Nuria Sánchez de la Isla
Hay cosas que parece que no cambian. Ni con la nueva, ni con la vieja normalidad. Parecen males endémicos, problemas irresolubles, fatalidades imposibles de transformar, cuando lo que pasa es que no hay voluntad para cambiarlas. Las condiciones laborales de miles de hombres y mujeres que están trabajando en hogares en limpieza y cuidados, son un ejemplo de esto.
Gobierno tras gobierno, de uno y otro color, van aceptando que haya trabajadoras de segunda, sin derecho al paro, con jornadas de explotación, sin contrato ni seguridad social en su inmensa mayoría… Son fundamentalmente mujeres migrantes, muchas de ellas sin papeles, que cuidan casas, niños y mayores, entregando tiempo, salud y cariño a lo que decimos que es para nosotros lo más importante, y lo hacen en condiciones infrahumanas.
Los pasados días 26 de febrero y 3 de marzo, la asociación Encuentro y Solidaridad, organizó unos talleres sobre Los Derechos Laborales en el Trabajo Doméstico, con la colaboración de Rafael Paredes, abogado con 20 años de experiencia en extranjería, y muchas horas de trabajo gratuito y solidario a las espaldas.
Los talleres sirvieron para aclarar ideas, resolver dudas, encontrarse y escucharse, robar a las múltiples preocupaciones alguna sonrisa y ofrecerse entre las asistentes mutuo apoyo y solidaridad.
Pudimos conocer lo que dice la ley de lo que debería ser el trabajo doméstico: un trabajo con contrato y seguridad social, percibiendo un mínimo de 950 euros mensuales en 14 pagas, con 10 horas mínimas de descanso entre jornada y jornada, con 36 horas seguidas de descanso semanal, y no más de 8 horas de jornada diaria, aunque se pueda contemplar algunas horas a mayores de presencia (en ningún caso más de 20 horas de presencia semanales). Con 14 festivos al año y 30 días naturales de vacaciones.
Y pudimos comprobar también, con rabia, indignación y tristeza, lo alejada que está la realidad de la “legalidad”: Mujeres trabajando 140 horas semanales, a las que en muchas ocasiones se les habla con desprecio, hasta se les impide salir o ver a sus familiares “para evitar contagios”, que ni cotizan en la seguridad social, ni se les respetan festivos o vacaciones, y menos aún pagas extraordinarias, llegando a cobrar 700 euros por jornadas no completas, sino completísimas.
Que exista un régimen especial para el trabajo doméstico, que no considere el derecho a paro, por ejemplo, es ya claramente discriminatorio, pero aún más vergonzoso es que se acepte en silencio, y sin ningún tipo de protesta social, que todo el sistema de cuidados se sustente en la explotación, la ilegalidad o el trabajo semiesclavo.
En este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, no olvidemos que las conquistas de antaño, como la jornada de 8 horas, parecen hoy en nuestra tierra, un sueño, ciencia ficción, para miles de trabajadoras domésticas internas.
