La LEY CELAÁ, desde los últimos.

Nuria Sánchez Díaz de Isla

La LOMLOE o Ley Celaá ha reabierto en nuestro país el debate sobre la educación. Esta ley, planteada sin consenso, ni diálogo social suficiente, enfrenta una vez más a la sociedad española en  temas como  la educación especial, el tratamiento del castellano, el papel de la educación concertada, o la asignatura de religión entre otros.

Viene a sustituir a la LOMCE, ley que fue igualmente aprobada sin consenso ni diálogo, y sin dar respuesta real a los grandes problemas educativos de nuestro país.

La LOMLOE afirma:  «La finalidad de esta ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos».

En España crece a pasos agigantados la pobreza y la desigualdad social. Que se hable de oportunidades y calidad para todos, suena bien, muy bien. Hay una brecha enorme entre la infancia empobrecida de nuestro país, y la infancia rica en estímulos y recursos personales, sociales, económicos y educativos. Y la escuela en estos momentos, no consigue, ni a penas se plantea, una auténtica y real compensación de las dificultades socioeconómicas y culturales del alumnado. Esta ley, a pesar de las buenas palabras, tampoco lo hace.

Si de verdad quisieran poner a los últimos en primer lugar, se buscaría un gran pacto político en educación, sin prisas, con diálogo, sin chapuzas, sin aprobar algo que está llamado a durar lo que dure un gobierno.

Si de verdad importase el aprendizaje de los más pobres, se intentaría la colaboración de todo tipo de escuelas, sin enfrentarlas, dotando tanto a las escuelas de titularidad estatal, como a las concertadas de  los recursos suficientes para poder sostenerse sin fondos proveniente de las familias que pueda servir de segregación. Pagar no digo 600, sino 60 euros al mes, es impensable para muchas familias. Es cierto que esta cantidad de dinero dificulta la entrada de familias con dificultades económicas. Es verdad que hay escuelas concertadas con ánimo de lucro, pero también es verdad que las hay, y muchas, con ánimo de servicio, que de hecho son deficitarias sin este apoyo de las familias. Las escuelas concertadas con voluntad de servicio pueden ser una pieza fundamental para la equidad educativa. La asfixia estatal de estas escuelas es además de un grave error estratégico, un fuerte ataque a la libertad de enseñanza.

Si de verdad existiese en esta propuesta un afán solidario, se evitaría la interesada confusión entre escuela pública y estatal. La escuela pública es del pueblo, de las familias, de la sociedad, que puede y debe organizarse y crear sus propios colegios, con pluralidad de planteamientos y sensibilidades. El Estado, con sus escuelas, debe llegar donde la sociedad no llega, de manera subsidiaria, no al revés. La «mercantilización» de la educación no es una buena noticia para el pueblo, pero la «estatalización» tampoco lo es.

Si de verdad se quisiese «compensar» las dificultades del alumnado que ni visita museos, ni se puede pagar clases particulares, o viajes al extranjero, el acento central de la ley sería el de ofrecer una enseñanza que permita dominar la palabra, el conocimiento, las lenguas, la matemática, la historia, la ciencia… Dejando en un plano muy secundario el afán ideologizador y de modelaje del alumnado que impregna toda la ley.

Si de verdad hubiese voluntad de promoción integral de los más débiles, no habría problema en aceptar la religión, como una asignatura más, asignatura optativa, que completa y enriquece la formación personal, que ayuda a entender la cultura que hemos heredado y que ayuda a profundizar en las grandes cuestiones humanas.

Si de verdad el objetivo fuese evitar el fracaso educativo del alumnado con más dificultades, no se hubiese hecho esta ley sin escuchar a los equipos docentes, al profesorado, que desea un pacto educativo. Y sin escuchar al propio alumnado, especialmente al que tiene más dificultades, y a sus familias, a quienes sobran buenas palabras y falsos debates, y necesitan compromiso real y efectivo, y acuerdos globales y estables que ayuden a crear una escuela verdaderamente solidaria.

El sistema educativo, no es otra cosa que un subsistema al servicio del sistema económico, que busca más que promocionar integralmente, atender en cada momento las necesidades de éste. Es fácil imponer una ley educativa que hable de equidad, aunque si realmente se busca equidad y justicia, el verdadero desafío está una vez más en un sistema político y económico que actualmente aplasta a infancia y familias. Trabajo digno, vivienda digna, barrios dignos, transparencia y honradez política, son buenos puntos para empezar a trabajar por la justicia, si de verdad se quiere.