Brecha social y crisis a la vista

Fuente: laopiniondemurcia.com

Autor: José Molina

Nos convertiremos poco a poco en trabajadores uberizados, que viviremos en plataformas nebulosas que para colmo de los engaños se atribuyen ser ‘economía colaborativa’: una forma de silicolonizar el mundo para que nos dominen desde la nube sin darnos cuenta

Después de una década sufriendo las consecuencias de una crisis financiera que cocinaron los que gobiernan las superestructuras de la economía, nos llega esta pandemia, que ha caído como un obús entre la ciudadanía más pobre y con menos medios. Lo peor de las dos crisis es que se han politizado y están desestructurando aceleradamente la sociedad. La OMS advierte que hay muchas decisiones que se están asumiendo que escapan al ámbito sanitario y son más el resultado de las confrontaciones políticas y sociales de una sociedad que con la crisis del 2008 arruinó el Estado de Bienestar. Madrid y otras Comunidades son un claro ejemplo de esta situación del caos por los recortes.

El primer obús nos estalló en la cara, fue una situación imprevista, caímos en la trampa del virus y golpeó indiscriminadamente. Pero esta segunda oleada del covid-19 viene directamente a la parte más débil y con más brecha social de la sociedad, que es la más numerosa.
Gobiernos sin soluciones por su aferrado encadenamiento a un mundo neoliberal que se ha hipotecado con lo más reaccionario del mundo económico global. Llegar al millón de muertes es un gran drama que suma a la brecha social, la gran discriminación de desigualdades que se vive en el planeta. La clase privilegiada se ha protegido es sus espacios amplios y no viaja en colectivos. Cuenta con los medios de control médicos preventivos y su escudo social la protege con más eficacia.

En los barrios más populosos de las ciudades (Madrid es el ejemplo más simbólico) sobrevivir es el deseo de cada día, y el reto de acudir al trabajo y solucionar las urgencias de cada momento no se soluciona ni con un confinamiento desigual, ni con más policías. Se soluciona con más medios sanitarios, con más médicos dedicados a cubrir las necesidades y con estructuras sanitarias que mejoren lo que no hay en las viviendas de estos vecindarios explotados y carentes de lo más esencial desde que la crisis del 2008 les golpeó.

El virus nos llegó desde China mordiendo indiscriminadamente, pero el tiempo nos está demostrando que no todos se pueden defender con los mismos medios. Y es aquí donde aparece la desigualdad más feroz. Esa que tenemos mal asumida, porque nos dejamos convencer de que la crisis financiera de 2008 era producida por un monstruo amable, que nos robaba recursos, por un lado, pero por otro nos daba un trabajo precario para seguir viviendo. Y que consagró la idea de que había que aceptar la superación de las ideologías, y de las clases sociales como concepto. Ello nos llevó al actual fiasco: el recorte de la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales. El espectáculo de las residencias de ancianos es la imagen más patente de este resultado.

Tenemos sensación de abandono, y nos tememos que pueda ser peor. La reacción no ha sido eliminar del panorama a los que han sido culpables de este caos, sino mirar para otro lado o responsabilizar a otros. La fragilidad del ser humano se ha puesto al descubierto. La ausencia de instituciones y organizaciones de defensa de los derechos, que operó con eficacia para implantar el contrato social para el Estado del Bienestar ya no funciona. Y no es casual: Margaret Thatcher y Ronald Reagan se encargaron de robarnos nuestra alma rebelde e implantarnos un alma consumista. Consiguieron, como dice Simone, que el mundo girase a la derecha y aceptase que el monstruo del capitalismo tenía una cara amable.

Con el teletrabajo nos quieren vender una solución, pero se ha implantado a ciegas y puede ser una nueva trampa para decir adiós al concepto de trabajo. Tener un puesto en una estructura. Tener un trabajo, bueno o malo. Nos convertiremos poco a poco en trabajadores uberizados, que viviremos en plataformas nebulosas que para colmo de los engaños se atribuyen ser ‘economía colaborativa’: una forma de silicolonizar el mundo para que nos dominen desde la nube sin darnos cuenta.

Por eso es importante reaccionar. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, con su plan París a 15 Minutos, está abordando el problema con más sentido y compromiso. Su plan, elaborado por Carlos Moreno, profesor de la Sorbona, puede ser analizado y adaptado en el desarrollo de las ciudades. Ahora toca una tarea descomunal: buscar nuevos contenidos a la altura de los tiempos, capaces de aportar formas de innovación que llenen el vacío que estas crisis están produciendo. Porque la actual crisis, que se alimenta con los destrozos de la otra, puede provocar una nueva para la que no haya vacuna posible: porque nos quieren arruinar no ya la economía, sino la vida misma.

Un nuevo despotismo intenta poco a poco de forma virtual y algorítmica degradar a las mujeres y hombres de este planeta dominando con sutileza todos los elementos que lo componen. Estamos siendo atormentados con un rostro sonriente que los medios se encargan de difundir. Una conspiración perfecta.

Subsidiariedad y virtud de la esperanza

Fuente: Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral.

Octava catequesis del Papa Francisco sobre la pandemia de Covid-19 “Sanar el mundo” a la luz del Evangelio, las virtudes teológicas y los principios de la doctrina social de la Iglesia

Queridos hermanos y hermanas, ¡parece que el tiempo no es muy bueno, pero os digo buenos días igualmente!

Para salir mejores de una crisis como la actual, que es una crisis sanitaria y al mismo tiempo una crisis social, política y económica, cada uno de nosotros está llamado a asumir su parte de responsabilidad, es decir compartir la responsabilidad. Tenemos que responder no solo como individuos, sino también a partir de nuestro grupo de pertenencia, del rol que tenemos en la sociedad, de nuestros principios y, si somos creyentes, de la fe en Dios. Pero a menudo muchas personas no pueden participar en la reconstrucción del bien común porque son marginadas, son excluidas o ignoradas; ciertos grupos sociales no logran contribuir porque están ahogados económica o políticamente. En algunas sociedades, muchas personas no son libres de expresar la propia fe y los propios valores, las propias ideas: si las expresan van a la cárcel. En otros lugares, especialmente en el mundo occidental, muchos auto-reprimen las propias convicciones éticas o religiosas. Pero así no se puede salir de la crisis, o en cualquier caso no se puede salir mejores. Saldremos peores.

Para que todos podamos participar en el cuidado y la regeneración de nuestros pueblos, es justo que cada uno tenga los recursos adecuados para hacerlo (cfr. Compendio de la doctrina social de la Iglesia [CDSC], 186). Después de la gran depresión económica de 1929, el Papa Pío XI explicó lo importante que era para una verdadera reconstrucción el principio de subsidiariedad (cfr. Enc. Quadragesimo anno, 79-80). Tal principio tiene un doble dinamismo: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Quizá no entendamos qué significa esto, pero es un principio social que nos hace más unidos.

Por un lado, y sobre todo en tiempos de cambio, cuando los individuos, las familias, las pequeñas asociaciones o las comunidades locales no son capaces de alcanzar los objetivos primarios, entonces es justo que intervengan los niveles más altos del cuerpo social, como el Estado, para proveer los recursos necesarios e ir adelante. Por ejemplo, debido al confinamiento por el coronavirus, muchas personas, familias y actividades económicas se han encontrado y todavía se encuentran en grave dificultad, por eso las instituciones públicas tratan de ayudar con apropiadas intervenciones sociales, económicas, sanitarias: esta es su función, lo que deben hacer.

Pero por otro lado, los vértices de la sociedad deben respetar y promover los niveles intermedios o menores. De hecho, la contribución de los individuos, de las familias, de las asociaciones, de las empresas, de todos los cuerpos intermedios y también de las Iglesias es decisiva. Estos, con los propios recursos culturales, religiosos, económicos o de participación cívica, revitalizan y refuerzan el cuerpo social (cfr. CDSC, 185). Es decir, hay una colaboración de arriba hacia abajo, del Estado central al pueblo y de abajo hacia arriba: de las asociaciones populares hacia arriba. Y esto es precisamente el ejercicio del principio de subsidiariedad.

