el control de la pandemia. Muchos ya no se reúnen presencialmente, solo de forma virtual, con las limitaciones que eso significa, o incluso han dejado de verse las caras. Otros están intentando mantener sus actividades, a pesar de todas las dificultades, inventando formas nuevas, y cada vez vemos más protestas públicas. Las dudas sobre qué hacer están ahí, nunca habíamos vivido nada parecido: ¿podemos convocar concentraciones o manifestaciones y de qué tipo? ¿Vale la pena? ¿Estamos siendo responsables? ¿Es legal reunirse? ¿Nos pueden multar por ser más de seis? ¿Cómo se para un desahucio en estas condiciones? ¿Qué hacemos si intentan desalojar nuestro centro social durante el toque de queda?

Lo cierto es que, sorprendentemente, ni en las leyes que declaraban el anterior estado de alarma, ni en el actual, aparece ninguna mención a la actividad política y sindical. Aunque sí se recoge un apartado expreso sobre las restricciones de aforo en lugares de culto con el objetivo, dicen, de “garantizar el derecho de culto”. Sin embargo, el ejercicio de los derechos políticos no parece merecedor de un apartado especial. En los medios, e incluso en las redes, apenas se habla del tema, como si los considerásemos algo irrelevante. Por desgracia, el escaso discurso público sobre la restricción de derechos fundamentales parte únicamente de los elementos más extremos de la derecha. Lo que llamamos izquierda ha abandonado su defensa y ha asumido el marco de que lo más ‘responsable’ es reivindicar las medidas restrictivas en casi cualquier caso, a pesar de que podemos empezar a percibir un cambio de sentido común sobre estas respecto de la primera oleada cuando apenas nadie se salía del guion. (Recordemos que el reconocimiento de estos derechos ha llevado siglos de pelea por parte del movimiento obrero y que todavía hoy hay que seguir peleando la posibilidad de poder luchar –la Ley Mordaza es un ejemplo).

Ya sabemos que organizarse es bastante complicado de por sí. Este escenario lo dificulta aún más. Lo virtual, la división en grupos más pequeños para reunirse, la delegación de la toma de decisiones en comités están minando, en muchos casos, las formas de democracia interna de las organizaciones –una cuestión en la que andamos siempre enzarzadas–. En organizaciones –como la PAH– donde buena parte de la militancia pertenece a sectores sociales que tienen menos dominio de las herramientas tecnológicas o posibilidad de usarlas, esta situación está dificultando la participación de estas personas. Entendemos la urgencia, pero sabemos que a largo plazo puede tener consecuencias, genera tensiones internas y malestares que pueden afectar a las capacidades de la organización. “Es pasajero”, pensamos, pero no sabemos cómo quedará el tejido social cuando esto termine –ni cuándo lo hará–, quizás cuando más necesario sea un tejido movimentista fuerte.

La situación golpea pues duramente a los movimientos sociales y sindicatos de base justo en un momento en que necesitamos más fuerza para pelear por el sentido de las medidas de reconstrucción y por qué parte de los fondos europeos vamos a ser capaces de ganar para redistribuir entre los de abajo. ¿Qué hacemos si los préstamos llegan condicionados desde Bruselas a nuevos recortes?

Hoy ya estamos atravesando esta extraña crisis que deja colas infinitas en los repartos de alimentos y cuyo fin es incierto, una crisis que se superpone sobre los coletazos de la anterior. Los desahucios se han reanudado, los cortes de servicios, hasta hace poco en moratoria, también. Hay gente sin casa a la que se recomienda o exige quedarse en ella. Hay gente sin agua y sin luz que no pueden irse al bar a calentarse. Sin embargo, el nivel de movilización es muy bajo. Pablo Iglesias ha pedido a los movimientos sociales que le exijan, que “su capacidad de presión es condición de posibilidad de que los gobiernos puedan hacer ciertas cosas”. No estaría de más, si esto piensa, que derogase la Ley Mordaza que ya se está aplicando en algunos lugares para desarticular a las PAHs mediante la imposición de multas de miles de euros a quienes paran desahucios o usan la desobediencia civil como parte de su estrategia política. La derogación de esta ley, que recordemos, fue una promesa del pacto de gobierno, ha quedado sepultada por su utilización para penalizar el incumplimiento de las restricciones de la pandemia. Pero la responsabilidad también está de nuestro lado: la de decidir que vale la pena seguir luchando, poner las condiciones para que pueda hacerse cumpliendo las recomendaciones sanitarias –en la medida de lo posible– y defender esta postura públicamente.

