Fuente: lamarea.com
“Comprar en tiendas de barrio da vida a nuestras ciudades y genera puestos de trabajo. Por ello propongo que no compremos en Amazon: apenas paga impuestos y no da vida a los barrios”. Así se despachaba la alcaldesa de Barcelona Ada Colau contra la multinacional dirigida por Jeff Bezos y cuyo valor de mercado ya supera el PIB de España. La edil y el primer teniente de alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni (PSC), pidieron hace unos días no consumir a través de la plataforma online durante las fiestas navideñas. La misma recomendación había lanzado anteriormente la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.
Estuvo rápido el gigante estadounidense, que salió al paso recordando que 2.000 pequeñas empresas de Catalunya venden a través de su página web, lo que convierte a la Comunidad Autónoma en líder estatal en el ranking de compañías que comercializan sus productos utilizando la plataforma de Amazon. No es posible, sin embargo, conocer cuántos pequeños comerciantes han tenido que cerrar como consecuencia directa del crecimiento de la multinacional en esta y otras regiones.
Pero, ¿cuáles son los peligros de Amazon que han puesto a Colau e Hidalgo en contra?
Hacia el monopolio
Es cierto que miles de empresas venden sus productos a través de la plataforma americana: según datos de la propia firma, hasta 9.000 pymes españolas operan con su sistema. Sin embargo, recientemente la Comisión Europea (CE) ha acusado a Amazon de utilizar los datos que extrae de estas empresas para vender sus propios productos: “Los datos de la actividad de vendedores terceros no deben ser usados en beneficio de Amazon cuando actúa como competidor con esos vendedores. Las condiciones de competencia en la plataforma de Amazon también deben ser justas”, declaró la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, a mediados de noviembre de 2020.
Una segunda investigación de Bruselas acusa a la multinacional de favorecer de manera artificial sus ofertas o la de aquellos vendedores que utilizan los propios servicios logísticos y de reparto de Amazon.
Pero no solo Europa apunta a Amazon. El Congreso de los Estados Unidos ha llevado a cabo una investigación durante casi un año y medio para analizar el poder de gigantes Apple, Facebook y Google, además del propio Amazon, del que dicen que tiene “poder de monopolio” al controlar entre el 65% y el 70% de todas las ventas dentro del país. Esto obligó a Bezos a comparecer ante el Subcomité Judicial de la Cámara de los EEUU. Tanto su compañía como las otras tres, según la investigación, “erosionan el espíritu empresarial, degradan la privacidad de los estadounidenses online y socavan la vitalidad de la prensa libre y diversa”.
Impuestos difíciles de encontrar
La estructura empresarial del líder del comercio online provoca que su negocio online se vehicule a través de filiales de servicios de logística, gestión de datos y soporte comercial. Amazon EU paga a estas filiales por la prestación de servicios, lo que en 2019 supuso unos ingresos en España por valor de algo menos de 500 millones por los que pagó 4,4 millones en concepto de impuestos de sociedades.
Pero la facturación de todo lo que la multinacional vendió en España no pagó impuestos aquí, sino que se fue directamente a Luxemburgo, considerado un paraíso fiscal por diversas organizaciones como Oxfam Intermón. Es allí donde está la sede central de Amazon EU y donde se fueron los 7.567 millones de euros que la compañía ingresa en España y que supone el 15% de todo el comercio electrónico en el país.
Según explica el diario El Independiente, “entre Facebook, Amazon y Apple pagaron en 2018 entre todas un total de 14,7 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades. Es decir, prácticamente lo mismo (14,4 millones) que Ence, que es la empresa ‘más pequeña’ del IBEX 35”.
La conocida como ‘tasa Google’, aprobada durante este 2020, tratará de poner remedio a esta fuga impositiva gravando a estas compañías con un tipo del 3% a sus ingresos por determinadas actividades.
Socavando los derechos laborales
Otra de las bazas que Amazon ha jugado tras las críticas de Colau ha sido la de los puestos de trabajo de la empresa en la región, recordando que cuenta con tres centros de distribución, un centro logístico urbano en Barcelona, otro centro de distribución y tres estaciones logísticas. Los 2.000 nuevos puestos de trabajo que anunció en julio del año pasado suman un total de 9.000 trabajadores y trabajadoras en todo el Estado.