Cada uno debe tener la posibilidad de asumir la propia responsabilidad en los procesos de sanación de la sociedad de la que forma parte. Cuando se activa algún proyecto que se refiere directa o indirectamente a determinados grupos sociales, estos no pueden ser dejados fuera de la participación. Por ejemplo: “¿Qué haces tú? —Yo voy a trabajar por los pobres. —Qué bonito, y ¿qué haces? —Yo enseño a los pobres, yo digo a los pobres lo que deben hacer”. —No, esto no funciona, el primer paso es dejar que los pobres te digan cómo viven, qué necesitan: ¡Hay que dejar hablar a todos! Es así que funciona el principio de subsidiariedad. No podemos dejar fuera de la participación a esta gente; su sabiduría, la sabiduría de los grupos más humildes no puede dejarse de lado (cfr. Exhort. ap. postsin. Querida Amazonia [QA], 32; Enc. Laudato si’, 63). Lamentablemente, esta injusticia se verifica a menudo allí donde se concentran grandes intereses económicos o geopolíticos, como por ejemplo ciertas actividades extractivas en algunas zonas del planeta (cfr. QA9.14). Las voces de los pueblos indígenas, sus culturas y visiones del mundo no se toman en consideración. Hoy, esta falta de respeto del principio de subsidiariedad se ha difundido como un virus. Pensemos en las grandes medidas de ayudas financieras realizadas por los Estados. Se escucha más a las grandes compañías financieras que a la gente o aquellos que mueven la economía real. Se escucha más a las compañías multinacionales que a los movimientos sociales. Queriendo decir esto con el lenguaje de la gente común: se escucha más a los poderosos que a los débiles y este no es el camino, no es el camino humano, no es el camino que nos ha enseñado Jesús, no es realizar el principio de subsidiariedad. Así no permitimos a las personas que sean «protagonistas del propio rescate»[1]. En el subconsciente colectivo de algunos políticos o de algunos sindicalistas está este lema: todo por el pueblo, nada con el pueblo. De arriba hacia abajo pero sin escuchar la sabiduría del pueblo, sin implementar esta sabiduría en el resolver los problemas, en este caso para salir de la crisis. O pensemos también en la forma de curar el virus: se escucha más a las grandes compañías farmacéuticas que a los trabajadores sanitarios, comprometidos en primera línea en los hospitales o en los campos de refugiados. Este no es un buen camino. Todos tienen que ser escuchados, los que están arriba y los que están abajo, todos.

Para salir mejores de una crisis, el principio de subsidiariedad debe ser implementado, respetando la autonomía y la capacidad de iniciativa de todos, especialmente de los últimos. Todas las partes de un cuerpo son necesarias y, como dice San Pablo, esas partes que podrían parecer más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias (cfr. 1 Cor 12, 22). A la luz de esta imagen, podemos decir que el principio de subsidiariedad permite a cada uno asumir el propio rol para el cuidado y el destino de la sociedad. Aplicarlo, aplicar el principio de subsidiariedad da esperanza, da esperanza en un futuro más sano y justo; y este futuro lo construimos juntos, aspirando a las cosas más grandes, ampliando nuestros horizontes[2]. O juntos o no funciona. O trabajamos juntos para salir de la crisis, a todos los niveles de la sociedad, o no saldremos nunca. Salir de la crisis no significa dar una pincelada de barniz a las situaciones actuales para que parezcan un poco más justas. Salir de la crisis significa cambiar, y el verdadero cambio lo hacen todos, todas las personas que forman el pueblo. Todos los profesionales, todos. Y todos juntos, todos en comunidad. Si no lo hacen todos el resultado será negativo.

En una catequesis precedente hemos visto cómo la solidaridad es el camino para salir de la crisis: nos une y nos permite encontrar propuestas sólidas para un mundo más sano. Pero este camino de solidaridad necesita la subsidiariedad. Alguno podrá decirme: “¡Pero padre hoy está hablando con palabras difíciles! Pero por esto trato de explicar qué significa. Solidarios, porque vamos en el camino de la subsidiariedad. De hecho, no hay verdadera solidaridad sin participación social, sin la contribución de los cuerpos intermedios: de las familias, de las asociaciones, de las cooperativas, de las pequeñas empresas, de las expresiones de  la sociedad civil. Todos deben contribuir, todos. Tal participación ayuda a prevenir y corregir ciertos aspectos negativos de la globalización y de la acción de los Estados, como sucede también en el cuidado de la gente afectada por la pandemia. Estas contribuciones “desde abajo” deben ser incentivadas. Pero qué bonito es ver el trabajo de los voluntarios en la crisis. Los voluntarios que vienen de todas las partes sociales, voluntarios que vienen de las familias acomodadas y que vienen de las familias más pobres. Pero todos, todos juntos para salir. Esta es solidaridad y esto es el principio de subsidiariedad.

Durante el confinamiento nació de forma espontánea el gesto del aplauso para los médicos y los enfermeros y las enfermeras como signo de aliento y de esperanza. Muchos han arriesgado la vida y muchos han dado la vida. Extendemos este aplauso a cada miembro del cuerpo social, a todos, a cada uno, por su valiosa contribución, por pequeña que sea. “¿Pero qué podrá hacer ese de allí? —Escúchale, dale espacio para trabajar, consúltale”. Aplaudimos a los “descartados”, los que esta cultura califica de “descartados”, esta cultura del descarte, es decir aplaudimos a los ancianos, a los niños, las personas con discapacidad, aplaudimos a los trabajadores, todos aquellos que se ponen  al servicio. Todos colaboran para salir de la crisis. ¡Pero no nos detengamos solo en el aplauso! La esperanza es audaz, así que animémonos a soñar en grande. Hermanos y hermanas, ¡aprendamos a soñar en grande! No tengamos miedo de soñar en grande, buscando los ideales de justicia y de amor social que nacen de la esperanza. No intentemos reconstruir el pasado, el pasado es pasado, nos esperan cosas nuevas. El Señor ha prometido: “Yo haré nuevas todas las cosas”. Animémonos a soñar en grande buscando estos ideales, no tratemos de reconstruir el pasado, especialmente el que era injusto y ya estaba enfermo. Construyamos un futuro donde la dimensión local y la global se enriquecen mutuamente —cada uno puede dar su parte, cada uno debe dar su parte, su cultura, su filosofía, su forma de pensar—, donde la belleza y la riqueza de los grupos menores, también de los grupos descartados, pueda florecer porque también allí hay belleza, y donde quien tiene más se comprometa a servir y dar más a quien tiene menos.

 

[1] Mensaje para la 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2020 (13 de mayo de 2020).

[2] Cfr. Discurso a los jóvenes del Centro Cultural Padre Félix Varela, La Habana – Cuba, 20 de septiembre de 2015.

¿Están en peligro la organización social y los derechos civiles?

Fuente: ctxt.es

CTXT contexto y acción

Nuria Alabao / Pastora Filigrana

En defensa de la organización social y las protestas

Si actos como el aniversario de un medio de comunicación son legales por constituir “actividad institucional” no restringida por el estado de alarma, es lógico considerar que las reuniones de movimientos sociales, AMPAS, sindicatos… lo sean también.

Durante esta pandemia estamos siendo testigos de un estrechamiento del espacio público. Lo colectivo está perdiendo tensión y fuerza, mientras la inseguridad y el miedo se viven cada vez más en soledad. Los movimientos sociales y los sindicatos de base llevan tiempo debatiendo internamente qué hacer con las restricciones impuestas para el control de la pandemia. Muchos ya no se reúnen presencialmente, solo de forma virtual, con las limitaciones que eso significa, o incluso han dejado de verse las caras. Otros están intentando mantener sus actividades, a pesar de todas las dificultades, inventando formas nuevas, y cada vez vemos más protestas públicas. Las dudas sobre qué hacer están ahí, nunca habíamos vivido nada parecido: ¿podemos convocar concentraciones o manifestaciones y de qué tipo? ¿Vale la pena? ¿Estamos siendo responsables? ¿Es legal reunirse? ¿Nos pueden multar por ser más de seis? ¿Cómo se para un desahucio en estas condiciones? ¿Qué hacemos si intentan desalojar nuestro centro social durante el toque de queda?