En general, estamos asistiendo a un nivel inaudito de autocensura en los movimientos sociales. A veces, la militancia está siendo más estricta a la hora de autorrestringirse que la propia ley. Dejamos de hacer reuniones que están permitidas, incluso pudiendo garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, o suspendemos movilizaciones públicas por miedo a dar una imagen de “irresponsables”. Aunque lo responsable, sin duda, es seguir movilizados. Es verdad que hay indeterminación legal –no siempre sabemos qué se puede hacer y qué no–, miedo a las multas, miedo al virus. Pero más allá de estos legítimos temores, hemos normalizado rápidamente que nuestra actividad política o sindical es prescindible, que no es una actividad “esencial” como trabajar o ir de compras. Como si la militancia fuese parte de nuestro ocio o algo que hacemos en nuestros ratos libres y que podemos, por tanto, suspenderla sin mayor consideración. La organización política y asociativa es esencial, sin embargo, para el buen funcionamiento democrático en todos los órdenes.

Por supuesto, mientras estemos obligados a trabajar –y tampoco podemos dejar de hacerlo si no nos garantizan renta suficiente para vivir–, la actividad sindical no puede ser algo prescindible. Si el trabajo no para, la lucha por reducir el nivel de explotación, tampoco. Hoy el nivel de conflictividad en las empresas está aumentando por la crisis y en breve vamos a vivir despidos masivos. Las patronales no necesitan reunir gente: les basta levantar teléfonos. Nosotros no tenemos más fuerza que la que seamos capaces de oponer o de hacer visible –sobre todo más allá de las redes–. Además, esta fuerza depende del conflicto que consigamos articular, pero las movilizaciones que se organizan telemáticamente nunca pueden alcanzar el nivel de conflictividad de aquellas que se organizan cara a cara. Cuando se genera confianza personal con el resto de militantes, cuando crees en el colectivo, el riesgo que estás dispuesto a asumir siempre es mayor.

¿Qué dice la ley?

Uno de los principales problemas es la indeterminación. Es difícil saber lo que se puede y no se puede hacer y tenemos constancia de que la policía está usando esta indeterminación para impedir formaciones o reuniones políticas, para disolver concentraciones, o incluso que se han llevado a gente de manifestaciones para multarlas por “tener la mascarilla mal colocada”. Hoy, supuestamente, podrían entrar a un centro social a contar las personas que asisten a una reunión e impedirla si consideran que las sillas no están a la distancia adecuada o excede el aforo, un ejercicio de control político inaudito que estamos naturalizando a la velocidad del rayo.

Como hemos señalado, el Real Decreto del estado de alarma del 25 de octubre no habla específicamente de actividad política y sindical. Lo único que nombra es el derecho de manifestación que podrá ser limitado, e incluso prohibido, cuando en la comunicación previa “no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios”. Entendemos que esto depende de una valoración que da lugar a un cierto margen de arbitrariedad que otorga mayor poder de control a las autoridades. Por otra parte, ¿cómo se garantiza la distancia de seguridad si estás intentando parar un desahucio?

Pero ¿están limitadas las asambleas políticas a seis personas? Respecto al derecho de reunión, el estado de alarma restringe las reuniones “familiares y de ocio”, tanto en espacios cerrados como al aire libre, a seis participantes –que pueden ser reducidas aún más por las comunidades– (De hecho el decreto es un marco normativo general que las comunidades pueden ajustar en sus territorios). Es decir, limita todo aquello que se supone iría incluido en el ámbito de las actividades realizadas durante el “tiempo libre”. Como hemos dicho, para el culto desarrolla un apartado especial que impone restricciones de aforo. El resto de actividades laborales e institucionales no tienen ningún tipo de restricción –salvo las que imponen las recomendaciones de sanidad y recogen los protocolos de riesgos laborales de distancia, mascarillas, etcétera–. Es decir, en principio, las oficinas, las fábricas o los call center pueden tener a cientos de trabajadores en la misma sala. Las tiendas, los comercios, los teatros y cines también pueden seguir abiertos al público. Los transportes –todos hemos visto imágenes estos días de metros atestados– no tienen ningún tipo de restricción legal de aforo.

¿Qué pasa con las actividades políticas que no son trabajo, ni culto, ni ocio? Ateniéndonos a la formulación de la ley, y dado que no hay un apartado específico que proteja el derecho fundamental de participación política y sindical, creemos que estas actividades podrían quedar recogidas en la excepción de la actividad “institucional”. Ya hemos explicado que no son actividades de ocio y tiempo libre y, también, que son esenciales para el funcionamiento democrático de una sociedad. Si actos como el aniversario de El Español son legales por constituir “actividad institucional” no restringida por el estado de alarma, es lógico considerar que las reuniones y actividades de asociaciones de vecinas, AMPAS, sindicatos, plataformas de vivienda, educación o sanidad pública lo sean también. Las PAHs y los Centros Sociales, sin duda, también son instituciones. Al quedar recogidas como actividades institucionales, también quedarían exentas del cumplimiento del toque de queda –una de las medidas de restricción de movilidad más extremas hoy–. Al menos para que las personas puedan regresar a casa después de una de estas actividades, tal y como recoge la ley.

