La culpa es de los inmigrantes y de los ciclistas

Eduardo Ros Córcoles


Es una especie de chiste triste judío desde la primera guerra mundial: “la culpa de la crisis es de los judíos” dice fulano, “de los judíos y de los ciclistas” le contesta mengano, “¿de los ciclistas por qué?” dice el primero, a lo que el otro contesta “Ya…¿y de los judíos por qué?

Cuando en la Alemania de los años 30 gran parte de la sociedad se preguntaba primero «¿por qué de los ciclistas?» el desastre estaba servido. Cuando se encuentra un contagiado de COVID-19 en un asentamiento de temporeros de Albacete y estalla la situación, podríamos decir igual que «la culpa es de los inmigrantes y de los ciclistas».

Hay un par de cosas en las que sí están de acuerdo tanto los colectivos independientes de apoyo a los inmigrantes como los partidarios de más “mano dura”, una es que esto se veía venir, que la situación de los temporeros garantizaba el contagio y que el confinamiento en esas condiciones era insostenible. La otra es el total abandono por parte de las administraciones, locales, regionales y nacionales, actuando siempre mal y tarde y sólo para apartar el problema a la jurisdicción de otro y aparentar ante su electorado.

Cualquiera que dedique un rato a estudiar el efecto económico real de la inmigración sabe que aporta mucho más de lo que cuesta. Eso lo reconocen hasta los estudios del sector bancario, uno de ellos, del Citigroup, atribuye a la inmigración un 20-30% del crecimiento de la economía europea entre 1990 y 2015 y los estudios que paga La Caixa coinciden en conclusiones con los de Cáritas y los de UGT. Es decir, que es un hecho conocido por todos nuestros representantes, díganse zurdos o diestros, que la inmigración enriquece nuestra economía, otra cosa son los problemas de convivencia que se generan por las condiciones en las que se inmigra y otra, la peor, es el querer sacar provecho partidista del miedo, los prejuicios racistas o el buenismo.

Las consignas de “mano dura” o de “acogimiento” de los distintos partidos son sólo eslóganes publicitarios para sus caladeros de votos, la política de migración viene dada por poderes que no cambian cada 4 años, se mantiene aunque cambie el color del partido que gobierne. Así el programa sobre inmigración de Vox lo está llevando a cabo en la práctica este gobierno, lo denuncian, entre otros, el informe del Defensor del Pueblo sobre las devoluciones en caliente y el manifiesto de la Comisión de Ayuda al Refugiado de febrero de este año.

Lleva razón el Director del Secretariado Diocesano de Migraciones, misionero durante años en Burkina Faso, cuando habla de los temporeros de Albacete: «A la mayoría los necesitamos… Pienso en la gente del campo, que los contrata, y se deben estar echando a temblar, pues ellos son los que recogen las patatas, las cebollas, las lechugas o los ajos porque los españoles no lo hacen. Son los que nos sacan las castañas del fuego, tanto a los cultivadores como a los consumidores».

Imagino que para jóvenes cómo los senegaleses que se presentaron hace un par de semanas en Casas Ibañez desde Tenerife porque alguien les dijo que había trabajo en el champiñón, el coronavirus, comparado con lo que han vivido, es una amenaza muy incierta y lejana, el menor de sus problemas.

“Tienen que respetar las costumbres del país que les acoge” Este es un argumento que se suele oír para referirse a lo problemas asociados a la inmigración descontrolada, totalmente de acuerdo, esto implica tanto respetar el orden público como ejercer otra de las sanas costumbres de nuestro país: la de reclamar salarios justos y condiciones de vida digna.

Criminalizar un colectivo, ya sea el de inmigrantes o el de empresarios agrícolas es hacerle el juego a quienes son realmente responsables de la violencia que generan estas situaciones. Decir cosas del estilo de “muchos empresarios, no todos, son explotadores” tiene el mismo tufillo sectario que decir “muchos emigrantes, no todos, son delincuentes” además no sirve de nada aunque las condiciones de vida de unos y otros sean incomparables. No sirve  porque la corrupción, como el virus, no distingue nacionalidad ni cantidad de melanina en la piel, entre las redes de explotación hay tanto empresarios como inmigrantes cómplices que explotan a compatriotas. Así fue en los casos que más han trascendido por llegar a los juzgados, en 2014 con rumanos en Barrax y el año pasado en La Roda, en el 2008 con moldavos en Balazote… y lo que queda.