Lo cierto es que, sorprendentemente, ni en las leyes que declaraban el anterior estado de alarma, ni en el actual, aparece ninguna mención a la actividad política y sindical. Aunque sí se recoge un apartado expreso sobre las restricciones de aforo en lugares de culto con el objetivo, dicen, de “garantizar el derecho de culto”. Sin embargo, el ejercicio de los derechos políticos no parece merecedor de un apartado especial. En los medios, e incluso en las redes, apenas se habla del tema, como si los considerásemos algo irrelevante. Por desgracia, el escaso discurso público sobre la restricción de derechos fundamentales parte únicamente de los elementos más extremos de la derecha. Lo que llamamos izquierda ha abandonado su defensa y ha asumido el marco de que lo más ‘responsable’ es reivindicar las medidas restrictivas en casi cualquier caso, a pesar de que podemos empezar a percibir un cambio de sentido común sobre estas respecto de la primera oleada cuando apenas nadie se salía del guion. (Recordemos que el reconocimiento de estos derechos ha llevado siglos de pelea por parte del movimiento obrero y que todavía hoy hay que seguir peleando la posibilidad de poder luchar –la Ley Mordaza es un ejemplo).

Ya sabemos que organizarse es bastante complicado de por sí. Este escenario lo dificulta aún más. Lo virtual, la división en grupos más pequeños para reunirse, la delegación de la toma de decisiones en comités están minando, en muchos casos, las formas de democracia interna de las organizaciones –una cuestión en la que andamos siempre enzarzadas–. En organizaciones –como la PAH– donde buena parte de la militancia pertenece a sectores sociales que tienen menos dominio de las herramientas tecnológicas o posibilidad de usarlas, esta situación está dificultando la participación de estas personas. Entendemos la urgencia, pero sabemos que a largo plazo puede tener consecuencias, genera tensiones internas y malestares que pueden afectar a las capacidades de la organización. “Es pasajero”, pensamos, pero no sabemos cómo quedará el tejido social cuando esto termine –ni cuándo lo hará–, quizás cuando más necesario sea un tejido movimentista fuerte.

La situación golpea pues duramente a los movimientos sociales y sindicatos de base justo en un momento en que necesitamos más fuerza para pelear por el sentido de las medidas de reconstrucción y por qué parte de los fondos europeos vamos a ser capaces de ganar para redistribuir entre los de abajo. ¿Qué hacemos si los préstamos llegan condicionados desde Bruselas a nuevos recortes?

Hoy ya estamos atravesando esta extraña crisis que deja colas infinitas en los repartos de alimentos y cuyo fin es incierto, una crisis que se superpone sobre los coletazos de la anterior. Los desahucios se han reanudado, los cortes de servicios, hasta hace poco en moratoria, también. Hay gente sin casa a la que se recomienda o exige quedarse en ella. Hay gente sin agua y sin luz que no pueden irse al bar a calentarse. Sin embargo, el nivel de movilización es muy bajo. Pablo Iglesias ha pedido a los movimientos sociales que le exijan, que “su capacidad de presión es condición de posibilidad de que los gobiernos puedan hacer ciertas cosas”. No estaría de más, si esto piensa, que derogase la Ley Mordaza que ya se está aplicando en algunos lugares para desarticular a las PAHs mediante la imposición de multas de miles de euros a quienes paran desahucios o usan la desobediencia civil como parte de su estrategia política. La derogación de esta ley, que recordemos, fue una promesa del pacto de gobierno, ha quedado sepultada por su utilización para penalizar el incumplimiento de las restricciones de la pandemia. Pero la responsabilidad también está de nuestro lado: la de decidir que vale la pena seguir luchando, poner las condiciones para que pueda hacerse cumpliendo las recomendaciones sanitarias –en la medida de lo posible– y defender esta postura públicamente.

En general, estamos asistiendo a un nivel inaudito de autocensura en los movimientos sociales. A veces, la militancia está siendo más estricta a la hora de autorrestringirse que la propia ley. Dejamos de hacer reuniones que están permitidas, incluso pudiendo garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, o suspendemos movilizaciones públicas por miedo a dar una imagen de “irresponsables”. Aunque lo responsable, sin duda, es seguir movilizados. Es verdad que hay indeterminación legal –no siempre sabemos qué se puede hacer y qué no–, miedo a las multas, miedo al virus. Pero más allá de estos legítimos temores, hemos normalizado rápidamente que nuestra actividad política o sindical es prescindible, que no es una actividad “esencial” como trabajar o ir de compras. Como si la militancia fuese parte de nuestro ocio o algo que hacemos en nuestros ratos libres y que podemos, por tanto, suspenderla sin mayor consideración. La organización política y asociativa es esencial, sin embargo, para el buen funcionamiento democrático en todos los órdenes.

Por supuesto, mientras estemos obligados a trabajar –y tampoco podemos dejar de hacerlo si no nos garantizan renta suficiente para vivir–, la actividad sindical no puede ser algo prescindible. Si el trabajo no para, la lucha por reducir el nivel de explotación, tampoco. Hoy el nivel de conflictividad en las empresas está aumentando por la crisis y en breve vamos a vivir despidos masivos. Las patronales no necesitan reunir gente: les basta levantar teléfonos. Nosotros no tenemos más fuerza que la que seamos capaces de oponer o de hacer visible –sobre todo más allá de las redes–. Además, esta fuerza depende del conflicto que consigamos articular, pero las movilizaciones que se organizan telemáticamente nunca pueden alcanzar el nivel de conflictividad de aquellas que se organizan cara a cara. Cuando se genera confianza personal con el resto de militantes, cuando crees en el colectivo, el riesgo que estás dispuesto a asumir siempre es mayor.

¿Qué dice la ley?

Uno de los principales problemas es la indeterminación. Es difícil saber lo que se puede y no se puede hacer y tenemos constancia de que la policía está usando esta indeterminación para impedir formaciones o reuniones políticas, para disolver concentraciones, o incluso que se han llevado a gente de manifestaciones para multarlas por “tener la mascarilla mal colocada”. Hoy, supuestamente, podrían entrar a un centro social a contar las personas que asisten a una reunión e impedirla si consideran que las sillas no están a la distancia adecuada o excede el aforo, un ejercicio de control político inaudito que estamos naturalizando a la velocidad del rayo.

Como hemos señalado, el Real Decreto del estado de alarma del 25 de octubre no habla específicamente de actividad política y sindical. Lo único que nombra es el derecho de manifestación que podrá ser limitado, e incluso prohibido, cuando en la comunicación previa “no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios”. Entendemos que esto depende de una valoración que da lugar a un cierto margen de arbitrariedad que otorga mayor poder de control a las autoridades. Por otra parte, ¿cómo se garantiza la distancia de seguridad si estás intentando parar un desahucio?

Pero ¿están limitadas las asambleas políticas a seis personas? Respecto al derecho de reunión, el estado de alarma restringe las reuniones “familiares y de ocio”, tanto en espacios cerrados como al aire libre, a seis participantes –que pueden ser reducidas aún más por las comunidades– (De hecho el decreto es un marco normativo general que las comunidades pueden ajustar en sus territorios). Es decir, limita todo aquello que se supone iría incluido en el ámbito de las actividades realizadas durante el “tiempo libre”. Como hemos dicho, para el culto desarrolla un apartado especial que impone restricciones de aforo. El resto de actividades laborales e institucionales no tienen ningún tipo de restricción –salvo las que imponen las recomendaciones de sanidad y recogen los protocolos de riesgos laborales de distancia, mascarillas, etcétera–. Es decir, en principio, las oficinas, las fábricas o los call center pueden tener a cientos de trabajadores en la misma sala. Las tiendas, los comercios, los teatros y cines también pueden seguir abiertos al público. Los transportes –todos hemos visto imágenes estos días de metros atestados– no tienen ningún tipo de restricción legal de aforo.