Con la pandemia hemos visto claramente cómo la sanidad pública ha sido maltratada con contratos precarios y privatizaciones. Si todavía resiste, con limitaciones, es porque se frenó algo su desmantelamiento gracias a las luchas precedentes de la Marea Blanca. Por suerte, las movilizaciones en sanidad siguen hoy en plena pandemia. Asumimos que hace falta mucha más inversión pública en sanidad, en rastreadores, en test, en personal, etc. En lugar de inversión social y sanitaria en los barrios más depauperados, llegan más policías y prohibiciones. Como han explicado ya muchos especialistas, los determinantes sociales de la salud como la precarización laboral, la pobreza, los problemas en la vivienda o las injusticias ambientales, están relacionados con las políticas públicas y la desigual distribución del poder. “Así pues, las acciones de quienes tienen más poder y deciden las políticas son decisivas para salvar vidas o bien para matar desigualmente a la gente”, decía el investigador Joan Benach hace poco. Pedir responsabilidades a ese nivel implica movilizarse más allá de las redes para cambiar el sentido de los mensajes mediáticos y políticos que inciden en la responsabilidad individual frente a la colectiva.

Por tanto, tenemos que defender públicamente que la organización social y las protestas son necesarias para cuidar lo común –siempre que cumplan las restricciones sanitarias el máximo posible–. Esto no evitará determinados debates sobre qué actividades realizar y cuáles no y en qué condiciones. Sin embargo, el marco general de discusión será ya otro: el de que la actividad política y sindical es esencial y no siempre puede hacerse desde casa.

Cada colectivo o agrupación debería reflexionar sobre cómo realizar su actividad de la forma más segura posible. Todo ello, evidentemente, dando espacio a los miedos legítimos de los y las militantes y haciéndose cargo de que hay riesgos reales –no todos pueden asumirlos de la misma manera porque no partimos de la misma situación–. Como siempre, hay que intentar no dejar a nadie fuera y tratar de extender la posibilidad de luchar a todos, cualquiera que sea su condición social o su estado de salud. Por último, tendríamos que defender nuestras actividades de manera pública explicando los motivos por los cuales es imprescindible seguir con las actividades políticas en pandemia para empujar el sentido común. Como hemos dicho, luchar es una forma de fortalecer los derechos, la salud y el bienestar de toda la población, implica una responsabilidad con la comunidad. Hagámoslo oír.

CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU VECINO CORTAR….

Javier Marijuán

Decía Montesquieu que el Poder Judicial es el más terrible de los poderes porque se ejerce directamente sobre particulares y puede privarlos de su vida y su libertad. Por esta razón, su diseño institucional siempre se encontrará sometido a tensiones. La división de poderes es uno de los requisitos imprescindibles de la democracia. Sin jueces independientes o con un poder judicial controlado se produce la tiranía del ejecutivo o de los poderes privados. La
división de poderes exige evitar las interferencias arbitrarias que domestiquen a los jueces.Un poder político tiránico utilizado para promover los intereses sectarios de los grupos de presión o de los gobiernos de turno es una de las peores amenazas que pueden afectar a una democracia.

La división de poderes es, en definitiva, el consustancial a una democracia y se configura como un sistema de frenos y contrapesos para que así el poder frene al poder y así evitar su concentración. Lo que nos hace ciudadanos y no siervos en la capacidad que tenga el sistema de poner freno a la arbitrariedad, la discriminación y el abuso.

Una de las instituciones que garantizan la división de poderes en un Estado democrático es la Justicia. Los jueces aplican la ley y cuando se equivocan, existe un sistema de recursos que permite revisar sus decisiones. A mayor sistema de contrapesos, mayor protección de las influencias de los partidos y también de las inclinaciones ideológicas de sus miembros.

Este debate se ha encendido en España en los últimos días cuando el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha reprendido a España por la calidad de su justicia. Tras el anuncio de la reforma proyectada por el PSOE y UP de rebajar de tres quintos a mayoría simple para la elección de los vocales del CGPJ, el
presidente del Greco envió una carta al gobierno denunciando que con ello “se aparta de las normas del Consejo de Europa” relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros y constituye una violación de los estándares anticorrupción.

Ni Pedro Sánchez ni su vicepresidente han pedido perdón por el intento de rebajar la democracia en nuestro país. Europa les ha tenido que recordar que las autoridades políticas deben apartar sus tentáculos del proceso de selección de jueces pues sin salvaguarda de la independencia del poder judicial no es posible luchar contra la corrupción.

Los avisos del GRECO no son novedad. Ya desde hace siete años viene avisando a nuestro país de la necesidad de evaluar marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial por sus efectos sobre la independencia judicial.

