Óscar Quintela, farmacéutico
El tema de las vacunas para la COVID19 es uno de los trending topics actualmente en muchas de las sociedades del planeta. Al menos en los países que tienen dinero para pagarlas (o para endeudarse comprándolas).
En la realidad poliédrica que ofrecen las vacunas, uno de los aspectos menos claros es el coste de las mismas, tanto de producción como de comercialización. La falta de transparencia en esto provoca preocupación en la población que ve como una parte de la solución del problema de la pandemia podría convertirse en un lastre económico para sus países tras una compra masiva de vacunas, así como del coste de la logística para administrarla a toda la población. Se entiende fácilmente que esta situación es especialmente grave en los países empobrecidos. Al respecto de esta cuestión, animamos a la lectura de un artículo reciente escrito por Juan Gérvas, Doctor en Medicina y médico general rural jubilado, que lleva por título: Patentes y precios de las vacunas covid19. El caso de la vacuna de AstraZeneca-Oxford, del “libre acceso” a “patente comercial exclusiva”.
Dejamos a modo de aperitivo un extracto de la misma, así como uno de los gráficos en los que se muestra la inversión de fondos públicos en el desarrollo de las principales vacunas contra la COVID19 que están siendo producidas y comercializadas por las principales empresas farmacéuticas mundiales:
“El sistema de patentes va contra la solidaridad, la salud y la innovación, lo que es especialmente doloroso en tiempos de la pandemia covid19. El problema se complica con el oscurantismo respecto a los contratos de compra de las vacunas covid19. En el caso estudiado se desconocen los términos del contrato entre Oxford y AstraZeneca que han transferido un conocimiento que buscaba el “libre acceso” y lo ha transformado en un acuerdo de “patente comercial exclusiva”. En todo caso, al menos durante la pandemia se ofrecerá un precio de venta al coste.”
No es exagerado decir que los intereses de las grandes compañías farmacéuticas y los de los ciudadanos se encuentran en lugares muy diferentes. En no pocas ocasiones los beneficios de las primeras ponen en jaque la economía de los estados y de las personas que tienen que pagar medicamentos por encima de su valor real.
Recordemos los precios de los medicamentos contra la Hepatitis C, como el sofosbuvir de la compañía Gilead, que gracias a su patente y monopolio puede venderlo 1000 veces más caro que su coste real de producción. Tal y como se cita en Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública. Algunas propuestas para impedir los precios excesivos y garantizar un acceso justo a los medicamentos, “los beneficios excesivos de la industria farmacéutica provienen de los servicios de salud.
Pero los presupuestos de la sanidad son limitados y la consecuencia es que se disminuye la dotación para otros elementos del sistema muy necesarios. Así, el descenso del presupuesto sanitario afecta sensiblemente, en primer lugar, al personal de los servicios de salud. En segundo lugar, se restringen los medios de apoyo. Finalmente, se frena la dotación y renovación de instrumentos técnicos e instalaciones.” Una solución posible sería disponer de forma gratuita de alguna de las patentes de la vacuna contra el COVID19. Y no sería la primera vez en la historia (reciente por otro lado) de las patentes farmacéuticas. El caso que seguramente mejor ilustra esto es la vacuna de la poliomielitis. El virólogo estadounidense Jonas Salk rechazó patentar la vacuna que había desarrollado contra la polio. En una entrevista en televisión le preguntaron a quién pertenecía la patente, a lo que este respondió: «Bueno, yo diría que al pueblo. No hay patente. ¿Se puede patentar el sol?», contestó el médico. Salk pudo haber obtenido beneficios multimillonarios, pero puso por delante la salud global. USA y la UE han rechazado la suspensión de las patentes, clave para conseguir una vacuna para todos.
A estas alturas no se puede entender una salida de la pandemia en la que no participe el mudo entero. La globalización, con sus conexiones entre territorios masivas y permanentes, han llevado la infección a todos los rincones del planeta. Es necesario para todos que no exista inequidad en los tratamientos, pues solucionar los problemas únicamente en los países más ricos (el 13% de la población mundial) es hambre para hoy y pan para mañana. Parece mentira que los responsables técnicos y políticos de la pandemia no hayan aprendido esta lección de todo el tiempo vivido desde marzo pasado.
El ”milagro” de la vacuna no lo es tal. Es cierto que la ingente cantidad de recursos económicos y de personal científico de todo el mundo es un hecho sin precedentes a nivel investigador. Pero en las sombras de este “foco luminoso” se encuentran aspectos que pueden ser muy dañinos para la sociedad: las altísimas expectativas sobre la vacuna (al menos las puestas en el corto plazo de tiempo); los monopolios de sistemas de detección del virus con tecnologías relativamente fiables (PCR) y otras no tanto (test de antígenos); los ensayos clínicos de las vacunas controlados por la industria farmacéutica sin revisión por parte de personal no vinculado a los propios intereses empresariales (los datos en “crudo” del ensayo de la vacuna de Pfizer no están disponibles para su revisión)…
El verdadero milagro será ver como las personas somos capaces de hacer solidaridad efectiva entre nosotros, para sostener al desempleado, al enfermo sin apoyos, a los inmigrantes (que el Gobierno llama “ilegales”) y que no tienen derecho a la atención médica, a los profesionales esenciales que se entregan más de lo que les corresponde, el milagro pasa por evitar que varias familias tengan que vivir hacinadas en una vivienda de 70 metros cuadrados (¿qué mejor caldo de cultivo para cualquier virus respiratorio?)… Y es que como en tantos casos, esta pandemia también se ceba más según el código postal en donde vivas (ver gráfico de la ciudad de Barcelona). El verdadero milagro también sería que la población tuviese voz y voto para decidir quien debe vacunarse antes y por qué (participación social informada a la hora de establecer prioridades), y que tuviese posibilidad de preguntar a los poderes públicos cuales son los riesgos conocidos a día de hoy de las vacunas y sobre quien va a recaer la responsabilidad en el caso de que la vacunación provoque efectos adversos en las personas.
