CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU VECINO CORTAR….

Javier Marijuán

Decía Montesquieu que el Poder Judicial es el más terrible de los poderes porque se ejerce directamente sobre particulares y puede privarlos de su vida y su libertad. Por esta razón, su diseño institucional siempre se encontrará sometido a tensiones. La división de poderes es uno de los requisitos imprescindibles de la democracia. Sin jueces independientes o con un poder judicial controlado se produce la tiranía del ejecutivo o de los poderes privados. La
división de poderes exige evitar las interferencias arbitrarias que domestiquen a los jueces.Un poder político tiránico utilizado para promover los intereses sectarios de los grupos de presión o de los gobiernos de turno es una de las peores amenazas que pueden afectar a una democracia.

La división de poderes es, en definitiva, el consustancial a una democracia y se configura como un sistema de frenos y contrapesos para que así el poder frene al poder y así evitar su concentración. Lo que nos hace ciudadanos y no siervos en la capacidad que tenga el sistema de poner freno a la arbitrariedad, la discriminación y el abuso.

Una de las instituciones que garantizan la división de poderes en un Estado democrático es la Justicia. Los jueces aplican la ley y cuando se equivocan, existe un sistema de recursos que permite revisar sus decisiones. A mayor sistema de contrapesos, mayor protección de las influencias de los partidos y también de las inclinaciones ideológicas de sus miembros.

Este debate se ha encendido en España en los últimos días cuando el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha reprendido a España por la calidad de su justicia. Tras el anuncio de la reforma proyectada por el PSOE y UP de rebajar de tres quintos a mayoría simple para la elección de los vocales del CGPJ, el
presidente del Greco envió una carta al gobierno denunciando que con ello “se aparta de las normas del Consejo de Europa” relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros y constituye una violación de los estándares anticorrupción.

Ni Pedro Sánchez ni su vicepresidente han pedido perdón por el intento de rebajar la democracia en nuestro país. Europa les ha tenido que recordar que las autoridades políticas deben apartar sus tentáculos del proceso de selección de jueces pues sin salvaguarda de la independencia del poder judicial no es posible luchar contra la corrupción.

Los avisos del GRECO no son novedad. Ya desde hace siete años viene avisando a nuestro país de la necesidad de evaluar marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial por sus efectos sobre la independencia judicial.

¿Por qué los políticos tienen tanto miedo a un poder judicial independiente?. PSOE y Podemos reproducen y aumentan todos los vicios de la peor política. Y su asalto a la justicia es prueba de ello. En plena apoteosis de condenas judiciales al Partido Popular, emerge un oscuro horizonte judicial contra los partidos de la coalición del actual Gobierno de España. Podemos ya tiene que responder de su financiación en los tribunales y su líder se ha visto retratado en la exposición de 63 páginas de un magistrado de la Audiencia Nacional que ha pedido al Tribunal Supremo su imputación. El PSOE andaluz, con presidentes nacionales del partido incluidos, es otro asiduo de condenas en los tribunales por corrupción.

La guerra se ha desatado por el nombramiento de la cúpula judicial (el CGPJ) y su influencia en la composición del Tribunal Supremo, las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional. También es de esperar que se inicie la lucha por controlar a la denominada infantería judicial que también ha logrado éxitos sonados contra la corrupción.

En nuestro país hay gente de mucho poder que ha sido procesada y condenada. Por la cárcel han pasado vicepresidentes del gobierno, ministros, secretarios de Estado de Interior, presidentes y vicepresidentes de Gobiernos autonómicos del PP procesados por jueces de instrucción de provincias. Han existido jueces de instrucción capaces de desmontar tramas corruptas incrustadas en nuestras administraciones y han llevado o van a
llevar a la cárcel a decenas de ex cargos públicos pertenecientes a los principales partidos políticos de este país (casos Gürtel, ERE, Brugal, Campeón, Emperador, Fabra, Filesa, Guateque, Malaya, Palma Arena…). Se calcula que pueden ser en torno a 1.700 causas con cientos de imputados e investigados. Esos jueces de provincias han condenado a penas de prisión a 80 directivos de entidades financieras y siguen procesos judiciales a otros 95. También han sentado en el banquillo a la hermana de un rey y han procesado a los empresarios y financieros más importantes de este país (Emilio y Jaime Botín, César Alierta, Alfredo Saénz….). Si éstos no acabaron en la cárcel, ha sido gracias a la
interferencia del poder político en la justicia, es decir, en órganos cuyos nombramientos dependen del poder político o por los indultos del Gobierno.

En Francia se han presentado noventa demandas contra el gobierno por su gestión del COVID. Entre los demandantes hay colectivos médicos que han denunciado la incoherencia de las medidas y la no aplicación de las recomendaciones de la OMS. El Tribunal de Justicia de la República ha tomado nueve de ellas en consideración. El siete de julio decidió abrir un procedimiento por "abstención de combatir un siniestro" y comenzó
la investigación. Por ello, ya se ha ordenado registrar los despachos y domicilios del actual ministro de Sanidad, de su predecesora en el cargo, del ex primer ministro, la ex portavoz del gabinete y el director general de Sanidad.

El Gobierno francés puede llegar a ser juzgado por su gestión de la crisis del Covid. Y, además, existen precedentes. Fue el caso de la sangre contaminada por el virus del Sida. Tras una demanda de un grupo de hemofílicos que habían recibido transfusiones sanguíneas en 1984 y 1985, se abrió una causa por homicidio involuntario contra tres miembros del gobierno socialista de la época: el primer ministro Laurent Fabius, la ministra de Sanidad y un secretario de Estado. Aunque sólo este último fue declarado culpable, quince años después, los otros dos políticos fueron declarados responsables pero no culpables.

Los que han gestionado la primera ola del Covid tienen un problema. De alguna u otra manera han venido a reconocer que la primera vuelta de las elecciones municipales se hizo con un virus que se expandía sin parar. A principios de enero los expertos ya emitían notas al gobierno sobre la inminencia de una epidemia y nadie hizo nada.

Italia también tiene jueces investigando al gobierno. Otros gobiernos europeos impulsan comisiones de investigación. Los científicos españoles han pedido una auditoría independiente.

¿Estará motivada la jugada de Sánchez e Iglesias también por la precaución de blindarse ante una futura investigación judicial por su negligente respuesta al COVID?.

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