¿Por qué los políticos tienen tanto miedo a un poder judicial independiente?. PSOE y Podemos reproducen y aumentan todos los vicios de la peor política. Y su asalto a la justicia es prueba de ello. En plena apoteosis de condenas judiciales al Partido Popular, emerge un oscuro horizonte judicial contra los partidos de la coalición del actual Gobierno de España. Podemos ya tiene que responder de su financiación en los tribunales y su líder se ha visto retratado en la exposición de 63 páginas de un magistrado de la Audiencia Nacional que ha pedido al Tribunal Supremo su imputación. El PSOE andaluz, con presidentes nacionales del partido incluidos, es otro asiduo de condenas en los tribunales por corrupción.

La guerra se ha desatado por el nombramiento de la cúpula judicial (el CGPJ) y su influencia en la composición del Tribunal Supremo, las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional. También es de esperar que se inicie la lucha por controlar a la denominada infantería judicial que también ha logrado éxitos sonados contra la corrupción.

En nuestro país hay gente de mucho poder que ha sido procesada y condenada. Por la cárcel han pasado vicepresidentes del gobierno, ministros, secretarios de Estado de Interior, presidentes y vicepresidentes de Gobiernos autonómicos del PP procesados por jueces de instrucción de provincias. Han existido jueces de instrucción capaces de desmontar tramas corruptas incrustadas en nuestras administraciones y han llevado o van a
llevar a la cárcel a decenas de ex cargos públicos pertenecientes a los principales partidos políticos de este país (casos Gürtel, ERE, Brugal, Campeón, Emperador, Fabra, Filesa, Guateque, Malaya, Palma Arena…). Se calcula que pueden ser en torno a 1.700 causas con cientos de imputados e investigados. Esos jueces de provincias han condenado a penas de prisión a 80 directivos de entidades financieras y siguen procesos judiciales a otros 95. También han sentado en el banquillo a la hermana de un rey y han procesado a los empresarios y financieros más importantes de este país (Emilio y Jaime Botín, César Alierta, Alfredo Saénz….). Si éstos no acabaron en la cárcel, ha sido gracias a la
interferencia del poder político en la justicia, es decir, en órganos cuyos nombramientos dependen del poder político o por los indultos del Gobierno.

En Francia se han presentado noventa demandas contra el gobierno por su gestión del COVID. Entre los demandantes hay colectivos médicos que han denunciado la incoherencia de las medidas y la no aplicación de las recomendaciones de la OMS. El Tribunal de Justicia de la República ha tomado nueve de ellas en consideración. El siete de julio decidió abrir un procedimiento por "abstención de combatir un siniestro" y comenzó
la investigación. Por ello, ya se ha ordenado registrar los despachos y domicilios del actual ministro de Sanidad, de su predecesora en el cargo, del ex primer ministro, la ex portavoz del gabinete y el director general de Sanidad.

El Gobierno francés puede llegar a ser juzgado por su gestión de la crisis del Covid. Y, además, existen precedentes. Fue el caso de la sangre contaminada por el virus del Sida. Tras una demanda de un grupo de hemofílicos que habían recibido transfusiones sanguíneas en 1984 y 1985, se abrió una causa por homicidio involuntario contra tres miembros del gobierno socialista de la época: el primer ministro Laurent Fabius, la ministra de Sanidad y un secretario de Estado. Aunque sólo este último fue declarado culpable, quince años después, los otros dos políticos fueron declarados responsables pero no culpables.

Los que han gestionado la primera ola del Covid tienen un problema. De alguna u otra manera han venido a reconocer que la primera vuelta de las elecciones municipales se hizo con un virus que se expandía sin parar. A principios de enero los expertos ya emitían notas al gobierno sobre la inminencia de una epidemia y nadie hizo nada.

Italia también tiene jueces investigando al gobierno. Otros gobiernos europeos impulsan comisiones de investigación. Los científicos españoles han pedido una auditoría independiente.

¿Estará motivada la jugada de Sánchez e Iglesias también por la precaución de blindarse ante una futura investigación judicial por su negligente respuesta al COVID?.

Hannah Arendt: el camino hacia lo humano

Rafael Narbona
Publicado en El cultural


En estos tiempos donde es absurdo pensar que la Shoah y el Gulag pertenecen al pasado, la filósofa nos recuerda que lo esencial de la democracia no es el libre mercado, sino el ejercicio de la libertad

El pensamiento de Hannah Arendt no adquirió un reconocimiento unánime hasta que cayó el Muro de Berlín y se derrumbó definitivamente el prestigio de la utopía comunista. Detrás del telón de acero, no se alzaba el paraíso de la clase trabajadora, sino una de las máscaras del totalitarismo, particularmente horrible durante los años de Stalin, un déspota oriental. La equiparación entre nazismo y estalinismo establecida por Hannah Arendt, lejos de ser arbitraria, reflejaba fielmente la realidad. El descrédito del marxismo dejó un sentimiento de orfandad entre los intelectuales que habían abrazado sus promesas. Hannah Arendt, que comprendió ese desencanto, pidió que se restaurara la dignidad de la política como herramienta de resistencia contra la tiranía y la opresión. En la democracia, lo esencial no es el libre mercado, sino el ejercicio de la libertad. Arendt recordó que la libertad es un bien absoluto, pero también una fuente de angustia, pues exige pensar, asumiendo riesgos y aceptando la posibilidad del error. El mundo se vuelve más peligroso e incierto, pero también más digno y humano.

