Mons. Juan Carlos Elizalde ha apelado a administraciones públicas, al sector del campo y a la Iglesia a trabajar juntos en un nuevo escenario que dignifique su labor
El obispo de Vitoria y responsable del área de migraciones de la Conferencia Episcopal, Juan Carlos Elizalde, ha advertido de que las condiciones de muchos temporeros en nuestro país son «inadmisibles» y, por ello, ha apelado a administraciones públicas, al sector del campo y a la Iglesia a «trabajar juntos en un nuevo escenario que dignifique y dé cobertura legal a estos trabajadores, la mayoría inmigrantes».
El pasado 15 de agosto, como cada año por la festividad de la Asunción de la Virgen, el Obispo de Vitoria ha presidido la misa en la Catedral de Santa María en la capital alavesa.
En calidad de responsable del área de migraciones de la Conferencia Episcopal Española desde marzo pasado, ha querido aprovechar esta cita para centrarse en la «situación alarmante» que viven miles de temporeros durante estos meses de verano, concienciar a la sociedad y apelar a quienes tienen competencias en su gestión directa.
En su homilía ha recordado, en primer lugar, a los fallecidos por la pandemia y a los enfermos que están apareciendo en estos últimos brotes, y ha recordado que «frenar una nueva situación de confinamiento y de medidas restrictivas reside en el uso responsable de nuestra propia libertad».
Tras esta mención, monseñor Elizalde ha centrado su homilía en la situación que viven «miles de de trabajadores llegados de otros países para hacer el trabajo que la mayoría de nosotros no queremos hacer».
En concreto, ha aludido a la «dura» realidad de estas personas que recorren «cientos de kilómetros, miles en algunos casos, hasta llegar aquí para ganar en algunas ocasiones apenas 20 euros por jornadas de hasta 16 horas sin agua y bajo un sol abrasador, viviendo hacinados, sin un simple colchón, durmiendo en el suelo».
El obispo de Vitoria ha destacado como ejemplo a seguir el proyecto de la Unión Agroganadera de Álava (UAGA) para un «temporerismo seguro» ante la pandemia de la Covid-19 y que dota de condiciones laborales, de alojamiento y garantías legales en los contratos a los temporeros.
Elizalde ha señalado que, de que cada 100 personas que se contratan para la vendimia, solo el 5% son españoles; el 95% de origen inmigrante.
«Agradezco en nombre de la Iglesia a esos empresarios agricultores de toda España que cuidan y proporcionan lo necesario a estas personas para garantizar un trabajo decente pero siendo realistas, son muchísimos los temporeros que están en condiciones inadmisibles».
Por ello, ha invitado a las administraciones públicas y al sector agroganadero a reunirse con la Pastoral de Migraciones de la Iglesia, con Cáritas y con fundaciones humanitarias para, «entre todos,
abrir un nuevo escenario de contratación, donde se vislumbre un proyecto legal, de prestigio, humano, honrado, que de un plus a nuestros productos y una nueva categoría laboral que estos trabajadores se merecen».
«¿Por qué no se les dota a todos de una vivienda digna, de una condiciones dignas, de un salario digno, de un descanso digno
durante el tiempo que dura la recogida de los frutos de la tierra? ¿Acaso no son personas y merecen dignidad?», se ha preguntado.
Monseñor Elizalde ha denunciado públicamente la situación actual de muchos de ellos porque son «migrantes recién llegados y otros muchos que ya viven aquí, que se dejan la piel trabajando la tierra, ¿y qué les espera? Que en pleno año 2020 sean tratados en semiesclavitud. Incomprensible e inaceptable».
«en pleno verano, con un sol abrasador y ante esta dura pandemia, muchos de estos trabajadores no cuentan con comedores o lugares a la sombra en los que poder descansar. Buscar solución a esto, ¿es esto mucho pedir. Muy cerca de este templo, en la Rioja Alavesa, llegan personas estos días para la vendimia. También en el sur, en Andalucía, en el este en Cataluña, Valencia, Murcia o Albacete», ha añadido.
El obispo ha indicado que es «un trabajo físico duro pero no por ello es excusa para una explotación inhumana» y, por ello, ha apelado a «empresarios, sindicatos y administraciones públicas, «a poner fin a las condiciones inadmisibles por las que pasan estas personas».
«Y no vale hacer trampas como ponerles a trabajar 16 horas y que sólo cuenten 8, o que trabajen 20 días y coticen sólo 7», ha añadido. Además ha incidido en lo injusto que es «criminalizarles y culparles de crear focos de contagio» y cree que eso también es «hacer trampas».
«Si se dignifica su vida laboral a todos los efectos, condiciones higiénicas incluidas, no habrá más riesgo de propagación». «Esto nos debería escandalizar como seres humanos y como Iglesia. No podemos mirar a otro lado y debemos pasar a ser ejemplo de acogida a quien viene a ganarse el pan con su sudor y a tenerle dignamente el tiempo que esté entre nosotros. No hay excusa que valga», ha agregado.
Por todo ello, ha pedido a toda la sociedad en su conjunto que «no seamos una tierra hostil para quien viene a trabajar aquí o para quien busca un sustento para ellos y sus familias».
«Si sobre nosotros pesa una amenaza de emergencia sanitaria, para ellos hay ya una condena si no cambiamos sus condiciones de vida y trabajo. Aprendamos las lecciones que esta pandemia nos está
dando día a día. Cuidemos los unos de los otros. Seamos hermanos porque todos estamos en la mismo barca y nadie se salva solo. No reduzcamos todo a mera ganancia económica. El fin no justifica los medios. La vida humana merece dignidad», ha concluido.