¿Qué pasa con las actividades políticas que no son trabajo, ni culto, ni ocio? Ateniéndonos a la formulación de la ley, y dado que no hay un apartado específico que proteja el derecho fundamental de participación política y sindical, creemos que estas actividades podrían quedar recogidas en la excepción de la actividad “institucional”. Ya hemos explicado que no son actividades de ocio y tiempo libre y, también, que son esenciales para el funcionamiento democrático de una sociedad. Si actos como el aniversario de El Español son legales por constituir “actividad institucional” no restringida por el estado de alarma, es lógico considerar que las reuniones y actividades de asociaciones de vecinas, AMPAS, sindicatos, plataformas de vivienda, educación o sanidad pública lo sean también. Las PAHs y los Centros Sociales, sin duda, también son instituciones. Al quedar recogidas como actividades institucionales, también quedarían exentas del cumplimiento del toque de queda –una de las medidas de restricción de movilidad más extremas hoy–. Al menos para que las personas puedan regresar a casa después de una de estas actividades, tal y como recoge la ley.

Con la pandemia hemos visto claramente cómo la sanidad pública ha sido maltratada con contratos precarios y privatizaciones. Si todavía resiste, con limitaciones, es porque se frenó algo su desmantelamiento gracias a las luchas precedentes de la Marea Blanca. Por suerte, las movilizaciones en sanidad siguen hoy en plena pandemia. Asumimos que hace falta mucha más inversión pública en sanidad, en rastreadores, en test, en personal, etc. En lugar de inversión social y sanitaria en los barrios más depauperados, llegan más policías y prohibiciones. Como han explicado ya muchos especialistas, los determinantes sociales de la salud como la precarización laboral, la pobreza, los problemas en la vivienda o las injusticias ambientales, están relacionados con las políticas públicas y la desigual distribución del poder. “Así pues, las acciones de quienes tienen más poder y deciden las políticas son decisivas para salvar vidas o bien para matar desigualmente a la gente”, decía el investigador Joan Benach hace poco. Pedir responsabilidades a ese nivel implica movilizarse más allá de las redes para cambiar el sentido de los mensajes mediáticos y políticos que inciden en la responsabilidad individual frente a la colectiva.

Por tanto, tenemos que defender públicamente que la organización social y las protestas son necesarias para cuidar lo común –siempre que cumplan las restricciones sanitarias el máximo posible–. Esto no evitará determinados debates sobre qué actividades realizar y cuáles no y en qué condiciones. Sin embargo, el marco general de discusión será ya otro: el de que la actividad política y sindical es esencial y no siempre puede hacerse desde casa.

Cada colectivo o agrupación debería reflexionar sobre cómo realizar su actividad de la forma más segura posible. Todo ello, evidentemente, dando espacio a los miedos legítimos de los y las militantes y haciéndose cargo de que hay riesgos reales –no todos pueden asumirlos de la misma manera porque no partimos de la misma situación–. Como siempre, hay que intentar no dejar a nadie fuera y tratar de extender la posibilidad de luchar a todos, cualquiera que sea su condición social o su estado de salud. Por último, tendríamos que defender nuestras actividades de manera pública explicando los motivos por los cuales es imprescindible seguir con las actividades políticas en pandemia para empujar el sentido común. Como hemos dicho, luchar es una forma de fortalecer los derechos, la salud y el bienestar de toda la población, implica una responsabilidad con la comunidad. Hagámoslo oír.

CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU VECINO CORTAR….

Javier Marijuán

Decía Montesquieu que el Poder Judicial es el más terrible de los poderes porque se ejerce directamente sobre particulares y puede privarlos de su vida y su libertad. Por esta razón, su diseño institucional siempre se encontrará sometido a tensiones. La división de poderes es uno de los requisitos imprescindibles de la democracia. Sin jueces independientes o con un poder judicial controlado se produce la tiranía del ejecutivo o de los poderes privados. La
división de poderes exige evitar las interferencias arbitrarias que domestiquen a los jueces.Un poder político tiránico utilizado para promover los intereses sectarios de los grupos de presión o de los gobiernos de turno es una de las peores amenazas que pueden afectar a una democracia.

La división de poderes es, en definitiva, el consustancial a una democracia y se configura como un sistema de frenos y contrapesos para que así el poder frene al poder y así evitar su concentración. Lo que nos hace ciudadanos y no siervos en la capacidad que tenga el sistema de poner freno a la arbitrariedad, la discriminación y el abuso.

Una de las instituciones que garantizan la división de poderes en un Estado democrático es la Justicia. Los jueces aplican la ley y cuando se equivocan, existe un sistema de recursos que permite revisar sus decisiones. A mayor sistema de contrapesos, mayor protección de las influencias de los partidos y también de las inclinaciones ideológicas de sus miembros.

Este debate se ha encendido en España en los últimos días cuando el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha reprendido a España por la calidad de su justicia. Tras el anuncio de la reforma proyectada por el PSOE y UP de rebajar de tres quintos a mayoría simple para la elección de los vocales del CGPJ, el
presidente del Greco envió una carta al gobierno denunciando que con ello “se aparta de las normas del Consejo de Europa” relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros y constituye una violación de los estándares anticorrupción.

Ni Pedro Sánchez ni su vicepresidente han pedido perdón por el intento de rebajar la democracia en nuestro país. Europa les ha tenido que recordar que las autoridades políticas deben apartar sus tentáculos del proceso de selección de jueces pues sin salvaguarda de la independencia del poder judicial no es posible luchar contra la corrupción.

Los avisos del GRECO no son novedad. Ya desde hace siete años viene avisando a nuestro país de la necesidad de evaluar marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial por sus efectos sobre la independencia judicial.

¿Por qué los políticos tienen tanto miedo a un poder judicial independiente?. PSOE y Podemos reproducen y aumentan todos los vicios de la peor política. Y su asalto a la justicia es prueba de ello. En plena apoteosis de condenas judiciales al Partido Popular, emerge un oscuro horizonte judicial contra los partidos de la coalición del actual Gobierno de España. Podemos ya tiene que responder de su financiación en los tribunales y su líder se ha visto retratado en la exposición de 63 páginas de un magistrado de la Audiencia Nacional que ha pedido al Tribunal Supremo su imputación. El PSOE andaluz, con presidentes nacionales del partido incluidos, es otro asiduo de condenas en los tribunales por corrupción.

La guerra se ha desatado por el nombramiento de la cúpula judicial (el CGPJ) y su influencia en la composición del Tribunal Supremo, las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional. También es de esperar que se inicie la lucha por controlar a la denominada infantería judicial que también ha logrado éxitos sonados contra la corrupción.

En nuestro país hay gente de mucho poder que ha sido procesada y condenada. Por la cárcel han pasado vicepresidentes del gobierno, ministros, secretarios de Estado de Interior, presidentes y vicepresidentes de Gobiernos autonómicos del PP procesados por jueces de instrucción de provincias. Han existido jueces de instrucción capaces de desmontar tramas corruptas incrustadas en nuestras administraciones y han llevado o van a
llevar a la cárcel a decenas de ex cargos públicos pertenecientes a los principales partidos políticos de este país (casos Gürtel, ERE, Brugal, Campeón, Emperador, Fabra, Filesa, Guateque, Malaya, Palma Arena…). Se calcula que pueden ser en torno a 1.700 causas con cientos de imputados e investigados. Esos jueces de provincias han condenado a penas de prisión a 80 directivos de entidades financieras y siguen procesos judiciales a otros 95. También han sentado en el banquillo a la hermana de un rey y han procesado a los empresarios y financieros más importantes de este país (Emilio y Jaime Botín, César Alierta, Alfredo Saénz….). Si éstos no acabaron en la cárcel, ha sido gracias a la
interferencia del poder político en la justicia, es decir, en órganos cuyos nombramientos dependen del poder político o por los indultos del Gobierno.