Una plantilla que ha organizado protestas en varias ocasiones. Hace dos años, coincidiendo con el Black Friday, los trabajadores del centro logístico de Amazon de San Fernando de Henares (Madrid) iniciaban su jornada reivindicativa. Era la cuarta huelga para denunciar recortes tanto en derechos de salud, como de salario y conciliación, según explicaban los representantes sindicales.
Más recientemente, en octubre de 2020, según anunció el sindicato UGT, la multinacional fue condenada a dar de alta a casi 3.000 repartidores que estaban trabajando como falsos autónomos. Inspección de Trabajo consideró que los trabajadores de Amazon Flex son asalariados y por ello deben estar dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Según la estimación de UGT, esto ha supuesto casi cuatro millones de euros de ingreso para la arcas públicas.
Estas luchas sindicales parecen no ser del agrado de Amazon. Tanto es así que una investigación de la Motherboard, la sección de tecnología de Vice en EEUU, revela que el gigante tech utiliza diversas tácticas para vigilar a trabajadores y grupos sindicales en sus almacenes. Según los documentos obtenidos por la publicación, la compañía liderada por Jeff Bezos habría contratado a la agencia de detectives Pinkerton e infiltrado espías en noviembre de 2019 en un almacén de Polonia. Según elDiario.es, Amazon analiza diferentes “riesgos de seguridad”, entre los que se encuentra la categoría de “ambiente operativo”, donde se incluyen la presencia de sindicatos y posibles protestas o manifestaciones.
De acuerdo con la información del medio español, esto vendría ocurriendo también en otros países, entre ellos España, aunque Amazon niega que Pinkerton se encargue de vigilar a sus empleados. Una versión que choca con dos ofertas de trabajo publicadas por la tecnológica para vigilar “amenazas sindicales”, las cuales fueron borradas tras la polémica surgida.
Aunque la compañía alegó que se trataba de un “error”, medio centenar de eurodiputados enviaron una carta a Jeff Bezos preguntando si Amazon espía a políticos y sindicalistas. “Nos preocupa que los sindicatos, así como los representantes electos locales, nacionales o europeos, se vean afectados por esta ‘vigilancia de amenazas’, que tiene como objetivo reprimir la acción colectiva y la organización sindical”, explican en la misiva.
Adiós a la privacidad
“Alexa, pon música”. Es posible que hayas pronunciado estas palabras, ya que el altavoz inteligente de Amazon fue su producto más vendido durante 2019. Estos comandos, en la teoría, solo son utilizados por el aparato para llevar a cabo la acción. Sin embargo, en la práctica, pueden ser escuchados por el personal de la multinacional en aquellos casos en los que el gadget no haya entendido la petición, con el objetivo mejorar el algoritmo.
El gran problema es que, según Bloomberg, estos empleados también tendrían acceso a las coordenadas en las que se ha producido el error, por lo que podrían llegar a averiguar el lugar de residencia del cliente; un extremo para el cual no se han recibido denuncias.
En una carta enviada al senador de Estados Unidos Christopher Coons a mediados del año pasado, el vicepresidente de políticas públicas de Amazon, Brian Huseman, reconocía que la compañía almacenaba las grabaciones de voz y las transcripciones durante un tiempo indefinido, “hasta que el usuario decide eliminarlos” borrando el historial en la aplicación. Sin embargo, ni siquiera en estos casos Amazon garantiza el borrado de la información ya que, cuando se utiliza una ‘skill’ –aplicación de terceros dentro de Alexa– “el desarrollador de esta ‘skill’ podría también mantener registros de la interacción”, según reconoció Houseman.
Medioambientalmente insostenible
Por una pequeña cantidad de dinero –3,99 euros al mes o 36 euros anuales– puede usted recibir cualquier producto en su casa en 24 o 48h. Es lo que se conoce como Amazon Prime, el servicio deluxe de la tecnológica que incita al consumismo y que multiplica la huella de carbono de la compañía, principalmente en el transporte. En 2019, las emisiones de Amazon alcanzaron los 51,17 millones de toneladas de CO2, un 15% más que el año anterior. Ya el año anterior, sus emisiones estaban al nivel de las que generan países como Suecia, Ecuador o Bulgaria. En 2020, los movimientos por el clima han ocupado la sede de Amazon en Barcelona con motivo del Black Friday para protestar contra su política de empresa.
El fundador de Amazon anunció en febrero del año 2020 la donación de 10.000 millones de dólares para luchar contra el cambio climático. En el suplemento Climática de lamarea.com analizan el “doble filo” de esta aportación.