Publicado en Alfa y Omega
La Alianza Internacional de ONG Católicas de Desarrollo (CIDSE) ha coordinado el lanzamiento de una declaración en la que obispos del tercer mundo y de Europa reclaman normativas para obligar a las empresas a asegurarse de que todo su proceso productivo (incluidas las fases que dependen de sus proveedores) respete los derechos humanos.
«Ahora más que nunca necesitamos leyes de diligencia debida obligatoria en las cadenas de suministros para frenar los abusos de las empresas y garantizar la solidaridad global». Lo afirman 110 obispos en un comunicado en el que reclaman que a nivel nacional, pero sobre todo internacional, se introduzcan medidas vinculantes que hagan a las empresas responsables por ley de asegurar el respeto a los derechos humanos a lo largo de todo su proceso de producción.
Esta reivindicación, puesta en marcha por la Alianza Internacional de ONG Católicas de Desarrollo (CIDSE), se lanza en un momento en el que el COVID-19 ha exacerbado la situación, aseguran los responsables. La crisis global desatada por la pandemia «ha sembrado el caos en las cadenas de suministro globales que unen las fábricas a través de las fronteras». Además, ha expuesto «nuestra dependencia de los trabajadores vulnerables que realizan trabajos esenciales en todo el mundo» al tiempo que carecen de protección social.
Sin una legislación adecuada, aseguran los obispos firmantes, no se impedirá a las empresas transnacionales llevar a cabo evasión fiscal, abusar de los derechos humanos, infringir las leyes laborales y destruir ecosistemas enteros. Estos abusos pueden ser cometidos por ellas o por sus proveedores.
Responsables de controlar a los proveedores
Lo que pretenden las leyes de diligencia debida obligatoria es que las empresas pongan todos los medios para asegurar que en cada paso del proceso productivo se respeten las leyes, los derechos humanos y el medio ambiente. Los prelados afirman que los intentos de hacer esto de forma voluntaria han fracasado, por lo que una legislación obligatoria es la única opción para proteger a las comunidades.
El comunicado se ha hecho público este lunes, pocos días después de que Alemania asumiera la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Los promotores esperan que este semestre sirva para impulsar este tipo de legislación, del que el país germano se ha mostrado partidario, y para armonizar el mosaico actual.
La UE ya cuenta con algunas medidas en este sentido, como la regulación sobre suministro responsable de minerales de zonas de conflicto, que entrará en vigor en 2021. Pero entidades como la Fundación Alboán, el Instituto Popular de Capacitación de Colombia o German Watch criticaron hace meses que esta normativa no incluye las medidas suficientes ni contempla todos los riesgos.
Promesas de un pronto desarrollo
Didier Reynders, Comisionado de Justicia de la UE dio recientemente un paso en la dirección correcta al anunciar que la legislación de la UE sobre derechos humanos obligatorios y debida diligencia ambiental para las corporaciones se desarrollará pronto, como su contribución al Acuerdo Verde Europeo y en el contexto del plan de recuperación posterior a COVID-19 de la UE.
La declaración celebra esta muestra de buena voluntad y también llama a los líderes estatales a avanzar en la legislación vinculante a nivel de la ONU a través de la participación en el proceso actual para un Tratado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Actividades Empresariales.
Denuncias desde los países de origen
Entre los obispos que firman el texto se encuentran los cardenales Jean-Claude Hollerich, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE), y Charles Bo, arzobispo de Yangon, en Myanmar. Hace apenas unos días el cardenal Bo denunció públicamente «la total negligencia y arrogancias de empresas que siguen deshumanizando a los pobres del país» y que tienen, como consecuencia final, desastres como la muerte de 172 trabajadores informales que fueron sepultados por un corrimiento de tierra cuando recogían restos de jade.
Otros obispos, de países como la India, Uganda y Colombia, también han sido testigos de cómo sus comunidades se veían afectadas por las acciones de empresas transnacionales. Cuentan con el apoyo de los obispos de Europa (Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suiza o Países Bajos) que se han sumado a la petición, subrayando la necesidad de que la UE asuma su responsabilidad. La declaración está abierta a nuevas adhesiones.
Josianne Gauthier, secretaria general de CIDSE, ha destacado cómo «me inspira ver a tantos representantes de la Iglesia hablando con una sola voz sobre el tema de la regulación corporativa, apuntalando el trabajo de muchas mujeres y hombres, muchos de ellos socios de CIDSE, cuya vida se dedica a la defensa de los derechos humanos y ambientales. Todos estamos interconectados y les debemos apoyar su lucha de cualquier manera que podamos».
