Fuente: elpais.com/planeta-futuro
Las Palmas de Gran Canaria – 23 jun 2021 – 5:30 CEST
El aumento de llegada de migrantes a las costas canarias que se produjo a finales del 2020 desbordó por completo la red de acogida en espacios cedidos por el Cabildo y los propios ayuntamientos. Fue necesario recurrir a hoteles y apartamentos turísticos cerrados por la crisis, pero también a naves industriales, colegios o terrenos del ejército para alojar provisionalmente a las cerca de 7.000 personas que estaban acampadas en el puerto de Arguineguín.
En diciembre de 2020, unas 20.000 personas habían arribado en pateras. Tras un año de récord en el número de llegadas a costas, una situación de alerta sanitaria por la covid-19 y la facultad para ejecutar expulsiones mermada, el Gobierno finalmente asumió la situación en Canarias como una emergencia con medidas como el Plan Canarias, que había que resolver cuanto antes: el goteo constante de llegadas podría empeorar más aún la situación.
Diversas organizaciones locales tuvieron que adecuar infraestructuras, abrir recursos, seleccionar y contratar personal capacitado en un tiempo récord. Todo un reto para una ONG como la Fundación Cruz Blanca que, aunque con experiencia en la península, solo lleva dos años trabajando en las islas. La congregación franciscana comenzó su trabajo en Las Palmas con un centro para mujeres con o sin menores a cargo que pudieran estar vinculadas con alguna red de trata de personas. A día de hoy, cuentan con cuatro espacios y un total de 741 plazas. Cerca de mil personas ya han pasado por alguno de ellos.
En el centro del barrio de la Vegueta están conviviendo 13 mujeres y 12 niños de origen subsahariano a los que les brindan una asistencia y una atención especiales por ser un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad que merece una protección y cuidado específicos: potenciales víctimas de trata o posibles solicitantes de protección internacional, entre otros. Una característica de Cruz Blanca es trabajar en “normalizar, naturalizar, forjar entre nosotros un sentimiento y reconocer el proceso migratorio en la persona que se acoge”, indica el hermano Enrique. “Trabajamos con planes individuales de intervención desde un modelo de atención centrado en la persona, donde ́esta es protagonista de su itinerario, entendiéndola no como víctima pasiva, sino como activa y constructora de su presente y de su futuro”.
En los primeros meses de este 2021 han arribado ya al archipiélago cerca de 5.734 personas por vía marítima desde la costa africana, el doble de los registrados en el mismo periodo de 2020. “Ha sido un año duro, pero también gratificante y motivador por todas las vidas a las que hemos ayudado a salir adelante”, señala Nacho Gutiérrez, coordinador de los centros de la Cruz Blanca. “Aunque hubo partes negativas como la muerte de una de las hijas de una mujer maliense víctima de trata. Ha sido muy duro. Pero al final nos quedamos con toda la alegría que se genera en este tipo de recursos, el buen hacer y la necesidad de continuar trabajando para la gente que más lo necesita”.
A finales del 2019, con el aumento de la llegada de pateras a las Islas Canarias, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones se pone en contacto con la congregación de los Hermanos de la Cruz Blanca para utilizar las casas familiares de las que disponen como Centros de Acogida Integral para personas con el mismo perfil: mujeres solas o con hijos a cargo con presunta vinculación a redes de trata de seres humanos.
“Para nosotros es tan importante estar presente en Canarias y ser testigo de lo que está sucediendo para poder ser altavoz de todas estas voces que pasan por los distintos centros”, afirma Carmen Martínez- Raposo, responsable de los Programas de Trata y Atención Humanitaria.
La llegada de mujeres en cayucos se ha doblado en el primer trimestre de este año, así como el porcentaje de menores. “Hemos notado el aumento ya que la región hay un repunte de violencia como en Guinea Conakri o como en el caso de la guerra en Malí. Además continúan todo tipo de violaciones de derechos humanos, la mutilación genital, los casos de trata o los matrimonios forzosos, sobre todo en Costa de Marfil”, indica Pilar Rocamora, trabajadora social de Cruz Blanca.