En Francia se han presentado noventa demandas contra el gobierno por su gestión del COVID. Entre los demandantes hay colectivos médicos que han denunciado la incoherencia de las medidas y la no aplicación de las recomendaciones de la OMS. El Tribunal de Justicia de la República ha tomado nueve de ellas en consideración. El siete de julio decidió abrir un procedimiento por "abstención de combatir un siniestro" y comenzó
la investigación. Por ello, ya se ha ordenado registrar los despachos y domicilios del actual ministro de Sanidad, de su predecesora en el cargo, del ex primer ministro, la ex portavoz del gabinete y el director general de Sanidad.

El Gobierno francés puede llegar a ser juzgado por su gestión de la crisis del Covid. Y, además, existen precedentes. Fue el caso de la sangre contaminada por el virus del Sida. Tras una demanda de un grupo de hemofílicos que habían recibido transfusiones sanguíneas en 1984 y 1985, se abrió una causa por homicidio involuntario contra tres miembros del gobierno socialista de la época: el primer ministro Laurent Fabius, la ministra de Sanidad y un secretario de Estado. Aunque sólo este último fue declarado culpable, quince años después, los otros dos políticos fueron declarados responsables pero no culpables.

Los que han gestionado la primera ola del Covid tienen un problema. De alguna u otra manera han venido a reconocer que la primera vuelta de las elecciones municipales se hizo con un virus que se expandía sin parar. A principios de enero los expertos ya emitían notas al gobierno sobre la inminencia de una epidemia y nadie hizo nada.

Italia también tiene jueces investigando al gobierno. Otros gobiernos europeos impulsan comisiones de investigación. Los científicos españoles han pedido una auditoría independiente.

¿Estará motivada la jugada de Sánchez e Iglesias también por la precaución de blindarse ante una futura investigación judicial por su negligente respuesta al COVID?.

Combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos, cuidar la naturaleza

Estos últimos años la preocupación sobre el problema del medio ambiente y la destrucción de nuestro planeta ha ido creciendo en nuestra sociedad. Es verdad que dentro de todo lo que se nos vende como “eco” hay una gran variedad de intereses que muchas veces responden al beneficio de unos pocos más que a una preocupación real del cuidado del planeta, llevando muchas veces a mayor perjuicio.

Han surgido múltiples iniciativas de concienciación y denuncia del tema, muchas de ellas muy mediáticas, pero sin compromiso o respuesta real. Otras muchas de estas experiencias son sencillas, desconocidas por muchos y que aportan su pequeño grano de arena.

El cuidado de la Casa Común no es nada nuevo, es algo que llevan haciendo generaciones de pueblos enteros, principalmente empobrecidos, que han vivido, se han sacrificado y han luchado y siguen luchando por cuidar y proteger las tierras, el agua, los bosques, el mar, los animales, las plantas…. por su propia supervivencia y para dejar a sus hijos y a las siguientes generaciones un mundo donde poder vivir. Muchas de estas luchas y reivindicaciones han topado con intereses económicos y políticos que no han tenido escrúpulos en actuar contra ellas. Desde el año 2002 la organización internacional Global Witness lleva realizando un seguimiento de personas que luchan por defender el medioambiente y que han sido asesinadas por ello. Han contabilizado en unos 10 años, unas 1.176 muertes violentas.  El año más sangriento fue 2015, con 185 asesinatos, la mayoría de ellos en países empobrecidos. En 2016 fue noticia el asesinato de Berta Cáceres, que durante años lideró un movimiento contrario a la construcción de la presa hidroeléctrica en su tierra, Honduras.

En el año 2015, surge con fuerza Ecología integral con la publicación de la Encíclica Laudato Sí del Papa Francisco. Este término abarca todas las dimensiones de la persona (salud, economía, política, sociedad, espíritu) y remarca que el problema ecológico no es un problema de la naturaleza, sino que está relacionado con todos los problemas actuales de la persona (sociales, políticos, económicos, culturales). Ante la contaminación, el cambio climático, la destrucción de bosques, la desaparición de nuestra rica biodiversidad y donde millones de personas no disponen de vivienda, agua potable… de lo imprescindible para vivir, se produce un Humanicidio provocado por el abuso de los recursos, la sobreexplotación y el despilfarro (hambre y carestía, explotación y esclavitud en la producción…). Vivimos una situación en la que todo está montado para servir al poder económico y tecnológico de donde se saca beneficio para unos pocos excluyendo a la mayoría de la humanidad. Esto nos exige una mirada integral, pues el medio ambiente no es una parte, es un todo. Trabajar con una mirada de ecología integral, no es una moda, es una obligación, cada persona humana nos jugamos nuestra vida y la de generaciones futura en ello. Es fundamental, que el hombre tenga el protagonismo de su vida.

La Ecología Integral une lo ecológico y la justicia social como un todo indisoluble; no valen solo las soluciones técnicas, deben ser políticas, económicas y sociales. Es necesario cambiar el modelo de desarrollo basado en la explotación de una mayoría de la humanidad y la progresiva destrucción del planeta. En este momento es necesario un paso decisivo, trabajar por la justicia e igualdad para todos los pueblos, y ello supone un cambio en nuestro estilo de vida. Es necesario incorporar en todo este camino la historia, la cultura, la arquitectura…la vida de un lugar, que mantenido su identidad construye de forma solidaria el futuro. Incorporar la historia rescatando todo lo bueno que la humanidad ha ido construyendo combatiendo lo que nos destruye como personas que formamos parte de un todo, de una creación.

En este sentido los empobrecidos, los últimos, nos enseñan esa ecología integral de la gente sencilla, del ir contra el usar y tirar que veíamos en nuestras abuelas; experiencias de supervivencia con miradas de futuro entre los más machacados

Hay múltiples ejemplos de ello.  Así, nos encontramos en las favelas de Brasil, en sus tejados, huertos urbanos promovidos por la Comunidad Pequeños Profetas que llevan 40 años luchando contra a miseria y la violencia allí. O cuando la tecnología se pone al servicio de un desarrollo más humano y sostenible como la máquina que transforma bolsas de plástico en aceite para combustible o una lámpara que funciona con dos cucharadas de sal y un vaso de agua, que permite dotar de luz durante ocho horas, creada por unos hermanos filipinos; o con agricultores que conociendo el medio en el que viven, cultivan tomates sin agua ni pesticidas. Surgen también iniciativas como la de Tailandia, de echar desde el cielo semillas de árboles locales con una mezcla de arcilla, tierra y composta, para que germinen en el suelo, estimándose que se pueden plantar hasta casi un millón de árboles al día, experiencia parecida que también se ha hecho en un pueblo de Málaga.

Miles de acciones grandes y pequeñas, personales y sociales, solidarias, que no se podrían recoger en un solo artículo, pero que son ejemplo de hacia dónde queremos caminar. “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza” (139 Laudato si). Todos somos responsables, personal y colectivamente de desarrollar nuestra capacidad en solidaridad con toda la humanidad y con nuestras próximas generaciones. Hay sitio para cada uno de nosotros en esta urgente aventura que juntos podemos caminar.

Fdo. María Magdalena

Francisco: «La obsesión por poseer excluye a millones de personas de bienes primarios»

La cuarta catequesis del Papa Francisco sobre la crisis generada por el COVID ha tratado sobre las desigualdades generadas por el sistema económico imperante. «La obsesión por poseer excluye a millones de personas de bienes primarios y la desigualdad económica y tecnológica laceran el tejido social», ha destacado. Lo ha dicho durante la audiencia general de los miércoles, en la biblioteca del Palacio Apostólico.

En sus palabras de hoy, el Papa Francisco ha recordado que «La subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio del ordenamiento ético social». El santo padre ha destacado que «la propiedad y el dinero son instrumentos», y el problema viene cuando se convierten en «fines individuales o colectivos». «Entonces el “homo sapiens” se deforma y se confierte en un “homo economicus” en el peor sentido, el de un hombre individualista, calculador y dominador».

