Cuando los últimos centran la política

El vigésimo aniversario del fallecimiento de Camilo Sánchez se celebra el 29 de diciembre Se le recuerda por sus políticas de solidaridad, vivienda y servicios

Judith Pulido. La Provincia 13-12-2020

Las palabras entereza, coherencia, rigurosidad y solidaridad se repiten constantemente en los testimonios de las personas que apreciaron a Camilo Sánchez, alcalde de Santa Lucía de Tirajana entre los años 1995 y 2000, que falleció hace veinte años tras luchar intensamente contra el cáncer. Su trayectoria política, que inició tras finalizar la dictadura, destacó por su fuerte compromiso social y persistencia para mejorar aspectos vitales de los vecinos de la localidad. La construcción de viviendas sociales en el municipio, el equipamiento de los barrios, la mejora de infraestructuras públicas y el fomento de la educación fueron algunas de las hazañas que efectuó junto a los miembros de su formación en los primeros años de democracia.

El éxito de sus planteamientos y actos políticos se demuestran en el cariño que vertieron en él los ciudadanos, y es que fue el alcalde más votado de los municipios españoles con más de 20.000 habitantes en las elecciones de 1999. Pero su relación con la militancia, su profunda búsqueda del cambio y sus inquietudes políticas comienzan mucho antes, cuando tan sólo era un niño.

Pobreza

La escasez económica de este territorio -conocido como el triángulo de la pobreza, en conjunto con Agüimes e Ingenio-marcaba las pautas. Las aparcerías eran una de las pocas salidas que poseían los vecinos en esa época y a eso se dedicaban sus padres. “La explotación laboral, la carencia de derechos sindicales y la falta de libertad durante la época de la dictadura fue determinando nuestro comportamiento”, expresa Carmelo Ramírez, compañero militante en la agrupación política Asamblea Canaria (AV), que fundaron juntos tras morir Franco.

El seminario quizá marcó un antes y un después en la forma de ver las cosas que tenía el ex mandatario. “Era la universidad de los pobres; nuestros padres no tenían dinero para pagarnos escuelas privadas, era lo único que teníamos en ese momento para estudiar”, señala Silverio Matos, otra de las personalidades que han marcado la política en Santa Lucía, siendo el alcalde que sustituyó a Camilo tras su fallecimiento. Su acercamiento más próximo a la militancia se produjo al asistir a los cursillos de iniciación que la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) organizaba en los locales del Teleclub de El Doctoral y Casa Pastores. “Eran dirigidos por Pepe el Cura; nos enseñaba sobre la solidaridad y deberse a los demás”, añade Francisco Rodríguez, alcalde actual del municipio.

“Allí nos conocimos”, señala Sebastiana ‘Chana’ González, su viuda, que explica que se acercaron bajo el interés de promulgar un cambio en la calidad de vida de Santa Lucía. “En ese periodo empezamos con los movimientos; realizábamos actividades para la mejora del barrio, se empezaron a crear asociaciones de vecinos y grupos culturales, también se formó la Federación Autogestionaria de Asociación de Barrios -que llegó a agrupar a más de 60 vecindarios federados de distintos municipios-, era el preámbulo de lo que sería la vida política de Camilo”, explica su mujer.

Cuando se presentó con Carmelo Ramírez y otros vecinos a las primeras elecciones municipales, en 1979, ya tenían el respaldo popular. “Ganamos por mayoría absoluta”, asevera el ahora consejero insular, que durante ese tiempo actuó como alcalde, mientras que Camilo ocupó el cargo de primer teniente de alcalde. En esta segunda etapa de la vida sociopolítica de Sánchez destacan las políticas de vivienda que se llevaron a cabo en el municipio. “Nos centramos en eso en primer lugar, eliminando todas las cuarterías y favoreciendo la construcción de viviendas sociales”, sostiene.

La equipación de los barrios con infraestructuras tan básicas como redes de saneamiento, alumbrado o aceras y carreteras asfaltadas fue el siguiente paso; aunque el asunto más urgente con el que tuvieron que lidiar fue con el suministro de agua. “No había suficiente, pero cientos de personas se movilizaron organizando una manifestación frente a la Delegación del Gobierno que duró varios días”, asevera. El triunfo de esta concentración propició la creación de la Mancomunidad del Sureste, que después efectuaría la obra de la potabilizadora comarcal. “La participación ciudadana fue otro de los aspectos más importantes en este periodo”, explica por su parte Eugenio Rodríguez, co-autor de la recién reeditada biografía de Camilo Sánchez. Según señala, el gobierno conformado por Sánchez y Ramírez fundó en 1982 el Consejo Ciudadano, integrado por unos 50 representantes vecinales -uno por cada 500 habitantes- y los miembros de la Corporación municipal, para discutir los puntos que después se llevarían a pleno.

Aun así, por lo que más se conoció a Camilo en los años venideros, fue por las políticas de solidaridad. “El Ayuntamiento de Santa Lucía fue el precursor del área de Solidaridad de las administraciones españolas”, asegura el biógrafo del fallecido. “Recuerdo acompañarle a un encuentro de la Federación de Municipios de España (FEMP) que se celebró en Valencia, en donde discutió con el ministro Solchaga que el Gobierno estatal tenía que garantizar el 1% del presupuesto para asuntos de solidaridad”, rememora por otro lado Matos, un episodio que sucedió ya durante la etapa de alcaldía de Sánchez en Santa Lucía. “Camilo fue uno de los políticos más valientes de este país”, señala Eugenio Rodríguez, subrayando con admiración que su forma de actuar siempre se basaba en sus principios, nunca corrompiéndose e incluso enfrentándose a grandes instituciones para conseguir mejoras para su pueblo. “Es una personalidad forjada en la lucha, por eso se ha hecho tan famosa y molesta su frase ‘O luchas o te vendes’”, recuerda.

El diagnóstico del cáncer, ya durante su alcaldía, fue un shock tanto para sus familiares y amigos como para la ciudadanía. “Fue una situación muy complicada, pero la vivió con entereza y de forma pública; de hecho, mucha gente donó dinero para que se fuese a operar a Estados Unidos, eso nos sorprendió”, recuerda Chana, que insiste en que Camilo nunca dejó apartada sus responsabilidades políticas a pesar de las circunstancias. De hecho, volvió a presentarse a la alcaldía en 1999 y no sólo salió elegido por mayoría, sino que fue el más votado de los municipios de más de 20.000 habitantes en toda España. “El rigor en todo el trabajo que hacía y la honestidad es lo que atraía a la gente. Nunca se vio el municipio salpicado por casos de corrupción”, expresa su compañero de partido. “Hacía de la ética un estilo de vida”, añade su viuda.

El final de Camilo -el 29 de diciembre del 2000- ha quedado grabado en la mente de muchos. Más de 30.000 personas asistieron a su entierro, según calculó la Policía Local en aquella fecha. “Aunque otros tantos se quedaron en el camino, porque era muy difícil acceder por la aglomeración”, sostiene Chana. Durante los veinte años que han pasado desde entonces, las organizaciones e instituciones de la Isla no han parado de recordarle. El Cabildo insular lo nombró Hijo Predilecto de Gran Canaria; han organizado jornadas de solidaridad y eventos deportivos para homenajearle, e incluso denominado el mayor parque urbano de Santa Lucía con su nombre. “Fue un hombre que creó escuela, ha sido un referente para todos”, concluye Matos.

Jornadas de solidaridad

La asociación de vecinos de Teneguía de Casas Pastorales y la asociación Ventolera organizan los próximos días 28 y 29 de diciembre la octava edición de las Jornadas de Solidaridad en homenaje a Camilo Sánchez. En esta ocasión el evento estará enfocado en el vigésimo aniversario de su muerte, por lo que muchas de las actividades que se efectúen se basarán en difundir las experiencias de vida y reflexiones del que fue alcalde de Santa Lucía entre 1995 y 2000. En concreto, el lunes 28 se inaugurará en el Teatro Víctor Jara una exposición sobre el personaje público a las 19.00 horas y se celebrará una mesa redonda para recordarle. El miércoles se llevará a cabo la tradicional entrega del premio de solidaridad a la persona o entidad a la que se le haya concedido.

Subsidiariedad y virtud de la esperanza

Fuente: Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral.

Octava catequesis del Papa Francisco sobre la pandemia de Covid-19 “Sanar el mundo” a la luz del Evangelio, las virtudes teológicas y los principios de la doctrina social de la Iglesia

Queridos hermanos y hermanas, ¡parece que el tiempo no es muy bueno, pero os digo buenos días igualmente!