En la ruta canaria el riesgo se multiplica para mujeres y niños durante el trayecto desde su país de origen hasta los puertos de salida y durante la travesía hasta las islas. “Son las más vulnerables”, apunta Rocamora. “Se suma la violencia de género que añade complejidad a las experiencias migratorias de las mujeres y sus familias. En su mayor expresión, se encuentra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual como máximo exponente de violación de los derechos humanos”.
El servicio de acogida tiene como objetivo atender las necesidades básicas de alojamiento y manutención de las personas migrantes que lo necesiten, además de la provisión de herramientas sociales, como el aprendizaje del idioma, formación y orientación que favorezcan su integración en la sociedad de acogida. También realizan talleres y actividades como el Teatro de las Oprimidas para que los trabajadores sociales identifiquen la problemática de la persona en espacios de reflexión, realizando por este método una búsqueda de soluciones y alternativas a los problemas que han generado su situación actual.
La hamsa es un amuleto con forma de palma abierta que en el mundo musulmán está considerado como una defensa, un poderoso protector contra las maldades, el mal de ojo o los celos. En el centro de la Vegueta se ha dibujado un mural que simboliza el saludo a los recién llegados y la unidad de todas las personas que, aunque de distintas procedencias y culturas, conviven y hacen familia bajo un mismo techo. “Somos una familia que acoge, acompaña y transforma”, explica Martínez-Raposo, “una transformación no solo de la persona, si no del entorno y del contexto que rodea esta situación”.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció a mediados del pasado noviembre el Plan Canarias para la creación de 7.000 plazas de acogida provisionales en siete centros de emergencia para vaciar el puerto de Arguineguín y los establecimientos hoteleros.
En el mes de marzo se puso en marcha el centro de El Sebadal, una antigua nave industrial adecuada por la propia Cruz Blanca y donde actualmente albergan a 30 mujeres y 17 niños. “Nos hemos tenido que reinventar una vez más como fundación y como personas para lograr convertir ese espacio en un hogar, una casa familiar”, señala Martínez-Raposo, otro reto para Cruz Blanca tras la intervención y gestión en el centro de emergencia instalado en el Colegio León, con capacidad para 500 personas. “Pero dentro de nuestros valores de humanismo cristiano de estar al lado de las personas que lo necesitan decidimos afrontar este proyecto en El Sebadal. Las personas que más nos necesitan son las que continúan llegando a Canarias”, explica.
En cuanto llegan al centro se les informa de todos sus derechos como mujeres migrantes. Los trabajadores sociales se ganan su confianza a través de talleres o actividades. “Entendemos que hay problemas o cosas que les han ocurrido que son difíciles de contar”, asegura Pilar Rocamora. Una vez creado un vínculo las entrevistan para tener en cuenta su historia personal, el motivo de la salida de su país y las metas que tienen en su proyecto de vida.
La mayoría de estás mujeres tiene como objetivo llegar a Francia por tener el contacto allí de otros familiares o allegados, además de ser francófonas. Suelen ser originarias de Costa de Marfil o Guinea Conakry, carecen de estudios y huyen del matrimonio forzado, la violencia intrafamiliar e incluso para evitar la mutilación genital de sus hijas. “Son pocas las que reconocen que están siendo presuntamente víctimas de trata de personas”, explica Rocamora.
“Quedé sola al fallecer mi padre y mi familia paterna no quiso saber nada de mi, me encontraba desamparada” reconoce Shaira, nombre ficticio. “Había sufrido la mutilación femenina y me obligaron a casarme con una persona que me dejó embarazada. Huí de Costa de Marfil para mejorar las condiciones de vida de mi hija, para que no la mutilasen, y para evitar que ese hombre me continuase violando”, explica.