Cuando en 1958 Hannah Arendt publicó La condición humana, se preguntó en primer término qué horizonte abría el primer lanzamiento espacial. Se trataba de un acontecimiento tan importante como la descomposición del átomo. Era la apoteosis de la técnica, que extendía su dominio más allá del orbe planetario. El ser humano se planteaba “habitar” el cosmos, colonizarlo. No era la consumación de un sueño, sino un acto de poder. La praxis científica y política, e incluso la fantasía popular, que no dejaba de inspirar ficciones literarias y cinematográficas sobre el futuro, sacrificaban todo a las necesidades de la vida, buscando nuevos recursos que explotar. Esta es la razón de que el progreso técnico no persiguiera la emancipación del trabajo, sino su “glorificación teórica”, ya que solo este podía garantizar la pervivencia de la especie, aunque paradójicamente el mundo nunca se había acercado tanto a su extinción, con la posibilidad de un holocausto nuclear. El efecto de este giro fue “la transformación de toda la sociedad en una sociedad de trabajo”.

En La condición humana, Hannah Arendt divide el quehacer humano en tres estadios: la labor, el trabajo y la acción. La labor es la vida misma, el conjunto de rutinas biológicas que desarrollamos para sobrevivir. El trabajo es el procedimiento que aplicamos a los recursos naturales para transformarlos en útiles adaptados a nuestras necesidades. La acción es el único proceso que no se ejerce sobre la materia. Es el espacio del discurso, cuyo fin no es simplemente la comunicación, sino la creación de un ámbito político. La acción es lo verdaderamente humano, pues ahí aflora el valor irrepetible de cada individuo: “Todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá”. Cada nacimiento garantiza la diversidad, fundamento de la vida política. El totalitarismo exalta la muerte porque aspira a suprimir la diversidad y establecer un Estado-jardín basado en la uniformidad.

Desde el punto de vista de los griegos, ni la labor ni el trabajo poseían suficiente dignidad para convertirse en una forma de vida auténticamente humana. Solo en la acción, en tanto pluralidad y controversia, podía realizarse un hombre libre. Incluso cuando desaparece la polis, la palabra –desvinculada de su función política– conserva su superioridad, transformada en bios theoretikos o, de acuerdo con la traducción latina, vita contemplativa. De hecho, griegos y romanos no contemplan otra inmortalidad que la garantizada por las creaciones políticas o intelectuales. La búsqueda de la fama como justa recompensa a la excelencia es lo que diferencia al hombre libre del esclavo o el animal. Durante la Antigüedad, nadie cuestionaba la desigualdad entre los hombres. La disposición de arriesgar la propia vida en el juego político es lo que diferenciaba al hombre libre del esclavo o siervo, demasiado apegado a la existencia. El principio de isonomía o igualdad de derechos civiles y políticos solo se aplicaba a los hombres libres o ciudadanos. La violencia era el mecanismo legítimo que marcaba las diferencias. Había que estar dispuesto a morir para vivir con libertad y dignidad.

El ideal igualitario de la Revolución francesa disolvió la dialéctica del amo y el esclavo, acarreando el desembarco de las masas en la esfera política. El trabajo perdió su condición de tarea penosa e indigna. Nada habría repugnado más a los antiguos que la vinculación del trabajo a la excelencia. Frente a la vida contemplativa, Marx opuso el ideal de una humanidad socializada, donde labor y trabajo colaboran en una única tarea: garantizar el proceso de la vida. Se invierte de este modo la jerarquía establecida por los griegos. Solo las profesiones con “utilidad pública” poseen dignidad, mientras las ocupaciones liberales pierden su prestigio. La utopía marxista concede prioridad a la reproducción de la vida frente al concepto de virtud de los antiguos, donde la excelencia prevalece sobre la supervivencia. Este planteamiento no frustra las tendencias ilustradas de Marx, que especula con un porvenir donde la revolución emancipe al hombre del trabajo, sustituyendo el reino de la necesidad por el reino de la libertad. No puede ser de otro modo, pues “el reino de la libertad solo comienza donde cesa la labor determinada por la necesidad”. Esta “fundamental y flagrante contradicción” afecta a la totalidad del pensamiento marxista. En todas las fases de su obra, Marx “define al hombre como animal laborans y luego le lleva a una sociedad en que su mayor y más humana fuerza ya no es necesaria. Nos deja con la penosa alternativa entre esclavitud productiva y libertad improductiva”.