Para salir mejores de una crisis como la actual, que es una crisis sanitaria y al mismo tiempo una crisis social, política y económica, cada uno de nosotros está llamado a asumir su parte de responsabilidad, es decir compartir la responsabilidad. Tenemos que responder no solo como individuos, sino también a partir de nuestro grupo de pertenencia, del rol que tenemos en la sociedad, de nuestros principios y, si somos creyentes, de la fe en Dios. Pero a menudo muchas personas no pueden participar en la reconstrucción del bien común porque son marginadas, son excluidas o ignoradas; ciertos grupos sociales no logran contribuir porque están ahogados económica o políticamente. En algunas sociedades, muchas personas no son libres de expresar la propia fe y los propios valores, las propias ideas: si las expresan van a la cárcel. En otros lugares, especialmente en el mundo occidental, muchos auto-reprimen las propias convicciones éticas o religiosas. Pero así no se puede salir de la crisis, o en cualquier caso no se puede salir mejores. Saldremos peores.

Para que todos podamos participar en el cuidado y la regeneración de nuestros pueblos, es justo que cada uno tenga los recursos adecuados para hacerlo (cfr. Compendio de la doctrina social de la Iglesia [CDSC], 186). Después de la gran depresión económica de 1929, el Papa Pío XI explicó lo importante que era para una verdadera reconstrucción el principio de subsidiariedad (cfr. Enc. Quadragesimo anno, 79-80). Tal principio tiene un doble dinamismo: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Quizá no entendamos qué significa esto, pero es un principio social que nos hace más unidos.

Por un lado, y sobre todo en tiempos de cambio, cuando los individuos, las familias, las pequeñas asociaciones o las comunidades locales no son capaces de alcanzar los objetivos primarios, entonces es justo que intervengan los niveles más altos del cuerpo social, como el Estado, para proveer los recursos necesarios e ir adelante. Por ejemplo, debido al confinamiento por el coronavirus, muchas personas, familias y actividades económicas se han encontrado y todavía se encuentran en grave dificultad, por eso las instituciones públicas tratan de ayudar con apropiadas intervenciones sociales, económicas, sanitarias: esta es su función, lo que deben hacer.

Pero por otro lado, los vértices de la sociedad deben respetar y promover los niveles intermedios o menores. De hecho, la contribución de los individuos, de las familias, de las asociaciones, de las empresas, de todos los cuerpos intermedios y también de las Iglesias es decisiva. Estos, con los propios recursos culturales, religiosos, económicos o de participación cívica, revitalizan y refuerzan el cuerpo social (cfr. CDSC, 185). Es decir, hay una colaboración de arriba hacia abajo, del Estado central al pueblo y de abajo hacia arriba: de las asociaciones populares hacia arriba. Y esto es precisamente el ejercicio del principio de subsidiariedad.

Cada uno debe tener la posibilidad de asumir la propia responsabilidad en los procesos de sanación de la sociedad de la que forma parte. Cuando se activa algún proyecto que se refiere directa o indirectamente a determinados grupos sociales, estos no pueden ser dejados fuera de la participación. Por ejemplo: “¿Qué haces tú? —Yo voy a trabajar por los pobres. —Qué bonito, y ¿qué haces? —Yo enseño a los pobres, yo digo a los pobres lo que deben hacer”. —No, esto no funciona, el primer paso es dejar que los pobres te digan cómo viven, qué necesitan: ¡Hay que dejar hablar a todos! Es así que funciona el principio de subsidiariedad. No podemos dejar fuera de la participación a esta gente; su sabiduría, la sabiduría de los grupos más humildes no puede dejarse de lado (cfr. Exhort. ap. postsin. Querida Amazonia [QA], 32; Enc. Laudato si’, 63). Lamentablemente, esta injusticia se verifica a menudo allí donde se concentran grandes intereses económicos o geopolíticos, como por ejemplo ciertas actividades extractivas en algunas zonas del planeta (cfr. QA9.14). Las voces de los pueblos indígenas, sus culturas y visiones del mundo no se toman en consideración. Hoy, esta falta de respeto del principio de subsidiariedad se ha difundido como un virus. Pensemos en las grandes medidas de ayudas financieras realizadas por los Estados. Se escucha más a las grandes compañías financieras que a la gente o aquellos que mueven la economía real. Se escucha más a las compañías multinacionales que a los movimientos sociales. Queriendo decir esto con el lenguaje de la gente común: se escucha más a los poderosos que a los débiles y este no es el camino, no es el camino humano, no es el camino que nos ha enseñado Jesús, no es realizar el principio de subsidiariedad. Así no permitimos a las personas que sean «protagonistas del propio rescate»[1]. En el subconsciente colectivo de algunos políticos o de algunos sindicalistas está este lema: todo por el pueblo, nada con el pueblo. De arriba hacia abajo pero sin escuchar la sabiduría del pueblo, sin implementar esta sabiduría en el resolver los problemas, en este caso para salir de la crisis. O pensemos también en la forma de curar el virus: se escucha más a las grandes compañías farmacéuticas que a los trabajadores sanitarios, comprometidos en primera línea en los hospitales o en los campos de refugiados. Este no es un buen camino. Todos tienen que ser escuchados, los que están arriba y los que están abajo, todos.

Para salir mejores de una crisis, el principio de subsidiariedad debe ser implementado, respetando la autonomía y la capacidad de iniciativa de todos, especialmente de los últimos. Todas las partes de un cuerpo son necesarias y, como dice San Pablo, esas partes que podrían parecer más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias (cfr. 1 Cor 12, 22). A la luz de esta imagen, podemos decir que el principio de subsidiariedad permite a cada uno asumir el propio rol para el cuidado y el destino de la sociedad. Aplicarlo, aplicar el principio de subsidiariedad da esperanza, da esperanza en un futuro más sano y justo; y este futuro lo construimos juntos, aspirando a las cosas más grandes, ampliando nuestros horizontes[2]. O juntos o no funciona. O trabajamos juntos para salir de la crisis, a todos los niveles de la sociedad, o no saldremos nunca. Salir de la crisis no significa dar una pincelada de barniz a las situaciones actuales para que parezcan un poco más justas. Salir de la crisis significa cambiar, y el verdadero cambio lo hacen todos, todas las personas que forman el pueblo. Todos los profesionales, todos. Y todos juntos, todos en comunidad. Si no lo hacen todos el resultado será negativo.

En una catequesis precedente hemos visto cómo la solidaridad es el camino para salir de la crisis: nos une y nos permite encontrar propuestas sólidas para un mundo más sano. Pero este camino de solidaridad necesita la subsidiariedad. Alguno podrá decirme: “¡Pero padre hoy está hablando con palabras difíciles! Pero por esto trato de explicar qué significa. Solidarios, porque vamos en el camino de la subsidiariedad. De hecho, no hay verdadera solidaridad sin participación social, sin la contribución de los cuerpos intermedios: de las familias, de las asociaciones, de las cooperativas, de las pequeñas empresas, de las expresiones de  la sociedad civil. Todos deben contribuir, todos. Tal participación ayuda a prevenir y corregir ciertos aspectos negativos de la globalización y de la acción de los Estados, como sucede también en el cuidado de la gente afectada por la pandemia. Estas contribuciones “desde abajo” deben ser incentivadas. Pero qué bonito es ver el trabajo de los voluntarios en la crisis. Los voluntarios que vienen de todas las partes sociales, voluntarios que vienen de las familias acomodadas y que vienen de las familias más pobres. Pero todos, todos juntos para salir. Esta es solidaridad y esto es el principio de subsidiariedad.

Durante el confinamiento nació de forma espontánea el gesto del aplauso para los médicos y los enfermeros y las enfermeras como signo de aliento y de esperanza. Muchos han arriesgado la vida y muchos han dado la vida. Extendemos este aplauso a cada miembro del cuerpo social, a todos, a cada uno, por su valiosa contribución, por pequeña que sea. “¿Pero qué podrá hacer ese de allí? —Escúchale, dale espacio para trabajar, consúltale”. Aplaudimos a los “descartados”, los que esta cultura califica de “descartados”, esta cultura del descarte, es decir aplaudimos a los ancianos, a los niños, las personas con discapacidad, aplaudimos a los trabajadores, todos aquellos que se ponen  al servicio. Todos colaboran para salir de la crisis. ¡Pero no nos detengamos solo en el aplauso! La esperanza es audaz, así que animémonos a soñar en grande. Hermanos y hermanas, ¡aprendamos a soñar en grande! No tengamos miedo de soñar en grande, buscando los ideales de justicia y de amor social que nacen de la esperanza. No intentemos reconstruir el pasado, el pasado es pasado, nos esperan cosas nuevas. El Señor ha prometido: “Yo haré nuevas todas las cosas”. Animémonos a soñar en grande buscando estos ideales, no tratemos de reconstruir el pasado, especialmente el que era injusto y ya estaba enfermo. Construyamos un futuro donde la dimensión local y la global se enriquecen mutuamente —cada uno puede dar su parte, cada uno debe dar su parte, su cultura, su filosofía, su forma de pensar—, donde la belleza y la riqueza de los grupos menores, también de los grupos descartados, pueda florecer porque también allí hay belleza, y donde quien tiene más se comprometa a servir y dar más a quien tiene menos.

