Jose Santos
El pasado 2 de junio, el gobierno español presentó el Marco de Economía Circular, en el que se incluía un anteproyecto para la ley de residuos.
Seguramente es, en efecto, un buen instrumento para reducir la generación de residuos, mejorando así la eficiencia en el uso de recursos y disminuyendo el impacto medioambiental. Este borrador de proyecto de ley se mezclan todo tipo de recursos en un mismo saco: construcción, electrónica, textil, plástico,… Pero, si nos centramos en el tema de la alimentación, el enfoque que se da al residuo alimentario se presenta simplemente como un residuo a «gestionar» (traducido a lenguaje normal diríamos eliminar) y no como un recurso valioso que cuidar y aprovechar. Esto hace que se debilite la priorización en la prevención y en la concreción de una jerarquía de aprovechamiento que sea mucho más adecuada a las características de los alimentos.
El problema del despilfarro alimentario es especial, pues afecta a toda la sociedad en tanto que consumidora de alimentos y a toda la cadena desde la producción al consumo. Afecta también a la economía y al medio ambiente y genera problemas en otros países. Por poner un ejemplo, la pérdida de alimentos (1/3 de los producidos según la FAO) hace que haya que buscar tierras y recursos en otros países, aunque eso suponga generar hambre, pobreza, guerras o migraciones.
Por eso es necesario realizar un enfoque mucho más amplio del problema, no sólo para evitar las consecuencias del despilfarro alimentario, sino que se ataque el problema desde las causas, también desde una legislación específica sobre el despilfarro alimentario. En este sentido se sitúa la Ley 3/2020 de 11 de marzo de prevención de las pérdidas y el despilfarro de alimentos, aprobada el pasado mes de marzo por el Parlamento de Cataluña.
Se trata de una norma pionera y bien planteada, que analiza las causas y consecuencias y actúa en consecuencia, implicando a toda la cadena alimentaria y con un régimen sancionador acorde a la gravedad del problema. En este sentido encontramos legislaciones similares en Francia o Italia (la primera incluso plantea penas de cárcel).
En España necesitamos que se genere una ley similar, que ponga las bases para evitar que ¡8 millones de toneladas 
de alimentos acaben en la basura cada año! Esta Ley debe ser previa a la Ley de residuos, que sólo se aplicaría, como último recurso, a los alimentos que realmente sean imposibles de aprovechar en la cadena alimentaria. Evidentemente tendrá conexión con otras normas como la economía circular, el cambio climático, la ley de la cadena alimentaria, las donaciones de alimentos, la política agrícola común europea (PAC),…
Para que los objetivos sean tan realistas como ambiciosos, es necesario realizar un estudio de la situación de partida actual y un esfuerzo de concienciación de los consumidores, al mismo tiempo que se incorporen medidas e incentivos que permitan alcanzar esos objetivos: beneficios fiscales, tasas disuasorias, obligatoriedad de incorporar este tema en la responsabilidad social corporativa, incluir cláusulas específicas en la compra pública, penalizar normas estéticas y promociones comerciales 3×2… y fomentar productos de cercanía, frescos, de temporada y no hiperprocesados.