El hombre es la única especie que experimenta repugnancia hacia el esfuerzo por perseverar en su ciclo biológico. La urgencia de las necesidades materiales, que otros animales perciben como la esencia del vivir, se convierte en el hombre en esclavitud. La esclavitud es la condición natural de la vida misma y el precio de la emancipación es la propia vida, pues “la perfecta eliminación del dolor y del esfuerzo laboral no solo quitaría a la vida biológica sus más naturales placeres, sino que le arrebataría su misma viveza y vitalidad. Para los mortales, la ‘vida fácil de los dioses’ sería una vida sin vida”.

La espiral de consumo que caracteriza a las modernas sociedades industriales ha vinculado el trabajo al ciclo biológico de la abundancia, imponiendo la renovación permanente de los bienes de uso. Marx creyó que la emancipación de la labor (“el único elemento estrictamente utópico de su pensamiento”) engendraría un ocio basado en actividades intelectuales y creativas, ya que al no emplear su fuerza en satisfacer sus necesidades, el hombre utilizaría su energía en tareas más elevadas. Esta profecía se ha incumplido rigurosamente, pues el ser humano ha ocupado su ocio en el consumo, transformando todas las cosas en objeto de sus apetitos. Surge de esta forma la cultura de masas, que representa una amenaza para el equilibrio ecológico y el porvenir del planeta, ya que el consumo es un apetito insaciable y destructor.

La exaltación de la utilidad como bien supremo produce un mundo inhumano, donde el valor de las cosas viene determinado por valor de mercado. En ese contexto, el pensamiento y el arte se convierten en bienes marginales. El consumo ha invadido la mayor parte de la esfera pública. Se ha cumplido de este modo el sueño de los antiguos tiranos griegos, que ambicionaban transformar el ágora en una plaza de mercado. La vida humana queda rebajada a la condición de mercancía y el valor del trabajador se mide por la demanda que afecta a su actividad, propiciando que algunos se planteen un futuro donde las máquinas puedan reemplazar al individuo en la tarea de pensar, sin advertir que los procesos lógicos del ingenio mecánico más potente son incapaces de erigir un mundo, donde pueda habitar el hombre.

No hay en La condición humana ninguna referencia a otras tradiciones culturales. Ni el Islam ni las grandes civilizaciones de Oriente; menos aún, los pueblos africanos o precolombinos. Esta omisión podría interpretarse como una forma de desdén hacia formas de organización que aparentemente no habrían superado el umbral de la acción racional. Es paradójico que Hannah Arendt incurra en estos planteamientos, cuando la última parte de su obra se ocupa de la invención del telescopio, invento crucial en la determinación del lugar que le corresponde al hombre en el cosmos. No podemos descartar que existan civilizaciones extraterrestres con formas de razonamiento muy superiores a las nuestras, lo cual anularía la jerarquía establecida por Arendt. En cambio, su juicio sobre la sociedad de consumo ha sido confirmado por el tiempo.

En nuestros días, el desprecio de las actividades que no contribuyen a la producción se ha generalizado, lo cual ha provocado que se identifique democracia y cultura de masas. El regreso de los sentimientos nacionalistas no es nostalgia de la polis, sino fruto del creciente peso de las masas en la política. No es extraño que el nazismo planteara sus objetivos en términos biológicos. Se trataba de restituir la lucha elemental por la vida frente a la presunta futilidad del debate político, que solo produce reconocimiento. El hombre nuevo sería un trabajador, una síntesis del soldado y el operario que hallaría su identidad en la impersonalidad del uniforme. Lo más paradójico de este programa es que, invocando la obligación de contribuir al progreso de la vida, se instauró un régimen que introdujo en la historia el exterminio industrializado. El fervor exterminador no se agotó en el enemigo judío, polaco o comunista, sino que se revolvió contra el pueblo al que se había prometido un imperio milenario. Hitler llegó a plantear la esterilización forzosa de los alemanes con afecciones pulmonares y cardíacas.

La condición humana no es un tratado antropológico, sino político. Sin la referencia a Los orígenes del totalitarismo, que apareció en 1951, la obra quedaría incompleta. Hannah Arendt, que prefería el calificativo de publicista al de filósofo, no subordinó los acontecimientos a una escatología ni se identificó con un programa definido de reformas. Sabía que el hombre no está sujeto a leyes históricas o naturales. La condición humana es imprevisible y lo imprevisible no procede del azar, sino de la libertad. De convicciones liberales, Arendt siempre abogó por el imperio de la ley, el constitucionalismo y la razón política. No se puede obligar al individuo a involucrarse en la vida pública, pues eso es lo que hace el totalitarismo, pero se debe subrayar que la defensa del bien común es una obligación ciudadana. Si cada uno se dedica exclusivamente a cultivar su jardín, algún día la maleza penetrará en su hogar, destruyendo su existencia idílica. Hannah Arendt es una humanista. De ahí su firme oposición al poder totalitario, que considera al individuo superfluo: un cuerpo que se puede destruir y un alma susceptible de ser manipulada.