 

[1] Mensaje para la 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2020 (13 de mayo de 2020).

[2] Cfr. Discurso a los jóvenes del Centro Cultural Padre Félix Varela, La Habana – Cuba, 20 de septiembre de 2015.

¿Están en peligro la organización social y los derechos civiles?

Fuente: ctxt.es

CTXT contexto y acción

Nuria Alabao / Pastora Filigrana

En defensa de la organización social y las protestas

Si actos como el aniversario de un medio de comunicación son legales por constituir “actividad institucional” no restringida por el estado de alarma, es lógico considerar que las reuniones de movimientos sociales, AMPAS, sindicatos… lo sean también.

Durante esta pandemia estamos siendo testigos de un estrechamiento del espacio público. Lo colectivo está perdiendo tensión y fuerza, mientras la inseguridad y el miedo se viven cada vez más en soledad. Los movimientos sociales y los sindicatos de base llevan tiempo debatiendo internamente qué hacer con las restricciones impuestas para el control de la pandemia. Muchos ya no se reúnen presencialmente, solo de forma virtual, con las limitaciones que eso significa, o incluso han dejado de verse las caras. Otros están intentando mantener sus actividades, a pesar de todas las dificultades, inventando formas nuevas, y cada vez vemos más protestas públicas. Las dudas sobre qué hacer están ahí, nunca habíamos vivido nada parecido: ¿podemos convocar concentraciones o manifestaciones y de qué tipo? ¿Vale la pena? ¿Estamos siendo responsables? ¿Es legal reunirse? ¿Nos pueden multar por ser más de seis? ¿Cómo se para un desahucio en estas condiciones? ¿Qué hacemos si intentan desalojar nuestro centro social durante el toque de queda?

Lo cierto es que, sorprendentemente, ni en las leyes que declaraban el anterior estado de alarma, ni en el actual, aparece ninguna mención a la actividad política y sindical. Aunque sí se recoge un apartado expreso sobre las restricciones de aforo en lugares de culto con el objetivo, dicen, de “garantizar el derecho de culto”. Sin embargo, el ejercicio de los derechos políticos no parece merecedor de un apartado especial. En los medios, e incluso en las redes, apenas se habla del tema, como si los considerásemos algo irrelevante. Por desgracia, el escaso discurso público sobre la restricción de derechos fundamentales parte únicamente de los elementos más extremos de la derecha. Lo que llamamos izquierda ha abandonado su defensa y ha asumido el marco de que lo más ‘responsable’ es reivindicar las medidas restrictivas en casi cualquier caso, a pesar de que podemos empezar a percibir un cambio de sentido común sobre estas respecto de la primera oleada cuando apenas nadie se salía del guion. (Recordemos que el reconocimiento de estos derechos ha llevado siglos de pelea por parte del movimiento obrero y que todavía hoy hay que seguir peleando la posibilidad de poder luchar –la Ley Mordaza es un ejemplo).

Ya sabemos que organizarse es bastante complicado de por sí. Este escenario lo dificulta aún más. Lo virtual, la división en grupos más pequeños para reunirse, la delegación de la toma de decisiones en comités están minando, en muchos casos, las formas de democracia interna de las organizaciones –una cuestión en la que andamos siempre enzarzadas–. En organizaciones –como la PAH– donde buena parte de la militancia pertenece a sectores sociales que tienen menos dominio de las herramientas tecnológicas o posibilidad de usarlas, esta situación está dificultando la participación de estas personas. Entendemos la urgencia, pero sabemos que a largo plazo puede tener consecuencias, genera tensiones internas y malestares que pueden afectar a las capacidades de la organización. “Es pasajero”, pensamos, pero no sabemos cómo quedará el tejido social cuando esto termine –ni cuándo lo hará–, quizás cuando más necesario sea un tejido movimentista fuerte.

La situación golpea pues duramente a los movimientos sociales y sindicatos de base justo en un momento en que necesitamos más fuerza para pelear por el sentido de las medidas de reconstrucción y por qué parte de los fondos europeos vamos a ser capaces de ganar para redistribuir entre los de abajo. ¿Qué hacemos si los préstamos llegan condicionados desde Bruselas a nuevos recortes?

Hoy ya estamos atravesando esta extraña crisis que deja colas infinitas en los repartos de alimentos y cuyo fin es incierto, una crisis que se superpone sobre los coletazos de la anterior. Los desahucios se han reanudado, los cortes de servicios, hasta hace poco en moratoria, también. Hay gente sin casa a la que se recomienda o exige quedarse en ella. Hay gente sin agua y sin luz que no pueden irse al bar a calentarse. Sin embargo, el nivel de movilización es muy bajo. Pablo Iglesias ha pedido a los movimientos sociales que le exijan, que “su capacidad de presión es condición de posibilidad de que los gobiernos puedan hacer ciertas cosas”. No estaría de más, si esto piensa, que derogase la Ley Mordaza que ya se está aplicando en algunos lugares para desarticular a las PAHs mediante la imposición de multas de miles de euros a quienes paran desahucios o usan la desobediencia civil como parte de su estrategia política. La derogación de esta ley, que recordemos, fue una promesa del pacto de gobierno, ha quedado sepultada por su utilización para penalizar el incumplimiento de las restricciones de la pandemia. Pero la responsabilidad también está de nuestro lado: la de decidir que vale la pena seguir luchando, poner las condiciones para que pueda hacerse cumpliendo las recomendaciones sanitarias –en la medida de lo posible– y defender esta postura públicamente.

En general, estamos asistiendo a un nivel inaudito de autocensura en los movimientos sociales. A veces, la militancia está siendo más estricta a la hora de autorrestringirse que la propia ley. Dejamos de hacer reuniones que están permitidas, incluso pudiendo garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, o suspendemos movilizaciones públicas por miedo a dar una imagen de “irresponsables”. Aunque lo responsable, sin duda, es seguir movilizados. Es verdad que hay indeterminación legal –no siempre sabemos qué se puede hacer y qué no–, miedo a las multas, miedo al virus. Pero más allá de estos legítimos temores, hemos normalizado rápidamente que nuestra actividad política o sindical es prescindible, que no es una actividad “esencial” como trabajar o ir de compras. Como si la militancia fuese parte de nuestro ocio o algo que hacemos en nuestros ratos libres y que podemos, por tanto, suspenderla sin mayor consideración. La organización política y asociativa es esencial, sin embargo, para el buen funcionamiento democrático en todos los órdenes.

Por supuesto, mientras estemos obligados a trabajar –y tampoco podemos dejar de hacerlo si no nos garantizan renta suficiente para vivir–, la actividad sindical no puede ser algo prescindible. Si el trabajo no para, la lucha por reducir el nivel de explotación, tampoco. Hoy el nivel de conflictividad en las empresas está aumentando por la crisis y en breve vamos a vivir despidos masivos. Las patronales no necesitan reunir gente: les basta levantar teléfonos. Nosotros no tenemos más fuerza que la que seamos capaces de oponer o de hacer visible –sobre todo más allá de las redes–. Además, esta fuerza depende del conflicto que consigamos articular, pero las movilizaciones que se organizan telemáticamente nunca pueden alcanzar el nivel de conflictividad de aquellas que se organizan cara a cara. Cuando se genera confianza personal con el resto de militantes, cuando crees en el colectivo, el riesgo que estás dispuesto a asumir siempre es mayor.

¿Qué dice la ley?

Uno de los principales problemas es la indeterminación. Es difícil saber lo que se puede y no se puede hacer y tenemos constancia de que la policía está usando esta indeterminación para impedir formaciones o reuniones políticas, para disolver concentraciones, o incluso que se han llevado a gente de manifestaciones para multarlas por “tener la mascarilla mal colocada”. Hoy, supuestamente, podrían entrar a un centro social a contar las personas que asisten a una reunión e impedirla si consideran que las sillas no están a la distancia adecuada o excede el aforo, un ejercicio de control político inaudito que estamos naturalizando a la velocidad del rayo.

