Javier Marijuán
La misma expresión regularización de inmigrantes es delicada. Hablar de regularizar personas como si fueran mercancía y que su consideración quede vinculada a su situación administrativa no cuadra con la dignidad de la persona.
El Gobierno ha activado un proceso de regularización de personas extranjeras mediante un procedimiento excepcional consistente en modificar el Reglamento de Extranjería sin necesidad de cambiar la ley. El texto legal ya se encuentra subido a audiencia pública con el que se abre un periodo de participación ciudadana para recabar aportaciones antes de su aplicación.
El origen de la medida está en la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular el 9 de abril de 2024 en el Congreso de los Diputados. La regularización extraordinaria ha sido demandada por un amplio espectro asociativo que dio un paso adelante en defensa de aquellos hermanos que, viviendo y trabajando entre nosotros, tenían un estatus de segunda. Nos alegra el impulso que las fuerzas sanas de la sociedad han hecho para impulsar una política más justa combatiendo la normalización que hacemos de tener ciudadanos invisibles, con miedo y con grave riesgo de exclusión social.
El gobierno lo engloba en un paquete denominado Plan de Integración y Convivencia Intercultural y lo lanza en un momento delicado para su supervivencia en medio de una campaña electoral autonómica que anticipa el resultado de las futuras nacionales.
Este proceso va a servir para dar carta de naturaleza a la realidad existente de cientos de miles de personas que viven en nuestro país en situación de irregularidad administrativa pero trabajando y, en muchas ocasiones, con familia. El número de personas y colectivos a los que va a beneficiar aún es incierto y los trámites burocráticos por los que deberán transitar están por definir.
El proceso afecta a todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en nuestro país en el momento de presentar la solicitud. Estas circunstancias podrán acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos. Otro requisito es el de no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.
Las personas que lo logren podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería para su integración plena y progresiva en el sistema.
Con la sola admisión a trámite de la solicitud, se producen efectos inmediatos. Desde ese momento, la persona solicitante queda autorizada de forma provisional a residir y trabajar en España, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, en cualquier sector y en todo el territorio nacional.
Ello evidencia que una de las intenciones es aflorar el trabajo negro y hacer aflorar el trabajo negro y que esas cientos de miles de personas que trabajan así tributen legalmente.
El texto definitivo se hará esperar. Tras la audiencia pública, tendrá que recabar informes de distintos ministerios y del Consejo de Estado. Después, el Consejo de Ministros deberá aprobarlo de forma definitiva y publicarlo en el BOE lo que previsiblemente sucederá en primavera.
Otras consecuencias directas como el acceso pleno al sistema sanitario público así como a prestaciones y ayudas sociales, con los requisitos que establezcan en cada caso. A pesar de algunas proclamas mitineras, la regularización no otorgará derechos políticos en el ámbito estatal o autonómico. El permiso concedido se limita a residir y trabajar, por lo que las personas regularizadasno podrán votar en elecciones generales, autonómicas ni en referéndums. La situación es distinta en las elecciones municipales y europeas.
Tampoco va a suponer la concesión automática de la nacionalidad española, aunque sí va a suponer el inicio del cómputo de los plazos necesarios para solicitarla. Con carácter general, la nacionalidadpuede pedirse tras diez años de residencia legal, un plazo que se reduce a dos años para nacionales de países con convenio, como ocurre con la mayoría de países iberoamericanos, a un año en supuestos como matrimonio con españoles, nacimiento en España o descendencia directa de ciudadanos españoles.
No debemos olvidar que el origen de esta medida está en una Iniciativa Legislativa Popular, una iniciativa ciudadana. Ocurre que el Gobierno aparcó su activación durante año y medio y la ha sacado a pasear en un momento en el que le interesa políticamente. Es de justicia que una iniciativa del pueblo y de tanto calado sea atendida como se merece y no sea utilizada para otros fines.
Un gobierno sin mayoría y señalado por causas de corrupción se mantiene en el poder legislando por decreto ya que no puede aprobar leyes. Y tiene que hacer equilibrios de todo tipo para contentar a comunistas y nacionalistas de derechas.
