Fuente: soberaniaalimentaria.info
Recientemente leíamos con indignación que en una semana 480 personas habían muerto haciendo el trayecto Senegal-Canarias. Apenas fue noticia durante un día y, ahora, parece ser que la prioridad del gobierno es saber cómo expulsar a quienes sí pudieron llegar.
Ante esta tragedia, el sociólogo Carlos Gómez Gil afirmaba que los procesos de globalización económica y comercial impuestos por países occidentales e instituciones multilaterales a países empobrecidos generan fracturas económicas y sociales de una enorme profundidad con repercusiones poco conocidas. El campesinado y la clase trabajadora local sufren en primera persona los efectos de esta arquitectura multilateral perversa e impuesta.
Detrás de estos procesos de globalización nos encontramos con realidades que no queremos ver. Seguramente las personas que perdieron la vida eran de origen campesino o pescador, cuyas familias cultivaban o faenaban para alimentar a sus comunidades y que han visto como sus tierras eran ocupadas y sus recursos pesqueros saqueados por empresas extranjeras para exportar a los mercados europeos.
Para entender cómo se ha llegado hasta aquí es necesario hacer un poco de memoria. Está claro que los procesos históricos de colonización y expoliación del continente africano tienen mucho que ver, pero no nos iremos tan lejos. En el año 2006 el Gobierno español aprobó el Plan África 2006-2008, uno de cuyos objetivos era crear los medios y el escenario adecuados para fomentar la presencia empresarial e inversora en África. Este plan se presentó como un proyecto global de ayuda al desarrollo; pero, como se temía, se ha utilizado para favorecer los intereses de penetración económica de las multinacionales españolas en el continente y participar en una nueva colonización. De hecho, las amenazas que se denunciaron en su momento se han ido cumpliendo y ciertas empresas españolas se han instalado en países africanos provocando impactos negativos para la soberanía alimentaria de las comunidades locales. Lo peor de todo es que estas empresas están consideradas como casos de éxito en la internacionalización española.
Existen muchos ejemplos que vulneran la soberanía alimentaria de estos territorios, pero nos centraremos en dos casos de acaparamiento de tierras donde están implicadas empresas españolas.
¿Cómo definimos el acaparamiento de tierras?
El acaparamiento de tierras es el control —ya sea a través de la titularidad, el arrendamiento, la concesión, los contratos, las cuotas o el poder general— de superficies más grandes de lo habitual en estos territorios por parte de una persona o entidad (pública o privada, extranjera o nacional) por cualquier medio (legal o ilegal) con fines especulativos, de extracción, de control de los recursos o mercantilización a costa del campesinado, la agroecología, la administración de tierras, la soberanía alimentaria y los derechos humanos.
Más información: www.eurovia.org/es/como-definimos-acaparamiento-de-tierras
En el Senegal, los melones se producen principalmente en Thies y Mbour y, en menor medida, en el delta del río Senegal (Saint-Louis) y van destinados sobre todo a Francia y al Estado español. Es una fruta que se encuentra en grandes cantidades en el mercado entre febrero y mayo, y moderadamente entre diciembre y julio.
En informes gubernamentales sobre posibilidades de negocios de empresas europeas en el sector agrícola del Senegal destacan dos empresas españolas: dos filiales de Ramafrut (Senfruit y Touba Fruit) y Produmel.
Ramafrut es una empresa con dos sedes principales en el Estado español (Valencia y Almería) y otras dos internacionales (Panamá y Senegal). Esta compañía, fundada en 1970, produce y comercializa una amplia variedad de frutas y verduras cultivadas en más de 1600 hectáreas propias y otras 1400 controladas por su personal. Pierre Lefevre, director técnico de Senfruit, afirma en una entrevista realizada por ISM Thies TV que la empresa dispone en la zona de Thiés (Senegal) de más de 600 ha dedicadas al cultivo de melón, sandía y calabazas. Senfruit se instaló en el país con la intención de alargar la temporada de melones y sandías en el mercado español y europeo, en concreto para cubrir el periodo de diciembre a abril, y desde 1987 es proveedor de Mercadona, uno de los principales distribuidores de alimentación en España. Touba Fruit es una rama de Senfruit que, en el año 2016, adquirió 130 hectáreas de tierra en Sipane (Senegal), tierras comunitarias en las que la población local pastoreaba a sus animales. Según la publicación empresarial Alimarket, Ramafrut está 100% participada por Inversiones Francis 2018 S.L., cuya actividad principal es la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
Pero también nos encontramos con otra empresa española que produce melones y sandías para exportar al mercado español: Produmel, instalada en la comuna de Nguéniène (departamento de Mbour, región de Thiès). Sus fincas se caracterizan por disponer de una instalación con pivotes de riego que requiere una gran inversión y que puede poner en riesgo los recursos hídricos de la zona. Las superficies de estas fincas son superiores a 100 ha e incluso algunas de ellas superan las 400 ha.