Como hemos señalado, el Real Decreto del estado de alarma del 25 de octubre no habla específicamente de actividad política y sindical. Lo único que nombra es el derecho de manifestación que podrá ser limitado, e incluso prohibido, cuando en la comunicación previa “no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios”. Entendemos que esto depende de una valoración que da lugar a un cierto margen de arbitrariedad que otorga mayor poder de control a las autoridades. Por otra parte, ¿cómo se garantiza la distancia de seguridad si estás intentando parar un desahucio?

Pero ¿están limitadas las asambleas políticas a seis personas? Respecto al derecho de reunión, el estado de alarma restringe las reuniones “familiares y de ocio”, tanto en espacios cerrados como al aire libre, a seis participantes –que pueden ser reducidas aún más por las comunidades– (De hecho el decreto es un marco normativo general que las comunidades pueden ajustar en sus territorios). Es decir, limita todo aquello que se supone iría incluido en el ámbito de las actividades realizadas durante el “tiempo libre”. Como hemos dicho, para el culto desarrolla un apartado especial que impone restricciones de aforo. El resto de actividades laborales e institucionales no tienen ningún tipo de restricción –salvo las que imponen las recomendaciones de sanidad y recogen los protocolos de riesgos laborales de distancia, mascarillas, etcétera–. Es decir, en principio, las oficinas, las fábricas o los call center pueden tener a cientos de trabajadores en la misma sala. Las tiendas, los comercios, los teatros y cines también pueden seguir abiertos al público. Los transportes –todos hemos visto imágenes estos días de metros atestados– no tienen ningún tipo de restricción legal de aforo.

¿Qué pasa con las actividades políticas que no son trabajo, ni culto, ni ocio? Ateniéndonos a la formulación de la ley, y dado que no hay un apartado específico que proteja el derecho fundamental de participación política y sindical, creemos que estas actividades podrían quedar recogidas en la excepción de la actividad “institucional”. Ya hemos explicado que no son actividades de ocio y tiempo libre y, también, que son esenciales para el funcionamiento democrático de una sociedad. Si actos como el aniversario de El Español son legales por constituir “actividad institucional” no restringida por el estado de alarma, es lógico considerar que las reuniones y actividades de asociaciones de vecinas, AMPAS, sindicatos, plataformas de vivienda, educación o sanidad pública lo sean también. Las PAHs y los Centros Sociales, sin duda, también son instituciones. Al quedar recogidas como actividades institucionales, también quedarían exentas del cumplimiento del toque de queda –una de las medidas de restricción de movilidad más extremas hoy–. Al menos para que las personas puedan regresar a casa después de una de estas actividades, tal y como recoge la ley.

Con la pandemia hemos visto claramente cómo la sanidad pública ha sido maltratada con contratos precarios y privatizaciones. Si todavía resiste, con limitaciones, es porque se frenó algo su desmantelamiento gracias a las luchas precedentes de la Marea Blanca. Por suerte, las movilizaciones en sanidad siguen hoy en plena pandemia. Asumimos que hace falta mucha más inversión pública en sanidad, en rastreadores, en test, en personal, etc. En lugar de inversión social y sanitaria en los barrios más depauperados, llegan más policías y prohibiciones. Como han explicado ya muchos especialistas, los determinantes sociales de la salud como la precarización laboral, la pobreza, los problemas en la vivienda o las injusticias ambientales, están relacionados con las políticas públicas y la desigual distribución del poder. “Así pues, las acciones de quienes tienen más poder y deciden las políticas son decisivas para salvar vidas o bien para matar desigualmente a la gente”, decía el investigador Joan Benach hace poco. Pedir responsabilidades a ese nivel implica movilizarse más allá de las redes para cambiar el sentido de los mensajes mediáticos y políticos que inciden en la responsabilidad individual frente a la colectiva.

Por tanto, tenemos que defender públicamente que la organización social y las protestas son necesarias para cuidar lo común –siempre que cumplan las restricciones sanitarias el máximo posible–. Esto no evitará determinados debates sobre qué actividades realizar y cuáles no y en qué condiciones. Sin embargo, el marco general de discusión será ya otro: el de que la actividad política y sindical es esencial y no siempre puede hacerse desde casa.

Cada colectivo o agrupación debería reflexionar sobre cómo realizar su actividad de la forma más segura posible. Todo ello, evidentemente, dando espacio a los miedos legítimos de los y las militantes y haciéndose cargo de que hay riesgos reales –no todos pueden asumirlos de la misma manera porque no partimos de la misma situación–. Como siempre, hay que intentar no dejar a nadie fuera y tratar de extender la posibilidad de luchar a todos, cualquiera que sea su condición social o su estado de salud. Por último, tendríamos que defender nuestras actividades de manera pública explicando los motivos por los cuales es imprescindible seguir con las actividades políticas en pandemia para empujar el sentido común. Como hemos dicho, luchar es una forma de fortalecer los derechos, la salud y el bienestar de toda la población, implica una responsabilidad con la comunidad. Hagámoslo oír.

Julian Gómez del Castillo en Honduras

Julián, ahora más que nunca

Rodrigo Lastra

Julián Gómez del Castillo. (Santander 1923- Madrid 2006): Hijo del movimiento obrero. Es decir, hijo de Francisco y Lola. Su padre tipógrafo, como su abuelo, de los que habían fundado el PSOE en Asturias y Cantabria. Su madre, inmigrante castellana huérfana. Su padre, militante obrero socialista, muere en la huelga revolucionarias de 1934. Julián militó desde muy temprano en las Juventudes Socialistas. Aprendió desde la cuna el gran valor que la cultura y la formación tenían para los que durante generaciones y generaciones habían estado privados de ellas.

A 18 años, y tras un proceso de conversión, se bautizará cristiano. El amor al Ideal cobró una nueva dimensión al descubrir la fe y encontrarse con el Cristo de los evangelios. Descubrió al Jesús que está con los pobres y la necesidad de tender puentes entre la Iglesia y el mundo obrero, realidades que en las últimas décadas habían sufrido grandes desencuentros. Eso le llevará a formar parte del grupo fundador de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) en 1946, junto a Guillermo Rovirosa y un puñado de militantes obreros conversos que habían militado en el socialismo, en el anarcosindicalismo y en el marxismo. En 1963 fundará la editorial ZYX (cuyas siglas, las últimas letras del alfabeto, eran una declarada intención del compromiso con los últimos). En 1975 se embarca el Movimiento Obrero Autogestionario (con su breve paso por Unión Sindical Obrera e intensos diálogos con el mundo libertario). En 1980, junto a un puñado de amigos, funda el Movimiento Cultural Cristiano, y en 2004 el partido Solidaridad y Autogestión Internacionalista. Siempre queriendo dialogar y tender puentes en la construcción de un mundo más fraterno. Falleció el 29 de octubre de 2006

Conocí a Julián Gómez del Castillo hace ahora unos 25 años. Fue en la casa de un matrimonio amigo, en la cocina, a la hora del café, de un piso en Valladolid. Ese día Javi y Ana me hicieron uno de los regalos más preciosos que me han hecho en la vida: presentarme a un apóstol, conocer a Julián. Yo tenía 19 años, y apenas llevaba 2 estudiando la carrera de medicina. No seas como esos médicos que son como perros, que sólo van donde van las perras fue lo primero que me dijo, y me puso como ejemplo aquel médico granadino de principios del S.XX, que cobraba a los ricos, mientras a los gitanos que vivían en las cuevas del Albaicín les dejaba billetes debajo de la almohada. Fue la primera lección, de las tantas que aprendí de Julián. Puedes ser fontanero, albañil, maestro, ingeniero, pintor, medico… pero SE SOLIDARIO. La Vida Solidaria lo fue todo para él. Lo más importante para la vida militante es la Solidaridad. Y la única razón para la vida solidaria es Dios. Este es el legado más importante que nos ha dejado Julián.

A los pocos meses hicimos con él, el cursillo de conversión. Recuerdo que, al finalizar el curso, Raquel me dijo que había tenido la sensación de haber conocido a un santo. Desde aquel día, siempre he tenido esa convicción. Y desde aquel día hasta hoy, no dudamos en embarcar nuestra vida con aquella pandilla de locos, de amigos, de enamorados de Jesús, de los pobres y de la Iglesia… que era el Movimiento Cultural Cristiano y ahora es Encuentro y Solidaridad. Tras años de búsqueda, nos encontramos con la militancia cristiana: Permanentes en la oración, permanentes en la lucha. Esa era la propuesta que nos hacía la Iglesia a través de Julián.