Gobernar por decreto tiene un grave problema de déficit democrático pues la omisión de la tramitación parlamentaria hurta el debate político y desvirtúa la norma. Y no estamos hablando de cualquier cosa sino de una cuestión que se encuentra en los primeros puntos de la agenda política no solo en España sino también en el mundo.
En efecto, la inmigración ha pasado a ser uno de los puntos calientes de la agenda política. En EEUU su presidente manda pistoleros a las calles a detener inmigrantes y a disparar a quien les defienda. Por ello, es necesario que el gobierno respete la voz del pueblo y se atreva a debatir sobre inmigración y no lo someta a negociaciones de fontaneros bajo cuerda.
La noticia también ha desatado reacciones lamentables. Por un lado, han saltado aquellos que dicen eso del “efecto llamada” o que “aquí no cabemos todos”. La regularización no trae a nadie sino que aflora situaciones sumergidas. Cientos de miles de extranjeros y sus familias llevan años en España viviendo y trabajando y no han creado problemas de espacio. No es un problema de caber o no caber sino de pensar un poquito y no dar la espalda al mundo en que vivimos.
Los preocupados por la identidad de nuestro país sitúan ésta en una foto fija y de ahí no se mueven. Creen en una España todavía enredada en la Reconquista y consideran los extranjeros como amenaza. No descubren a los pobres ni aun estando sentados encima de ellos. Los fenómenos políticos y económicos de nuestro tiempo les desarman pues viven aferrados al pasado.
Por otro lado, están los que manipulan a los inmigrantes y aprovechan la debilidad parlamentaria del Gobierno para colgarse medallas que no les corresponden. Partidos a punto de desaparecer tratan de atribuirse una lucha que no ha sido suya. La líder de Podemos anunció a bombo y plantillo la regularización pero reconoció que existen concesiones bajo cuerda al PSOE que no iba a desvelar. ¿Será que va a permitir la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña, que es la Comunidad Autónoma con más ansias de políticas racistas y excluyentes?.
Nuevamente, los pobres se convierten en moneda de cambio de oscuros intereses de poder. Un gobierno asediado por la corrupción y por derrotas electorales toma aliento y la nueva izquierda en trance de extinción usan a los inmigrantes para dar las últimas bocanadas de aire.
En medio está aquella parte sana de la sociedad que armó una alianza para impulsar una causa justa. Asociaciones que no piensan del todo igual pero fueron capaces de unirse y luchar políticamente por sus vecinos que sufren una situación injusta elevando al Parlamento una ILP.
Las migraciones se han convertido en unos de los fenómenos más relevantes de nuestros días. En 1990 se hizo famosa una película que se llamaba “La Marcha” que narraba como miles de personas de los campos de refugiados de Sudán, condenados a morir de hambre, emprendieron una marcha hacia Europa con la única esperanza de que cuando los vean en sus calles no les dejen morir. Aún sigue catalogada como película de ciencia-ficción pero fue una profecía que hoy es una realidad. La globalización de las instituciones políticas, las finanzas, el comercio y las multinacionales en beneficio de una minoría nos trajo la consecuencia natural de la movilidad de las personas.
Los que dicen que no cabemos todos deberán entender que lo que no cabe es tanta explotación y tanto egoísmo y debemos asumir la responsabilidad del mal causado y la reparación a las víctimas. La regularización puede encajar en este deber.
Los que apuestan por la inmigración sin combatir las causas son la otra cara de la moneda. Miran para otro lado y callan ante el fenómeno del denominado por Marx ejército de reserva del capitalismo que es otra de las consecuencias de la pobreza que obliga a emigrar.
Y ese será el siguiente reto a armar en nuestra sociedad: una alianza que luche contra las causas del hambre, que fomente relaciones justas entre los países del Norte y del Sur y que impida que generaciones enteras de países empobrecidos solo tengan como horizonte la emigración.
¿Seremos capaces de identificar un objetivo político contra las causas del hambre y lanzar otra Iniciativa Legislativa Popular?.