«En el mundo de hoy, unos pocos ricos poseen más que todo el resto de la humanidad. Es para pensar. Es estadística pura y una injusticia que clama al cielo» ha afirmado el Papa durante su catequesis. Esta desigualdad no se da solo entre personas, sino también entre países. «Unos pueden emitir moneda para afrontar la emergencia mientras que para otros esto significaría hipotecar su futuro», ha señalado, como uno de los ejemplos.

En relación con la ecología integral

El santo padre ha apuntado la relación íntima entre el sistema económico imperante y el daño a la Casa Común. «Estamos muy cerca de superar muchos de los límites del planeta,  y eso trae consecuencias graves e irreversibles como el cambio climático o el aumento del nivel del mar y la destrucción de bosques tropicales», ha comentado Francisco.

«La desigualdad social y ambiental tienen la misma raíz: el pecado de poseer y dominar a los hermanos y hermanas, a la naturaleza y al mismo Dios. Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común para que tuviera cuidado de ellos. Nos ha pedido dominar la tierra en su nombre», ha señalado el Papa. Ha recordado también que «existe una relación de reciprocidad responsable entre nosotros y la naturaleza».

Al final de sus palabras, el pontífice ha vuelto ha recordar que, «de una crisis no salimos iguales, salimos mejores o peores, esta es nuestra opción». «Después de la crisis, ¿seguiremos con nuestro sistema económico de injusticia social y desprecio al Cuidado de la Creación? Pensémoslo bien», ha sentenciado.

Nos movemos por el trabajo decente

Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

7 de octubre 2020

MANIFIESTO DE LA INICIATIVA IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE (ITD)

NOS MOVEMOS POR EL TRABAJO DECENTE

Por sexto año consecutivo, las organizaciones que integramos la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) reivindicamos y celebramos el 7 de octubre, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, para hacer visible la precariedad que sufre el mundo del trabajo, aumentada por la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial de la COVID-19. La crisis de la pandemia ha puesto de relieve las debilidades estructurales del Estado de bienestar en España y la necesidad del trabajo decente para el desarrollo de una sociedad fraterna. Esta crisis nos ha enseñado que se puede consumir menos y mejor, que el servicio de aquellos oficios menos valorados, social y económicamente son los que sostienen la vida y el cuidado comunitario.

La realidad en que nos encontramos está visibilizando las consecuencias de un modelo productivo incapaz de generar empleo con alto valor añadido y marcado por las altas tasas de precariedad laboral. Con empleos que se destruyen, cifras de ERTE y paro disparadas, protección social que no está ll egando a quienes tienen derecho (como en el caso del ingreso mínimo vital o la prestación para las empleadas de hogar) y miles de personas sin posibilidad de acceso a la misma por ejercer su actividad en la economía sumergida. Demasiados empleos considerados esenciales mantienen condiciones laborales tan precarias que algunas veces rozan la vulneración de derechos y muchas la imposibilidad del sostenimiento de la vida. Esto está suponiendo que multitudes se vean abocadas a acudir a los servicios sociales públicos, a los recursos sociales de las organizaciones de la Iglesia o a la ayuda de las comunidades parroquiales y vecinales para poder subsistir. Es aquí donde se ha manifestado la mayor experiencia de solidaridad y apoyo común que hemos descubierto en esta circunstancia tan extraordinaria, una experiencia de unidad en la adversidad que ha hecho que nos movamos por el bien común. Tenemos que valorar el trabajo humano en la medida que nos dignifica como hijas e hijos de Dios, corresponsables con el cuidado de la vida y la creación.

“Hoy he empezado a trabajar, el primer día de trabajo ha sido duro. En mi contrato figura una jornada real de cuatro horas y media, y en realidad han sido casi nueve…, con mucha presión por parte del jefe, y casi ninguna comunicación”.Este podría ser el caso de cualquier persona, hombre o mujer, joven o adulta…, con necesidad de un salario para poder comer, vivir, sustentar a una familia… Sensibles a esta realidad, somos conscientes que necesitamos movernos en comunidad, aunar esfuerzos, buscar apoyos y seguir reclamando un trabajo decente y de justicia social que haga oír nuestra voz en nuestros barrios, ante las organizaciones sindicales y en las instituciones de gobierno.

Ante estas situaciones necesitamos alzar la voz, pelear y luchar cada vez con más fuerza para que el trabajo decente sea posible, necesitamos una esperanza que nos permita ver el horizonte a través de estas situaciones que padece el mundo del trabajo. Nos movemos por el trabajo decente, muévete con nosotros y nosotras porque este compromiso nos humaniza.

Urgimos a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad accesible para todas las personas, con condiciones que permitan mantener una vida digna y que la protección social llegue a todas las personas que lo necesitan.

Por eso, en esta Jornada Mundial, en Iglesia por el Trabajo Decente, nos movemos y reivindicamos:

●Apostar por un nuevo sistema productivo, capaz de generar empleos con alto valor añadido y que ponga a la persona en el centro.

●Lograr el reconocimiento social y laboral de los empleos esenciales para la vida y que estos tengan unas condiciones laborales dignas que permitan a las personas salir de la pobreza.

●Reconocer el derecho a la protección social sin que esté supeditado a la vida laboral.

●Garantizar que el ingreso mínimo vital sea una realidad para las personas que lo necesitan, dotando a las instituciones de los recursos necesarios para su gestión.

●Asegurar la percepción del subsidio extraordinario a las trabajadoras de hogar y que se reconozca su derecho a la prestación por desempleo al igual que para el resto de personas trabajadoras.

Como movimientos de Iglesia, en ITD trabajamos en equipo con el fin de visibilizar la lucha por conseguir que el trabajo decente sea cada día más real en la vida de las personas y respetuoso con la casa común. “Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio…, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio…” (Pablo VI)

Os animamos a participar en los actos reivindicativos y celebrativos en todas las plazas y parroquias de las diócesis, en su organización y difusión.

www.iglesiaporeltrabajodecente.org

info@iglesiaporeltrabajodecente.org

Hablamos de alimentación, no de residuos

Jose Santos

El pasado 2 de junio, el gobierno español presentó el Marco de Economía Circular, en el que se incluía un anteproyecto para la ley de residuos.

Seguramente es, en efecto, un buen instrumento para reducir la generación de residuos, mejorando así la eficiencia en el uso de recursos y disminuyendo el impacto medioambiental. Este borrador de proyecto de ley se mezclan todo tipo de recursos en un mismo saco: construcción, electrónica, textil, plástico,… Pero, si nos centramos en el tema de la alimentación, el enfoque que se da al residuo alimentario se presenta simplemente como un residuo a “gestionar” (traducido a lenguaje normal diríamos eliminar) y no como un recurso valioso que cuidar y aprovechar. Esto hace que se debilite la priorización en la prevención y en la concreción de una jerarquía de aprovechamiento que sea mucho más adecuada a las características de los alimentos.

El problema del despilfarro alimentario es especial, pues afecta a toda la sociedad en tanto que consumidora de alimentos y a toda la cadena desde la producción al consumo. Afecta también a la economía y al medio ambiente y genera problemas en otros países. Por poner un ejemplo, la pérdida de alimentos (1/3 de los producidos según la FAO) hace que haya que buscar tierras y recursos en otros países, aunque eso suponga generar hambre, pobreza, guerras o migraciones.

Por eso es necesario realizar un enfoque mucho más amplio del problema, no sólo para evitar las consecuencias del despilfarro alimentario, sino que se ataque el problema desde las causas, también desde una legislación específica sobre el despilfarro alimentario. En este sentido se sitúa la Ley 3/2020 de 11 de marzo de prevención de las pérdidas y el despilfarro de alimentos, aprobada el pasado mes de marzo por el Parlamento de Cataluña.