Julián, un referente para los jóvenes

Por nuestra juventud, conocimos a Julián en la última etapa de su vida. Aún fumaba, y a pesar de sus setenta y pocos años trasmitía una fuerza, una fe, una esperanza… que a Raquel y a mí, nos cambio la vida. Julian es de aquellas personas, que a medida que le conoces más de cerca, más grande te parece su figura. Más te cuestionaba su vida pobre y entregada. Más te sentías amado, con ese amor exigente que el derrochaba. Como muchos otros, guardaré para siempre en mi corazón, como tesoros, ciertos momentos de amor entrañable que el tuvo para con nosotros. Cuantas más cosas tengamos, menos espíritu de oración. Las cosas nos acaban poseyendo. Entregar tiempo, entregar cosas materiales, entregar la vida…

Años más tarde, y por mi condición de médico, tuve la gracia de poder estar cerca de él en los últimos meses de su vida. Tengo todavía muy fresco el día que me tocó decirle que tenía un cáncer de pulmón extendido a los huesos. Trini le cogió la mano, y le dijo: Ahora Julián, a abrazarnos a la Cruz. Él le contestó: Así sea, lo que Dios quiera. Uno de los allí presente dijo, lo que yo también pensaba: Bueno Julián, lo que Dios quiera, pero también lo que los médicos digan. – ¡No! Contestó Julián– Lo que Dios quiera y punto! Dio un abrazo a su mujer y rezamos un padrenuestro. Así vivió Julián hasta el último día de su vida el Hágase tu voluntad de la oración que Jesús nos enseño. Su vida fue un Padre Nuestro continuo.

Militancia en Zaragoza

Fue él quién impulsó a un grupo de militantes a comenzar a venir a Zaragoza. Fue quien nos hizo el mejor regalo de bodas, animarnos a venir a la capital aragonesa a continuar la tarea apostólica. Ha sido quien nos ha hecho volver muestra mirada a los pobres de la tierra, conocer y tener la gracia de continuar el movimiento de liberación de los empobrecidos. En él hemos descubierto vitalmente la historia de los pobres. Conocerle ha sido conocer a un Apóstol de la Iglesia, a un militante obrero de coraza dura y corazón encogido por el dolor de los últimos de la Tierra.

Fuerte con los poderosos, humilde con los débiles, implacable con los que humillan a los pobres. Los pobres son sacramento del Señor, y por tanto lugar de encuentro del hombre con Dios. Por eso el movimiento obrero fue solidario cuando se acercó a los pobres-sacramento. En el movimiento obrero se vivía la Solidaridad, no como héroes, sino como su forma de vivir. Recuerdo una larga conversación por los muelles de Santander sobre militantes obreros. Quintanilla, Besteiro (a quien Julián debía su nombre), Seguí, Mera, Saborit, Alonso, Abad de Santillán… Salí sobrecogido. Historia viva legándonos un patrimonio, del cual Julián era uno de los últimos eslabones de esa cadena que se nos trasmitía.

Cuando a los jóvenes se nos planteaba alguna dificultad, él siempre nos decía lo primero mirad a ver como lo han resuelto otros antes que vosotros. No hay problema o experiencia humana, que, en su sentido más profundo, no se hayan planteado antes nuestros antecesores… y que no hubiera resuelto, incluido los pobres. Esa era su pasión por la Historia de los pobres, por la Historia de la Iglesia que nos transmitió a muchos.

Promoción de Cultura Solidaria

Nos preguntaba, con aquellas cuestiones que lanzaba y te hacían pensar una semana entera, Para los empobrecidos que es más importante ¿Poner un puesto de publicaciones solidarias, o mandar un millón de pesetas al Tercer Mundo? La contestación nos la daba con su ejemplo, quien más cultura había editado y difundido en la segunda mitad del S. XX en España. Miles de personas han conocido el movimiento obrero, a Helder Cámara, a Pestaña, a Proudhon…, por Julián. El Tú, El Boletín, ZYX, Voz de los sin Voz… miles de títulos diferentes publicados, millones de semillas de esperanza sembradas por todo el mundo.

Un 29 de octubre, hace ahora 14 años, cuando recibí la llamada que me comunicaba el fallecimiento de Julián, estaba llegando a Zaragoza donde íbamos a poner un puesto con libros en la parroquia de San Andrés. Llamé a Raquel, y hablamos de suspenderlo.Pero nos acordamos de sus palabras, y pusimos el puesto. Ese fue nuestro pequeño homenaje. Sí, el largo camino de la cultura de solidaridad, es más importante y necesario para los empobrecidos, que darles 6.000 euros. Esa fue la manera de Julián de luchar contra el asistencialismo que castraba la promoción de los pobres.

La labor con los inmigrantes en Zaragoza

Fuente: Iglesia en Aragón

«Nuestra labor con los migrantes ha sido   expresar con hechos que no están solos»

La delegación de Pastoral de Migraciones de Zaragoza, a través de la Mesa de la Hospitalidad, ha practicado durante la pandemia la asistencia al forastero gracias a la colaboración inestimable de voluntarios y de los generosos fondos donados por sacerdotes y laicos de la archidiócesis.La delegación Episcopal de Migraciones, gracias al trabajo de la Mesa por la Hospitalidad, ha canalizado durante la pandemia las llamadas de personas migrantes que debido al Covid-19 perdieron sus trabajos y no pudieron hacer frente a sus necesidades básicas. «Frente a la posibilidad de ser desahuciados muchos de ellos, alojados pagando habitaciones, no tenían ningún contrato que garantizara su permanencia y llamaban angustiados», comenta Raquel Martínez, delegada de la Pastoral de Migraciones de Zaragoza.

Pero el trabajo de la Mesa no ha consistido únicamente en atender a estas personas telefónicamente. También los han asesorado sobre los recursos a los que podían acceder, asegurar que sus necesidades básicas estuvieran cubiertas, se han coordinado con Cáritas para el pago de los alquileres y se han realido acogidas temporales en alguna de las posadas de la Mesa de la Hospitalidad.

«Hemos intentado ser Buena Noticia en medio de tan malas noticias para quienes mayor vulnerabilidad tenían, ser portadores de un mensaje tranquilizador, de cierta paz en medio de la tormenta, cuando las condiciones parecían peores o más inseguras para estas familias, nuestro gesto ha sido expresar con hechos que no están solos», asegura la delegada de Pastoral de Migraciones.

Dones recibidos

Durante esta situación, han podido aumentar el número de familias acogidas, gracias a que el arzobispado de Zaragoza y las comunidades parroquiales han puesto a disposición viviendas: un piso en las fuentes, un piso de la parroquia de San Lamberto, en Miralbueno, y otro piso de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Además de una vivienda que estando cedida por el Arzobispado a la Fundación Solidaridad sin que tuviera ya personas acogidas, les han cedido ambas instituciones.

La puesta a disposición durante un año de viviendas del Arzobispado de Zaragoza a la Delegación Episcopal de Migraciones ha sido «una gran alegría», afirma Raquel, quien añade que «también lo ha sido poder obtener financiación del Fondo Diocesano para atenuar la crisis social creada por la pandemia, al que muchos sacerdotes de la diócesis realizaron una aportación generosa, así como posteriormente los laicos». Esta ayuda, junto con la colecta específica de Cuaresma que han realizado varias parroquias, la han utilizado, en parte, para la puesta a punto de las viviendas.

Por otro lado, ha sido fundamental la donación de enseres de hogar cedidos por muchas personas generosas. Además, durante el estado de alarma la parroquia de San Miguel y las Canonesas del Santo Sepulcro organizaron más recogida de enseres.

Labor de voluntarios

«Damos gracias a Dios por todas las personas dispuestas a formar parte de los equipos de hospitalidad de cada vivienda. Actualmente la Mesa de la Hospitalidad cuenta con personas dispuestas a acompañar en grupos de 2 o 3 voluntarios a cada una de las familias, y hacer una experiencia colectiva y eclesial de encuentro con familias que necesitan su cercanía y calidez», asiente con alegría Raquel.

Desde octubre de 2019, la delegación de Pastoral de Migraciones ha acogido a doce familias, con un total de veintidós adultos y quince menores, siendo 6 de ellas, familias monoparentales. Con el cierre de fronteras, las circunstancias están cambiando, pero siguen trabajando para dar respuesta a las situaciones que van surgiendo. Raquel asegura que, desde la Mesa de la Hospitalidad «queremos seguir en el camino de transformar este mundo y dedicar también esfuerzos a los desplazados internos, tal y cómo nos indica el papa Francisco en el mensaje para la Jornada del Refugiado que se celebrará el día 27 de septiembre».

Jóvenes y solidaridad en tiempos de pandemia

Nuria Sánchez

Juegos de agua y deporte, reflexión y diálogos, música y naturaleza, servicio y trabajo, amistad, formación, solidaridad: ¡¡¡Campamentos!!!

