Fuente: equaltimes.org
Autora: Nazaret Castro
Fue en los años 80 cuando en el campo onubense, que un día albergó cultivos de cereales, olivares y árboles frutales, se impuso el monótono paisaje de los invernaderos, hasta convertir a España en uno de los principales productores exportadores de fresas y frutos rojos del mundo. A día de hoy, las empresas freseras emplean sobre todo mujeres; desde mediados de los años 2000 son, cada vez más, migrantes.
Cada temporada, que se extiende entre febrero y junio, el sector requiere el trabajo de 100.000 personas: algunas son temporeras autóctonas; otras, mujeres marroquíes contratadas en origen, a través de programas que organiza la patronal fresera junto con las autoridades españolas y marroquíes; pero también, hombres y mujeres migrantes, llegados de países como Senegal, muchos de los cuales sobreviven en poblados de chabolas como los de Lepe y Palos de la Frontera.
A comienzos de 2020, el relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, visitó esos asentamientos y dijo sentirse “espantado” por lo que allí encontró: “Viven como animales”, declaró. Las miles de personas que viven en este tipo de asentamientos en Huelva carecen de luz, agua y cualquier otro servicio público, incluyendo la recogida de basura; y se ven sometidos a todo tipo de chantajes y abusos.
Como pudo corroborar Equal Times en su visita al asentamiento de Palos de la Frontera, las empresas freseras les cobran por los palés con los que construyen sus chabolas, a razón de 1,5 euros el palé: entre 300 y 500 euros sale el material empleado en cada chabola, que muchas veces termina ardiendo, pues los incendios son frecuentes debido a las precarias condiciones de vida de los asentamientos y a la dejadez de las instituciones.
A menudo, quienes habitan estos asentamientos se ven obligados a pagar por un contrato de trabajo con el que acceder a los ansiados papeles de residencia; e incluso para empadronarse. Y muchos de ellos, una vez termina la temporada de la fresa, emprenden una ruta nómada que los lleva a los invernaderos de Almería, Lleida (ambas en España) o a Francia.
Las jornaleras contratadas en origen no están a salvo de los abusos de todo tipo: muchas quedan endeudadas para viajar a Huelva y, una vez allí, no trabajan ni cobran el número de horas pactadas. Viven en las propias fincas, a varios kilómetros del pueblo, en medio de un aislamiento que favorece los abusos; es frecuente que les descuenten un alquiler de sus nóminas, a pesar de que es ilegal. La lista de agravios es larga y ha sido documentada por el equipo de juristas de la Brigada de Observación Feminista que visitó los campos de Huelva el pasado mes de mayo; su informe jurídico señala la “vulneración constante y flagrante” no sólo de los derechos laborales básicos, sino también “de los derechos fundamentales de dignidad de la persona, integridad física y moral y derechos de reunión y libertad sindical”.
En 2018, varias temporeras marroquíes denunciaron los reiterados abusos sexuales y reclamaron apoyo a un movimiento feminista en ebullición. Tres años después, se constituyó la asociación Jornaleras de Huelva en Lucha (JHL), con Ana Pinto y Najat Bassit al frente.
JHL viene funcionando, en la práctica, como un sindicato, ante la escasa representación sindical en la zona. “En nuestra lucha están atravesadas muchas problemáticas: el abuso laboral y sexual, los discursos del odio que nos llevan a que nuestra lucha sea también antirracista, y también los problemas ecológicos, porque el monocultivo de frutos rojos en megainvernaderos está secando nuestros recursos hídricos y ya está afectando a los acuíferos de Doñana; algunos estudios apuntan ya que si seguimos así, nos quedaremos no sólo sin regar, sino sin agua para beber”, alerta Ana Pinto.
El abuso como norma en los campos de toda Europa
Las situaciones de abuso y sobreexplotación son antes la norma que la excepción en los campos de Huelva. Lo son, también, en otras zonas agrícolas de todo el sur de Europa, según desvela el informe de la organización italiana Terra! E(U)xploitation. Este estudio concluye que son generalizados los abusos como el trabajo a destajo –prohibido formalmente, pero habitual en los tajos (lugares de faena)– y diferentes formas de “trabajo gris”, tales como no notificar todos los días realmente trabajados; así, el sector compensa aumentos del salario mínimo interprofesional que en España han tenido lugar recientemente y que la patronal del sector agroindustrial acogió con gran preocupación.