Se trata de una norma pionera y bien planteada, que analiza las causas y consecuencias y actúa en consecuencia, implicando a toda la cadena alimentaria y con un régimen sancionador acorde a la gravedad del problema. En este sentido encontramos legislaciones similares en Francia o Italia (la primera incluso plantea penas de cárcel).

En España necesitamos que se genere una ley similar, que ponga las bases para evitar que ¡8 millones de toneladas de alimentos acaben en la basura cada año! Esta Ley debe ser previa a la Ley de residuos, que sólo se aplicaría, como último recurso, a los alimentos que realmente sean imposibles de aprovechar en la cadena alimentaria. Evidentemente tendrá conexión con otras normas como la economía circular, el cambio climático, la ley de la cadena alimentaria, las donaciones de alimentos, la política agrícola común europea (PAC),…

Para que los objetivos sean tan realistas como ambiciosos, es necesario realizar un estudio de la situación de partida actual y un esfuerzo de concienciación de los consumidores, al mismo tiempo que se incorporen medidas e incentivos que permitan alcanzar esos objetivos: beneficios fiscales, tasas disuasorias, obligatoriedad de incorporar este tema en la responsabilidad social corporativa, incluir cláusulas específicas en la compra pública, penalizar normas estéticas y promociones comerciales 3×2… y fomentar productos de cercanía, frescos, de temporada y no hiperprocesados.

Diario de una madre y matrona durante el Covid-19

Manuela Contreras García
Matrona Máster en Investigación en Cuidados de la Salud
21/Sept/2020

Soy Matrona y madre de uno de los niños que va a la clase del CEIP Cisneros (Santander) que ha estado erróneamente confinada 4 días tras la decisión adoptada por el órgano competente de la consejería de educación. Hoy publica el diario montañés (DM) que “Salud Pública ordenó el lunes una rectificación de semejante medida para decir que devolvía a los escolares a la actividad lectiva” (1). Y lo hace, porque un grupo de familias, tras leer el protocolo frente al covid-19 de aplicación en el ámbito educativo (2), que hicieron Consejería de Educación y Sanidad, entendimos que no se daban las condiciones que el protocolo exige para confinar el aula. Así que solicitamos por escrito a la Consejería de Educación y de Salud Pública la revisión de esa decisión.
En estos 4 días hemos tenido que ver cómo resolvemos el seguir trabajando y cuidando a los niños. Indagar para resolver algunas dudas, que no aclara la hoja informativa elaborada por Sanidad Pública y que se envía a los contactos estrechos. Dudas como si los hermanos de los niños considerados contacto estrecho pueden ir al colegio o no, o si algún padre puede pedir una baja por necesidad de cuidado del menor y qué papel debe presentar. A toda esta situación, se suma que según el protocolo anteriormente citado, nos llamarían desde Salud Pública (rastreadores) para hacer una PCR a los niños, e íbamos por el cuarto día de confinamiento sin ninguna comunicación con ellos. Cuando las familias llamábamos a nuestros pediatras para preguntar por esta cuestión, las respuestas fueron también distintas: Os llamarán para citaros, o no está indicada dicha prueba diagnóstica.
Al día siguiente de rectificar el confinamiento por parte de Salud Pública (teníamos razón los padres, nuestros hijos nunca debieron ser considerados contacto estrecho) empieza un nuevo follón. Nos llaman para hacer la PCR. El desconcierto y las dudas nuevamente surgen. ¿Pero cómo que una PCR ahora? ¿Pero no nos habían dicho que podíamos volver al cole? ¿Si nos hacen PCR es que somos contacto estrecho, no? ¿Y si somos contacto estrecho debemos estar 14 días aislados y sin ir a clase, verdad? Lo que pasó fue que desde Educación no avisaron a Salud Publica (rastreadores) de la rectificación de la medida de confinamiento tomada. Hay un protocolo de coordinación
entre consejerías pero la coordinación brilla por su ausencia. Sin embargo no se hizo real que Salud Pública haya devuelto a los escolares a la actividad lectiva, tal como dice el DM. Tras corregir el error y levantarse el confinamiento, muy pocos niños fueron a clase los siguientes días. Las familias en su mayoría, estábamos muy tranquilas y contentas de la vuelta al cole. Pero claro, el caos y la confusión generada han sido de tal calibre, que han conseguido generar inseguridad.
Consejería de Educación y Sanidad han creado una comisión de coordinación muy tarde, la última semana de agosto, y “de aquellos polvos estos lodos”. Desde la consejería de educación explican la decisión de confinar contra el protocolo, diciendo que “actuaron con exceso de celo” (1). El 10 de Septiembre la Consejera Lombó dijo: “Tenemos el protocolo más estricto de España” (3). Pero no se trata de ser ni estrictos ni recelosos. Se necesita un protocolo basado en la evidencia científica y equilibrado (4), entre una seguridad sanitaria y las necesidades educativas de los
alumnos, no en el miedo. Y se necesita cumplirlo. Se hubiera hecho muy bien empezando las clases en Junio. La incidencia de la enfermedad en aquel momento era incluso menor. Haber empezado, poco a poco, con la mitad de los alumnos en días alternos por ejemplo, hubiera permitido tomar el pulso a los protocolos, realizar investigaciones y también romper el miedo en el sector educativo (5-7).
Acabo con una sugerencia de transparencia y ciencia “de andar por casa”. Cuando los profesionales sanitarios hacemos un protocolo, no hay línea que no tenga una referencia bibliográfica en la que se basa dicha afirmación. Y por supuesto, todos los profesionales nos identificamos con nuestros nombres y apellidos, no con el sello de la institución. Ambas cosas ausentes en el caso del citado protocolo. En breve saldrá uno nuevo. ¿Pueden usar estos mismos criterios? Así podremos ver el currículum de los autores y entender la razón científica que hay detrás de que, por ejemplo, el criterio para que un niño de 6 a 11 años sea considerado caso estrecho sea independiente de si ha llevado mascarilla o no (cuando con los adultos no se hace así y la evidencia científica dice que
los niños contagian menos) (8-9) o que el confinamiento sea de 14 días (10) (ya menor en
otros países) o… Cuenten con las enfermeras para elaborar estos protocolos. Cuenten también con las
familias (9). ¿Podría una enfermera escolar ayudar en la tarea de elaboración, aplicación y supervisión de los protocolos, y dejar a los profesores y equipos directivos centrase en lo que deben? (11) ¿Por qué no se pone en marcha la experiencia?
El pánico no puede ni debe cerrar las escuelas. ¿Sentimos como sociedad que la educación y que las escuelas no son un capricho sino prioritarias? En medio del COVID, pueden y deben ser mejores. Aprendamos todos a usar la circunstancia COVID como un aprendizaje de la vida, para que los niños sepan afrontar las adversidades y tomen
protagonismo.