En tiempos de COVID también es posible organizarse, compartir y convivir. Los campamentos de niños y jóvenes de SAL este verano 2020 lo han demostrado. Con seriedad y mascarillas, cuidando las medidas de seguridad y las distancias, y organizando todo concienzudamente para minimizar el riesgo de contagio.

Con mucho trabajo de organización y planificación para prever hasta los más pequeños detalles, con un esfuerzo de imaginación y entrega de los responsables, y con horas de alegría y colaboración de cada uno de los asistentes, han sido posibles los campamentos de este año.

A las risas, las canciones, y los momentos inolvidables, se suma la satisfacción de que se está haciendo algo grande: vencer las dificultades y mostrar que es posible ser máximamente responsable con la pandemia y máximamente responsable con los niños y jóvenes con los que se trabaja, que necesitan, como todos, más amigos, menos sofá y más servicio.

Porque durante mucho tiempo hemos visto cómo abrían terrazas y centros comerciales y seguían cerradas bibliotecas y colegios. Cómo se les ha privado de encuentro, formación, contacto con la naturaleza.

Gracias a cada uno de los niños, jóvenes y adultos, que han puesto un poco de su entusiasmo, ritmo, trabajo, entrega, ¡AMOR! Para que en 2020 también hubiese campamentos.

Ahora más que nunca: Solidaridad

La culpa es de los inmigrantes y de los ciclistas

Eduardo Ros Córcoles


Es una especie de chiste triste judío desde la primera guerra mundial: “la culpa de la crisis es de los judíos” dice fulano, “de los judíos y de los ciclistas” le contesta mengano, “¿de los ciclistas por qué?” dice el primero, a lo que el otro contesta “Ya…¿y de los judíos por qué?

Cuando en la Alemania de los años 30 gran parte de la sociedad se preguntaba primero “¿por qué de los ciclistas?” el desastre estaba servido. Cuando se encuentra un contagiado de COVID-19 en un asentamiento de temporeros de Albacete y estalla la situación, podríamos decir igual que “la culpa es de los inmigrantes y de los ciclistas”.

Hay un par de cosas en las que sí están de acuerdo tanto los colectivos independientes de apoyo a los inmigrantes como los partidarios de más “mano dura”, una es que esto se veía venir, que la situación de los temporeros garantizaba el contagio y que el confinamiento en esas condiciones era insostenible. La otra es el total abandono por parte de las administraciones, locales, regionales y nacionales, actuando siempre mal y tarde y sólo para apartar el problema a la jurisdicción de otro y aparentar ante su electorado.

Cualquiera que dedique un rato a estudiar el efecto económico real de la inmigración sabe que aporta mucho más de lo que cuesta. Eso lo reconocen hasta los estudios del sector bancario, uno de ellos, del Citigroup, atribuye a la inmigración un 20-30% del crecimiento de la economía europea entre 1990 y 2015 y los estudios que paga La Caixa coinciden en conclusiones con los de Cáritas y los de UGT. Es decir, que es un hecho conocido por todos nuestros representantes, díganse zurdos o diestros, que la inmigración enriquece nuestra economía, otra cosa son los problemas de convivencia que se generan por las condiciones en las que se inmigra y otra, la peor, es el querer sacar provecho partidista del miedo, los prejuicios racistas o el buenismo.

Las consignas de “mano dura” o de “acogimiento” de los distintos partidos son sólo eslóganes publicitarios para sus caladeros de votos, la política de migración viene dada por poderes que no cambian cada 4 años, se mantiene aunque cambie el color del partido que gobierne. Así el programa sobre inmigración de Vox lo está llevando a cabo en la práctica este gobierno, lo denuncian, entre otros, el informe del Defensor del Pueblo sobre las devoluciones en caliente y el manifiesto de la Comisión de Ayuda al Refugiado de febrero de este año.

Lleva razón el Director del Secretariado Diocesano de Migraciones, misionero durante años en Burkina Faso, cuando habla de los temporeros de Albacete: «A la mayoría los necesitamos… Pienso en la gente del campo, que los contrata, y se deben estar echando a temblar, pues ellos son los que recogen las patatas, las cebollas, las lechugas o los ajos porque los españoles no lo hacen. Son los que nos sacan las castañas del fuego, tanto a los cultivadores como a los consumidores».

Imagino que para jóvenes cómo los senegaleses que se presentaron hace un par de semanas en Casas Ibañez desde Tenerife porque alguien les dijo que había trabajo en el champiñón, el coronavirus, comparado con lo que han vivido, es una amenaza muy incierta y lejana, el menor de sus problemas.

“Tienen que respetar las costumbres del país que les acoge” Este es un argumento que se suele oír para referirse a lo problemas asociados a la inmigración descontrolada, totalmente de acuerdo, esto implica tanto respetar el orden público como ejercer otra de las sanas costumbres de nuestro país: la de reclamar salarios justos y condiciones de vida digna.

Criminalizar un colectivo, ya sea el de inmigrantes o el de empresarios agrícolas es hacerle el juego a quienes son realmente responsables de la violencia que generan estas situaciones. Decir cosas del estilo de “muchos empresarios, no todos, son explotadores” tiene el mismo tufillo sectario que decir “muchos emigrantes, no todos, son delincuentes” además no sirve de nada aunque las condiciones de vida de unos y otros sean incomparables. No sirve  porque la corrupción, como el virus, no distingue nacionalidad ni cantidad de melanina en la piel, entre las redes de explotación hay tanto empresarios como inmigrantes cómplices que explotan a compatriotas. Así fue en los casos que más han trascendido por llegar a los juzgados, en 2014 con rumanos en Barrax y el año pasado en La Roda, en el 2008 con moldavos en Balazote… y lo que queda.

El ser humano siempre migra de donde no hay comida ni seguridad a donde crea que las encontrará, esto lleva siendo así desde antes de Atapuerca, ningún lunático, ningún imperio ni estado lo ha evitado duraderamente, lo gestionaremos según sean los valores que predominen en la sociedad.

No tenemos que inventar nada nuevo, bastaría con recordar cómo los albaceteños iban por miles a la vendimia y a la recogida de manzana en Francia hace unos pocos años, con su contrato y su alojamiento concertado con antelación, aún con sus carencias, sus condiciones eran mucho más dignas que las de los temporeros que se han visto acorralados, unas decenas salieron a hacerse ver, armaron follón, dañaron un coche, asustaron a gente y provocaron pérdidas en negocios de hostelería, mal, pero nada comparable con el infierno que han vivido sólo para llegar aquí. En los videos que algunos medios han publicado (por cierto con un tratamiento muy sensacionalista) se puede ver a inmigrantes intentando evitar la violencia de algunos de sus compañeros y la Asociación de Inmigrantes Africanos de Albacete ha criticado claramente la agresividad de la manifestación. Los que tenemos luz y agua corriente no sólo pagamos impuestos sino que hemos dado el monopolio del uso de la fuerza a las administraciones para que doten de medios y formación a los funcionarios encargados de mantener el orden con el mayor diálogo y la menor violencia posible y no reservar las medidas policiales preventivas sólo para evitar que los hooligans destrocen la fuente del parque porque ha ganado su equipo.

Si no hemos padecido antes y con más violencia los efectos colaterales de tener malviviendo a miles de jóvenes temporeros en Albacete se lo tenemos que agradecer, entre otros, a los voluntarios del comedor de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón (Cotolengo), a los de la lavandería solidaria de Justicia y Paz, Cruz Roja y a muchos otras personas anónimas que no están en las redes sociales, están donde tienen que estar. Gracias.

110 obispos de todo el mundo reclaman a la UE leyes de diligencia debida

Publicado en Alfa y Omega


La Alianza Internacional de ONG Católicas de Desarrollo (CIDSE) ha coordinado el lanzamiento de una declaración en la que obispos del tercer mundo y de Europa reclaman normativas para obligar a las empresas a asegurarse de que todo su proceso productivo (incluidas las fases que dependen de sus proveedores) respete los derechos humanos.

«Ahora más que nunca necesitamos leyes de diligencia debida obligatoria en las cadenas de suministros para frenar los abusos de las empresas y garantizar la solidaridad global». Lo afirman 110 obispos en un comunicado en el que reclaman que a nivel nacional, pero sobre todo internacional, se introduzcan medidas vinculantes que hagan a las empresas responsables por ley de asegurar el respeto a los derechos humanos a lo largo de todo su proceso de producción.

Esta reivindicación, puesta en marcha por la Alianza Internacional de ONG Católicas de Desarrollo (CIDSE), se lanza en un momento en el que el COVID-19 ha exacerbado la situación, aseguran los responsables. La crisis global desatada por la pandemia «ha sembrado el caos en las cadenas de suministro globales que unen las fábricas a través de las fronteras». Además, ha expuesto «nuestra dependencia de los trabajadores vulnerables que realizan trabajos esenciales en todo el mundo» al tiempo que carecen de protección social.

