Fuente: Planeta Futuro, El País
Andri Zuleny Pegui no puede contener las lágrimas cuando recuerda su vida: sus tiempos de guerrillera, lo duro que ha sido el camino una vez dejaron las armas y los sueños que tenían cuando firmaron la paz. “Queremos que nos dejen vivir y no nos maten. Estamos comprometidos con el proceso de paz. Dimos la palabra y estamos cumpliendo. Queremos sacar adelante nuestros proyectos productivos y el trabajo social con las comunidades, pero todo han sido obstáculos y palos en la rueda para no cumplir lo acordado”, lamenta. Cerca de 300 personas que tomaron las armas y luego firmaron la paz han sido asesinadas desde que el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC rubricasen los acuerdos de La Habana hace ahora cinco años.
Pegui es presidenta de la cooperativa Comamce, formada por excombatientes, y ha recibido amenazas directas en su casa de Mandivá, una vereda del norte de la región del Cauca, cerca de Santander de Quilichao. Ella es una de los 3.500 personas en proceso de reincorporación de las FARC que abandonaron los antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación (ETCR) para reorganizarse en unos nuevos asentamientos que bautizaron como Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) y que el Gobierno no reconoce oficialmente. Existen unas 93 distribuidas en 17 regiones del país y desde allí crearon en muchos casos cooperativas para impulsar proyectos productivos. Según el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, existen 155 cooperativas de personas reincorporadas ligadas a iniciativas, principalmente agrícolas, que avanzan con muchas dificultades.
Solo los esfuerzos que la comunidad internacionalestá haciendo por defender el proceso de paz en Colombia suponen una cierta esperanza para las personas que decidieron dejar sus armas Un ejemplo son los proyectos que la Asociación Catalana por la Paz (ACP) e International Action for Peace (IAP) con la financiación de la Agencia Catalana de Cooperación (ACCD) y la Agencia Española de Cooperación (AECID) realizan con excombatientes a través de diferentes contrapartes, incluidas dos universidades del país en agrupación con la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona.
Son los únicos del Estado español que trabajan directamente con exguerrilleros en proceso de reincorporación y los dos están en la convulsa región del Cauca, en el suroccidente de Colombia. Uno es de producción de huevos y el otro, piscícola, de producción de tilapia roja. Ambos pretenden promover la implementación de la llamada paz territorial a través del apoyo a la reconciliación y la reincorporación socioeconómica de excombatientes.
Diez mil gallinas ponedoras llegaran así a los NAR de dos veredas caucanas de los municipios de Caldono y Santander de Qulichao a lo largo de los próximos dos años. Beneficiará a unas 30 familias de personas reincorporadas y a otras tantas de la comunidad integradas en el plan. La idea es que lleguen primero 5.000 y produzcan unos 4.500 huevos diarios, unas 200 gallinas por familia que deben producir unos 180 unidades por jornada. El trabajo se complementa con un diplomado de Universidad del Valle que busca fortalecer el papel de la mujer y capacitarles en temas de cooperativismo y economía social y solidaria.
La implementación no será fácil. En el Cauca, la situación de seguridad es muy complicada y la violencia merodea a este colectivo. Las estructuras armadas presentes en el territorio han enfocado sus amenazas contra los exguerrilleros. Hace unos meses, siete hombres armados sacaron a Nelson Rodríguez de su casa del NAR de una vereda de Santander de Quilichao, y lo asesinaron. Cerca de 300 miembros han sido ya ejecutados tras la firma de los acuerdos de paz.
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