(1) González N. Los padres de los niños desconfinados en el colegio Cisneros acusana Educación de ignorar el protocolo. Cantabria: El Diario Montañés: 16 Sept 2020 [consultado 16 sept 2020]. Disponible en:
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/contagios-coronavirus-obligan-20200916195016-nt.html
(2) Gobierno de Cantabria. Protocolo de coordinación entre la consejería de educación, formación profesional y turismo y la consejería de sanidad frente al covid-19 [Internet]. Santander: CEIP Cisneros; 8 Sept 2020. [Consultado 11 Sept 2020]. Disponible en: https://cpcisneros.es/wp-content/uploads/08_09_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos_v5.pdf
(3) Martínez D. Lombo dice que la aparición de estos casos era algo esperado pese a tener los protocolos “más estrictos de España”. Cantabria: El Diario Montañés; 10 sept 2020[consultado 16 sept 2020]. Disponible en:
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/lombo-dice-aparicion-20200910222705-ntvo.html
(4) Rickett M. Coronavirus: there is an urgent need to re-open schools – this is how to make it happen. Australia: The Conversation; 5 May 2020 [consultado 13 sept 2020]. Disponible en: https://theconversation.com/coronavirus-there-is-an-urgent-need-to-re-open-schools-this-is-how-to-make-it-happen-137818?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton
(5) European Centre For Disease Prevention And Control. COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission [Internet] 2020 [Consultado15 Sept 2020]. Disponible en: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
(6) Vogel G, Couzin-Frankel J. Should schools reopen? Kids’ role in pandemic still a mystery [Internet] EEUU: Science; 4 May 2020 [consultado 8 sept 2020].
Disponible en: https://www.sciencemag.org/news/2020/05/should-schools-reopen-kids-role-pandemic-still-mystery
(7) Cheng SY, Wang CJ, Shen ACT, Chang SC. How to Safely Reopen Colleges and Universities During COVID-19: Experiences From Taiwan. Ann Intern Med [Internet] 2020 [consultado 10 Sept 2020]; Disponible en:
https://www.acpjournals.org DOI 10.7326/M20-2927
(8) Redacción Consalud. Un estudio de Vall d’Hebron concluye que la transmisión del SARS-CoV-2 de los menores de edad con COVID-19 a los adultos con quienes conviven es baja [Internet] Barcelona: Consalud; 31 Ag 2020 [consultado 6 sept 2020]. Disponible en: https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/vall-
hebron-concluye-transmision-menores-covid-19-adultos-convivientes-baja_84585_102.html
(9) Isabel C, Martínez JM. La vuelta a las aulas [Internet] Madrid: Siap Covid 19 [consultado 21 sept 2020].Disponible en: https://covid19siap.wordpress.com/la-vuelta-a-las-aulas/
(10) Rhee C, Kanjilal S, Baker M, Klompas M, MD. Duration of SARS-CoV-2 Infectivity: When is it Safe to Discontinue Isolation? Clin Infect Dis [Internet] 2020 [consultado 15 Sept 2020]; ciaa1249. Disponible en: https://academic.oup.comDOI 10.1093/cid/ciaa1249
(11) Rosário R. COVID-19 and Schools Closure:Implications for School Nurses. J Sch Nurs [Internet] 2020 [consultado 1 Sept 2020]; 36(4):241-242. Disponible en:
https://journals.sagepub.com DOI 10.1177/1059840520925533

Los olvidados del covid-19

Fuente: elsaltodiario.com

Durante el estado de alarma se ha homenajeado al sector sanitario, a los trabajadores de distribución, al ejército, a las emergencias, incluso los Reyes visitaron Mercamadrid, centro de distribución de alimentos.

Pero nadie ha homenajeado a quienes nos dan de comer todos los días, antes, durante la pandemia y después, un sector poco valorado por una sociedad urbana y que no entiende ni se preocupa por los problemas del sector agrícola. Todos los días se aplaude a quienes nos curan, se dice que son héroes, pero ese agradecimiento no parece llegar a quienes nos alimentan, aunque sin comida no hay vida humana.

Durante el mandato del actual Gobierno, el sector agrícola y ganadero se movilizaró con sus justas reivindicaciones, que son muy antiguas con problemas estructurales y complejos arrastrados durante siglos en el Estado español.

Los principales puntos de esas movilizaciones eran:

  • Falta de precios justos por sus productos que les permita alcanzar una mínima rentabilidad. El motivo: el desequilibrio de la cadena agroalimentaria, que provoca que la gran distribución e industrias sean pocos y poderosos frente a los agricultores y ganaderos, muchos y desorganizados en su mayoría.
  • Subida de los costes de producción: no tienen capacidad de trasladar esa subida al precio de sus productos y se ven obligados a vender por debajo de sus costes reales.
  • Recortes en las ayudas provenientes de Europa e incluso las que destina el Gobierno central y las Comunidades Autónomas.
  • Empoderamiento de los agricultores y ganaderos. Sin su participación, no hay alimentos.
  • Reglamentación de ciclos cortos de comercialización, productos de proximidad y etiquetado en origen. Las leyes deben dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, no generar más perjuicios de los que resuelven. Urge un cambio legislativo para permitir que agricultores y ganaderos lleven a cabo la venta directa de sus productos. En materia de etiquetado, urge imponer la obligatoriedad de reconocer el origen de todos los alimentos en su etiqueta.
  • Freno a la especulación con los productos agrarios. Mientras la rentabilidad de la agricultura está bajo mínimos, siguen produciéndose prácticas comerciales abusivas y desleales. Los intermediarios que hacer con ellos en la cadena agroalimentaria.
  • Reivindicación del papel vertebrador de la agricultura y la ganadería frente al despoblamiento, a los problemas ambientales y territoriales. El debate sobre la España vaciada ha logrado ponerse en el foco mediático y legislativo. Sin embargo, en ese debate los agricultores y ganaderos deberían cobrar un mayor protagonismo. Sin ellos-as, no habrá futuro para el medio rural.

En la ciudad, dada la poca cultura rural, no se valora todo el proceso que existe para que un alimento sea producido desde que la tierra se prepara, se siembra, va creciendo poco a poco, se recoge y se pone en manos de un intermediario que lo coloca en las grandes superficies o en los Mercas de cada ciudad. Se tiende a comprar apretando un botón en el ordenador rápido, fácil y rápido, o yendo a la tienda. Basta con tener dinero para comprar lo que más nos gusta, olvidando todo el trabajo y sudor que se necesitan para producir alimentos.

El sindicato COAG por medio del Índice de precios en origen y destino de los alimentos (IPOD), analiza la diferencia entre el precio que se paga al agricultor y el precio final que alcanza de venta. En julio la lechuga se ha pagado a 0,15 €/kg al agricultor y el precio del comprador ha llegado a 1,25€, la diferencia ha sido de un 733%. La cebolla, que ha sufrido un incremento del 606%, en mayo se ha multiplicado 7,06 veces de media la diferencia entre el precio de origen hasta que llega al consumidor. El melón ha subido 535%, pagándose a 0,20 €/kg y llegando a 1,20 €/kg.

Tampoco hay que olvidar la situación laboral y social de los trabajadores del campo. Por lo general, estos trabajadores y trabajadoras extranjeras son hombres y mujeres jóvenes procedentes, sobre todo, de los países del Magreb, de los países de África subsahariana y trabajadores del Este de Europa. Estos últimos suelen venir con formación específica en tareas agrícolas.

En el campo del sur de España se concentra la mayor parte de los inmigrantes. Los cultivos de Almería, Jaén y Huelva no serían lo que hoy son sin el trabajo de los trabajadores y trabajadoras extranjeros. Eso sí, con notables diferencias entre las tres provincias.

El perfil de quien trabaja en la recogida de frutos onubenses es, ciertamente, de una mujer (el 90% del trabajo de recolección lo hacen ellas), joven y reclutada en su propio país para hacer únicamente la cosecha.

Hoy en día las estadísticas oficiales han cambiado mucho porque solo se cuantifica como extranjeras a aquellas trabajadoras del país magrebí, mientras que las que provienen de otros países como Bulgaria, Polonia o Rumanía, son ahora ciudadanas de la Unión Europea desde que sus países entraron a formar parte de ella.

Desde la ciudad se pueden atajar buena parte de los problemas del campo, entre otras cosas, volviendo a dar a los alimentos y a quienes los cultivan y preparan la importancia que se merecen.

Desde la organización Madrid Agroecológico (MAE) se esta proponiendo a las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid apoyo producción agroecológica, ayudas desde los Planes de Desarrollo Rural, ayudas directas, compras públicas a productores agroecológicos, sensibilización del papel fundamental de las personas productoras y el pequeño comercio para alimentarnos y sostener nuestros agroecosistemas.

Las alternativas del consumidor final pasan por la toma de conciencia de los problemas del campo para poder valorar mejor lo que se paga por un producto alimenticio, los grupos de consumo autogestionados en la ciudad que saben a quién compran y entienden la problemática, la venta directa en mercados tradicionales, los mercadillos de proximidad que se han prohibido por el estado de alarma pueden ser algunas que mejoren de alguna forma la situación del campo en la actualidad.