Sin una legislación adecuada, aseguran los obispos firmantes, no se impedirá a las empresas transnacionales llevar a cabo evasión fiscal, abusar de los derechos humanos, infringir las leyes laborales y destruir ecosistemas enteros. Estos abusos pueden ser cometidos por ellas o por sus proveedores.

Responsables de controlar a los proveedores

Lo que pretenden las leyes de diligencia debida obligatoria es que las empresas pongan todos los medios para asegurar que en cada paso del proceso productivo se respeten las leyes, los derechos humanos y el medio ambiente. Los prelados afirman que los intentos de hacer esto de forma voluntaria han fracasado, por lo que una legislación obligatoria es la única opción para proteger a las comunidades.

El comunicado se ha hecho público este lunes, pocos días después de que Alemania asumiera la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Los promotores esperan que este semestre sirva para impulsar este tipo de legislación, del que el país germano se ha mostrado partidario, y para armonizar el mosaico actual.

La UE ya cuenta con algunas medidas en este sentido, como la regulación sobre suministro responsable de minerales de zonas de conflicto, que entrará en vigor en 2021. Pero entidades como la Fundación Alboán, el Instituto Popular de Capacitación de Colombia o German Watch criticaron hace meses que esta normativa no incluye las medidas suficientes ni contempla todos los riesgos.

Promesas de un pronto desarrollo

Didier Reynders, Comisionado de Justicia de la UE dio recientemente un paso en la dirección correcta al anunciar que la legislación de la UE sobre derechos humanos obligatorios y debida diligencia ambiental para las corporaciones se desarrollará pronto, como su contribución al Acuerdo Verde Europeo y en el contexto del plan de recuperación posterior a COVID-19 de la UE.

La declaración celebra esta muestra de buena voluntad y también llama a los líderes estatales a avanzar en la legislación vinculante a nivel de la ONU a través de la participación en el proceso actual para un Tratado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Actividades Empresariales.

Denuncias desde los países de origen

Entre los obispos que firman el texto se encuentran los cardenales Jean-Claude Hollerich, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE), y Charles Bo, arzobispo de Yangon, en Myanmar. Hace apenas unos días el cardenal Bo denunció públicamente «la total negligencia y arrogancias de empresas que siguen deshumanizando a los pobres del país» y que tienen, como consecuencia final, desastres como la muerte de 172 trabajadores informales que fueron sepultados por un corrimiento de tierra cuando recogían restos de jade.

Otros obispos, de países como la India, Uganda y Colombia, también han sido testigos de cómo sus comunidades se veían afectadas por las acciones de empresas transnacionales. Cuentan con el apoyo de los obispos de Europa (Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suiza o Países Bajos) que se han sumado a la petición, subrayando la necesidad de que la UE asuma su responsabilidad. La declaración está abierta a nuevas adhesiones.

Josianne Gauthier, secretaria general de CIDSE, ha destacado cómo «me inspira ver a tantos representantes de la Iglesia hablando con una sola voz sobre el tema de la regulación corporativa, apuntalando el trabajo de muchas mujeres y hombres, muchos de ellos socios de CIDSE, cuya vida se dedica a la defensa de los derechos humanos y ambientales. Todos estamos interconectados y les debemos apoyar su lucha de cualquier manera que podamos».

Democracia auténtica: economía ética

No hay «demo-cracia» si gobierna el mercado

Adela Cortina
Publicado en Agenda Latinoamericana mundial. «La otra economía». 2013


El fracaso de la economía vigente es palmario. Persisten el hambre, la pobreza y la exclusión, aunque hay medios más que suficientes para erradicarlas. Pero también es evidente la insatisfacción que produce el actual funcionamiento de las democracias, porque ni están al servicio de todas las personas ni los ciudadanos se sienten protagonistas de la vida política.

Es urgente crear otra economía, una economía ética, y dar cuerpo a democracias que respondan con los hechos al nombre que llevan. Para hacerlo no hay que huir de este mundo, sino exigirle que la economía cumpla las tareas por las que dice legitimarse, y que las democracias se conviertan en auténticas democracias. Eso se consigue intentando detectar lúcida y cordialmente las tendencias que es preciso reforzar, sugiriendo desde ellas caminos nuevos, y eliminando las tendencias dañinas.

Es urgente plasmar una economía ética, a la altura de las personas y de la sostenibilidad de la naturaleza. Pero no habrá economía ética sin democracia auténtica. Estos serían algunos de los rasgos que deberían caracterizarlas.

1. Una democracia auténtica

La democracia es la mejor forma de gobierno que hemos descubierto. Según la caracterización más conocida, es «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». Lo cual exige, al menos, tres cosas:

1) Que esté al servicio de todos los que componen el pueblo sin exclusiones.
2) Todos los que forman parte de la comunidad política tienen que ser reconocidos como ciudadanos.
3) Los ciudadanos, que son los destinatarios de las leyes, tienen que ser también de alguna manera sus autores.

Por eso es importante que la democracia representativa se complemente y se convierta en deliberativa: la ciudadanía ha de ser ciudadanía activa, que elige representantes, les pide cuentas y participa activamente en la vida política. La ciudadanía activa es un motor de transformación social.

2. ¿Qué es un ciudadano?

Un ciudadano es aquella persona que en una comunidad política es su propia señora, no es sierva y mucho menos esclava. Ha de conquistar su libertad, pero sabe que debe hacerlo trabajando solidariamente con los demás ciudadanos, que son sus iguales en tanto que conciudadanos y en tanto que personas. Por eso los valores esenciales de la ciudadanía activa son la libertad, la igualdad, la solidaridad o la fraternidad y la interdependencia. Esto exige, al menos, crear instituciones que hagan posible encarnar dos dimensiones de la ciudadanía: la social y la económica.

3. Ciudadanía social

Es «ciudadano social» aquella persona que ve respetados sus derechos de primera y segunda generación: libertad de conciencia, expresión, asociación, reunión, desplazamiento y participación; pero también sus derechos económicos, sociales y culturales, como son, entre otros, el derecho al trabajo, a la asistencia sanitaria, a la educación o a la cultura. La ciudadanía social recoge los derechos de la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1948, una declaración que compromete a todas las naciones que han firmado los pactos a esforzarse para que se vean protegidos en todos los países de la Tierra. Pero es imposible proteger estos derechos, en el nivel local y global, si quien gobierna no son los ciudadanos a través de sus representantes y de la deliberación pública, sino un mercado financiero, opaco y omnipotente, insensible a los derechos y necesidades de las personas.

Para realizar la democracia auténtica es necesaria otra economía, en que los ciudadanos intervengan. Es necesario hacer posible una ciudadanía económica.

4. Ciudadanía económica

En algún tiempo se decía que las tres grandes preguntas de la economía son: ¿qué se produce, para qué se produce y quién decide lo que se produce? Y ya entonces era una flagrante contradicción afirmar que las personas son iguales en tanto que ciudadanas, pero radicalmente desiguales a la hora de tomar decisiones económicas. Si los afectados por las decisiones económicas nunca son tenidos en cuenta, hay una contradicción entre la ciudadanía política, por la que todos son supuestamente iguales, y la ciudadanía económica, inexistente. Siempre deciden otros qué se produce y para qué, los afectados no son consultados, con lo cual, en ningún lugar de la tierra hay ciudadanos económicos. Parecía que crear las instituciones que hicieran posible la ciudadanía económica era una de las tareas inminentes para el siglo XXI. Sin embargo, este proyecto se complicó todavía más con la financiarización de la economía. Pasamos de una economía productiva a una economía financiera. En ella lo que importa no es quién decide lo que se produce, sino quién decide dónde se invierte para ganar más, aun sin producir bienes y servicios.

Ciudadanos y países pasan a depender de los mercados financieros y de las agencias de rating, y toda posibilidad de ciudadanía económica activa se corta de raíz. Es necesaria otra economía, que tenga por centro a las personas.

5. La meta de la economía: la persona en el centro

La economía no es un mecanismo fatal. Es una actividad humana y, por lo tanto, debe orientarse por unas metas que le dan sentido y legitimidad social. No sólo la política necesita legitimación social, también la necesita la economía.

La meta de una economía legítima consiste en «crear riqueza material e inmaterial para satisfacer las necesidades de las personas y para reforzar sus capacidades básicas de modo que puedan llevar adelante aquellos planes de vida feliz que elijan». La persona tiene que ser el centro y la economía debe colaborar en la tarea de crear buenas sociedades.