La periodista Mariangela Paone, coautora de esa investigación, compartió con Equal Times sus impresiones: “Aunque con diferencias según las legislaciones, en términos generales hay muchas similitudes en la situación de las y los trabajadores en Huelva, Almería, Murcia, el sur de Italia o Grecia”. En la provincia española de Murcia, es habitual que las empresas de trabajo temporal (ETT) funcionen como intermediarios que logran que las empresas se ahorren cotizaciones a la seguridad social, a costa de precarizar a los empleados. En Italia, persisten las redes de reclutamiento informal (el llamado “caporalato”, muy extendido en el sur del país) y en Grecia, en la región fresera de Manolada, es habitual que los trabajadores cobren en torno a 24 euros por toda una jornada de trabajo. El informe es contundente en sus conclusiones: lo habitual en los campos del sur de Europa es la explotación y la contratación ilegal.
Las leyes de extranjería posibilitan estos abusos generalizados. “El trabajo agrícola es el primer trabajo al que tiene acceso una persona que no está en una situación administrativa regular. Hay tantas trabas para regularizarse que [estas personas] son el eslabón más débil, más chantajeable, el que no puede pedir. Hoy le dan trabajo aquí y mañana allá y no tienen ni la certeza de que les pagarán”, argumenta Paone. “Está claro que la ley de extranjería debe ser modificada: si hay miles de personas en absoluta desprotección [por estar en situación irregular], eso confirma una bolsa de mano de obra que no se quejará porque se enfrenta a una expulsión”, añade la periodista.
“Si protestas en el tajo, si reclamas tus derechos, te dicen: ‘Si no te gusta, a la calle, que ahí fuera tengo a 3.000 personas que lo harán por la mitad de dinero’”, cuenta Ana Pinto. “Así, han ido llamando al enfrentamiento, y han ido articulando un discurso del odio”. Lo cierto es que, en pueblos onubenses como Lepe, se han vuelto mayoritarias las opciones de ultraderecha que, como Vox, alientan la xenofobia y el racismo.
Existiría así un vínculo entre la demanda de mano de obra flexible en la agricultura europea y las restrictivas leyes de extranjería. La antropóloga Alicia Reigada, cuya tesis doctoral versa sobre la situación de las temporeras en Huelva, cree que puede hablarse de un “racismo institucional” que “favorece la exclusión y el racismo” al construir una categoría de migrante ilegal expuesto a todo tipo de abusos. Por eso, el sistema fronterizo europeo requiere “transformaciones estructurales, y no apenas parches que no cuestionan el modelo”.
Soluciones complejas para problemas estructurales
“La contratación en origen resulta muy útil para el sector”, afirma Reigada. El sistema fronterizo facilita la mano de obra barata que demanda el sector, en un contexto en el que un puñado de grandes multinacionales acaparan el valor en las cadenas globales.
De las tres grandes fases del agronegocio (investigación, producción y distribución), los empresarios locales sólo controlan la segunda fase. Para el caso de la fresa en España, los laboratorios de California y Florida controlan en gran medida el eslabón de la innovación; y, al otro extremo de la cadena, los grandes distribuidores controlan precios, formatos y estándares de calidad gracias a su poder oligopolístico: seis grandes grupos, con Mercadona, Carrefour y Lidl a la cabeza, controlan el 55% de la distribución de todos los productos alimenticios (en España).
Si los problemas son estructurales, las soluciones deben abordar esa complejidad. Paone recuerda que es necesario que el sistema de inspecciones laborales sea a nivel europeo: “El sistema de control tiene que ser europeo, porque el problema es europeo. De lo contrario, parece un problema local, y entonces tal vez logremos evitar los abusos en Huelva, pero se desplazarán a Grecia”.
¿Y qué hacer como consumidores? Las Jornaleras de Huelva en Lucha rechazan el boicot de los consumidores ya que, si no va a acompañado de otras medidas, un boicot a la fresa de Huelva no resuelve sus problemas, sino que puede llegar a empeorarlos, ya que las deja sin trabajo. Se requieren transformaciones mucho más profundas: “El modelo agroindustrial hay que cambiarlo paulatinamente hacia un modelo que se mantenga en equilibrio con los ecosistemas locales”, resume Reigada.