Produmel opera desde hace apenas 10 años cuando el gobierno local le cedió 150 hectáreas de tierra. Más tarde, en 2014, le proporcionó 52 hectáreas más y otras 100 en 2016. Esta última superficie era la única tierra de pastos que quedaba en una zona donde pastaban más de 10 000 cabezas de ganado (sin contar las cabras y las ovejas), base de subsistencia de las comunidades locales. La asociación de criadores y los movimientos juveniles se han opuesto a esta última cesión, que acabará con el pastoreo en la zona y han presentado una denuncia. El caso está actualmente pendiente de resolver.
Ajena a esta denuncia, Produmel sigue trabajando con la nueva superficie adquirida y con la aquiescencia de las autoridades locales, lo que desde el mes de agosto de 2020 ha originado enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden causando heridos y arrestos.
Conversaciones con un periodista local cuya identidad protegeremos desvelan que las primeras 202 hectáreas cedidas a Produmel se asignan en condiciones que las poblaciones consideran poco claras. Ningún documento escrito prueba el procedimiento de asignación de estos terrenos, lo que constituye una violación de la ley. Tampoco existe un memorando de entendimiento para la explotación de estas tierras. Ante la demanda de la comunidad, las autoridades locales han hecho oídos sordos a sus preguntas. Por otro lado, los pocos trabajadores agrícolas de la empresa se encuentran en situación precaria, solo reciben una asignación diaria, sin contrato y sin protección médico-social a pesar de trabajar en constante contacto con productos fitosanitarios altamente tóxicos.
Curiosamente, la prensa senegalesa afirma que Produmel es una multinacional española aunque no existe información alguna sobre ella. Esta opacidad nos ha impedido saber si se trata de una filial y a qué mercados españoles exporta las sandías y los melones.
Tomate procesado Gallina Blanca
A finales del año 2019, GB Foods Africa firmó con el gobierno de Kebbi (Estado de Nigeria) un acuerdo para el establecimiento de una fábrica de conservas de tomate en la localidad de Ngaski y el uso de 1000 ha para producir tomates para esa fábrica. «El proyecto ha sido diseñado para ser el más grande de su tipo en el África subsahariana», afirmó uno de sus directivos.
GBFoods (antes Gallina Blanca) está participada al 100 % por Agroaliment, que es propiedad de la familia Carulla que, a su vez, como curiosidad, forma parte del patronato de la Fundació Banc dels Aliments. El acuerdo firmado en África no es una novedad para GBFoods, sino que forma parte de su proceso de inversión y expansión en el continente. Muestra de ello es el acuerdo firmado en 2017 entre GBFoods y el fondo de inversión privado Helios Investment Partners para adquirir de forma conjunta determinados activos y marcas líderes en alimentación en África.
Tampoco es novedad la creación de fábricas de conservas en los países africanos. Sean de capital asiático o europeo, las empresas se instalan acompañadas de la cesión de grandes superficies de tierra e incluso se incentiva que el campesinado de la zona cultive tomates para estas industrias, pasando finalmente a convertirse en mano de obra precaria de la empresa.
Con una facturación de unos 1200 millones de euros y una plantilla compuesta por aproximadamente 3000 personas, GBfoods está presente, entre Europa y África (Nigeria, Ghana, Argelia y Senegal, sobre todo) en más de 50 países. En el Estado español, es conocida por marcas como Gallina Blanca, Avecrem o El Pavo. En el continente africano sus productos estrella son Jumbo (cubitos de caldo), Gino (salsa de tomate), Bama y Jago (mayonesas).
Hace más de 40 años que GBfoods introdujo Jumbo, «el avecrem africano», en África. Cada año fabrica 4.000 millones de pastillas Jumbo para los países del continente, superando el 15% de la facturación total de esta multinacional. En su planta de Ballobar (Huesca) se realiza gran parte del proceso de fabricación (mezcla), pero la compresión y el envasado se lleva a cabo en empresas ubicadas en el África Occidental.
Las mujeres son la solución
El movimiento Nous Sommes La Solution surgió en 2011 y actualmente está formado por 500 asociaciones de mujeres campesinas de siete países africanos (Ghana, Burkina Faso, Mali, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Gambia y Senegal). Se plantea tres objetivos: (1) promover el conocimiento y las prácticas heredadas de los antepasados que siempre se han utilizado para apoyar a la soberanía alimentaria, (2) influir en los responsables de la toma de decisiones de la UE para que tengan en cuenta la práctica agroecológica en la política agrícola nacional, y (3) añadir valor a los productos de la agricultura campesina y la agroecología.
Un ejemplo de las alternativas que han puesto en marcha es la elaboración de dos tipos de extracto de caldo, uno a base de camarones y el otro a base de néré, una legumbre. Los presentan como una resistencia a los cubos Jumbo, que se han establecido en la gran mayoría de los platos de sus países y que están controlados por multinacionales.
Posiblemente algunas de las personas que se arriesgan a coger un cayuco para ir a Canarias proceden de estas comunidades a las que se les ha quitado el derecho a la tierra y a cultivar su propio alimento. Es insoportable que abramos las fronteras para poder comer sandías y melones durante todo el año y las cerremos a las personas a quienes hemos explotado. Lo triste es que esta denuncia ya se hizo hace 15 años. Algo estamos haciendo mal.
Carles Soler