“Ser víctima de un matrimonio forzado o estar en riesgo de serlo, en tanto forma de violencia hacia las mujeres aceptada legal, social o culturalmente en diferentes zonas del mundo como la mutilación genital femenina, puede ser causa de asilo en España solicitando la protección internacional”, comenta Pilar Rocamora.
Originaria de Guinea Conakry, Alika no pudo ir a la escuela al ser la menor de los hermanos y su familia la pretendió vender a un hombre “muy mayor”. Ella se negó al estar enamorada de otro chico y la obligaron a contraer matrimonio. Se fugó hasta Mali, y en su periplo conoció a otro hombre con quien compartía el mismo objetivo: llegar a Europa. Pero la abandonó cuando supo que estaba embarazada. “Llegué sola a Marruecos, donde trabajé en tareas domésticas bajo continuos ataques racistas hasta que conseguí el dinero para pagarme un pasaje”, cuenta Alika. “Salimos desde Dakhla, cuatro o cinco días de camino hasta llegar a Gran Canaria. Se nos acabó el agua y la comida al segundo día. Recuerdo el miedo, el hambre, la sed y la desolación por perdernos en un mar infinito que nos rodeaba”.
Hay tantas historias vitales como personas en el centro. “Una de las mujeres acogidas aquí se lamenta del haber tenido que escoger por falta de dinero a cuál de sus dos hijas debía traer consigo en la ruta migratoria, dejando a la mayor a merced de la tradicional ablación por parte de su familia”, cuenta Pilar. “En el caso de otra mujer que perdió a su hija mayor cuando la mutilaron genitalmente, decidió escaparse con sus otras dos niñas para evitar que volviese a suceder. Sufre un trauma grave a raíz de aquel episodio”.
Para Carmen Martínez-Raposo hay otra línea de trabajo. “Nosotros consideramos que no hay que frenar los procesos migratorios de las personas, porque lo que hemos visto durante estos meses son situaciones muy duras desde el punto de vista psicológico que han experimentado todas ellas. De hecho, hemos abierto un recurso de atención humanitaria en Guadalajara para personas con problemas de salud mental y hasta el momento todos los que han sido derivados a este centro han pasado por alguno de los centros de emergencia de Canarias.”
Una vez identificadas las vulnerabilidades de las mujeres acogidas se derivan a otros centros especializados en trata de personas o a instituciones para solicitantes de protección internacional donde pasarán hasta seis meses y tendrán que valerse por sí mismas, de forma similar a lo que ocurre en los centros de menores cuando los usuarios cumplen los 18 años, y son más proclives a acabar en manos de mafias que las empujen a la prostitución. “En el caso de Cruz Blanca, a diferencia de otros organismos, después de esos seis meses y si la persona no está aún preparada, la fundación les procura alargar la estancia o buscarles un recurso alternativo hasta que sean independientes con su propio alojamiento y que mantengan cierta estabilidad laboral”, explica Pilar Rocamora.
Pero tarde o temprano tienen que seguir su camino. “Nos quedamos con las despedidas, que son agridulces: felices porque las mujeres pueden continuar sus procesos migratorios, y tristes por tener que decir adiós a esa parte de la familia”, indica Martínez-Raposo.
Esta filosofía de trabajo ha sido aplaudida por organismos internacionales como el ACNUR o Amnistía Internacional, que han visitado sus centros en diversas ocasiones, así como por el propio Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “No ha sido un camino fácil de recorrer, por las circunstancias y el contexto, no solo de una crisis humanitaria en términos migratorios, sino también por el estado de pandemia que vivimos. Sin embargo, gracias al trabajo de todas las personas hemos logrado crear hogares donde, siguiendo la misión de nuestra organización, se promueve, se defiende, se cuida y se celebra la vida, facilitando el desarrollo integral de aquellas personas más vulnerables”, concluye.