Es absurdo pensar que la Shoah y el Gulag pertenecen al pasado. Podrían volver. De hecho, no han desaparecido los centros de internamiento, los populismos gobiernan en muchos países y el nacionalismo crece en una Europa en crisis permanente. Pese a todo, el mal siempre acaba retrocediendo frente al bien, pues “carece de profundidad y de cualquier dimensión demoníaca. Solo es extremo, nunca radical”. En eso consiste su banalidad. “Solo el bien tiene profundidad y puede ser radical”. Debemos interpretar esa diferencia como un signo de esperanza.

Democracia auténtica: economía ética

No hay «demo-cracia» si gobierna el mercado

Adela Cortina
Publicado en Agenda Latinoamericana mundial. «La otra economía». 2013


El fracaso de la economía vigente es palmario. Persisten el hambre, la pobreza y la exclusión, aunque hay medios más que suficientes para erradicarlas. Pero también es evidente la insatisfacción que produce el actual funcionamiento de las democracias, porque ni están al servicio de todas las personas ni los ciudadanos se sienten protagonistas de la vida política.

Es urgente crear otra economía, una economía ética, y dar cuerpo a democracias que respondan con los hechos al nombre que llevan. Para hacerlo no hay que huir de este mundo, sino exigirle que la economía cumpla las tareas por las que dice legitimarse, y que las democracias se conviertan en auténticas democracias. Eso se consigue intentando detectar lúcida y cordialmente las tendencias que es preciso reforzar, sugiriendo desde ellas caminos nuevos, y eliminando las tendencias dañinas.

Es urgente plasmar una economía ética, a la altura de las personas y de la sostenibilidad de la naturaleza. Pero no habrá economía ética sin democracia auténtica. Estos serían algunos de los rasgos que deberían caracterizarlas.

1. Una democracia auténtica

La democracia es la mejor forma de gobierno que hemos descubierto. Según la caracterización más conocida, es «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». Lo cual exige, al menos, tres cosas:

1) Que esté al servicio de todos los que componen el pueblo sin exclusiones.
2) Todos los que forman parte de la comunidad política tienen que ser reconocidos como ciudadanos.
3) Los ciudadanos, que son los destinatarios de las leyes, tienen que ser también de alguna manera sus autores.

Por eso es importante que la democracia representativa se complemente y se convierta en deliberativa: la ciudadanía ha de ser ciudadanía activa, que elige representantes, les pide cuentas y participa activamente en la vida política. La ciudadanía activa es un motor de transformación social.

2. ¿Qué es un ciudadano?

Un ciudadano es aquella persona que en una comunidad política es su propia señora, no es sierva y mucho menos esclava. Ha de conquistar su libertad, pero sabe que debe hacerlo trabajando solidariamente con los demás ciudadanos, que son sus iguales en tanto que conciudadanos y en tanto que personas. Por eso los valores esenciales de la ciudadanía activa son la libertad, la igualdad, la solidaridad o la fraternidad y la interdependencia. Esto exige, al menos, crear instituciones que hagan posible encarnar dos dimensiones de la ciudadanía: la social y la económica.

3. Ciudadanía social

Es «ciudadano social» aquella persona que ve respetados sus derechos de primera y segunda generación: libertad de conciencia, expresión, asociación, reunión, desplazamiento y participación; pero también sus derechos económicos, sociales y culturales, como son, entre otros, el derecho al trabajo, a la asistencia sanitaria, a la educación o a la cultura. La ciudadanía social recoge los derechos de la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1948, una declaración que compromete a todas las naciones que han firmado los pactos a esforzarse para que se vean protegidos en todos los países de la Tierra. Pero es imposible proteger estos derechos, en el nivel local y global, si quien gobierna no son los ciudadanos a través de sus representantes y de la deliberación pública, sino un mercado financiero, opaco y omnipotente, insensible a los derechos y necesidades de las personas.

Para realizar la democracia auténtica es necesaria otra economía, en que los ciudadanos intervengan. Es necesario hacer posible una ciudadanía económica.

