Fuente: despilfarroalimentario.org
En 2023 se han cumplido 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tras los dos primeros artículos que se refieren al alcance de estos derechos, dejando claro que todos los seres humanos nacen libres e iguales y que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, expone en el artículo 3 cómo «todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona».
Este derecho a la vida está íntimamente relacionado con el derecho a la alimentación, incuestionable base y sustento de cualquier forma de vida, también la humana, evidentemente y así consta en el artículo 25: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios».
El desarrollo normativo se ha continuado desarrollando, por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC), que cita expresamente en el artículo 11 el «derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre» y del que forman parte 171 países.
El problema es que, aunque el derecho a la alimentación ha sido consagrado en el derecho internacional, muchos Estados siguen siendo reticentes a reconocerlo e incorporarlo en sus ordenamientos internos como un derecho fundamental que pueda efectivamente invocarse ante los tribunales.
Esto se ve claramente en desarrollos normativos más recientes, como el Marco Estratégico Mundial para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición de 2013 del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO, que parece olvidar que vivimos dentro del marco de un modelo económico basado exclusivamente en el lucro en sí mismo; en el que se satisface la demanda en lugar de las necesidades humanas; en que la explotación de recursos es insostenible; en el que la inversión está al servicio de la especulación; y en el que los intereses empresariales, que buscan por encima de todo la máxima rentabilidad económica, se sitúan sin ningún tipo de control y sin ningún problema por encima de los derechos humanos.
Un sistema alimentario que sobreexplota recursos naturales, que produce más de lo que necesita, que propicia pérdidas y desperdicio de alimentos, que genera residuos que afectan al medio ambiente, que promueve el consumo de productos alimenticios hipercalóricos y que no es capaz de nutrir a todos los seres humanos del planeta no sólo es indignante, sino también insostenible.
Los operadores internalizan el coste del despilfarro de alimentos y lo incluyen en el precio final que paga el consumidor; lo repercuten sobre otras empresas; o lo externalizan a las organizaciones benéficas (al tener que hacer frente ellas a los costes derivados de la clasificación, el almacenamiento, la manipulación y el tratamiento que deberían asumir los operadores que donan dichos alimentos).
Uno de los problemas fundamentales en este sinsentido de la coexistencia de un elevado despilfarro alimentario y un aumento de las muertes por hambre y malnutrición radica en que los alimentos son considerados como una mercancía más.
La capacidad de alimentar al mundo y por ende de ser fieles a la naturaleza de los derechos humanos, no depende sólo de la cantidad de comida producida, sino también de cómo se produce, cómo se elabora, cómo se transporta, cómo se distribuye, cómo se consume, cómo se gestionan los residuos derivados de esos procesos y cómo se utilizan todos los recursos ambientales, económicos y humanos necesarios para ello.
¿Hasta qué punto pueden realmente el consumidor o el distribuidor final minorista evitar la pérdida / desperdicio de alimentos? ¿Nos encontramos ante una cuestión solamente de (malos) hábitos y de conocimiento o percepción o, por el contrario, existen elementos estructurales (sistémicos) que favorecen esas prácticas de despilfarro y que dejan poco margen a estos actores para poder cambiar sus comportamientos.
Todos tenemos nuestra responsabilidad, personal y colectiva, especialmente en el ámbito de las decisiones políticas que tomamos o que pretenden por nosotros en aras a un sistema económico que muestra a las claras su ineficiencia e inhumanidad.