El ser humano siempre migra de donde no hay comida ni seguridad a donde crea que las encontrará, esto lleva siendo así desde antes de Atapuerca, ningún lunático, ningún imperio ni estado lo ha evitado duraderamente, lo gestionaremos según sean los valores que predominen en la sociedad.

No tenemos que inventar nada nuevo, bastaría con recordar cómo los albaceteños iban por miles a la vendimia y a la recogida de manzana en Francia hace unos pocos años, con su contrato y su alojamiento concertado con antelación, aún con sus carencias, sus condiciones eran mucho más dignas que las de los temporeros que se han visto acorralados, unas decenas salieron a hacerse ver, armaron follón, dañaron un coche, asustaron a gente y provocaron pérdidas en negocios de hostelería, mal, pero nada comparable con el infierno que han vivido sólo para llegar aquí. En los videos que algunos medios han publicado (por cierto con un tratamiento muy sensacionalista) se puede ver a inmigrantes intentando evitar la violencia de algunos de sus compañeros y la Asociación de Inmigrantes Africanos de Albacete ha criticado claramente la agresividad de la manifestación. Los que tenemos luz y agua corriente no sólo pagamos impuestos sino que hemos dado el monopolio del uso de la fuerza a las administraciones para que doten de medios y formación a los funcionarios encargados de mantener el orden con el mayor diálogo y la menor violencia posible y no reservar las medidas policiales preventivas sólo para evitar que los hooligans destrocen la fuente del parque porque ha ganado su equipo.

Si no hemos padecido antes y con más violencia los efectos colaterales de tener malviviendo a miles de jóvenes temporeros en Albacete se lo tenemos que agradecer, entre otros, a los voluntarios del comedor de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón (Cotolengo), a los de la lavandería solidaria de Justicia y Paz, Cruz Roja y a muchos otras personas anónimas que no están en las redes sociales, están donde tienen que estar. Gracias.

Los 23 ultrarricos españoles han aumentado su fortuna en 19.200 millones de euros durante el estado de alarma

Publicado en El salto


Las personas más pobres podrían perder proporcionalmente ocho veces más renta que las más ricas. Es una de las conclusiones del informe Una reconstrucción justa y necesaria es posible, que la ONG Oxfam Intermón presenta hoy, martes 23 de junio, que propone medidas fiscales para recaudar 10.000 millones adicionales y una serie de medidas para atajar la desigualdad laboral.

Oxfam explica cómo, entre el 18 de marzo y el 4 de junio, las 23 grandes fortunas de España han visto cómo el valor de su riqueza se incrementaba en 19.200 millones de euros.

La otra cara de la moneda es el crecimiento de la pobreza derivado del impacto de la pandemia. La ONG denuncia que 700.000 personas entrarán en situación de pobreza en los próximos meses en España. El porcentaje de personas en esta situación aumentará de este modo del 21,5% antes del covid-19 al 23,1% de la población.

Baleares, Castilla y León, Aragón y Catalunya son los territorios en los que se producirá un mayor aumento relativo de las situaciones de pobreza. La cifra neta sigue mostrando a Andalucía como la comunidad con mayor número de personas en esta situación.

Oxfam Intermón calcula que el impacto del covid-19 afectará especialmente a las personas migrantes: como consecuencia de la mayor precariedad de los trabajos que ocupan, una de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza será nacida fuera de España como consecuencia de la crisis.

Para paliar esta situación, la organización propone medidas extraordinarias, como un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios, un impuesto a las transacciones financieras “más ambicioso que el que ahora mismo se debate en el Congreso” y que las ayudas públicas a las empresas “estén condicionadas a un comportamiento fiscal responsable”.