4. Ciudadanía económica

En algún tiempo se decía que las tres grandes preguntas de la economía son: ¿qué se produce, para qué se produce y quién decide lo que se produce? Y ya entonces era una flagrante contradicción afirmar que las personas son iguales en tanto que ciudadanas, pero radicalmente desiguales a la hora de tomar decisiones económicas. Si los afectados por las decisiones económicas nunca son tenidos en cuenta, hay una contradicción entre la ciudadanía política, por la que todos son supuestamente iguales, y la ciudadanía económica, inexistente. Siempre deciden otros qué se produce y para qué, los afectados no son consultados, con lo cual, en ningún lugar de la tierra hay ciudadanos económicos. Parecía que crear las instituciones que hicieran posible la ciudadanía económica era una de las tareas inminentes para el siglo XXI. Sin embargo, este proyecto se complicó todavía más con la financiarización de la economía. Pasamos de una economía productiva a una economía financiera. En ella lo que importa no es quién decide lo que se produce, sino quién decide dónde se invierte para ganar más, aun sin producir bienes y servicios.

Ciudadanos y países pasan a depender de los mercados financieros y de las agencias de rating, y toda posibilidad de ciudadanía económica activa se corta de raíz. Es necesaria otra economía, que tenga por centro a las personas.

5. La meta de la economía: la persona en el centro

La economía no es un mecanismo fatal. Es una actividad humana y, por lo tanto, debe orientarse por unas metas que le dan sentido y legitimidad social. No sólo la política necesita legitimación social, también la necesita la economía.

La meta de una economía legítima consiste en «crear riqueza material e inmaterial para satisfacer las necesidades de las personas y para reforzar sus capacidades básicas de modo que puedan llevar adelante aquellos planes de vida feliz que elijan». La persona tiene que ser el centro y la economía debe colaborar en la tarea de crear buenas sociedades.

6. Los valores de una economía ética

Aunque suele decirse que la economía es una ciencia ajena a los valores morales, que sólo debe preocuparse por la producción eficiente de riqueza, sin atender a su distribución ni tampoco a cómo esa producción afecta a la libertad, la solidaridad y la igualdad de los seres humanos, eso es falso.

Cualquier opción económica potencia unos valores y debilita otros. Una economía legítima tendería a erradicar la pobreza y el hambre, reducir las desigualdades, satisfacer las necesidades básicas, potenciar las capacidades básicas de las personas, reforzar la autoestima, promover la libertad.

7. Los Principios de una Economía Inclusiva

Las personas deben ser el centro de la economía y de la política. Pero las personas no somos individuos aislados, sino seres en relación de reconocimiento mutuo: llegamos a reconocernos como personas porque otras nos han reconocido como personas. La base de la vida social no es el individuo, sino las personas vinculadas entre sí por el reconocimiento recíproco.

Por eso es falso el Principio del Individualismo Posesivo, que dio comienzo al capitalismo y sigue vigente.

Según ese principio, «cada individuo es dueño de sus capacidades y del producto de sus capacidades, sin deber por ello nada a la sociedad». Por el contrario, toda persona es lo que es por su relación con otras, está ligada a las otras personas y, por lo tanto, obligada a ellas. Lo que tiene se debe en muy buena parte a la sociedad, y más en un mundo globalizado. De donde se sigue que los bienes de la tierra son sociales. Y, por lo tanto, tienen que ser globalmente distribuidos. Los principios éticos de la economía ética serían el Reconocimiento de la Igual Dignidad de las Personas, la Apuesta por los más Vulnerables y la Responsabilidad por la Naturaleza, que no permiten exclusión alguna de la vida económica.

8. Consumo justo y felicitante

La desigualdad en las formas de consumo es aterradora entre los países y dentro de ellos. Mientras algunas personas no pueden satisfacer sus necesidades, otras consumen los bienes más sofisticados para satisfacer caprichos y por eso para ellas nunca hay bastante. Una forma de vida humana reclama apostar por un consumo liberador, que no esclavice; por un consumo justo, que tenga en cuenta las necesidades de todos, y por un consumo felicitante, que tenga en cuenta que lo más valioso para conseguir la felicidad es disfrutar de las relaciones humanas. Se hace necesario sellar un Pacto Global sobre el Consumo y potenciar la «ciudadanía del consumidor».

9. Gobernanza global. Ciudadanía cosmopolita

Construir un mundo en el que todas las personas se sientan ciudadanas es el reto político, económico y cultural del siglo XXI. Para ello se hace necesaria una gobernanza global, que haga llegar los beneficios de la globalización a todas las personas. Es ésta una exigencia de justicia.

10. Bienes de justicia y bienes de gratuidad

Pero los bienes de la tierra no son sólo «bienes de justicia», necesidades cuya satisfacción puede reclamarse como un derecho al que corresponde por parte de otros un deber. Quien se sabe cordialmente ligado a otras personas, se sabe también obligado a ellas, le resulta imposible llevar adelante una vida feliz si no es contando con ellas. Hay una creativa economía del don que va más allá del intercambio de equivalentes y abre camino a la gratuidad, que brota de la abundancia del corazón. Sin ella no habrá una economía ética.