6. Los valores de una economía ética

Aunque suele decirse que la economía es una ciencia ajena a los valores morales, que sólo debe preocuparse por la producción eficiente de riqueza, sin atender a su distribución ni tampoco a cómo esa producción afecta a la libertad, la solidaridad y la igualdad de los seres humanos, eso es falso.

Cualquier opción económica potencia unos valores y debilita otros. Una economía legítima tendería a erradicar la pobreza y el hambre, reducir las desigualdades, satisfacer las necesidades básicas, potenciar las capacidades básicas de las personas, reforzar la autoestima, promover la libertad.

7. Los Principios de una Economía Inclusiva

Las personas deben ser el centro de la economía y de la política. Pero las personas no somos individuos aislados, sino seres en relación de reconocimiento mutuo: llegamos a reconocernos como personas porque otras nos han reconocido como personas. La base de la vida social no es el individuo, sino las personas vinculadas entre sí por el reconocimiento recíproco.

Por eso es falso el Principio del Individualismo Posesivo, que dio comienzo al capitalismo y sigue vigente.

Según ese principio, «cada individuo es dueño de sus capacidades y del producto de sus capacidades, sin deber por ello nada a la sociedad». Por el contrario, toda persona es lo que es por su relación con otras, está ligada a las otras personas y, por lo tanto, obligada a ellas. Lo que tiene se debe en muy buena parte a la sociedad, y más en un mundo globalizado. De donde se sigue que los bienes de la tierra son sociales. Y, por lo tanto, tienen que ser globalmente distribuidos. Los principios éticos de la economía ética serían el Reconocimiento de la Igual Dignidad de las Personas, la Apuesta por los más Vulnerables y la Responsabilidad por la Naturaleza, que no permiten exclusión alguna de la vida económica.

8. Consumo justo y felicitante

La desigualdad en las formas de consumo es aterradora entre los países y dentro de ellos. Mientras algunas personas no pueden satisfacer sus necesidades, otras consumen los bienes más sofisticados para satisfacer caprichos y por eso para ellas nunca hay bastante. Una forma de vida humana reclama apostar por un consumo liberador, que no esclavice; por un consumo justo, que tenga en cuenta las necesidades de todos, y por un consumo felicitante, que tenga en cuenta que lo más valioso para conseguir la felicidad es disfrutar de las relaciones humanas. Se hace necesario sellar un Pacto Global sobre el Consumo y potenciar la «ciudadanía del consumidor».

9. Gobernanza global. Ciudadanía cosmopolita

Construir un mundo en el que todas las personas se sientan ciudadanas es el reto político, económico y cultural del siglo XXI. Para ello se hace necesaria una gobernanza global, que haga llegar los beneficios de la globalización a todas las personas. Es ésta una exigencia de justicia.

10. Bienes de justicia y bienes de gratuidad

Pero los bienes de la tierra no son sólo «bienes de justicia», necesidades cuya satisfacción puede reclamarse como un derecho al que corresponde por parte de otros un deber. Quien se sabe cordialmente ligado a otras personas, se sabe también obligado a ellas, le resulta imposible llevar adelante una vida feliz si no es contando con ellas. Hay una creativa economía del don que va más allá del intercambio de equivalentes y abre camino a la gratuidad, que brota de la abundancia del corazón. Sin ella no habrá una economía ética.

Teresa Bellanova, de jornalera a ministra italiana

A los catorce años Teresa Bellanova (Ceglie Messapica, 1958) no disfrutaba de una adolescencia normal. Empezó muy pronto a ser jornalera, justo después de terminar la escuela media, porque en Italia, hasta los noventa, el colegio era obligatorio sólo durante ocho años. Fue una entre los miles de jóvenes de la Puglia, en el sur del país, que trabajaban por cuatro duros en los campos que rodeaban las ciudades, donde se cultivaban olivos, vides y almendros.

Su historia ha cambiado mucho desde entonces. Hace poco más de un mes, cuando cayó el gobierno del Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la ultraderechista Liga tras la crisis estival provocada por la ambición de Matteo Salvini, su nombre empezó a sonar con fuerza para encabezar uno de los ministerios del nuevo Ejecutivo de Giuseppe Conte, respaldado esta vez por los grillini y el Partido Demócrata (PD). Había sido viceministra de Trabajo y de Desarrollo Económico con Matteo Renzi, uno de los cerebros del pacto de gobierno, e hizo un buen papel al desencallar crisis industriales peliagudas. Cuando empezó a salir en las quinielas, las televisiones se llenaron de tertulianos en traje y corbata que criticaban que una mujer sin educación universitaria optase a un cargo de esta envergadura.

Su respuesta fue muy clara: “No pude seguir estudiando, fui a trabajar en los campos. Pero a los chicos que conozco, a mi hijo, les digo: estudiad, estudiad, estudiad…”. El entero PD salió a protegerla en bloque como una política con gran experiencia, parlamentaria desde hace diez años, con cargos de responsabilidad y, sobre todo, curtida en la lucha sindical desde que era muy joven. Incluso recibió críticas machistas de la derecha por el vestido azul eléctrico que eligió para jurar el cargo. “¿Es Carnaval o Halloween?”, llegaron a comentar. Esta vez la defendieron mujeres de todos los partidos.

“Luchar contra la explotación del trabajo en los campos y contra la esclavización de las mujeres lo era todo. Fueron tiempos durísimos decisivos para mi formación: no los he olvidado nunca”.

Feminista desde que tiene uso de razón, Bellanova empezó a rebelarse cuando era adolescente contra las terribles condiciones de trabajo que sufrían las campesinas en el sur de Italia, igual que las que ahora sufren los jornaleros extranjeros, la mayoría inmigrantes subsaharianos. Eran años en los que jóvenes mujeres y madres de familia perdían la vida en los accidentes de autobuses repletos de gente que las llevaban a su lugar de trabajo. Con quince años fue elegida portavoz local de los trabajadores, y en los setenta se convirtió en una joven líder sindical contra la explotación en los campos.

Ella siempre ha contado que en esa época hacía falta “ensuciarse las manos”, por ejemplo, organizando cortes de carreteras para frenar los autobuses de los capataces. “Entonces ya era una joven mujer muy coherente. Su vida social era sólo acción política, la política y el sindicato eran su razón de vivir”, recuerda Patrizia Colella, directora de escuela y buena amiga de juventud. “Luchar contra la explotación del trabajo en los campos y contra la esclavización de las mujeres lo era todo. Fueron tiempos durísimos decisivos para mi formación: no los he olvidado nunca”, promete Bellanova años después.

Las personas que la conocen la describen como una Pasionaria, una mujer que se deja llevar mucho por sus emociones, pero también reflexiva y con gusto por la lectura, sobre todo ensayos. “Le gustan los libros técnicos, sobre economía o política. Siempre que hay un nuevo movimiento debe informarse para saberlo todo”, explica Colella a este diario. Se casó en 1986 con Abdellah El Motassime, un marroquí que fue su intérprete durante un viaje del sindicato CGIL a Marruecos. También era sindicalista, se enamoraron rápidamente y al final él se trasladó a vivir a Roma con ella, aunque siguen pasando los fines de semana en Lecce. Aquí su marido volvió a estudiar, porque sus títulos no fueron reconocidos. Tuvieron un hijo, Alessandro, que sí estudia, medicina.

Después de un rápido ascenso en los sindicatos italianos, en el 2006 el ex primer ministro Massimo D’Alema la fichó como candidata a las elecciones generales y entró en el Parlamento. Ya en la política nacional continuó ocupándose de las condiciones de vida de los campesinos y trabajadores agrícolas, y en el 2012 fue una de las principales artífices de una enorme investigación parlamentaria sobre el trabajo ilegal y la explotación de mano de obra extranjera en los campos. En el 2015 Renzi la nombró viceministra, y, por sorpresa para todos, empezó a apoyarle en las grandes decisiones que enfrentaron al florentino con el ala izquierdista del partido, desde su propuesta de ley electoral a la controvertida reforma laboral. Él siempre se lo ha agradecido en público, y cuenta que “ella sí sabe qué es trabajar duro”. La fidelidad a Renzi ha continuado hasta el punto de dejar el PD para seguirle en Italia Viva, el nuevo partido que presentan juntos este fin de semana en un congreso en Florencia. “Si lo ha hecho es porque estaba convencida, no por interés”, dice Colella.

Bellanova es desde ahora la voz de Renzi en el Ejecutivo, la encargada de negociar las posiciones de Italia Viva con el PD y el M5E, pero sobre todo, ministra de Agricultura, un cargo que corona sus años de lucha en los campos.